Delcy Rodríguez anuncia la prohibición para exportar materiales de construcción
▲ Habitantes de La Guaira buscan entre las ruinas enseres que les sirvan, aun con el riesgo de que los edificios terminen por caer. En ese contexto, la presidenta ofreció 80 por ciento de subsidio para reparar y adquirir vivienda.Foto Alfredo Domínguez
Ángel González Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Lunes 6 de julio de 2026, p. 19
Caracas- Tras 17 años de ruptura de relaciones políticas y diplomáticas, Venezuela recibió una delegación enviada por el gobierno de Israel para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, así como en la recuperación de infraestructura.
Los primeros en arribar el martes 30 de junio fueron 16 rescatistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con miembros de la empresa de gestión de desastres y emergencias Magen y las organizaciones no gubernamentales israelíes Ready for Rescue y SmartAID. Estas organizaciones tienen varios días en el terreno en labores de búsqueda y rescate.
El pasado viernes llegó una segunda delegación, “una misión técnica del Estado de Israel, integrada por expertos en ingeniería estructural y ciencias aplicadas”, informó el canciller Yván Gil; los integrantes de ese equipo se incorporarán “a las labores de evaluación de infraestructura afectada”.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comentó la presencia de estas delegaciones, destacando que aun cuando Venezuela e Israel no tienen relaciones diplomáticas, se realizó un contacto “a través de la comunidad judía”, y agradeció al rabino jefe del país, Yitzhak Cohen.
“Quisiera agradecer al rabino Cohen por toda la coordinación que nos permitió establecer contacto con el gobierno israelí y traer aquí, en este momento, a un equipo de expertos que ha comenzado a implementar el protocolo para iniciar el proceso de rehabilitación de la infraestructura y evaluar su estado.”
Venezuela e Israel no tienen relaciones diplomáticas desde el 15 de enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expulsó a todo el personal de la embajada israelí como respuesta a la masacre militar de Tel Aviv sobre la franja de Gaza, en la Operación Plomo Fundido. Chávez acusó a Israel de estar cometiendo “un holocausto” contra el pueblo palestino.
“No habrá estallido social”
Rodríguez alertó sobre conspiraciones que buscan generar desestabilización en medio de la tragedia para colapsar al gobierno y descartó que en el país ocurra un estallido social.
“Al igual que en 1812, cuando los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra la joven naciente república de 1811, igualmente hoy se pretende atacar la institucionalidad venezolana; no puede haber espacio para ningún tipo de conspiración interna ni externa, venga de donde venga… Aquí no habrá estallido social, lo que hay es solidaridad social profunda.”
El gobierno informó que hay 3 mil 342 fallecidos y 16 mil 740 heridos por los sismos y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
Reconstrucción, pero sin sanciones
La presidenta también creó la Misión Venezuela Renace, con la tarea de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos. A la cabeza de esta iniciativa designó a la ingeniera estructural Jacqueline Faria, quien se desempeñaba de ministra de Transporte. En su lugar, la cartera de Movilidad será conducida por Francisco Garcés, quien brevemente fungió de comisionado presidencial para la evaluación de las infraestructuras afectadas.
Horas antes, Rodríguez anunció medidas para mitigar el impacto socioeconómico de los terremotos, al tiempo que insistió en la necesidad de que Estados Unidos levante las sanciones en el país.
“Aquí es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente para este proceso de recuperación”, expresó.
Washington mantiene un esquema de bloqueos y sanciones al petróleo venezolano que impiden a Caracas vender de forma directa el crudo venezolano y administrar los recursos de esas ventas.
Rodríguez aseguró que el dinero desbloqueado por el Fondo Monetario Internacional se destinará íntegramente a las labores de reconstrucción y a la asistencia inmediata de quienes sufrieron pérdidas humanas y materiales. Habrá una asignación económica mensual durante los próximos seis meses a las familias afectadas, aunque no precisó el monto.
La banca activará la cartera hipotecaria con 80 por ciento de subsidio para la adquisición y reparación de viviendas. También se suspenderá temporalmente el cobro de tasas e impuestos asociados con los registros de alquiler y compra de inmuebles. Rodríguez decretó la prohibición absoluta de la exportación de materiales de construcción con el fin de blindar el abastecimiento interno.
Recuperar lo posible y despedir a los difuntos
Once días después del terremoto, el gobierno asegura que los esfuerzos por encontrar vidas se mantienen. Sin embargo, se puede ver cómo las labores de remoción y recolección de escombros toman protagonismo tanto en Caracas como en algunas zonas de la inmensa cinta costera del estado de La Guaira.
Entre las labores de los rescatistas y voluntarios que no descansan en la búsqueda de seres humanos, con o sin vida, saltan a la vista grupos de vecinos de las residencias destruidas que extraen muebles, electrodomésticos o cualquier bien que puedan. En algunos casos, son interceptados por la policía que les advierte del peligro de esas operaciones ante la posibilidad de que las estructuras terminen de colapsar.
Las imágenes, que circularon con fuerza por redes sociales, encendieron el debate entre quienes califican la acción e una irresponsabilidad y los que conceden la necesidad de las familias de rescatar algo cuando lo han perdido todo.
En lo alto de una montaña de ruinas de lo que fuera una torre residencial, un sacerdote católico elevaba una plegaria para bendecir las almas de los fallecidos en el lugar. Los presentes acompañaron con una oración que inspira más desahucio que esperanza.
Caracas- Tras 17 años de ruptura de relaciones políticas y diplomáticas, Venezuela recibió una delegación enviada por el gobierno de Israel para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, así como en la recuperación de infraestructura.
Los primeros en arribar el martes 30 de junio fueron 16 rescatistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con miembros de la empresa de gestión de desastres y emergencias Magen y las organizaciones no gubernamentales israelíes Ready for Rescue y SmartAID. Estas organizaciones tienen varios días en el terreno en labores de búsqueda y rescate.
El pasado viernes llegó una segunda delegación, “una misión técnica del Estado de Israel, integrada por expertos en ingeniería estructural y ciencias aplicadas”, informó el canciller Yván Gil; los integrantes de ese equipo se incorporarán “a las labores de evaluación de infraestructura afectada”.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comentó la presencia de estas delegaciones, destacando que aun cuando Venezuela e Israel no tienen relaciones diplomáticas, se realizó un contacto “a través de la comunidad judía”, y agradeció al rabino jefe del país, Yitzhak Cohen.
“Quisiera agradecer al rabino Cohen por toda la coordinación que nos permitió establecer contacto con el gobierno israelí y traer aquí, en este momento, a un equipo de expertos que ha comenzado a implementar el protocolo para iniciar el proceso de rehabilitación de la infraestructura y evaluar su estado.”
Venezuela e Israel no tienen relaciones diplomáticas desde el 15 de enero de 2009, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expulsó a todo el personal de la embajada israelí como respuesta a la masacre militar de Tel Aviv sobre la franja de Gaza, en la Operación Plomo Fundido. Chávez acusó a Israel de estar cometiendo “un holocausto” contra el pueblo palestino.
“No habrá estallido social”
Rodríguez alertó sobre conspiraciones que buscan generar desestabilización en medio de la tragedia para colapsar al gobierno y descartó que en el país ocurra un estallido social.
“Al igual que en 1812, cuando los antipatriotas pretendieron utilizar el terremoto para ir contra la joven naciente república de 1811, igualmente hoy se pretende atacar la institucionalidad venezolana; no puede haber espacio para ningún tipo de conspiración interna ni externa, venga de donde venga… Aquí no habrá estallido social, lo que hay es solidaridad social profunda.”
El gobierno informó que hay 3 mil 342 fallecidos y 16 mil 740 heridos por los sismos y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
Reconstrucción, pero sin sanciones
La presidenta también creó la Misión Venezuela Renace, con la tarea de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos. A la cabeza de esta iniciativa designó a la ingeniera estructural Jacqueline Faria, quien se desempeñaba de ministra de Transporte. En su lugar, la cartera de Movilidad será conducida por Francisco Garcés, quien brevemente fungió de comisionado presidencial para la evaluación de las infraestructuras afectadas.
Horas antes, Rodríguez anunció medidas para mitigar el impacto socioeconómico de los terremotos, al tiempo que insistió en la necesidad de que Estados Unidos levante las sanciones en el país.
“Aquí es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente para este proceso de recuperación”, expresó.
Washington mantiene un esquema de bloqueos y sanciones al petróleo venezolano que impiden a Caracas vender de forma directa el crudo venezolano y administrar los recursos de esas ventas.
Rodríguez aseguró que el dinero desbloqueado por el Fondo Monetario Internacional se destinará íntegramente a las labores de reconstrucción y a la asistencia inmediata de quienes sufrieron pérdidas humanas y materiales. Habrá una asignación económica mensual durante los próximos seis meses a las familias afectadas, aunque no precisó el monto.
La banca activará la cartera hipotecaria con 80 por ciento de subsidio para la adquisición y reparación de viviendas. También se suspenderá temporalmente el cobro de tasas e impuestos asociados con los registros de alquiler y compra de inmuebles. Rodríguez decretó la prohibición absoluta de la exportación de materiales de construcción con el fin de blindar el abastecimiento interno.
Recuperar lo posible y despedir a los difuntos
Once días después del terremoto, el gobierno asegura que los esfuerzos por encontrar vidas se mantienen. Sin embargo, se puede ver cómo las labores de remoción y recolección de escombros toman protagonismo tanto en Caracas como en algunas zonas de la inmensa cinta costera del estado de La Guaira.
Entre las labores de los rescatistas y voluntarios que no descansan en la búsqueda de seres humanos, con o sin vida, saltan a la vista grupos de vecinos de las residencias destruidas que extraen muebles, electrodomésticos o cualquier bien que puedan. En algunos casos, son interceptados por la policía que les advierte del peligro de esas operaciones ante la posibilidad de que las estructuras terminen de colapsar.
Las imágenes, que circularon con fuerza por redes sociales, encendieron el debate entre quienes califican la acción e una irresponsabilidad y los que conceden la necesidad de las familias de rescatar algo cuando lo han perdido todo.
En lo alto de una montaña de ruinas de lo que fuera una torre residencial, un sacerdote católico elevaba una plegaria para bendecir las almas de los fallecidos en el lugar. Los presentes acompañaron con una oración que inspira más desahucio que esperanza.
Zarpan 2 buques mexicanos con ayuda a Venezuela
▲ De edificios de La Guaira que siguen de pie los habitantes recuperan algunos muebles.Foto Alfredo Domínguez
De La Redacción
Periódico La Jornada Lunes 6 de julio de 2026, p. 20
Las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores informaron que, por medio de la Armada de México, ayer zarparon los buques de apoyo logístico Holbox y Huasteco, con aproximadamente 707.3 toneladas de víveres rumbo a Venezuela luego del terremoto que devastó el norte de ese país.
En un comunicado conjunto, señalaron que con el apoyo solidario de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, se trasladada esta ayuda humanitaria.
El buque ARM Holbox (BAL-02) transporta un cargamento de víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos hospitalarios, que suman un peso aproximado de 618 toneladas, así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora, que van junto con sus operadores.
Asimismo, en el buque ARM Huasteco (AMP-01) la carga consta de víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, que acumulan 89 toneladas hacia el mismo destino.
Los víveres entregados por el gobierno de México, mismos que provienen de donaciones realizadas en varios centros de acopio habilitados en la capital del país, se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional en el puerto de Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente.
Las dependencias destacaron que por medio de la Primera Región Naval se emplean 100 efectivos de las brigadas de respuesta ante emergencias para el embarque, traslado vía marítima y desembarque de la carga, así como una grúa y dos montacargas.
Ambos navíos tienen un tiempo estimado de viaje de seis días. Esta ayuda se suma al avión que partió la semana pasada rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica.
Ultraderecha dinamita instituciones de AL
José Murat
El resultado electoral en Colombia, tras el apretado y cuestionado triunfo de Abelardo de la Espriella, con apenas 0.5 por ciento de ventaja frente a Iván Cepeda, confirma que una ola ultraderechista, impulsada desde el exterior, no sólo ha desplazado a gobiernos orientados por una agenda social, sino que amenaza con destruir el andamiaje institucional, el sistema de partidos, los contrapesos del poder, las conquistas sociales y los derechos humanos del subcontinente latinoamericano.
A este resultado de sumó la igualmente cerrada victoria de la ultraderechista Keiko Fujimori en Perú, con apenas 40 mil votos de ventaja, quien llega al poder con la bandera del orden y la mano dura contra la inseguridad, sin mención alguna a la violación masiva de los derechos humanos en el gobierno de su padre ni referencia alguna al fenómeno de la desigualdad y la pobreza extrema de amplios segmentos sociales de la población peruana.
Abelardo de la Espriella, en particular, es un personaje presuntamente defensor de personajes vinculados con el crimen y con los paramilitares, que irónicamente ostenta el discurso de Bukele de la demagogia seudosecuritista y postula las premisas básicas de la contracultura reaccionaria de las nuevas derechas, esas que ven los derechos humanos fundamentales y los criterios mínimos de equidad no sólo como estorbos, sino como afrentas con las que hay que terminar.
El común denominador de los nuevos gobiernos electos de Colombia y Perú, además de Chile, con José Antonio Katz admirador de Augusto Pinochet; de Argentina,con Javier Milei, emulo de las dictaduras de los 80; de El Salvador con el autoritario Nayib Bukele; de Ecuador con Daniel Noboa, invasor de la embajada mexicana; de Bolivia, de Honduras, y de otros más, es un discurso de mano firme, de desprecio por la ley, de repudio a los migrantes de países hermanos, de rechazo a los derechos sociales adquiridos y, sobre todo, de renuncia a la autodeterminación soberana, seducidos por un alineamiento continental con la derecha estadunidense.
La nueva ultraderecha latinoamericana es una derecha neofascista, muy diferente de la derecha ilustrada que había detentado en otros años el poder en el subcontinente, como Fernando Cardoso en Brasil, impulsor de políticas de libre mercado, y los conservadores Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina y el propio Uribe en Colombia, líderes de la derecha latinoamericana que respetaron las instituciones democráticas, los contrapesos republicanos y los procesos electorales.
Ahora, como dice Steven Levitsky, profesor de gobernanza en la Univer-sidad de Harvard, especialista en América Latina y autor del ensayo “Así mueren las democracias”, es una ultraderecha rupturista y contraria a las instituciones republicanas, “una derecha menos liberal, que ataca los derechos de las minorías y tiene en general una relación más precaria con la democracia”.
Todos emulando a Nayib Bukele en su afán de construir megacárceles, en lugar de abrir fuentes de empleo. El Salvador es el último lugar destino de la inversión extranjera. A pesar de eso, se prepara para su tercer mandato, luego de una controvertida reforma contraria a la tradición antirreleccionista de ese país. El discurso de las megacárceles, por cierto, comienza a ser manejado en México de nueva cuenta por algunas voces de oposición, sin reparar en el fracaso monumental que esa propuesta tuvo en la pasada campaña presidencial.
En Colombia, concretamente, el fiel de la balanza, lo que inclinó la votación por un pequeño margen hacia la ultraderecha, fue la promesa de acabar con el crimen y con las organizaciones insurgentes de ese país, con las que el gobierno en funciones ya tenía una negociación avanzada, misma que ahora ha quedado interrumpida y sustituida por la amenaza de arrasar con los reductos territoriales en que esos grupos se desplazan. “En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, señaló el presidente electo, dando por muerta la política de paz total. El riesgo es el retroceso a los años de violencia fratricida, de confrontaciones abiertas, etapa que había sido superada.
Además, de la Espriella se comprometió en campaña a unirse al Escudo de las Américas, tomar medidas enérgicas contra el crimen, flexibilizar las regulaciones empresariales, bajar impuestos y allanar el camino para nuevos proyectos de gas y petróleo de corporativos internacionales detenidos bajo el gobierno de Petro.
Las medidas de fuerza implementadas por la ultraderecha, además, no siempre son eficaces: en Ecuador, por ejemplo, los asesinatos se dispararon 30 por ciento el año pasado, con el gobierno del presidente Noboa culpando la espiral de violencia a guerras territoriales entre pandillas fragmentadas que compiten por el control tras la captura o muerte de sus líderes.
Pero el recurso de la fuerza como principal insumo discursivo y directriz de la política pública de la ultraderecha es generalizado en el subcontinente latinoamericano. En todos los países donde gobierna o va a gobernar esa corriente ideológica, valores como el Estado de derecho, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, propios de las democracias republicanas, carecen de todo sentido, o son simplemente prescindibles.
En suma, todavía no se dimensiona el costo del asalto al poder de la ultraderecha en América Latina: no sólo pierden los gobiernos del espectro de centro-izquierda, pierden los valores democráticos, pierden las políticas sociales y pierden las instituciones republicanas.
Revuelo en la inteligencia artificial
Foto Europa Press Foto autor
León Bendesky
06 de julio de 2026 00:06
El jefe de la poderosa empresa tecnológica Palantir, Alex Karp, ha provocado el revuelo ante modelo de negocios de los grandes jugadores de la industria de la inteligencia artificial (IA); una pugna que tiene mucho de por medio.
En una reciente intervención en un noticiario de televisión, y de una manera que se ha descrito como atropellada, literalmente declaró: “Todas y cada una de las empresas están furiosas con los modelos de negocios de la IA”. Se refería a que las empresas que usan la tecnología pagan un sobreprecio a empresas como OpenAI y Anthropics. El punto es que, así, no se genera un valor real de negocio y, además, se arriesga la propiedad de los datos y de los procesos de trabajo.
Esto tiene que ver con el método de tokens mediante los que se fijan los precios por el uso de los modelos de IA. Los tokens son unidades fundamentales de datos procesados para comprender y generar el contenido que requiere el usuario.
El asunto se describe de la siguiente manera: “Los modelos no leen palabras completas u oraciones, sino que descomponen el lenguaje humano en fragmentos pequeños, como son palabras parciales o completas, así como la puntuación”. Los tokens, determinados en idioma inglés, equivalen en general a cuatro caracteres. Este método se vincula con el precio que se cobra por el uso y en donde se distingue a los tokens de salida, que son más caros que los de entrada.
El argumento de Karp, que ha generado la controversia por la forma y el contenido de sus declaraciones, es que los tokens que definen el modelo de negocios, están diseñados para transferir tanto la propiedad intelectual de las empresas usuarias, como el valor que representan para proveedores de los modelos y para los usuarios y se expresa en los altos costos que pagan en relación con los ingresos que se obtienen.
Si OpenAI y Anthropics realmente incidieran de modo positivo en la productividad de sus usuarios, no venderían el acceso que llega a contarse hasta por millones de tokens. El señalamiento de Karp es que, realmente, el modo de fijar precios mediante tales unidades representa la confesión de que sus productos no generan un valor confiable por el precio al que se vende. Lo que hacen, pues, es cobrar por el cómputo de las consultas. Lo que dice es que el modelo vigente por consumo de tokens alienta un uso creciente, sin generar un valor proporcional de negocio. Esto redunda en que los usuarios busquen tener una infraestructura propia de cómputo, de datos y modelos de IA, sin la dependencia de proveedores externos. Esto mueve el debate en torno a la IA al campo de la organización industrial y la gestión de los negocios. Tal es la fricción que ha provocado Karp.
Esto conduce al asunto clave del control, la denominada soberanía de la IA; lo que se vincula con la discusión en curso acerca de la necesidad de regulación de la industria, tema que tiene una relevancia creciente. Las empresas, dice Karp, deben tener control sobre sus datos y los medios de computación, lo que lleva a que puedan adaptar sus modelos y prevenir que la propiedad de la información se capte o replique fuera de la empresa.
La cuestión va mucho más allá cuando se lleva al campo de la seguridad nacional y la defensa, entorno en el que Palantir tiene una actividad cada vez mayor y muy relevante con distintos gobiernos.
Así lo ha planteado Karp explícitamente en el libro publicado el año pasado La república tecnológica. Se trata de una crítica que apunta a dónde debe ir la IA y qué tanto debe alinearse con el poder del Estado; cómo debe atender, además de a los consumidores, a las acciones bélicas y las amenazas geopolíticas existentes.
Esta dimensión indica que los desarrollos tecnológicos y las disputas internas en ese sector se extienden y tienden, así, a entrar en el terreno de lo que se ha llamado la “sociedad de la vigilancia”; o de manera más radical, lo que se ha considerado “tecnofascismo”.
Los conflictos entre la élite de la tecnología o lo que se conoce de modo coloquial como los tech bros (hermanos tecnológicos); término que alude al conjunto de los hombres muy ricos, de comportamiento extravagante y polémico del entorno de la industria de la tecnología digital, son explícitos.
La cuestión abarca al carácter de su comportamiento y su extendida influencia, que tiende a acrecentarse al ritmo presuroso del desarrollo de la industria.
Una exhibición de los intereses en conflicto entre las empresas es el caso de la ríspida pugna de Musk con Altman en torno a OpenIA, del conflicto de Amodei con el gobierno de Estados Unidos; de Thiel y sus abiertas y polémicas posturas ultralibertarias y del mismo Karp, cada vez más extrovertido.
Hay fracturas y rivalidades por el dominio de la estructura corporativa de la IA. Todos estos personajes tienen una clara conciencia de su influencia social y política y de su enorme poder económico. Y lo ejercen.
