Carlos Fernández-Vega
▲ Las armas de los criminales en México provienen de Estados Unidos.Foto de redes sociales
No transcurre día sin que la Casa Blanca (directamente su inquilino Donald Trump o por conducto de alguno de los impresentables integrantes de su gabinete, como el halconcito Marco Rubio o el parrandero Pete Hegseth) amenace, chantajee, acuse y responsabilice a México por el tema del crimen organizado (con énfasis en el narcotráfico) sin que, en el correlato, la parte “acusadora” reporte, ni por aproximación, resultados positivos en la tarea que a ella corresponde (por ser un problema bilateral) en la lucha contra los cárteles de la droga.
Una tras otra, sin la menor prueba, que involucran a todo aquel que políticamente le resulte conveniente (siempre con el apoyo del grupo autóctono de cipayos a su servicio), al tiempo que se lava las manos de lo que sucede en su propio territorio, donde es cotidiano el enorme cuan inagotable flujo de droga, el lamentable registro de muertes por sobredosis de enervantes (muchos de ellos “legalizados” por el propio gobierno estadunidense y sus emporios farmacéuticos) y el creciente ejército de zombis callejeros que inundan las principales ciudades del vecino del norte, abandonado a su suerte por una autoridad que permanentemente se queja de que otros son “otros” los “responsables”, sin que mueva un dedo para siquiera mitigar tan dramática situación social y sanitaria, mucho menos impedir que su nación se mantenga como el mayor consumidor mundial de todo tipo de estupefacientes.
Y otro de los “compromisos” descaradamente incumplidos por el gobierno estadunidense, no único, desde luego, es el de cerrar su frontera sur al ilegal tráfico de armas (que se incrementó ferozmente a partir de que Felipe Calderón se instaló en Los Pinos) que nutre a los cárteles de la droga que operan en México, con un balance escalofriante: el jugoso negocio, con multimillonarias ganancias, para los intocados gringos dedicados al trasiego; el “pretexto” político para la Casa Blanca para que esté duro que dale con las acusaciones, y los muertos, la violencia y el costo para nuestro país.
En el mejor de los casos, de forma excepcional para tapar el ojo al macho, desde allá se reporta la incautación de algunas armas y cartuchos útiles, más con fines propagandísticos que efectivos.
Por ello, no es gratuito el puntual “recordatorio” de la presidenta Sheinbaum. La Jornada (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez) lo reseñó así: “en las reuniones bilaterales de seguridad hemos planteado a los estadunidenses que tienen que hacer su trabajo de detener armas que vienen a México, pero también detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y las de lavado de dinero; no todo es hacia afuera; ellos tienen que trabajar también hacia adentro. Es algo que permanentemente estamos diciendo en la reuniones bilaterales y por lo menos en el caso de armas ha habido incautación por parte de distintas instituciones de Estados Unidos para evitar que pasen a México”.
Pero, ante el ingreso masivo de armamento, el volumen incautado es mínimo e infrecuente, aunque la mandataria políticamente le da cierta importancia: “el decomiso en Arizona de 43 mil cartuchos es un buen ejemplo de cómo hay comunicación, porque habría que ver cuántas incautaciones de armas y municiones ha habido en Estados Unidos antes de la llegada del presidente Trump. Hemos insistido muchísimo en que así como ayudamos a que no llegue droga a su territorio (y el gobierno mexicano ha actuado en consecuencia, con históricas confiscaciones y destrucción de narcolaboratorios), ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México; hacemos nuestro trabajo todos los días, desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes, generadores de violencia”. Entonces, menos uso político-chantajista por parte de la Casa Blanca, porque, como bien subraya la presidenta Sheinbaum, “Estados Unidos tiene que hacer su parte; hay armas que se compran allá y pasan a México de manera ilegal”, amén de “organizaciones delictivas y no se podría pensar la cantidad de droga que allá se vende de manera ilegal”.
Las rebanadas del pastel
Trump y su pandilla afilan sus colmillos para clavarlos en las naciones con grandes depósitos de oro negro (el caso venezolano no es casualidad), porque el estadunidense Departamento de Energía reconoce que las existencias de su reserva estratégica de petróleo cayeron a su nivel más bajo de los últimos 43 años, “a medida que la oferta sigue reduciéndose a consecuencia de la (ilegal) guerra contra Irán”.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Corte de apelaciones EU: gobierno de Trump puede ampliar proceso de deportación por vía rápida
Reuters
23 de junio de 2026 11:35
Washington. Una corte de apelaciones federal allanó este martes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump amplíe un proceso de deportación por vía rápida que permitiría la expulsión acelerada de migrantes que viven lejos de la frontera.
Un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló por 2-1 a favor de revocar la decisión de un juez que, en agosto de 2025, bloqueó la medida del Departamento de Seguridad Nacional destinada a ampliar el criterio de quién cumple los requisitos para la expulsión acelerada.
Ese proceso de expulsión acelerada se ha utilizado durante casi tres décadas para repatriar rápidamente a los migrantes detenidos en la frontera. Sin embargo, en enero de 2025, la administración amplió su alcance para incluir a los no ciudadanos detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos que no pudieran demostrar que llevaban dos años en el país.
Esta política se asemejaba a otra adoptada por la primera administración de Trump en 2019 y que el gobierno del presidente Joe Biden derogó posteriormente.
Tras la demanda presentada por la organización defensora de los derechos de los inmigrantes Make the Road New York, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó la aplicación de esas nuevas políticas, alegando que violaban los derechos constitucionales al debido proceso de los migrantes que pudieran ser detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia no se mostró de acuerdo en una sentencia redactada por el juez Justin Walker, nombrado por Trump, quien afirmó que el gobierno estaba autorizado a ampliar "la expulsión acelerada hasta el máximo permitido por el Congreso".
Afirmó que se notifica a los migrantes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los somete a una expulsión acelerada y que tienen la oportunidad de oponerse, entre otras cosas, demostrando que han permanecido de forma continuada en Estados Unidos durante dos años.
"A lo sumo, las conclusiones del tribunal de distrito muestran que el sistema de evaluación acelerada del Congreso funciona con rapidez y con limitaciones prácticas —características que la propia ley contempla—", escribió. "No demuestran que las directivas impugnadas priven a los extranjeros de una oportunidad significativa de ser oídos".
A su opinión se sumó en gran parte la jueza Neomi Rao, también nombrada por Trump, mientras que el juez Robert Wilkins, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, expresó su desacuerdo.
Wilkins se opuso a que se sometiera a los migrantes a un proceso de deportación por vía rápida sin siquiera preguntarles cuánto tiempo llevaban viviendo en Estados Unidos, al afirmar que dicho procedimiento "es lamentablemente inadecuado para las personas detenidas en el interior del país".
James Percival, consejero general del DHS, dijo en un comunicado que la sentencia "reafirmaba nuestra decisión de aplicar la ley tal y como está redactada".
Los abogados de Make the Road no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Carolina Gómez Mena
23 de junio de 2026 14:28
En el país alrededor de un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrió algún tipo de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en un año, establece el estudio Disrupting Harm en México, presentado hoy.
El análisis, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la red mundial End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) e Interpol detalla que según datos de la encuesta Disrupting Harm, 13 por ciento de la población usuaria de internet en México, del rango de edad mencionado, ha experimentado esos daños en el lapso de un año.
El sondeo evidencia que la forma más común de abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología que experimentaron los infantes y adolescentes fue la exposición no deseada a imágenes sexuales (7 por ciento).
Asimismo casi la mitad (47 por ciento) de las niñas, niños y adolescentes fueron objeto de al menos dos formas de abuso y explotación por parte de la misma persona perpetradora o de personas diferentes.
Revela también que 14 por ciento de las niñas y 13 por ciento de los niños sufrieron esos abusos sin diferencias.
Las tres principales aplicaciones donde la infancia nacional experimentó esas situaciones son propiedad de Meta: Facebook (52 por ciento) y Whatapp (45 por ciento, fueron las más comunes, seguidas por Instagram (11 por ciento) y Tik Tok (8 por ciento).
De igual forma 3 por ciento de los incidentes ocurrieron en YouTube y 2 por ciento en Snapchat.
Fernando Carrera, representante de Unicef en México señaló en entrevista, tras la presentación del estudio que ya 37 países en el mundo que tienen algún tipo de legislación para regular el acceso de infantes y adolescentes a pantallas y redes.
“La mayor parte están en Europa. También está Australia y Canadá y está el ejemplo brasileño. Hay un modelo latinoamericano muy avanzado de legislación, señaló en referencia a al Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, que entró en vigor en marzo pasado, y que es para la protección en los entornos digitales.
“Esta legislación puede ser, no algo que hay que copiar para México, pero sí algo que considerar para México”, propuso.
Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), expuso que las afectaciones que ya tienen niños, niñas y adolescentes, con el uso de estas tecnologías habla de “la necesidad urgente de hacer una regulación al respecto”.
Destacó que el hecho que 13 por ciento de infantes y adolescentes que navegan en redes haya sido víctimas de esas prácticas “es un porcentaje altísimo”, más si se tiene en cuenta que aproximadamente 94 por ciento del sector “habitan esos espacios virtuales”, esto nos obliga, evidentemente a establecer una regulación”, insistió.
Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado por abrir un debate y establecer diálogo nacional para analizar el tema de la pertinencia de una regulación del acceso de menores de edad a redes sociales, el uso de pantallas y la Inteligencia Artificial.
Pekín supera a Washington y fabrica la supercomputadora más rápida del mundo
Reuters
Periódico La Jornada Miércoles 24 de junio de 2026, p. 21
San Francisco. China superó a Estados Unidos y se situó en el primer puesto en la lista de las supercomputadoras más rápidas del mundo, pero según expertos estos resultados podrían decir más sobre el deseo de Pekín de demostrar su autosuficiencia en sistemas informáticos que sobre su posición en la carrera mundial por la inteligencia artificial.
El sistema LineShine, ubicado en el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen, en China, utiliza chips de diseño nacional y ha conseguido el primer puesto en la lista Top500, una clasificación mundial de supercomputadoras que se publica dos veces al año, lo que supone la primera aparición del país asiático en esta clasificación en tres años.
El caso se produce en un momento en que Estados Unidos y China compiten cada vez más en el ámbito de la informática avanzada. El presidente Donald Trump firmó antier un decreto destinado a situar a Estados Unidos por delante de China en el campo emergente de la computación cuántica.
En la edición de junio de 2026 de la lista Top500, LineShine superó al anterior campeón, El Capitán, un superordenador ubicado en el laboratorio nacional Lawrence Livermore que el gobierno de Estados Unidos utiliza para desarrollar y mantener su arsenal de armas nucleares.
Sin embargo, expertos en tecnología y política entrevistados por Reuters señalaron que estos resultados no significan que China cuente con la computadora más rápida del mundo para tareas de IA, debido a los cambios que se han producido en la industria informática en los años pasados y a los métodos utilizados para elaborar la lista.
LineShine ocupó el cuarto puesto en una prueba de referencia diseñada para simular tareas informáticas más similares a las de la IA.
Por décadas, las supercomputadoras conectaban entre sí numerosas máquinas independientes para trabajar en problemas científicos complejos, como simular la interacción entre átomos, y eran principalmente dominio de los laboratorios nacionales y las universidades.
Para figurar en la lista Top500, los operadores de superordenadores deben realizar una serie de pruebas de referencia destinadas a imitar ese tipo de trabajo. Sin embargo, en los años recientes, empresas de computación en la nube como Microsoft, Amazon.com y Google han construido sus supercomputadoras a gran escala, pero las han orientado hacia tareas de IA. La mayoría de estas empresas no optan por competir por un puesto en la lista Top500.
T-MEC: continuidad garantizada
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la posibilidad de un retiro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya quedó descartada porque ninguna de las partes notificó su salida en el plazo reglamentario. Por lo tanto, continuará vigente un mínimo de 10 años, independientemente de lo que ocurra el próximo 1º de julio, cuando los tres países deberán comunicar si optan por una extensión de 16 años o por mantener el acuerdo en su plazo original con revisiones anuales.
Esto significa que los tres países de América del Norte mantendrán su estrecho vínculo comercial al menos por una década. Dada la profundidad de los lazos entre las respectivas economías, esta continuidad sería una buena noticia si no fuera por el uso extorsivo que Washington da a la cercanía comercial para empujar su agenda injerencista y desestabilizar a sus vecinos. Con un gobierno razonablemente respetuoso de la soberanía y la etiqueta diplomática en la Casa Blanca, los intercambios trilaterales podrían redundar en beneficios para todas las partes y en una capacidad potenciada para abordar las problemáticas comunes.
Esa dinámica virtuosa también requeriría que Estados Unidos dedique menos tiempo al golpeteo contra México y más a cumplir su parte en las preocupaciones compartidas. Como recordó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades estadunidenses tienen que hacer su trabajo de detener armas que vienen a México, así como arrestar a integrantes de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga dentro de Estados Unidos y desmantelar las redes de lavado del dinero generado por actividades criminales.
México, recordó la mandataria, hace su trabajo todos los días, “desde la atención a las causas del fenómeno delictivo hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes y generadores de violencia”.
En este contexto, resultan llamativas las declaraciones de Larry Rubin, presidente de la American Society México (Amsoc). El hombre de negocios dijo que “el crecimiento comercial de nuestras dos naciones es impresionante y seguirá creciendo a doble dígito. No importa lo que digan o hagan los políticos”, pues “quienes hacen crecer el T-MEC día con día son los empresarios y los consumidores, que tienen las ventajas de adquirir productos de la región a precios más competitivos”. Se puede estar o no de acuerdo con la percepción de Rubin, pero es contradictorio que minimice el papel de los políticos cuando se ha dedicado a reunirse con y dar micrófono a los representantes de la derecha partidista y a empresarios antigubernamentales.
Si Larry Rubin y los promotores del libre mercado están convencidos de la centralidad de los dueños y directivos corporativos en el avance económico, lo mejor que pueden hacer es abstenerse de arropar en publicitados convivios a los representantes de la derecha y la ultraderecha, máxime en un momento tan delicado como el actual, en que una gobernante de esta corriente, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se encuentra bajo escrutinio por facilitar la infiltración de la CIA y otras agencias de espionaje en territorio mexicano.
