Periódico La Jornada Martes 26 de mayo de 2026, p. 23
Ciudad del Vaticano., El papa León XIV urgió a los gobiernos a frenar y regular a detalle el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en su primera encíclica, Magnifica Humanitas (Humanidad magnífica), publicada ayer, en la que advirtió que las plataformas digitales difunden desinformación, favorecen los conflictos y corren el riesgo de llevar al mundo por un camino de guerra sin fin, al tiempo que reiteró su rechazo a las llamadas “guerras justas”.
Durante la presentación de su manifiesto en el Aula del Sínodo, en el Vaticano, el pontífice estadunidense-peruano afirmó que “la IA exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte”, para que sirvan al bien común, con un rechazo a la lógica de la exclusión y la dominación para garantizar la protección de las personas.
“La IA debe ser desarmada”, enfatizó e indicó que “significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es sólo militar, sino económica y cognitiva”, en una carrera “para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre todos los demás”.
En este contexto, urgió a “romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar”.
El líder de la Iglesia católica, que en meses recientes ha adoptado un tono más enérgico sobre los conflictos bélicos, incluso recibió respuestas coléricas del presidente estadunidense, Donald Trump, tras criticar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, enfatizó la necesidad de mantener la memoria histórica de los “horrores de la guerra”, ya que con el olvido “las decisiones políticas corren el riesgo de tomarse sobre la base de cálculos de fuerza, carentes de una visión de las consecuencias a largo plazo”.
Criticó la aplicación del concepto “guerra justa” como argumento para emprender conflictos bélicos. “Hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la ‘guerra justa’, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa, entendida en el sentido más estricto”, sentenció en el documento de 130 páginas.
Separarla de la conciencia
En la encíclica, advirtió que en la era de la IA “la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización”. Afirmó que “las decisiones sobre tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad”, y que “sólo con una visión tan integral se puede orientar la IA hacia el bien común”.
Destacó que hay “rumores inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera del control humano” e hizo referencia a “informes muy preocupantes sobre algoritmos que pueden impedir el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad, basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias”.
El Papa subrayó que sólo juntos, quienes diseñan sistemas y quienes sufren sus consecuencias, los países más ricos y los más pobres, las instituciones y las personas, “podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad”.
Es la primera vez que un papa acude a la presentación al público de uno de sus documentos magisteriales, que en esta ocasión convocó a cardenales, profesores y expertos en tecnología, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah, según el sitio digital del diario Vatican News.
El documento íntegro se puede consultar en https://shorturl.at/8jop4
Enjaulados, 6 mil 200 niños en la campaña antimigrante de Trump
▲ Una reconocida agencia de investigaciones de Washington señala que en Estados Unidos no hay una manera sistemática para proteger a los hijos de los arrestados por el ICE, ni una entidad responsable de su bienestar. En la imagen, menores en el Centro de Detenciones de McAllen, Texas, durante el operativo Cero tolerancia, en 2018.Foto Afp
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 26 de mayo de 2026, p. 21
Nueva York y Washington., Como parte de su ofensiva contra los inmigrantes, el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, ha enjaulado a más de 6 mil niños en centros de detención, más de 205 mil menores han sufrido la detención de por lo menos uno de sus padres –a veces ambos– y después de años todavía no se ha logrado reunificar a más de mil pequeños con sus familias tras ser separados durante el primer periodo del actual mandatario.
Todo esto en el único país en el mundo que aún no ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1989.
A pesar de advertencias de pediatras y sicólogos sobre el trauma de largo plazo que sufren los menores de edad al ser encarcelados, de presenciar a sus padres esposados y a veces golpeados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o de ser separados de sus familias, la administración de Trump continúa usando estas medidas contra menores a propósito como un arma para frenar el flujo migratorio e imponer un clima de terror entre las comunidades de extranjeros sin documentos.
Más de 6 mil 200 menores de edad han sido detenidos y encarcelados por el gobierno federal desde que comenzó el segundo periodo del mandatario republicano, según un análisis del Marshall Project emitido en abril.
Hay 226 capturas por día
En promedio, hay 226 niños encarcelados en un dado día, es decir, 10 veces más en comparación al promedio al final de la presidencia de Joe Biden.
“Jamás ningún niño inocente deberá ser encarcelado. La cruel campaña de deportación masiva del gobierno de Trump está destrozando a la infancia e inflige traumas que estos menores llevarán por el resto de sus vidas”, denunció el diputado federal Joaquín Castro, uno de varios legisladores que han intentado visitar centros de detención para examinar las condiciones, incluyendo el de Dilley en Texas, que por algún tiempo fue el preferido para enviar familias con niños detenidos alrededor del país.
Bajo la ley, establecida por un acuerdo legal conocido como el acuerdo Flores de 1997, los menores de edad no pueden permanecer encarcelados por más de 20 días y también tienen derechos a condiciones básicas de bienestar. Pero esas normas, denuncian investigadores, han sido violadas constantemente. No sólo hay cientos de quejas formales por las condiciones insalubres severas –incluyendo alimentos con gusanos o contaminados, falta de atención médica y sin acceso a juguetes o lápices. Más aún, según el Marshall Project, más de mil 600 niños han estado enjaulados por más de 20 días, algunos por meses.
Justificaciones de la Casa Blanca
Las autoridades federales justifican que estas familias optan por estar encarceladas con sus niños, ya que pueden decidir “autodeportarse” y no permanecer en un centro de detención.
Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y arquitecto de estas medidas, ha justificado todas las políticas contra los inmigrantes “ilegales”, al afirmar que si tanto quieren a sus familias la mejor opción es abandonar Estados Unidos y regresar con los suyos.
De hecho, expertos afirman que ese es el objetivo. Este es “un esfuerzo estratégico y coordinado específicamente dirigido contra niños, con la meta de hacer que la vida sea tan intolerable para las familias inmigrantes para que sientan que no tienen otra opción más que irse”, afirmó Kika Matos, presidenta de la National Immigration Law Center, al The New Yorker.
Un nuevo informe de la Brookings Institution calcula que más de 205 mil niños, tres cuartos de ellos –145 mil– ciudadanos de Estados Unidos, han tenido por lo menos un padre detenido desde el inicio de este gobierno de Trump.
El informe de Brookings, uno de los centros de investigaciones y análisis de mayor prestigio en Washington, calcula además que más de 53 mil de estos infantes con por lo menos un padre detenido son menores de seis años de edad.
El reporte señala que “no existe una manera sistemática para proteger a los hijos de los detenidos por el ICE” y que “no hay una entidad responsable del bienestar” de estos menores de edad. De hecho, no se sabe realmente qué sucede con ellos después de que uno y a veces ambos padres son detenidos.
Separados por la fuerza, 5 mil 500 infantes
Durante el primer periodo presidencial de Trump, su gobierno, bajo una política de control migratorio en la frontera llamada Cero tolerancia, separó por la fuerza a más de 5 mil 500 niños de sus padres y familias –algunos bebés– y no implementó un sistema de rastreo y monitoreo para permitir la reunificación posterior.
Después de protestas y condenas públicas y fallos judiciales en contra, el republicano anuló esa medida y aceptó facilitar un proceso de reunificación de las familias, pero aún no se sabe si eso se ha logrado. Human Rights Watch emitió un informe a finales de 2024 en el cual detalló que unos mil 360 de esos niños separados no se habían rencontrado con sus padres.
La academia y la asociación estadunidenses de Pediatría, la Asociación Estadunidense Médica, organizaciones de siquiatras y otros especialistas en salud de niños y jóvenes han llamado, desde 2025, poner fin a las prácticas de detención de familias. En una carta enviada al presidente y al Departamento de Seguridad Interna afirmaron que ningún menor inmigrante debería ser encarcelado.
“No hay ninguna evidencia de que cualquier tiempo en detención es seguro para niños y el arresto mismo presenta una amenaza a su salud. De hecho, aun en periodos breves de retención pueden causar trauma sicológico y riesgos de salud mental a largo plazo”, advirtieron.
La agrupación Physicians for Human Rights emitió un informe en 2020 el cual concluye que el trauma padecido por niños y adultos bajo la medida de separación de menores constituye “tortura”.
Médicos, siquiatras y miles de otros profesionales de salud han llamado repetidamente a liberar a todo niño en detención, aplicando la recomendación de la Academia Estadunidense de Pediatría. Políticos opositores siguen denunciando las prácticas.
Una y otra vez se reportan historias sobre los niños en detención que expresaron que lo único que deseaban era regresar a sus escuelas con sus amigos, y aseguraron no entender por qué de repente estaban en un centro de arrestos. Una pequeña de siete años, recluida en las instalaciones de Dilley, preguntó a su madre, una inmigrante ecuatoriana: “¿mamá, que crimen cometí para ser prisionera?”. La mujer señaló en entrevista con la agencia Ap que “no sabía qué contestar”.
Desprecio a leyes internacionales
El abierto desprecio a la Organización de Naciones Unidas por parte del gobierno de Trump hace improbable que Estados Unidos ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño, permaneciendo así como el único Estado miembro en no ser parte de esta legislación internacional.
La Convención establece “que los estados partes deben velar porque todos los niños –sin discriminación de ninguna clase– se beneficien de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a la educación y a la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, capacidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa”.
Ante ello, es notable por su ausencia, la condena de los 196 países firmantes de la convención, como también de los gobiernos de los países de origen de las familias con niños enjaulados en Estados Unidos.
Familiares de migrantes recluidos se enfrentan con agentes del ICE en EU
Los presos, en huelga de hambre en rechazo a abusos
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 26 de mayo de 2026, p. 22
Nueva York y Washington., Inmigrantes recluidos en un centro de detención en Newark, Nueva Jersey, comenzaron una huelga de hambre y de trabajo para denunciar las condiciones que padecen y exigir la excarcelación de los más vulnerables, mientras activistas y familiares realizaron acciones de apoyo y protesta –acompañados por legisladores federales y hasta la gobernadora– que fueron reprimidas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) en una confrontación que continuó ayer por cuarto día.
Este lunes hubo enfrentamientos de agentes contra manifestantes que de forma pacífica bloqueaban salidas del centro ante versiones de que las autoridades intentaban trasladar a los detenidos, incluyendo a un peruano que identificaron como uno de los líderes de la huelga, mientras su esposa se encontraba afuera con los activistas. Hubo incidentes por el uso de gas lacrimógeno y/o pimienta, fuerza física y hasta el uso de un vehículo de transporte de tropas estilo militar con agentes apuntando con sus armas.
El senador federal por Nueva Jersey, Andrew Kim, intentaba negociar una solución al enfrentamiento sin suerte, después de que él y otros legisladores federales –entre ellos los diputados Ana Lilia Mejía, Rob Menéndez y LaMonica McIver– lograron ingresar al centro bajo la consigna de que estaban autorizados como funcionarios federales para supervisar estos centros. Salieron para reportar que escucharon quejas sobre las condiciones –alimentos, falta de acceso a servicios médicos y maltrato– y que había mucha gente detenida sin ningún historial criminal. Entre ellos, dijeron, había una nueva madre separada de su hija de 2 meses de edad, un reverendo y una estudiante de preparatoria que está por graduarse.
Kim declaró más tarde en redes sociales: “Delaney Hall debe ser clausurada de inmediato. El ICE no puede permitirse operar de esta manera”.
El otro senador de Nueva, Jersey Cory Booker, declaró el domingo que la huelga de hambre en Delaney Hall es “porque los inmigrantes luchan por sus derechos humanos… ya basta”.
Mientras tanto, la gobernadora demócrata Mikie Sherrill, quien ha criticado estos centros de detención y que ha girado órdenes para impedir la cooperación de autoridades estatales con agentes de migración, y también que porten máscaras –algo que estaban violando hoy–, reiteró que “durante mucho tiempo me he opuesto a instalaciones de detención privadas y continuaré abogando por el cierre de Delaney Hall”.
Todo empezó con una carta firmada el pasado viernes por 300 inmigrantes detenidos en la cárcel federal Delaney Hall, un centro de detención administrado como tantos por una empresa privada bajo contrato con el gobierno federal, denunciando las condiciones y anunciando el inicio de una huelga de hambre y laboral, según informaron familiares. Entre sus demandas, exigieron la liberación de los enfermos, los más viejos y los más jóvenes, entre los más vulnerables.
Las autoridades federales del Departamento de Seguridad Interna –donde está el ICE– rechazaron que exista una huelga de hambre e insistieron en que las condiciones cumplen que altas normas de bienestar. Comentaron que lo que ocurre es parte de una maniobra de políticos para recaudar fondos y usar el problema para sus fines.
Mientras tanto, inmigrantes y sus familias, organizaciones de defensa de inmigrantes y de derechos civiles continúan denunciando las condiciones dentro de centros de detención del país, desde el llamado Alcatraz de los Caimanes, en Florida, al Centro Dilley en Texas, como en Luisina, donde un video filtrado hoy muestra a detenidos hambrientos gritando por “comida, por favor, ahora”.
