Emir Olivares y Alonso Urrutia
22 de abril de 2026 08:53
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 22 de abril de 2026. Foto Cuartoscuro
Ciudad de México. La presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en territorio contra el crimen organizado en Chihuahua “es algo que no debe ser menor”, pues se trata de un tema de seguridad nacional y soberanía, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Puntualizó que en la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, los socios deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que cualquier labor para sus agentes deben ser acreditada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Se está verificando si estaban acreditados o no”, señaló en la mañanera de este miércoles ante este caso que trascendió luego que los dos elementos estadunidenses perdieran la vida en un accidente tras regresar de un operativo en la sierra chihuahuense para desmantelar narcolaboratorios.
La mandataria federal subrayó que ante esta posible violación a las leyes nacionales, la cancillería envió una carta al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, “para que pudieran proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad. Es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió”.
Cuando se le insistió en que se solicita en la misiva, explicó: “Se hace un extrañamiento de lo que pasó. Y pedimos información de exactamente qué hacían estas personas, cuándo entraron. En fin. todo lo relacionado”.
Aun cuando el gobierno estadunidense ha negado información al de México, como en el caso del secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, la titular del Ejecutivo confió en que ene este caso Washington entregue todo lo referente a la presencia de sus dos agentes.
“Esperemos, uno de los elementos es confianza mutua, cuando hay un tema como esto tiene que aclararse. No está permitido por ley que ningún agente, ninguna persona que viene a realizar una tarea de seguridad participe de manera directa con alguna entidad de la República sin pasar por la SRE y (sin cumplir) los protocolos. Tienen que brindar la información, hoy es un gobierno diferente”.
La presidenta dijo que hablará con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que también aclare lo conducente.
“Pero debe quedar muy claro, tanto a Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración en materia de seguridad debe ser dentro del marco de entendimiento, dentro de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”.
Dio lectura al artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, donde se acredita que los agentes extranjeros que necesiten colaborar en el país necesitan acreditación de la SRE y que “no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas”.
Ante las declaraciones de la mandataria estatal (proveniente del PAN), en el sentido que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en ese operativo, Sheinbaum Pardo reviró: “En efecto, se apoya a las autoridades (locales) para eso, hay protocolos para hacerlo así; pero la Defensa no sabía que estaban participando en el operativo personas que no eran ciudadanos mexicanos. Es algo que no debe ser menor, cualquier relación que haya en cualquier materia con Estados Unidos, particularmente en seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, particularmente por la SRE, esto esta en la Constitución y en las leyes”.
La jefa del Ejecutivo sostuvo que se ha hecho la revisión si se dio la información a la SRE, a la Defensa o a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “y no se informó de la participación” de estos agentes estadunidenses.
“No aceptamos la participación en campo en los operativos, lo hemos dejado claro con Estados Unidos, tenemos otras formas de colaboración y cooperación”.
Sheinbaum debería tener más compasión por los agentes de CIA que fallecieron en México: Casa Blanca
Foto AP Foto autor
Redacción
22 de abril de 2026 14:23
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en entrevista con Fox News que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debería mostrar más “compasión” por los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado domingo, tras participar en un operativo antinarcóticos que no contaba con el beneplácito del gobierno mexicano.
Durante la entrevista con Leavitt, la presentadora señaló que más temprano el presidente Donald Trump había afirmado que “México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza”.
“Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que la compasión de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente bajo esta presidencia para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos”, declaró Leavitt.
Pese a reconocer que Washington ha “visto cierta cooperación” por parte de la mandataria, la portavoz recalcó que el gobierno estadounidense “desea ver más cooperación”, al considerar que las acciones emprendidas no solo benefician a su país.
“Creo que el presidente siempre desea ver más cooperación cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo, para combatir a estos cárteles y erradicar nuevamente el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado México durante demasiado tiempo y se ha cobrado demasiadas vidas estadounidenses”, añadió.
Leavitt: amago inadmisible
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ayer que el gobierno al cual representa no tiene constancia de ningún informe sobre estadunidenses heridos, secuestrados o asesinados durante los episodios de violencia suscitados en gran parte del territorio mexicano tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “trabajando activamente para garantizar la seguridad de los estadunidenses en México”. Aunque pudo haberse limitado a estas declaraciones protocolarias, añadió una baladronada innecesaria: “los cárteles de la droga mexicana saben que no deben tocar ni un solo pelo a ningún estadunidense o pagarán graves consecuencias bajo la presidencia de Donald Trump”.
Es imperativo que la funcionaria especifique a qué se refiere cuando habla de “consecuencias” ante actos de grupos criminales que tengan lugar en México. Si con ello alude a cualquier forma de intervención de Washington en nuestro país o pretensión de aplicar extraterritorialmente leyes estadunidenses, como parece ser el caso, sus declaraciones se encuentran fuera de lugar y son en todo punto inaceptables. El amago de atacar a criminales en territorio mexicano no es una amenaza contra los cárteles, sino contra México: aquí hay un sistema de seguridad pública, un sistema de impartición de justicia y un marco legal que son los facultados para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en territorio nacional. Sugerir que un poder extranjero puede infligir consecuencias dentro de México, ignorando a las autoridades locales y el debido proceso, es un acto de violencia intolerable contra la soberanía nacional.
Lamentablemente, el exabrupto de Leavitt no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de faltas de respeto hacia México por parte de funcionarios, legisladores y políticos estadunidenses, quienes contravienen tanto las más elementales normas de las relaciones entre estados, como las posturas oficiales de los partidos a los que pertenecen y las administraciones para las que trabajan. En este sentido, es significativo que la vocera haya emitido sus comentarios minutos antes de que el embajador de Washington en nuestro país, Ronald Johnson, llegara a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hace justo un mes, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, Kash Patel, incurrió en una falta parecida al mentir sobre un inexistente operativo conjunto de fuerzas mexicanas y estadunidenses para capturar a un presunto narcotraficante, y eventos similares se han sucedido desde que Joe Biden estaba en la Casa Blanca.
El desorden declarativo de los funcionarios trumpistas no atañe sólo a México. La semana pasada, la vocera del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, tuvo que dejar su cargo al convertirse en chivo expiatorio por las calumnias escandalosas que ella misma, su superior, la secretaria Kristi Noem, el propio Trump y otros altos jerarcas lanzaron contra Alex Pretti, el enfermero brutalmente asesinado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Mineápolis, Minesota. En suma, la comunicación caótica y mendaz del equipo del magnate ya está pasando una pesada factura política dentro de Estados Unidos, y es necesario hacerle ver que también es inadmisible cuando se traduce en faltas de respeto a México.
Conversaciones en La Habana, amenazas en Washington
Rosa Miriam Elizalde
23 de abril de 2026 00:03
Las imágenes de enero de 1959, con Fidel Castro entrando en La Habana, las palomas sobre sus hombros y una multitud compacta, han sido muchas veces leídas como el cierre de una etapa histórica. Sin embargo, las propias palabras pronunciadas aquel 8 de enero –“sólo nos hemos ganado el derecho a comenzar”– sitúan ese momento en otra clave. No son el final, sino el punto de partida de una tensión permanente entre la aspiración a la paz y la necesidad de defenderla.
Esa tensión reaparece hoy. La semana pasada se produjo en La Habana un encuentro entre representantes de Cuba y Estados Unidos, en un contexto particularmente contradictorio. Mientras se desarrollaban conversaciones diplomáticas, el presidente estadunidense, Donald Trump, ha vuelto a colocar a la isla en el radar de una posible escalada, al sugerir que Cuba podría ser el próximo objetivo tras otros escenarios de conflicto. La simultaneidad no es anecdótica: define la naturaleza del momento.
La experiencia reciente con Venezuela e Irán muestra que las negociaciones con Washington no han funcionado como barrera frente a la agresión militar. En ambos casos, el diálogo convivió con la presión económica, la amenaza explícita, el cerco, los asesinatos extrajudiciales en alta mar y, finalmente, con acciones militares o escenarios de intervención. Las conversaciones no desactivaron el conflicto; en muchos sentidos, lo acompañaron y lo prepararon.
La evidencia es particularmente reveladora en el caso venezolano. La operación militar ejecutada el 3 de enero de 2026, con bombardeos sobre infraestructuras clave en Caracas y otras zonas estratégicas, no fue un movimiento improvisado, sino el resultado de una preparación prolongada. La inteligencia estadunidense llevaba meses reconstruyendo en tiempo real el sistema de defensa aérea venezolano, identificando vulnerabilidades y patrones operativos para garantizar la eficacia del ataque. Es decir, mientras existían canales de contacto y espacios de interlocución, el aparato militar avanzaba en paralelo en la planificación de la intervención.
Esto permite comprender que las instituciones que negocian no son las únicas que operan. La diplomacia no sustituye al aparato militar, sino que convive con él. En Irán, esa lógica se expresó en la disposición permanente a reanudar bombardeos si no se cumplían determinadas condiciones; en Venezuela, en la ejecución efectiva de una operación precedida por meses de preparación. La negociación, por tanto, no suspendió la lógica de confrontación, sino que coexistió con ella.
Desde un punto de vista estratégico, el diálogo puede cumplir varias funciones simultáneas: facilitar la recopilación de información política y operativa, evaluar la cohesión interna del adversario y construir legitimidad internacional previa a una acción de mayor envergadura. En ese contexto, la negociación no aparece como alternativa al conflicto, sino como parte del proceso que lo precede y lo condiciona.
Ese precedente determina inevitablemente la lectura del momento cubano, porque el encuentro en La Habana no ocurre en un vacío neutral. Se produce bajo el peso del bloqueo económico brutalmente recrudecido, de una presión energética deliberada y de un entorno regional alterado por intervenciones recientes y por gobiernos indignos. Desde la perspectiva cubana, sin embargo, la posición mantiene una coherencia histórica. Cuba ha reiterado –en línea con aquella declaración fundacional de 1959– que aspira a la paz. No a cualquier paz, sino a una con soberanía, con justicia y con derechos. Una paz que no implique subordinación ni renuncia.
Pero esa voluntad no debe confundirse con ingenuidad. La tradición política de la revolución ha sostenido siempre que la paz es un objetivo estratégico, pero su defensa exige preparación. Lo demostró de forma temprana, en 1961, cuando Cuba enfrentó y derrotó en apenas 72 horas una invasión patrocinada por Estados Unidos sin contar aún con la experiencia militar acumulada en décadas posteriores. Más tarde, ese aprendizaje se proyectó en escenarios internacionales como Angola, donde la participación cubana contribuyó decisivamente a la derrota del apartheid sudafricano y a la independencia de Namibia.
Esa continuidad histórica explica que hoy la afirmación de que Cuba no conoce el miedo no sea retórica, sino una formulación política concreta: la disposición al diálogo no excluye la capacidad de resistencia, y la posibilidad de negociación no implica desarme político ni sicológico. Es, en todo caso, la expresión de una cultura política forjada en la defensa, en el sacrificio y en la convicción de que la paz sólo es viable cuando puede ser sostenida.
Fidel Castro lo dejó claro desde las primeras horas de 1959: la paz sólo tiene sentido si está unida a la dignidad. Más de seis décadas después, esa premisa no ha perdido vigencia. Cuba dialoga porque apuesta por la paz como horizonte político, pero no se desarma ante la amenaza ni confunde negociación con concesión. Sabe, por experiencia histórica, que en determinadas condiciones la paz no es un punto de llegada garantizado, sino un equilibrio que se conquista y se sostiene. Y que, cuando ese equilibrio se rompe, defender la paz exige estar dispuesto a todo lo necesario para preservarla.
Kevin Warsh, candidato de Tump a jefe de la Fed, aboga por un “cambio de rumbo”
Foto Ap Foto autor
Reuters
21 de abril de 2026 20:13
Washington. Kevin Warsh, candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), abogó por un “cambio de rumbo” en el banco central estadunidense que incluiría un nuevo “marco” para controlar la inflación y una posible revisión de la forma en que se comunica la política monetaria.
En una audiencia de confirmación ante la Comisión de Banca del Senado, en la que rápidamente insinuó los importantes cambios que se avecinan en una Reserva Federal dirigida por él, el abogado y financiero de 56 años culpó al banco central del repunte de la inflación tras la pandemia de covid-19, que sigue afectando a los hogares estadunidenses.
“Los errores fatales de política monetaria que se remontan a cuatro o cinco años atrás” son un legado con el que las familias siguen lidiando, dijo Warsh, argumentando que la Fed necesitaba “un cambio de régimen en la conducción de la política monetaria. Esto implica un marco de inflación nuevo y diferente”.
La reorganización incluye las comunicaciones de la Fed que “agravaron” el problema, argumentó el ex gobernador del organismo, en una señal de que podría querer cambiar aspectos como el uso actual por parte del banco central de las proyecciones trimestrales sobre la economía y las tasas de interés.
Comparecencia polémica
La comparecencia de Warsh se tornó rápidamente polémica. No quiso afirmar directamente que el presidente Donald Trump haya perdido las elecciones de 2020, lo que, según la senadora demócrata Elizabeth Warren, era una prueba de fuego de la independencia de Warsh respecto al presidente republicano, que lo nominó para el puesto más alto de la Fed.
También se le preguntó a Warsh por los comentarios que Trump hizo poco antes del inicio de la audiencia, en los que dijo que se sentiría decepcionado si Warsh no conseguía una rápida aprobación para los recortes del costo del crédito.
“Los presidentes suelen estar a favor de bajar las tasas”, dijo Warsh. “El presidente Trump lo expresa de forma bastante pública”.
“La independencia de la política monetaria es esencial”, había dicho Warsh en una declaración pública dirigida a los miembros del comité, que recomendará si se le confirma para un puesto en la Junta de Gobernadores de la Fed, así como para un mandato de cuatro años al frente del banco central.
“No creo que la independencia operativa de la política monetaria se vea particularmente amenazada cuando los cargos electos -presidentes, senadores o miembros de la Cámara (de Representantes)- expresan sus opiniones sobre las tasas de interés”, afirmó.
“El Congreso encomendó a la Fed la misión de garantizar la estabilidad de los precios, sin excusas ni ambigüedades, discusiones ni angustias. La inflación es una elección, y la Fed debe asumir la responsabilidad de ello. La baja inflación es la armadura de la Fed”, agregó.
Warsh ha afirmado que los recortes de tasas están justificados porque los cambios tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial aumentarán la productividad, una opinión que, según otros banqueros centrales, puede ser cierta a largo plazo, pero no hace que un recorte sea necesariamente adecuado a corto.
La Fed lleva más de cinco años sin alcanzar su objetivo de 2 por ciento, primero debido al impacto de la pandemia de covid-19, pero después por la influencia de los aranceles del gobierno y los elevados precios del crudo vinculados a la guerra en Oriente Medio, un asunto potencialmente problemático para los legisladores republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Calendario incierto
Trump se ha enfrentado repetidas veces con el actual jefe de la Fed, Jerome Powell, en materia de política monetaria desde que lo nombró presidente del banco central en su primer mandato en la Casa Blanca. Su mandato al frente de la entidad finaliza oficialmente el 15 de mayo, pero es posible que permanezca más tiempo en el cargo si se retrasa la confirmación de Warsh.
El momento en que habrá una recomendación de la comisión o una votación del pleno del Senado es incierto.
El senador republicano Thom Tillis, miembro de la comisión, dijo que bloqueará la nominación de Warsh hasta que el Departamento de Justicia retire una investigación sobre Powell que considera frívola y parte del esfuerzo de Trump por presionar a la Fed para que baje las tasas u obligar a Powell a dimitir.
Aunque la reunión sobre política monetaria de la próxima semana podría ser la última de Powell como presidente de la Fed, el enfrentamiento ha planteado la posibilidad de que permanezca en el cargo incluso después de que su mandato expire formalmente.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, aliada de Trump, no parece dispuesta a abandonar la investigación sobre Powell, y el mandatario no parece estar presionándola para que lo haga, a pesar de que esa postura implica tener que convivir con el actual jefe de la entidad durante meses más o desencadenar otra batalla legal al intentar nombrar a un sustituto temporal de entre los otros seis gobernadores de la Fed.
A falta de un sucesor confirmado para el cargo más alto, el banco central ha nombrado en el pasado a su propio presidente “provisional”. El mandato de Powell como gobernador se extiende hasta 2028, lo que significa que podría seguir siendo un responsable clave de la política monetaria incluso si se confirma a Warsh.
