Nuestra lucha es en defensa de la soberanía y la no injerencia, remarcó la Presidenta
Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada Viernes 5 de junio de 2026, p. 4
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo que le expresó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta difundida la víspera, y coincidió con él en que existe una campaña de la ultraderecha en Estados Unidos y México que, con miras a las elecciones de ambos países, busca debilitar a la Cuarta Transformación con acusaciones de colusión con el narcotráfico. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego forman parte de esa ofensiva.
Al leer distintos fragmentos de la carta de López Obrador, Sheinbaum Pardo aseveró que esa campaña tiene un propósito electoral definido: aprovechar la retórica del “narcopartido” y el “narcogobierno” de cara a los comicios estadunidenses de noviembre próximo y a las elecciones de México en 2027. “No están contra la transformación, están contra el pueblo de México”, afirmó.
Añadió que la derecha nacional ha querido hacer creer que el gobierno busca proteger a funcionarios acusados, cuando en realidad su postura es la de defender la soberanía y confiar en las instituciones mexicanas. “La oposición ha querido decir que la Presidenta quiere tapar a cualquier persona. No es cierto”, señaló.
Para refutar las acusaciones de colusión con el crimen organizado, la mandataria recordó que durante el sexenio de López Obrador se realizaron alrededor de 680 detenciones de cabezas de cárteles, entre ellos líderes del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Santa Rosa de Lima y Arellano Félix, varios de los cuales fueron extraditados a Estados Unidos. “Si hubiera habido una colusión, ¿por qué se les detiene?”, preguntó.
Sheinbaum reiteró su cuestionamiento a la solicitud urgente de detención y extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios estatales, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Calificó el hecho de inédito y lo enmarcó como un intento de injerencia externa. “¿Quién decide en México? ¿El pueblo de México o el Departamento de Justicia de Estados Unidos?”, planteó.
Subrayó que si una solicitud similar llegara contra un gobernador del PAN, del PRI o de Movimiento Ciudadano, su postura sería la misma: exigir pruebas y confiar en las instituciones mexicanas, en particular en la Fiscalía General de la República.
Sobre la carta de López Obrador, Sheinbaum destacó el pasaje en que el ex presidente señala que algunos funcionarios estadunidenses traman debilitar a Morena para fortalecer a la oposición de derecha en México. Coincidió también con su lectura sobre el presidente Donald Trump: que el mandatario actual difiere del que gobernó durante su primer periodo, y que ese cambio se debe a “falsos amigos y consejeros internos”.
Relató que en sus propias conversaciones telefónicas con Trump, éste siempre ha sido respetuoso, y recordó con agrado las palabras que el mandatario estadunidense dedicó a los trabajadores migrantes mexicanos durante la firma del T-MEC.
Descartó cualquier posibilidad de distanciamiento con López Obrador. “Yo luché con López Obrador años, años”, declaró, y calificó de “misóginos y machos” los comentarios de la oposición que afirman que ella no gobierna y que es un títere del ex presidente.
Recordó que desde el domingo anterior, en el Zócalo capitalino, había advertido sobre esa ofensiva política y llamado a los mexicanos a defender la soberanía nacional con independencia de su posición frente al gobierno.
Respecto de las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien subrayó el miércoles ante el Congreso de ese país haber quedado “muy impresionado” con la cooperación bilateral, Sheinbaum destacó la parte final de su intervención: “ellos aún creen en su soberanía y nosotros tenemos que respetarlos. Yo ayer cuando leí eso dije: qué bien”, comentó la mandataria.
Al término de la conferencia, Sheinbaum exhortó a los presentes: “lean la carta del presidente López Obrador”.
Hasta 2 veces, el gobierno del magnate ha separado a niños de sus padres
Ap
Periódico La Jornada Viernes 5 de junio de 2026, p. 25
San Francisco., El gobierno del presidente Donald Trump ha separado a decenas de niños de sus padres por segunda ocasión en medio de la cacería de inmigrantes ordenada a su regreso a la Casa Blanca, reveló una investigación de The Associated Press.
Ejemplo de ello es el caso de Ederson Galicia Alva, quien fue arrancado a los tres años de los brazos de su madre, Mirsy Maricela Alva López, en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018, y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental.
Tras cuatro meses y medio confinado, Ederson apenas reconoció a su madre cuando se volvieron a reunir, contó ella. Pesadillas lo acosaron durante toda la primaria, donde aprendió a leer en inglés.
La familia de Ederson obtuvo los documentos necesarios para permanecer en Estados Unidos y su madre consiguió un permiso de trabajo tras un acuerdo aprobado por un juez federal, resultado de una demanda colectiva.
Después de meses de atención a la salud mental de Ederson para superar el miedo a que su madre nunca regresara, a inicios de junio del año pasado su terapeuta le recomendó pausar sus sesiones semanales gracias a su avance.
Dos semanas después, agentes federales detuvieron a Alva López cuando se dirigía a su empleo en Mar-a-Lago. Los efectivos nunca dieron la razón del arresto ni se identificaron antes de trasladarla a dos cárceles de Florida, luego a custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Luisiana y, finalmente, ser encadenada y deportada a Guatemala.
Mirsy estuvo separada de Ederson y de su hija mayor, Briseidy, durante una semana y no se le dio oportunidad de presentar su estatus o sus protecciones legales.
En medio de la desesperación la mujer pidió a su hermana que comprara pasajes de avión para enviar a sus hijos a Guatemala. Se encontró con ellos al día siguiente en el aeropuerto y viajaron nueve horas más por carreteras para llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en las tierras altas donde nacieron los niños.
Ederson volvió a despertarse temeroso por las noches. En la escuela primaria Northmore le iba bien en quinto grado; en Guatemala repitió cuarto grado, esta vez en español, y le hacían exámenes sobre la historia y la cultura de un país que apenas conoce.
El gobierno de Trump ha enjaulado a más de 6 mil niños en centros de detención, más de 205 mil menores han sufrido el arresto de por lo menos uno de sus padres y después de años todavía no se ha logrado reunificar a más de mil pequeños con sus familias tras ser separados durante el primer periodo del magnate, reportó La Jornada (https://shorturl.at/rXUi2).
La investigación completa en La Jornada Online (https://shorturl.at/Kuor3)
El neoliberalismo que se denuncia y se practica
José Romero
A dos años de iniciado el sexenio, la pregunta ya no es si México heredó un modelo neoliberal agotado: lo heredó. La pregunta es por qué el gobierno sigue gobernando con buena parte de sus instrumentos. El país no está en crisis abierta, pero sí en situación delicada: crecimiento bajo, inversión debilitada, deuda al alza, margen fiscal estrecho y dependencia externa. El riesgo no es el precipicio inmediato: es normalizar el estancamiento hasta que un choque externo lo convierta en crisis.
Una transformación no se mide por discursos, sino por decisiones. Se puede hablar contra el neoliberalismo y, al mismo tiempo, gobernar con disciplina fiscal sin reforma tributaria, dependencia del mercado estadunidense, política industrial débil, financiamiento productivo insuficiente y fe en que la inversión extranjera hará lo que el Estado no construye.
La productividad no despega, la inversión es insuficiente y el ingreso por habitante avanza lentamente. La raíz está en un modelo que confundió apertura con desarrollo, exportaciones con industrialización, estabilidad macroeconómica con prosperidad e inversión extranjera con capacidades nacionales. Durante más de 40 años se prometió que abrir, privatizar, atraer capital externo y reducir al Estado llevaría a México a la modernidad. La promesa fracasó: exportamos más, pero capturamos poco valor; nos integramos a cadenas globales, pero desde posiciones subordinadas; recibimos inversión extranjera, pero no construimos suficientes empresas mexicanas capaces de innovar y competir.
Quedarse en la crítica al pasado ya no basta. Si el modelo anterior dejó una economía dependiente, financiera y tecnológicamente subordinada, la obligación de una transformación era desmontar esa estructura, no sólo compensar algunos de sus daños sociales. La 4T corrigió parte de esos daños con aumentos salariales y transferencias. Fue importante. Pero redistribuir ingreso no equivale a transformar la estructura productiva. Una política social sin estrategia industrial puede aliviar pobreza, pero no construye productividad, innovación, proveedores nacionales, crédito de largo plazo ni soberanía tecnológica.
Los datos recientes son una advertencia. La inversión extranjera directa alcanzó niveles récord en el primer trimestre de 2026. A primera vista parece señal de confianza. Pero una parte sustancial provino de reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, no de una nueva ola de proyectos productivos. La IED es un flujo financiero; no equivale automáticamente a formación inmediata de capital fijo. Puede fortalecer balances, financiar operaciones, pagar deuda o preparar inversiones futuras sin traducirse de inmediato en maquinaria, tecnología o capacidad productiva nacional.
Al mismo tiempo, la inversión fija bruta ha perdido dinamismo desde mediados de 2024. Ahí está el foco rojo. Puede haber reinversión de utilidades, anuncios de plantas y construcción localizada de naves industriales, mientras la formación de capital del conjunto de la economía se debilita. No hay contradicción: una cosa es la rentabilidad privada de empresas ya instaladas y otra la ampliación real de la capacidad productiva del país.
El pronóstico de crecimiento para este año ronda apenas 1.1 por ciento, cifra cercana al crecimiento de la población. Crecer así no significa transformar, significa administrar la inercia. Una economía que apenas avanza al ritmo de sus habitantes no reduce rezagos ni genera recursos suficientes para infraestructura, ciencia, tecnología e industrialización. A ello se suma una deuda pública creciente, un peso apreciado que no debe confundirse con fortaleza estructural y un entorno externo incierto por la revisión del T-MEC y la economía estadunidense. Si esas variables se deterioran, el estancamiento puede volverse crisis.
Conviene examinar el entusiasmo oficial por el nearshoring. Se presenta como oportunidad histórica, pero no hay certeza de que vaya a llegar una cascada de empresas ni evidencia suficiente de que, si llegan, produzcan algo distinto a la maquila tradicional. La relocalización depende de decisiones corporativas externas, de la revisión del T-MEC, de la política industrial de Estados Unidos, de la competencia con China, de la infraestructura disponible, del costo de la energía, del agua y de la seguridad. Puede haber anuncios, parques industriales y expectativas, pero eso no equivale a una nueva estrategia de desarrollo. Si las empresas llegan para importar insumos, ensamblar en México, exportar a Estados Unidos y decidir tecnología fuera del país, el resultado será maquila ampliada, no industrialización nacional.
La pregunta no es cuántas empresas podrían llegar, sino qué capacidades permanecerían si llegan: empresas mexicanas, contenido nacional, ingeniería local, tecnología propia, crédito productivo y redes de proveedores. Sin eso, el nearshoring será el viejo modelo exportador con otro nombre. Y si la supuesta ola de relocalización no llega en la magnitud esperada, México habrá perdido tiempo valioso esperando que una oportunidad externa sustituyera a una política nacional.
Por eso el discurso cambia, pero las decisiones permanecen. Se habla de soberanía, pero se mantiene la dependencia de Estados Unidos. Se habla de reindustrialización, pero sin política industrial robusta. Se habla de desarrollo, pero sin una banca privada nacional comprometida con el financiamiento productivo de largo plazo. Se habla de transformación, pero sin un sistema financiero capaz de acompañar a empresas mexicanas en su crecimiento tecnológico e industrial.
El problema no es sólo económico, es intelectual y político. Se pretende transformar el país con instrumentos diseñados para administrar la dependencia. Se quiere superar el neoliberalismo utilizando buena parte de sus reflejos técnicos. Así no habrá resultados distintos, habrá estancamiento administrado, y, si las condiciones externas se deterioran, una crisis que hoy todavía puede evitarse, pero mañana será mucho más costosa.
Huachicol: amenaza social
La explosión de cuatro pipas presuntamente utilizadas para el trasiego ilegal de gas en el municipio de Tepeaca, Puebla, dejó al menos tres heridos, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y obligó a evacuar de manera preventiva a más de 2 mil personas de las inmediaciones, incluidos alrededor de mil 700 estudiantes y los pacientes de un hospital. El fuego provocado por el estallido fue controlado en el transcurso de la mañana, pero el predio donde se almacenaba el combustible quedó completamente destruido.
El incidente de ayer, que por fortuna no dejó víctimas mortales, trae de vuelta a la atención pública la problemática del huachicol, es decir, la extracción, almacenamiento y comercialización ilegal de gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas licuado de petróleo (LP). Sólo en el primer trimestre del año, las autoridades detectaron 299 tomas clandestinas en ductos de gas LP, de las cuales 157 estaban en el estado de Puebla y 44 en Tepeaca. En este sentido, lo ocurrido ayer resulta tan lamentable como previsible, pues sólo puede terminar en desastre una concentración semejante de intervenciones irregulares a las tuberías por parte de personas no cualificadas y ajenas a los procedimientos de protección civil. Que el predio siniestrado ayer estuviera a espaldas de un centro escolar proporciona la imagen más contundente acerca de la amenaza que el huachicol proyecta sobre todas las localidades donde opera.
El hecho es que, pese a todos los esfuerzos iniciados en el sexenio anterior y continuados y relanzados en el presente, el huachicol persiste en amplias zonas del país. Con respecto a la seriedad del combate a este delito, cabe mencionar que hace apenas una semana un operativo conjunto de autoridades federales y estatales permitió decomisar más de un millón de litros de diferentes hidrocarburos en Cadereyta, Nuevo León. Ayer mismo, se localizó una toma clandestina en Guaymas, Sonora, y se aseguró tanto el combustible como el equipo usado para extraerlo.
Para entender la persistencia de esta actividad delictiva es necesario observar el significativo arraigo social de que goza entre la población, en particular en comunidades pobres, marginadas y habituadas a desarrollar su cotidianidad en limbos jurídicos. Sin este arraigo, sería inexplicable la existencia de tantas tomas clandestinas en un municipio de 84 mil habitantes. Asimismo, existe una percepción distorsionada del huachicol como una especie de picardía más que como un crimen. Esta normalización pudo haberse consolidado debido a la negligencia cómplice del calderonato y del gobierno de Peña Nieto, periodos en que el ilícito alcanzó proporciones catastróficas para las finanzas públicas bajo la mirada complaciente de las autoridades.
Por ello, erradicar el fenómeno requiere no sólo ubicar y clausurar los sitios de extracción, decomisar vehículos de reparto y sancionar a los responsables directos, sino también concientizar a la sociedad acerca de la gravedad del ilícito y del peligro que representa para comunidades enteras. En otras palabras, se requiere la conjunción de ingeniería, inteligencia policial y trabajo social. Redoblar los esfuerzos de combate a las estructuras criminales, al mismo tiempo que se pone fin a la naturalización y el respaldo social del huachicol, es la única manera de evitar la repetición de una tragedia como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde 137 personas murieron el 18 de enero de 2019 mientras recolectaban gasolina de un ducto perforado por delincuentes.
