No se busca tensar la relación pero Washington también necesita aclarar los acontecimientos: la Presidenta
▲ La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Ejército estuviera al tanto de la participación de extranjeros en los operativos antinarco.Foto Presidencia
Alonso Urrutia y Emir Olivares
Periódico La Jornada Viernes 24 de abril de 2026, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el gobierno y la fiscalía de Chihuahua violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al aceptar que agentes extranjeros participaran en operativos anticrimen. “Tampoco es un problema político o un asunto más allá de este tema con la gobernadora, o con el fiscal de Chihuahua, o con el secretario de Seguridad de Chihuahua; es cumplir la ley”.
En conferencia, informó que buscó sostener una conversación telefónica con la gobernadora Maru Campos, pero “no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy (ayer) va a ver al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Omar García Harfuch). Espero que nos podamos contactar”.
Por lo que hace al impacto en la relación con Estados Unidos, afirmó que no se pretende generar un conflicto, pero sí se está avanzando en seguridad sobre la base de un entendimiento de coordinación y colaboración, sin subordinación; esperamos que se cumpla ese entendimiento. “No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Esa es la labor de la Presidenta, en todos los campos. En el caso del gobierno de Chihuahua, tienen que explicar.”
Sheinbaum se refirió a la declaración de Donald Trump, sugiriendo que él esperaba mayor conmiseración ante el fallecimiento de dos agentes estadunidenses: no le dieron suficiente información porque desde el principio expresó sus condolencias. Incluso, cuando vio al embajador Ronald Johnson, también le reiteró el pésame.
Mencionó el operativo en Chihuahua, y enfatizó que la colaboración de los estados con otros gobiernos debe ser avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las disposiciones legales. Ante este episodio, pidió al gabinete de seguridad reunirse y emitir oficios dirigidos a las 32 entidades, en los que se establezcan cuáles deben ser los términos de la colaboración con otros gobiernos y, especialmente, con el de Estados Unidos, siempre bajo la autorización de la cancillería.
–¿Las amenazas de Trump de invadir México se materializaron, disfrazadas en operaciones clandestinas?
—No. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal; eso es lo que está en el fondo: una colaboración que pidió el gobierno de Chihuahua, o la Fiscalía de Chihuahua –está en ese proceso de revisión–, a una agencia de Estados Unidos para realizar actividades u operaciones.
Mencionó que hay una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua en la que anuncia que se pidió el apoyo del gobierno de Estados Unidos y que, de manera paralela –admitió el funcionario estatal–, estamos solicitando a Relaciones Exteriores. “¿Cómo de manera paralela?”, preguntó la Presidenta, si es la cancillería quien debe autorizar estos acuerdos.
“O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador, debería haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó Sheinbaum.
Además, desmintió las afirmaciones de Campos de que militares sabían del operativo: “falso”. El Ejército participa en muchos operativos, pero eso no significa que la Defensa o el comandante de la Zona Militar supiera de la presencia de ciudadanos estadunidenses en operativos.
–¿Su gobierno revisará o cancelará los convenios de cooperación en materia de seguridad que tiene Chihuahua y Estados Unidos?
–Lo que tenemos que averiguar, primero, es qué convenios hay, qué acuerdos. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua.
Consultada sobre las versiones periodísticas de que la CIA habría participado en otros operativos y sobre la forma en que ingresaron al país los agentes estadunidenses, Sheinbaum remitió al gabinete de seguridad para que proporcione esa información en su momento.
Maru Campos podría enfrentar juicio político y cárcel de 40 años
Senadores de Morena afirman que la FGR debe abrir de oficio una carpeta
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada Viernes 24 de abril de 2026, p. 4
Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puede ser sujeta de juicio político, ya que su actuación en el caso de los dos agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo contra el narcotráfico en la entidad configura violaciones graves a la Constitución y otras leyes.
Magistrado con licencia, el senador Enrique Inzunza comentó que, de la información vertida por la propia gobernadora Campos, el fiscal César Jáuregui y otras autoridades de Chihuahua, “se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la Constitución confiere en forma exclusiva a las autoridades mexicanas”.
Se configura la violación a la Carta Magna y una responsabilidad que “puede ser exigida” a través del juicio político, tal como se establece en los artículos 108, 109 y 110 constitucionales, expuso el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Se violentó también, declaró, la Ley de Seguridad Nacional, en la que se especifica que la presencia de agentes extranjeros en el país requiere la autorización expresa del gobierno federal y se debe limitar a labores de intercambio de información, no a intervenciones directas en el combate al crimen organizado.
Inclusive, recalcó el senador Inzunza Cázarez, “se podrían dar lugar a la configuración del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que se persigue de oficio y cuya sanción es de cinco a 40 años de prisión.
“A mi juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una carpeta de investigación, sin necesidad de denuncia alguna”, para indagar los hechos.
En entrevista aparte, el senador Óscar Cantón Zetina coincidió en que “si se acredita, como lo demuestran hechos ya aceptados por las autoridades de Chihuahua, hay elementos suficientes para realizar un juicio político a la gobernadora Maru Campos.
“Hay elementos irrefutables: es gravísimo el reconocimiento de que los agentes de Estados Unidos llevaban uniformes de la policía estatal de Chihuahua para disimular que participaban en una acción contra el narcotráfico”. De todo ello van a hablar con la gobernadora Campos y el fiscal Jáuregui el martes, “y esperamos que aclaren la situación, pero me parece que no tienen para dónde hacerse”.
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Cantón comentó que observa a “una gobernadora entrampada, que sabe que violó la ley y la Constitución de manera flagrante, pero sigue cometiendo errores, y por ello me parece que se deben analizar los caminos legales para frenar este tipo de acciones”.
Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa consideró que sí procede un juicio político, pero se debe valorar después de la reunión con Campos el próximo martes ante las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública.
Los senadores morenistas coincidieron en que será un encuentro institucional, respetuoso.
Agentes de la CIA actuaron en al menos tres operativos antidrogas en Chihuahua: 'Los Ángeles Times'
Los agentes de la CIA que participaron en el operativo antidrogas en Chihuahua usaron uniformes de Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los elementos mexicanos.
Foto Afp / Archivo Foto autor
de la redacción
23 de abril de 2026 07:05
Efectivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) han participado en tres operativos antidrogas en el estado de Chihuahua en 2026, aseveró ayer el diario Los Angeles Times.
Al referirse a la muerte de dos agentes de la CIA el pasado fin de semana, luego de sumarse a un operativo contra el narcotráfico, la publicación informó que “según las fuentes, la redada fue al menos la tercera vez este año que agentes de la CIA se unieron a las autoridades de Chihuahua en una operación contra el narcotráfico”.
Añadió: “los cuatro agentes que participaron vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los mexicanos, según informaron personas familiarizadas con la operación, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Un portavoz de la CIA declaró que la agencia no podía hacer comentarios al respecto”.
Los otros dos agentes de la CIA, que los seguían en una camioneta, bajaron la montaña a pie con la esperanza de salvar a sus compañeros, según una persona familiarizada con el accidente.
“Las agencias estadunidenses, incluida la CIA, proporcionan regularmente información de inteligencia a la policía y al Ejército mexicanos, pero la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales está prohibida por la Constitución mexicana”, agregó el rotativo.
La periodista Martha MacCallum, de Fox News, señaló que el presidente Donald Trump le declaró que “México está perdido y Estados Unidos es su única esperanza”, pero no mostró video ni grabación de su entrevista con el magnate.
Más tarde, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseveró a la misma periodista que la presidenta Claudia Sheinbaum debería mostrar más “compasión” por los dos agentes de la CIA que murieron.
“Creo que el presidente (Trump) estaría de acuerdo en que la compasión y empatía de Claudia Sheinbaum valdrían la pena por las dos vidas estadunidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente para detener el flagelo del narcotráfico”, declaró Leavitt en entrevista con MacCallum, transmitida por Fox News.
“Creo que el presidente siempre desea ver más cooperación, ya que lo que estamos haciendo no sólo beneficia al pueblo estadunidense, sino también al suyo, para combatir a estos cárteles y erradicar el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado a México por mucho tiempo y se ha cobrado demasiadas vidas estadunidenses”, sostuvo Leavitt.
Chihuahua: restituir la legalidad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, como el fiscal y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, deben explicar por qué establecieron acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, sin dar parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La mandataria remarcó que la Constitución y las leyes en la materia no dejan lugar a interpretación: cualquier mecanismo de colaboración con un gobierno extranjero debe pasar por la cancillería.
Asimismo, la titular del Ejecutivo federal recordó que el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que un piso completo de la sede de la corporación está destinado para funcionar como búnker de agentes que pertenecen a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras. Según el funcionario, “en el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente”, mientras que “en paralelo, corren todos los procesos para que la cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”.
Resulta impactante que Loya desconozca que no existe ningún “nivel” de colaboración en que un gobierno estatal pueda colaborar con agencias extranjeras sin notificar y obtener el permiso de la Federación, por lo que sus palabras suponen la admisión pública de que la administración panista transgrede la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional de la manera más grave, poniendo en riesgo a todo el país al abrir de par en par las puertas al espionaje foráneo. Como lo señaló la presidenta Sheinbaum, la conducta de la gobernadora Campos refleja la visión antipatriótica del panismo, cuyos integrantes siguen en la lógica de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, una postura entreguista sin respeto por la soberanía nacional.
En este contexto, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un complejo de producción de metanol. Al tomar la palabra, afirmó que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, en referencia al entorno institucional que esperan los inversionistas. El diplomático haría bien en aplicar la receta a su trabajo: pese a que las reglas están muy claras en la Constitución, la legación que encabeza estableció relaciones ilegales, opacas y sin rendir cuentas con por lo menos un gobierno estatal de derecha.
Con todos los elementos de juicio disponibles, es inevitable suponer que en Chihuahua opera un esquema de vulneración de la ley, y la reticencia de Campos Galván a dar las explicaciones debidas refuerza la percepción de que las transgresiones tienen lugar con su pleno conocimiento y aprobación. Por la gravedad de las violaciones a la Carta Magna y el peligro que suponen para el país, la Federación debe establecer límites con toda claridad tanto al gobierno de la entidad como a la representación de Washington, pues de lo contrario, se consumará un daño irreparable al pacto federal, la soberanía y el estado de derecho.
El Senado de la República es la instancia facultada para iniciar un proceso de deslinde de responsabilidades y poner en marcha los procedimientos legislativos necesarios para el esclarecimiento que la administración panista se niega a realizar. Entre las herramientas de que dispone el Congreso está el juicio político a Campos Galván, y los legisladores no han de dudar en recurrir a este expediente si se presenta como la única alternativa para dilucidar los hechos, frenar las violaciones a la ley y restituir el orden constitucional.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, enfrenta exigencias de juicio político tras quedar al descubierto presuntas actividades ilícitas de agentes de la CIA en territorio nacional. La imagen fue captada durante el “relanzamiento” del Partido Acción Nacional en el Frontón México, el pasado 18 de octubre.Foto Jair Cabrera Torres
Siempre golpista y traidor a la patria, públicamente el Partido Acción Nacional una y otra vez ha “exigido” la intervención de su santa patrona (la Casa Blanca) en México, y si bien algunos creen que abrir las piernas a los gringos es “una simple táctica retórica”, los hechos demuestran exactamente lo contrario. Los recientes sucesos en Chihuahua (estado “gobernado” por esa agrupación de corte fascista, en el que la cara visible es la terraplanista Maru Campos) dejan en claro que los blanquiazules son vendepatrias por naturaleza.
Cierto: no son los únicos (solo hay que recordar que cuando menos dos inquilinos de Los Pinos, los asesinos Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría – Litempo 2 y 8, respectivamente–, más una cadena de mandos de la “seguridad del Estado –entre otros, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro– trabajaban para la CIA. Y qué decir de bazofias como Felipe Calderón, Ricardo Anaya o Lilly Téllez, por sólo citar a algunos), pero en el ADN panista lo que de inmediato aparece es la traición a la patria. Y el gobierno gringo, feliz y a sus anchas con estos cipayos.
Desde que se conoció la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, la “gobernadora” gringa de esa entidad, Maru Campos, ha permanecido en silencio, evade cualquier señalamiento, no da explicaciones y avienta la papa caliente a otra parte, mientras el fiscal general de la entidad, César Jáuregui, hace circo, maroma y teatro en su intento –fallido, desde luego– de evadir responsabilidades. Pero, ¡oh, sorpresa!: los agentes de la CIA muertos días atrás no eran los únicos que ilegalmente operaban “clandestinamente” –con la venia del gobierno del estado– en territorio nacional; es decir, no fueron la excepción, sino la regla.
De lo anterior La Jornada (Jesús Estrada) da cuenta: “Un piso completo de la denominada Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, está destinado para funcionar como búnker de agentes que pertenecen a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, así como a la Oficina Federal de Investigaciones, Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, entre otras, informó Gilberto Loya Chávez, director de la corporación policiaca estatal. En el nivel 18 del edificio operan analistas y personal técnico de todas ellas…” Los agentes de la CIA despachan en la embajada y consulados gringos en México.
El rotativo Los Angeles Times refuerza lo anterior: “Efectivos de la CIA han participado en tres operativos antidrogas en el estado de Chihuahua en 2026; la redada del pasado domingo (en la que murieron dos agentes gringos) fue al menos la tercera vez en este año en que elementos de esa corporación se unieron a las autoridades del estado en una operación contra el narcotráfico; los cuatro agentes que participaron (y murieron: dos mexicanos, dos estadunidenses; otros dos de éstos los seguían en otro vehículo) vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los mexicanos; las agencias estadunidenses, incluida la CIA, proporcionan regularmente información de inteligencia a la policía y al Ejército mexicanos, pero la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales está prohibida por la Constitución mexicana”.
La presidenta Sheinbaum ha sido clara: en todo esto “hay una falla del gobierno, o del fiscal, o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos; la falta es de ellos, de pedir la colaboración; por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador, debería haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. La gobernadora ha dicho que ‘lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional’ y es falso. Que aclare el gobierno de Chihuahua; la gobernadora juró hacer cumplir la Constitución; no puede dejarse pasar algo así”. Entonces, juicio político.
Los vendepatrias blanquiazules están felices porque ( fuck) Trump tiene a México en su agenda intervencionista, pero aunque no lo reconozcan, ellos, promotores de la intromisión, serían los primeros en recibir una patada en el culo de parte de su santa patrona.
Las rebanadas del pastel
Lo que faltaba: la no doy una, Luisa María Alcalde, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ufff … Y el barril mexicano de exportación a 97.46 dólares.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
