viernes, 24 de julio de 2026

Junio, el mes con más arrestados por ICE; en julio superará el récord.

Hay casi 66 mil migrantes en los centros de detención, según la agencia
▲ En Maine y en otras ciudades, la semana pasada se realizaron protestas contra el asesinato de un migrante colombiano a manos de agentes del ICE.Foto Ap
Jim Cason y David Brooks  Corresponsales
Periódico La Jornada    Viernes 24 de julio de 2026, p. 23
Washington y Nueva York., El gobierno del presidente Donald Trump arrestó a un número récord de inmigrantes en junio pasado y todo apunta a que ese total será superado a finales de este mes, situación que ha sido acompañada con más muertes de detenidos bajo custodia o perseguidos por agentes, más violaciones de derechos civiles y un esfuerzo sistemático para criminalizar las protestas pacíficas contra las medidas hacia los extranjeros.
Los agentes federales arrestaron a 43 mil 138 inmigrantes en junio y el número total de personas en centros de detención se elevó a 65 mil 765, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) divulgados a finales de ese mes. En total, el gobierno de Trump reporta que ha deportado casi 600 mil personas desde que comenzó su gestión, en enero de 2025.
“La tasa diaria de arrestos por ICE en junio fue de más de mil 300, el total mensual más alto de la actual administración, pero en julio ese número se incrementó a un récord de mil 474 detenciones por día en los primeros 11 días, en los sitios donde se cuenta con datos”, explicó Austin Kocher, un geógrafo de la Universidad de Syracuse que estudia el sistema de inmigración.
El subjefe de gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, ha estado presionando para que el ICE logre cumplir con una meta de 2 mil arrestos diarios, lo cual hasta la fecha no se ha logrado.
Mayor presupuesto permite más capturas
El notable incremento en arrestos de inmigrantes es resultado de un presupuesto para el control de la inmigración mucho mayor, incluida la contratación de más personal y también un giro en la estrategia de las dramáticas redadas e invasiones de ciudades con agentes federales y hasta tropas a un enfoque en el uso de datos para ubicar a inmigrantes indocumentados, forzar a tribunales a negar la prolongación de casos y una expansión en arrestos en zonas rurales y pueblos donde la policía local coopera con los agentes federales –a diferencia de lo que sucede en algunas de las ciudades más grandes del país–, entre otras tácticas (https://www.jornada.com.mx/2026/07/ 08/mundo/022n1mun).
Las muertes de inmigrantes tanto en encuentros con agentes de ICE en Texas, Maine y Florida como anteriores ocurridos en centros de detención son ejemplos de la creciente letalidad de estas medidas antimigrantes, critican legisladores y defensores de extranjeros sin documentos que monitorean estos incidentes. Por lo menos 23 personas han sido baleadas por agentes de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca, seis de los cuales murieron. Además, por lo menos 52 inmigrantes han fallecido en centros de detención de ICE, reporta Human Rights Watch.
“Las muertes relacionadas con ICE que hemos visto en las semanas recientes rompen el corazón y son inaceptables. Reflejan un patrón de abuso, desinformación y la ausencia plena de rendimiento de cuentas que ha puesto vidas en riesgo en demasiado tiempo”, acusó la diputada federal demócrata por Arizona Adelita Grijalva, en conferencia de prensa esta semana. “Agentes del ICE asesinan gente en las calles, separan familias, secuestran a nuestros vecinos y los encierran en jaulas. Esa agencia tiene que ser abolida, punto final”, enfatizó la diputada federal demócrata por Michigan Rashida Tlaib.
Las muertes de inmigrantes a manos de agentes del ICE ha detonado protestas, movilizaciones y actos de repudio por varias partes de Estados Unidos, lo que provocó que incluso el Departamento de Seguridad Interna ordenara la suspensión de operativos destinados a detener autos sospechosos de transportar indocumentados, pero el presidente Trump revirtió de inmediato esa orden.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interna notificó a empleadores este mes que están obligados a despedir a cientos de miles de trabajadores que hasta ahora podían laborar con documentos bajo el programa de Estatus Protegido Temporario o TPS, otorgado a lo largo de los años a inmigrantes que llegaban de países inseguros, entre ellos Haití, Etiopía y Myanmar. Pero esa orden, después de protestas de agrupaciones empresariales que dependen de esa mano de obra, ha sido aplazada y por primera vez el gobierno se ha reunido con inversionistas para abordar qué hacer con los que requieren a estos empleados. De hecho, ya se reportan indicios de una crisis en el sector de salud, tanto en hospitales como en comunidades y centros dedicados al cuidado de personas de la tercera edad, como también en sectores agrarios, como resultado de estas medidas antimigrantes.
A la vez, los esfuerzos del gobierno de Trump para criminalizar a manifestantes y activistas que protestan contra los arrestos, las condiciones de detención y el uso de violencia incluso letal por las autoridades también está enfrentando un repudio de jueces, gobiernos locales y de organizaciones de derechos civiles. El gobierno de Trump formalmente ha acusado a más de 550 personas de cargos de asaltar agentes federales o impedir su trabajo. Pero de unos 400 de estos casos concluidos, investigados por The New York Times, resulta que casi la mitad fracasaron.
“Jurados absolvieron a acusados, jueces desecharon los cargos o fiscales los retiraron”, reporta el rotativo.
Gobiernos locales combaten los abusos
Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Chicago han avanzado en proteger a sus residentes y limitar las acciones de los agentes federales, prohibiendo tanto el uso de instalaciones municipales para sus actividades a campañas para capacitar a comunidades de esa minoría sobre sus derechos. En Mineápolis, donde dos de los asesinatos de manifestantes ocurrieron en enero, las autoridades locales finalmente lograron obligar al Departamento de Justicia a entregar pruebas y evidencia relacionada con esos incidentes que habían rehusado compartir.
Políticos, organizaciones comunitarias y de defensa de inmigrantes, algunos sindicatos y otros, insisten en que el gobierno federal continúa violando derechos civiles y emplea fuerza excesiva al implementar sus medidas.
“Las agencias de seguridad pública en Estados Unidos han empleado fuerza excesiva y armas de control de multitudes de manera peligrosa contra manifestantes que rechazan la escalada dramática de control de migración”, acusó la agrupación de médicos Physicians for Human Rights al emitir un informe este mes con los resultados de su investigación.
En otro informe elaborado por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) sobre su investigación sólo en ocho estados, documentó 413 incidentes de conducta indebida por agentes de inmigración, la detención o acciones dirigidas contra 214 menores de edad y 150 incidentes donde agentes violaron el derecho constitucional de libertad de expresión.
“El Congreso debe desmantelar la máquina de deportación y construir un nuevo sistema que mantenga juntas a las familias, apoye comunidades estadunidenses y asegure que ninguna agencia puede violar nuestros derechos con impunidad”, concluyó el ACLU.
Este miércoles, Voto Latino y otras 50 organizaciones sociales, incluyendo empresarios y religiosos, enviaron una carta al liderazgo del Congreso para exigir que presente de inmediato cargos con el fin de lograr la destitución del secretario del Departamento de Seguridad Interna Markwayne Mullin, a causa del uso de violencia letal por parte de agentes de ICE (agencia que está dentro de esta secretaría) y otros abusos de agentes federales bajo su mando.

 Grupos de extrema derecha se suman a la celebración del Paseo del Pendón en la CDMX
En la Colonia, el festejo evocaba la Conquista // La Unión Nacional Sinarquista, entre los promotores
▲ Mensaje en el parabrisas de un auto captado la tarde de ayer en calles de la capital del país.Foto La Jornada
Reyes Martínez Torrijos
Periódico La Jornada   Viernes 24 de julio de 2026, p. 5
El Paseo del Pendón, que durante la Colonia conmemoraba la Conquista, será recreado en agosto por varias asociaciones, a las que se han sumado grupos de extrema derecha.
La festividad, que en la Ciudad de México ratificaba la sumisión ante la corona española y honraba a los españoles muertos en la toma de la capital mexica, existió durante casi dos siglos y medio hasta que se suspendió en los alrededores de la Independencia nacional.
Este año, entre las entidades participantes se hallan, según carteles digitales difundidos por los organizadores, México Hispano, Aztecorum, Cuauhocelocalli, Youalli Ehécatl Promoción Cultural, Templo San Hipólito y Somos Nómadas.
El desfile se volvió a representar desde 2021, cuando se conmemoraron los 500 años de la caída de México-Tenochtitlan.
La convocatoria de 2026 ha sido difundida también por el comité local de la organización de extrema derecha Unión Nacional Sinarquista y el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta de origen español y vinculado con el movimiento carlista, que participó en la sublevación contra la República Española en el siglo pasado.
El Círculo extendió la invitación al paseo “en la Ciudad de Méjico”, con el que “no sólo enarbolamos el estandarte del legítimo rey, sino que también pedimos por las almas de todos los mártires de la Conquista, aquellos que nos han legado al Dios verdadero y al justo Rey”.
Las invitaciones originales incluían logos de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y su Casa de la Primera Imprenta de América, mismos que ayer fueron retirados.
También difundieron un programa de actividades en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, en el que se anuncia que el 14 de agosto se realizará la conversación Crónicas del pendón: La fiesta por excelencia en la Nueva España; sin embargo, el órgano universitario declaró a La Jornada que hasta el momento no tienen “nada confirmado ni programado”.
En los primeros carteles que comenzaron a circular también estaba el logo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Consultado por este diario, el instituto informó que en ediciones anteriores del paseo habían permitido usar las instalaciones del Museo Nacional de las Culturas del Mundo para resguardar pertenencias de algunos participantes y para que se cambiarán de vestuario, pero aclararon que no son organizadores de ese acto.
Incluso añadieron que este año las fechas de la procesión “se empalman con actividades ya comprometidas por el instituto, por lo que no será posible brindar ningún apoyo a los organizadores” del Paseo del Pendón. Aclararon que los logos del INAH y su recinto museístico “fueron incluidos sin dolo” en las invitaciones hechas por los organizadores, y serán retirados de éstas a pedido de la dependencia.
La Jornada buscó a los organizadores del Paseo en los medios de contacto que hicieron públicos. Hasta el cierre de edición no se tuvo respuesta.
En torno a las actividades con las que se iniciaría la festividad, los organizadores difundieron que debido a “causas de fuerza mayor ajenas” se canceló el programa inicial de hoy: una conferencia de prensa y dos charlas, de literatura festiva y arquitectura novohispana en la Casa de la Primera Imprenta, de la UAM.
En tanto el 15 de agosto, en la mañana, se tiene programada una misa en la parroquia de San Hipólito. Un poco más tarde se desarrollará el citado desfile del Paseo del Pendón hacia el Zócalo, música y danza de la época, y una demostración de combate medieval.
Un artículo de 2023, en el español “periódico católico-monárquico” La Esperanza, consigna que el Paseo del Pendón Real “es la demostración pública de la fidelidad al Dios verdadero y al justo Rey en tierras mejicanas. En segundo, es un acto devocional dedicado al patrono de la Ciudad de Méjico, San Hipólito. Y en tercero, es la honra a los mártires cristianos que dieron su vida en la conquista de Tenoch-titlán en 1521”.
El documento define esta “gran fiesta de la Hispanidad, que no es para nada un intento de recreación folklórica, sino los primeros pasos para la reconquista de estas tierras que pertenecen al Dios verdadero y al legítimo Rey, Enrique V”.
La historiadora María José Garrido explicó a La Jornada que cuando se reunieron en 1810 las cortes de Cádiz en España, los diputados decidieron la abolición del Paseo del Pendón con el argumento de que “no podemos continuar celebrando la fiesta de la Conquista. Si estamos diciendo que somos iguales, hay que eliminarla”. Cuando retornó al poder Fernando VII la restableció por unos años.
La autora de Fiestas cívicas históricas en la Ciudad de México: 1765-1823 mencionó que hacia la época de la Independencia esta festividad fue de los criollos, de quienes no querían un rey y buscaban cambios, como las personas del ayuntamiento, que incluso cooperaron de manera clandestina con Morelos.
Sobre la adhesión de grupos de derecha, aseveró que “están utilizando algo que al final tuvo otro significado”.

Nación y pueblos indígenas
Foto Cuartoscuro   Foto autor
Gilberto López y Rivas
24 de julio de 2026 00:01
1. El 12 de octubre de 1492 inicia el proceso colonial de genocidio, etnocidio, racismo, segregación y violencia que constituye la esencia histórica de los llamados pueblos indígenas, al igual que la resistencia, la rebelión, el sincretismo y la transformación constante de sus luchas contra la opresión y explotación de las matrices raciales, culturales y de clase que impusieron los colonizadores y sus descendientes, que forman parte de las clases dominantes en las diferentes sociedades nacionales surgidas de ese proceso. 
2. Pese a la heterogeneidad en sus características étnicas y culturales, condiciones de vida y reproducción, hábitats rurales y urbanos, los pueblos originarios han confrontado, desde sus diferencias y semejanzas con las poblaciones nacionales, las políticas de los aparatos estatales administrativos, judiciales, civiles, militares, corporaciones capitalistas, grupos de poder político y económico, organizaciones patronales, denominaciones religiosas, estrategias de guerra de contrainsurgencia, hambrunas, epidemias, y, ahora, la militarización y las mafias del crimen organizado que atentan, de nueva cuenta contra su integridad territorial, recursos naturales, conocimientos ancestrales, formas de organización social, identidades, lenguas, culturas e, incluso, amenazan la existencia de los pueblos, como en Topolobampo, Sinaloa.
3. Los estados nacionales siguieron una política con los pueblos originarios que, contradictoria en su especificidad, ha sido, a la vez, o de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, asimilacionista –integracionista y/o segregacionista– diferencialista, aunque ambas expresan la misma estrategia opresiva, subordinante y discriminatoria. 
En América Latina, los pueblos indígenas fueron reducidos demográficamente, sus territorios invadidos y despojados, y a lo largo del proceso de integración nacional, los grupos dominantes impusieron una historia, una cultura, una lengua, una religión, formas de organización social, instituciones y marcos jurídicos a través de los mecanismos coercitivos del Estado: la instrucción pública, la administración centralizada, el mercado nacional y el ejército, como medios de socialización de la llamada cultura o carácter nacional. 
Estas entidades nacionales se constituyen en hegemónicas y subordinantes frente a las formas culturales de naturaleza étnica, que, en consecuencia, se identifican como culturas subalternas. 
4. Un contexto general es el etnocentrismo y el racismo que han caracterizado los procesos de formación nacional en los que la conquista europea sobre la población precolombina y la conformación de estados naciones durante el periodo independentista, se realizaron a partir de la brutal explotación de la fuerza de trabajo indígena y de origen africano, el no reconocimiento de los derechos e identidades de estos pueblos, y la edificación de sociedades basadas en los modelos civilizatorios de Europa y Estados Unidos. 
Así, la construcción de Estados nacionales latinoamericanos fue un proceso de “arriba a abajo”, originado por las oligarquías criollas que despreciaban a los pueblos originarios y los consideraban “fuera de la nación”, ausentes de las Cartas constitucionales, que no reflejaron la alteridad étnicacultural sino hasta la última década del siglo XX, bajo la presión del movimiento indígena y su conmemoración, en 1992, de los 500 años de resistencia a la invasión y conquista europeas de nuestro continente. 
5. A 534 años del inicio de esa conquista, la territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, las formas de organización colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y en México, en particular, son sitiados permanentemente por las corporaciones del capitalismo militarizado y delincuencial, denominado por William Robinson acumulación militarizada, dentro de la cual incluyo al narcotráfico y a las estrategias contrainsurgentes de matriz estadunidense. 
Lo que está en el centro del negocio del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras, –recursos y– fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que conlleva facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para la guerra contrainsurgente. 
Con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, que continua en extensión y profundidad con el gobierno actual y pese a farsas legislativas y consultas amañadas, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y colectivos como pueblos originarios. 

Impacto demográfico del cambio climático
Personas caminan por el cruce de Eje Central y Madero, en la Ciudad de México. 
Foto Cristina Rodríguez   Foto autor
Gabriela Rodríguez*
24 de julio de 2026 00:02
Los desastres producidos por fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, así como los geológicos de ocurrencia súbita, habían ocasionado hasta el 2023 el desplazamiento interno de casi 80 millones de personas en el mundo, tan solo en el año 2023, 7.7 millones de personas fueron desplazadas por desastres, los cuales intensifican la pobreza global y pueden revertir avances en procesos de desarrollo, al interactuar con otros factores de vulnerabilidad, tales como los socio-económicos, demográficos o políticos. 
Hay fenómenos hidrometeorológicos y geofísicos extremos. Los hay de ocurrencia súbita, los hidrometeorológicos asociados con el calentamiento global y el cambio climático, como inundaciones, huracanes (llamados también ciclones tropicales o tifones), o las repentinas asociadas con ondas de calor o de frío, incendios forestales, etc.
Entre los geofísicos están los terremotos y tsunamis, así como deslizamientos, derrumbes y deslaves. Los fenómenos de gestación lenta también están asociados al cambio climático, como sequías, deshielo o derretimiento del permafrost (capa del suelo subterráneo que permanece congelada de forma continua durante dos o más años) y la subsecuente pérdida de zonas costeras, desertificación, falta de acceso a recursos esenciales como el agua, entre otros.
Además del declive de la fecundidad y del envejecimiento de la población que muestra el nuevo escenario demográfico y que ocurre a diferente ritmo en las regiones del país, la política de población de México está dedicando mayor atención al impacto demográfico del cambio climático. Las personas desplazadas por éste tienden a moverse a otros sitios, con el aumento en la presión sobre la infraestructura urbana y la crisis hídrica. 
Las víctimas de desplazamientos sufren pérdidas irreparables, tanto humanas como materiales, las cuales contribuyen al deterioro de su calidad de vida y elevan sus niveles de marginación. En México, se han logrado avances en materia de protección civil, contamos con marcos normativos, estructuras gubernamentales y presupuestos en la atención de desastres asociados a fenómenos naturales.
No obstante, tenemos grandes desafíos en materia de prevención y postdesastres. El desafío es gigantesco para las finanzas gubernamentales, los costos para restablecer las condiciones anteriores a un desastre se han vuelto cada vez más cuantiosos y han exigido acciones extraordinarias por parte de gobiernos locales y nacionales para poder cubrirlos, además de la colaboración de organismos internacionales, de la iniciativa privada y de la sociedad civil. 
Para profundizar en el conocimiento sobre desplazamiento poblacional por cambio climático y desastres en México, y para orientar las políticas para anticiparse y atender las necesidades de las personas que sufren tales situaciones, se realizó un trabajo de colaboración entre los equipos técnicos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la consultora Laura Gabriela Rubio Díaz Leal, por parte del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 
Es sabido que resulta más económico prevenir que reaccionar, sin embargo, los asentamientos poblacionales y las actividades humanas se han expandido de tal manera que han ocupado zonas de riesgo, sin considerar los impactos negativos que ocasionarán, cuando la experiencia nos enseña que llegarán, más temprano que tarde. 
Aunque es difícil establecer en qué medida el cambio climático contribuirá en la ocurrencia de desastres repentinos y de gestación lenta, la evidencia indica que algunos de ellos aumentarán y además podrían ser irreversibles, como es el caso de las sequías y la pérdida de zonas costeras. 
El estudio incluyó la exploración de la base de datos del impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por desastres en México que elabora el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (periodo 2013-2023), el Catálogo de inundaciones que realiza la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, y verificó la información en los medios. Por eventos hidrometeorológicos y geológicos se identificaron un millón 37 mil 910 desplazamientos en los 11 años analizados. 
Además del análisis cuantitativo del desplazamiento en México, el texto incluye análisis de casos de desastres repentinos y de gestación lenta por fenómenos hidrometeorológicos o geofísicos en el país. La publicación es amplia, ayer se presentó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), puede consultarse en: https:// www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/1088707/Desplazamiento_CAP1-3. pdf Actuar e invertir en la prevención, adaptación y resiliencia del cambio climático no ha sido una prioridad de las élites económicas, toda vez que afecta la concentración de la riqueza. 
Sin embargo, es una dimensión que cada vez cobrará mayor relevancia para la dinámica demográfica. Conocer y medir sus efectos es estratégico para anticiparnos y actuar oportunamente a las situaciones que hacen posible la vida en la Tierra, y superar desigualdades sociales. Los aportes del estudio que aquí resumo, son una contribución que enriquece el diagnóstico demográfico de México y que permite tener una visión más integral en la política de población, así como sensibilizar a líderes ante un fenómeno que no es local, sino de alcance global. 
*Secretaria Técnica del Conapo 
X: @GabrielaRodr108

“Logramos acuerdos con Greer
▲ La Presidenta recibió ayer en Palacio Nacional al representante comercial estadunidense, quien le agradeció su liderazgo y compromiso. Antes, en su conferencia mañanera, Sheinbaum rechazó que la seguridad fronteriza y el tratado de aguas fueran temas a tratar en la conversación con Jamieson Greer, pues estos rubros se analizarán en otras mesas de coordinación que hay con Estados Unidos y en esta ocasión únicamente se hablaría del T-MEC. Foto Presidencia
Acuerdos benefician a ambos pueblos: Sheinbaum
Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada   Viernes 24 de julio de 2026, p. 16
En el marco de una nueva ronda de negociaciones del tratado comercial entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial estadunidense, Jamieson Greer, en sus oficinas de Palacio Nacional. “Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió la mandataria en un mensaje en sus redes sociales.
Por la mañana, al término de su conferencia, descartó que como parte de estas rondas de negociaciones comerciales se discutan temas como la seguridad o el cumplimiento de México al acuerdo bilateral de aguas. Éstos se analizan en otras mesas de coordinación bilaterales, dijo, por lo que consideró que las afirmaciones que realizó ante el Senado de Estados Unidos fueron en respuesta a cuestionamientos que le hicieron en su comparecencia.
“En el Senado, le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua. Y eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos. Y este año, que esperamos que llueva más todavía, se va a cumplir. O sea, no hay ningún problema, en este momento, con el tema del agua.”
A pregunta expresa sobre las razones por las que Greer también aludió a la seguridad fronteriza, sostuvo que no se trataba de contestar a cada uno de los temas que plantea él. Apuntó que lo que revisarían era el tema comercial. La seguridad y otros rubros se analizarán en las otras mesas de coordinación que hay con Estados Unidos.
“No sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país. Estados Unidos, de manera unilateral, decidió poner aranceles a todo el mundo. Ahora, viene esta ronda de aranceles en el ‘301’. No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que el país tenga las mejores condiciones posibles”.
Horas después, mediante un comunicado en redes sociales, la representación comercial estadunidense anunció que “se estaban tomando medidas, bajo la dirección del presidente Trump en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al imponer aranceles a 60 socios comerciales por su fracaso en adoptar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado”.