El viernes se llevó a cabo la reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), nuevo mecanismo de diálogo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Tras el encuentro, que tuvo lugar en la embajada estadunidense en la capital mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que ambas delegaciones reafirmaron que la cooperación debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía de ambos países y con el principio de cooperación sin subordinación; mientras el embajador Ronald Johnson presentó el encuentro como el inicio de una nueva etapa de coordinación orientada a lograr “resultados inmediatos y de gran impacto” contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, y la migración irregular.
Pese al optimismo mostrado por la cancillería en cuanto a la disposición de Washington para acatar el marco constitucional de nuestro país, cabe preguntarse por la pertinencia de profundizar la colaboración con el trumpismo cuando éste no ha dado ningún paso para reparar los múltiples agravios a nuestro país perpetrados en nombre de la seguridad y el combate a la delincuencia. Hasta la fecha, la Casa Blanca no ha dado ninguna explicación por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, cabecilla del cártel de Sinaloa trasladado de forma ilegal a Estados Unidos en julio de 2024, durante la administración de Joe Biden. Tampoco se han dado, o no se han hecho públicas, las aclaraciones necesarias tras revelarse que Johnson urdió una operación criminal para infiltrar espías y agentes de inteligencia estadunidenses en México, con la complicidad de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Por supuesto, no se han producido las disculpas formales correspondientes por la filtración de acusaciones falsas con intenciones claramente políticas y de desestabilización, por los exabruptos del embajador y su apoyo descarado a personajes de la ultraderecha local o por las reiteradas amenazas de Donald Trump de lanzar operaciones militares en nuestro país con o sin el permiso de las autoridades. En este sentido, es inevitable relacionar esta nueva etapa de “cooperación” con la ejecución extrajudicial de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, presunto líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. El Pentágono advirtió que el asesinato, acordado con Caracas, “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del presidente Trump de “combatir el narcotráfico”; es decir, de usar el trasiego de estupefacientes como coartada para intervenir en los asuntos internos de todos los países del hemisferio.
Por otra parte, es cada vez más dudoso que las prioridades de las que habla la embajada estadunidense sean compartidas en los hechos. El caso más flagrante es el del tráfico de armas, que no sólo no es combatido, sino incluso se ve estimulado por las políticas de libertinaje armamentístico de Washington, lo que se refleja en un flujo ininterrumpido de dispositivos de alto poder sin los cuales serían imposibles las operaciones del crimen organizado. Asimismo, es engañoso presentar la migración irregular como un desafío común, pues el gobierno mexicano enfoca esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, no como una campaña racista enmascarada en la “seguridad nacional”.
Los 3 mil kilómetros de frontera compartida, el grado de integración económica, los 40 millones de mexicanos y sus descendientes que viven en territorio estadunidense, junto a otros factores históricos, obligan a México a entenderse con Washington en materia de seguridad, pero el trumpismo ha hecho más necesario que nunca poner el máximo cuidado al relacionarse y signar acuerdos con un vecino hostil y poco confiable.
