▲ Encabezada por Napoleón Gómez Urrutia (de corbata), ayer se llevó a cabo la 44 Convención Nacional del Sindicato Minero.Foto María Luisa Severiano
Alexia Villaseñor
Periódico La Jornada Martes 5 de mayo de 2026, p. 9
Al caso de Camino Rojo, en Zacatecas, se suman otros de empresas mineras (internacionales y nacionales) en los que está involucrado el crimen organizado, tanto para agredir a los trabajadores como para intervenir en la vida sindical, denunció el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia.
En conferencia de prensa, indicó que hay varias minas que están replicando el modelo de la empresa canadiense Orla Mining que consiste en recurrir a grupos armados para que intervengan en las asambleas, obligan a los trabajadores a votar por determinado grupo y con ello deserten al Sindicato Nacional Minero. Algunas de ellas son Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero.
“Hay varias minas, por lo pronto desafortunadamente de Canadá, (porque) es el país que tiene casi 70 por ciento de las inversiones extranjeras en minería, y hay otras tres empresas más que están actuando totalmente en la impunidad”, advirtió, en el marco de la 44 Convención del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Desde el gremio minero, precisó, se está pidiendo que se cancele la concesión a estas empresas y se le quite el registro a los sindicatos patronales para que dejen a los trabajadores operar de forma normal y con seguridad, para que no haya ningún riesgo para ellos ni sus familias, puesto que, lamentó, hay casos donde los han amenazado de muerte.
Sobre el caso de Camino Rojo, Gómez Urrutia indicó que la empresa Orla Mining denegó los derechos de los trabajadores para ejercer su libertad, su democracia y estaban en riesgo porque recurrieron a “organizaciones ligadas a sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos, como se podrían llamar, utilizados por el crimen organizado, que es una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”.
Informó que el gremio al que representa solicitó a la Secretaría del Trabajo que le retire la concesión a la empresa canadiense debido a las violaciones laborales en las que ha incurrido, así como el retiro del registro del sindicato patronal.
El también diputado federal con licencia consideró que sería un precedente “muy negativo” que continúe la práctica de las empresas mineras de recurrir a la delincuencia organizada o sindicatos blancos para agredir a los trabajadores.
EU exige a México más extradiciones y acciones contra cárteles para mantener cooperación en seguridad
Foto autor
la redacción
04 de mayo de 2026 21:16
Al presentar la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el gobierno de Estados Unidos señaló que la cooperación con México en materia de seguridad estará condicionada a resultados "tangibles" en el combate al narcotráfico, como el aumento de extradiciones, detenciones, incautación de precursores químicos y desmantelamiento de laboratorios.
El documento difundido por la Casa Blanca indica que México es un punto clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetaminas, que ingresan a territorio estadounidense a través de la frontera sur.
La estrategia publicada instruye al Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), a asegurar la cooperación del gobierno mexicano en la incautación de precursores químicos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la reducción de la producción de drogas sintéticas.
El documento establece que dicha asistencia en seguridad -que incluye programas de capacitación para funcionarios mexicanos de seguridad y del sector judicial así como intercambio de inteligencia- estará condicionada a que México muestre resultados tangibles en esas áreas.
Asimismo, la estrategia contempla la identificación, detención y extradición de líderes de las organizaciones a las que el documento denomina tanto organizaciones criminales transnacionales (TCO) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).
En ese sentido, el documento se enmarca en la política del gobierno trumpista en la que ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Connacionales en EU producen más que Brasil, Canadá o México
▲ El PIB de la población latina en el vecino país del norte alcanzó 4.2 billones de dólares, cifra equivalente a la economía de Alemania.Foto Afp
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 5 de mayo de 2026, p. 16
Washington y Nueva York., Los mexicanos y mexicano-estadunidenses en Estados Unidos han creado una economía que genera más riqueza que la de Brasil, Canadá o su propio país, y ese poder económico sería aún mucho mayor si las políticas antimigrantes del gobierno actual fueran abandonadas y si los dos países vecinos desarrollaran una nueva estrategia conjunta para la integración económica, concluye un nuevo informe e investigación publicada esta semana.
“Los 38 millones de residentes de origen mexicano en Estados Unidos generaron colectivamente aproximadamente 2.27 billones de dólares en el PIB en 2024”, escribe Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en un nuevo informe. “Esto constituye la octava economía más grande de la Tierra, 54 por ciento del total de la generación económica latina de Estados Unidos (4.2 billones de dólares), y 11 por ciento de toda la economía estadunidense”.
Por sí solos, inmigrantes mexicanos –nacidos en México, tanto documentados como indocumentados– generaron 792 mil millones en actividad económica, mientras que la población de origen mexicano nacida en Estados Unidos durante generaciones generó un billón 311 mil millones de dólares en actividad económica en este país durante 2023. El PIB de toda la población latina de Estados Unidos alcanzó 4.2 billones de dólares, cifra equivalente a la economía de Alemania.
Sin embargo, para Hinojosa, quien también fundó el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte (NAID, por su siglas en inglés) en UCLA hace 30 años, donde se elaboró esta investigación, entre lo más notable están las oportunidades perdidas de una integración mejor guiada durante las últimas tres décadas, que ahora se han agravado bajo las políticas del gobierno de Donald Trump.
La deportación, “el peor desastre autoinfligido”
“La estrategia de deportación masiva es el peor desastre económico autoinfligido, probablemente aún peor que la guerra comercial”, comentó en entrevista con La Jornada. “Y no es sólo un asunto de Donald Trump”, agrega, al argumentar que el fracaso del original tratado de libre comercio de incluir canales para la migración documentada e inversión coordinada en recursos humanos e infraestructura en Estados Unidos y México representó una oportunidad perdida masiva.
Trabajando con modelos económicos desarrollados con el Peterson Institute for International Economics y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, Hinojosa proyectó que si este esfuerzo integral binacional se hubiera implementado desde los 90, el PIB de las personas de origen mexicano en este país sería de casi 3 billones, mientras que el PIB nacional de México sería del doble de su dimensión actual.
Si México y Estados Unidos optan por cambiar sus trayectorias, podrían generar enormes beneficios económicos en ambos países. Ese tipo de cambio en la política se inicia al abordar el poder económico de la población indocumentada en Estados Unidos. “La regularización no representa un favor a México, sino un auge económico masivo para Estados Unidos”, comenta Hinojosa en entrevista.
“Regularizar a los aproximadamente 4 millones de mexicanos indocumentados agregaría 15 mil millones anuales en impuestos estadunidenses, elevaría salarios para todo trabajador de capacitación limitada por medio de la formalización, y reduciría el premio de economía informal que actualmente subsidia a patrones explotadores”.
Más aún, el informe recuerda que los mexicanos indocumentados contribuyen con 36 mil millones anualmente en impuestos estadunidenses, incluyendo 14 mil millones para programas sociales a los que no pueden acceder para recibir beneficios.
Y eso es sólo para empezar. Hinojosa ofrece un paquete de recomendaciones que incluyen for-talecer la infraestructura laboral, ambiental y conjunta del T-MEC, resucitar el Banco de Desarrollo de América del Norte y el Programa de Ajuste de Inversión Comunitaria que fueron parte del tratado comercial original, pero que se abandonaron después, entre otras medidas.
Una propuesta innovadora sería un mecanismo para canalizar hasta 10 por ciento del total de remesas para el consumo a inversiones productivas. “El gobierno mexicano podría ofrecerle a inmigrantes la capacidad para ahorrar su dinero en Cetes, que hoy día generan una tasa de rendimiento de 10 por ciento”, apuntó al señalar que India, China e Israel, entre otros, han establecido este tipo de mecanismo, que se ha convertido en fuentes de capital de inversión productivo para sus economías.
Con remesas superando 60 mil millones de dólares, tal fondo podría generar hasta 6 mil millones de dólares anuales en fondos de inversión potencialmente dirigidos a las zonas más pobres de México. “Realmente es una acción que el gobierno mexicano puede tomar de manera unilateral y que acabará beneficiando a ambas economías.” Tal iniciativa debiera ser realizada con la anulación del impuesto de 1 por ciento sobre remesas aplicado por el Congreso estadunidense el año pasado.
Al estimular la inversión productiva en comunidades que expulsan migrantes a Estados Unidos, Washington también se beneficiaría con una reducción del incentivo de las personas a cruzar la frontera.
El informe, de 70 cuartillas, incluye materiales y datos económicos que detallan el análisis y las propuestas (naid.ucla.edu), junto con un “agente” de inteligencia artificial que puede responder a preguntas adicionales sobre esta investigación (https://naid.ucla.edu/agents).
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ A Ronald Johnson no le caería nada mal una invitación oficial a dejar la embajada de Estados Unidos, aunque luego envíen a otro de la misma calaña.Foto Jair Cabrera Torres
Muy quitada de la pena, la ultraderecha autóctona estaba feliz, porque el jefe de la estación de la CIA en México, Ronald Johnson, puso en marcha el operativo “distracción” (ordenado desde Washing-ton) con un doble propósito: refrendar su carácter injerencista, armar un escándalo político y mediático en contra del gobierno mexicano y, a la vez, envolver con su manto protector a una de sus paisanas y empleadas, Maru Campos –adherida al fuero–, quien supuso que tras la “bomba Rocha” nadie recordaría su flagrante violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.
Pero erró en la jugada. La Jornada (Iván Evair Saldaña) informa: “la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de las indagatorias por un operativo contra un narcolaboratorio en el que habrían participado presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuyo estatus y acreditaciones en México también son investigados. El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que, de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional por la presencia de personas extranjeras en el estado –“gobernado” por la panista María Eugenia Campos–, se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable”.
Algo más: “se han realizado requerimientos de ley” para que el “gobierno” de Chihuahua detalle las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido en la sierra Tarahumara, el cual, según versión de Maru Campos, permitió la localización y desmantelamiento de un “megalaboratorio” en el que no aparecieron responsables ni drogas eventualmente fabricadas en él. Solo cuatro fallecidos, dos de los cuales eran agentes de la CIA ilegalmente presentes y operativos en territorio nacional. Ello, sin olvidar que “la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR”.
Así, la muy limitada ultraderecha autóctona (que todavía se anima a decir que existe “un linchamiento mediático y político” contra Maru Campos) creyó que con el fantasma de Rubén Rocha hizo su agosto político-mediático, amén de celebrar que a la “gobernadora” panista no le tocarían un pelo. Sin embargo, dejó de lado el caso de los agentes de la CIA, la culpabilidad de la “mandataria” de Chihuahua (quien debe pedir licencia) y se quedó con las ganas, porque la investigación llegará a una sola conclusión: la panista es responsable, como lo es el jefe de estación, a quien nada mal le caería una invitación oficial para que abandone la embajada gringa en México por ser persona non grata, junto con su cónsul en Ciudad Juárez, Rafael Foley (seguramente Wa-shington enviaría a otro par de la misma calaña, pero en vía de mientras, hay que expulsarlos).
Por cierto, la presidenta Sheinbaum reveló que en su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la “gobernadora” Campos no dio información adicional a la ya conocida públicamente, es decir, fingió demencia. Lo cierto, dijo la mandataria, es que inmediatamente después de conocerse la ilegal presencia y operación de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, mágicamente llega la “solicitud” del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, con el exgobernador de Sinaloa a la cabeza.
Y tanto en este último asunto como en el de Maru Campos, el gobierno mexicano actúa de la misma forma. “¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley, en el caso de Chihuahua decimos a la Fiscalía: ‘que revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes’; en el de Sinaloa, lo mismo: a la Secretaría de Relaciones Exteriores: ‘pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional’”.
Las rebanadas del pastel
Mientras las secretarías de Economía y Trabajo no dejan de jugar al tío Lolo en el tenebroso caso de la minera canadiense Camino Rojo, en Zacatecas, el dirigente nacional de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que el mismo modus operandi se registra en otras empresas del sector en las que también está involucrado el crimen organizado, “tanto para agredir como para infiltrarse en la vida sindical”. Ejemplos: Plata Panamericana, también en Zacatecas; Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa; y Torex Gold, en Guerrero, “en las cuales también se ha comprobado esta modalidad”, es decir “narcosindicatos”. La mayoría de ellas son canadienses. ¿Y Ebrard y Marath? Papando moscas.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
