Periódico La Jornada Domingo 26 de abril de 2026, p. 12
Nueva York., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró en marzo bonos por al menos 51 millones de dólares, según información financiera publicada ayer, y las compras abarcaron varios sectores.
Trump realizó 175 transacciones, según los formularios publicados por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Los formularios no incluyen los valores exactos de cada compraventa, sino un rango de valores de cada una.
La mayoría de los activos revelados eran bonos municipales emitidos por estados, condados, distritos escolares y otras entidades vinculadas a organismos gubernamentales o asociaciones público-privadas.
Sus 26 transacciones más importantes (de uno a 5 millones de dólares) fueron principalmente bonos municipales o del Tesoro, aunque dos de las operaciones fueron compras de emisiones corporativas de Weyerhaeuser y General Motors. También invirtió en un fondo cotizado en bolsa que replica un índice de bonos de alto rendimiento.
El presidente también compró bonos de Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft y los bancos de Wall Street Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan Chase, además de Boeing.
El valor máximo combinado de las compras en todos los activos es de unos 161 millones de dólares.
Tecnológicas despiden a millares y cabildean leyes en EU y Europa
▲ El pabellón de Meta en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, el pasadp 19 de enero.Foto Afp
Redacción, Afp y Ap
Periódico La Jornada Domingo 26 de abril de 2026, p. 13
La creciente inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA) por parte de grandes firmas de tecnología ha resultado en lo que algunos especialistas advirtieron: despido de personal, incluso altamente especializado.
Este mes empresas de Estados Unidos han dado a conocer recortes a su plantilla laboral a escala global. Es el caso de Meta, Microsoft y Amazon, entre otras.
Meta, que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció esta semana el despido de 8 mil trabajadores (cerca de 10 por ciento de su plantilla mundial) y eliminará unos 6 mil puestos que todavía no están cubiertos, indicó a Afp una fuente cercana al caso.
En una nota interna, la directora de recursos humanos, Janelle Gale, dijo que la decisión es parte de los esfuerzos de Meta para “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones” del grupo, inmerso en el desarrollo de IA.
A fines de diciembre Meta contaba con 78 mil 865 empleados, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Meta está invirtiendo sumas colosales en IA. La compañía, con sede en Menlo Park, California, planea destinar entre 115 mil y 135 mil millones de dólares en 2026, principalmente para garantizar la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial, desde chips hasta centros de datos.
Microsoft
A principios de mayo, el coloso del software ofrecerá compensaciones por baja voluntaria a 8 mil 750 empleados en Estados Unidos (7 por ciento de su plantilla en ese país). Es el primer plan de retiros voluntarios en la historia del grupo.
Amazon ha recortado 30 mil puestos de trabajo en los últimos meses, lo que representa casi 10 por ciento de sus empleados administrativos, mientras en febrero la empresa de tecnología financiera Block redujo casi la mitad de su plantilla. En ambos casos, los ejecutivos atribuyeron los recortes a las ganancias en eficiencia derivadas de la inteligencia artificial.
Nike
La empresa de artículos deportivos ha recortado mil 400 puestos en su segunda ronda de despidos de este año en Norteamérica, Europa y Asia, en un intento de por simplificar sus operaciones. En enero anunció planes para despedir a casi 800 empleados de dos centros de distribución en Estados Unidos.
Oracle
El gigante tecnológico anunció esta semana que hasta 30 mil personas perderían sus empleos en Canadá, India, México y Estados Unidos.
La empresa realizó los recortes para liberar entre 8 mil y 10 mil millones de dólares destinados a financiar proyectos de IA, indicó The Next Web.
Unos 491 empleados que trabajan de forma remota, o en dos sedes en Seattle, serán despedidos en junio, de acuerdo con un aviso a la autoridad laboral del estado a finales de marzo.
El Fondo Monetario Internacional advirtió a principios de este año que la IA afectará 40 por ciento de los empleos mundiales (proporción que podría llegar a 60 por ciento en economías avanzadas).
Compra de influencias
Con cañonazos de millones de dólares, las empresas de IA han multiplicado sus propuestas de políticas públicas e intensificado sus campañas para influir en la elaboración de regulaciones en Estados Unidos y Europa.
OpenAI, empresa estadunidense que a finales de 2022 puso a disposición del gran público su robot de conversación ChatGPT, presentó a inicios de mes un documento de 13 páginas con las medidas que propone para adaptar a la sociedad estadounidense a la era de la IA.
En Europa, la empresa emergente francesa Mistral acaba de presentar en Bruselas 22 medidas para acelerar la adopción de la IA en el continente y sus cabilderos trabajan tiempo extra.
En Estados Unidos, una cuarta parte de los cabilderos en Washington (unas 3 mil 500 personas) estaban ocupados en temas vinculados con la IA en 2025, un aumento de 170 por ciento en tres años, destaca Public Citizen.
Con la vista puesta en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, OpenAI y otros gigantes del sector están gastando millones de dólares para promover candidatos afines a ellos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo entre sus donantes al presidente de OpenAI, Greg Brockman, y al cofundador, Sam Altman.
En Europa, donde se están debatiendo las modalidades de aplicación de la normativa sobre la IA, los gastos en cabildeo de las empresas tecnológicas han aumentado 55 por ciento desde 2021 y sumaron 151 millones de euros en 2025, de acuerdo con un estudio del Observatorio Corporativo Europeo y Control de Lobby.
Proyecto fiscal de Kast perjudicará a los chilenos más vulnerables
▲ El economista Rodrigo Echecopar, ex jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda de Chile durante el gobierno de Gabriel Borich. n Foto tomada de la cuenta de Facebook del entrevistadoFoto tomada de la cuenta de Facebook del entrevistado
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 26 de abril de 2026, p. 12
Santiago. La semana pasada el presidente chileno, José Antonio Kast, envió al Parlamento un proyecto que, de aprobarse, reducirá en 4 mil millones de dólares –poco más de uno por ciento del producto interno bruto (PIB)– los ingresos fiscales al bajar de 27 a 23 por ciento el impuesto sobre la renta a grandes empresas, en beneficio de unas mil 500 personas (0.001 por ciento de la población) y accionistas de aquéllas.
El autor intelectual del plan y ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que pondrá fin a “la decadencia que nos ha acompañado por largos años”, pues devolverá “la competitividad tributaria necesaria para que vuelva a haber inversión” y deje de haber “discrecionalidad funcional.
“Vamos a recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros, como lo ha dicho el presidente, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”.
Según el economista Rodrigo Echecopar, quien cursó la maestría en administración pública en el University College de Londres, fue jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda durante la administración de Gabriel Boric y militante del izquierdista Frente Amplio, la noción de suprimir toda política social lo retrata todo.
“Demuestra una intención que todos los actores políticos y sociales deben mirar con mucha atención, porque plantear que la única política social debiese ser el pleno empleo, es decir, que iniciativas como la pensión garantizada universal, que es la médula del sistema de pensiones para los sectores más populares en Chile, no debiese existir, o que la gratuidad de la educación superior para los sectores que no tienen los recursos no debería existir, o que entregar 40 mil viviendas al año a los sectores con dificultad para acceder no debiese existir es el verdadero botón de alerta. Aquí se está iniciando un proceso que va a tener un perjuicio fiscal de largo plazo, limitando la capacidad del Estado de impulsar políticas sociales que son importantísimas”, advierte en entrevista con La Jornada.
–¿Es la demostración del ideologismo del proyecto?
–Estoy de acuerdo. Es una frase que refleja una ideología que busca reducir el impuesto a la gran empresa y que conlleva en el mediano plazo una reducción de beneficios sociales importantes.
–¿Dónde se constata ese ideologismo y qué expresa en términos de visión de país?
–La reducción de impuestos es reeditar la receta del chorreo, de que al bajarlos tanto a las grandes empresas como a las personas de más altos recursos se termina agilizando el crecimiento y de alguna manera llega a los sectores medios y populares. El componente ideológico es que se visualiza el crecimiento desde una perspectiva mayoritariamente de reducción de impuestos.
–Hacienda impuso a los ministerios una reducción de tres puntos en los presupuestos. ¿Compensa lo que dejará de recaudarse?
–La respuesta rápida es no. Tres por ciento del gasto público es alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, y aquí los costos en el mediano plazo son de 3 mil 500 millones, es decir, uno por ciento del PIB.
–¿Hay riesgo de un mayor endeudamiento público, ahora cercano a 40 por ciento del PIB?
–Esa es una de las preocupaciones que está sobre la mesa. En distintos países ha habido líderes que han planteado una preocupación grande por el déficit fiscal, pero el resultado ha sido una profundización del deterioro fiscal. Y en un país como Chile eso tiene consecuencias sociales, considerando que en general tiene un gasto fiscal bajo, no es un país con un abultado gasto fiscal.
–Pero es un gasto fiscal que tiene un efecto importantísimo en compensar los bajos ingresos de buena parte de la población, ¿no?
–Es un gasto fiscal muy relevante para el bienestar social, enfocado en pensiones, salud, educación, que son las principales carteras en cuanto a gasto público. Y todas esas áreas evidentemente se ven afectadas por una trayectoria de empeoramiento fiscal.
–La oposición, la centroizquierda, más allá de denunciar el proyecto, ¿cómo debería plantearse el trámite legislativo?
–Creo que va a depender de la disposición que tenga el Ejecutivo a dialogar. La oposición lo ha dicho públicamente: están abiertos a conversar sobre una agenda de crecimiento, pero no una agenda ideológica que le entregue un regalo a los más ricos del país, sino una que incorpore y se haga cargo de los distintos desafíos.

