Europa Press
11 de marzo de 2026 13:01
Madrid. El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, informó este miércoles de que permitirá el uso de Estados Unidos de las bases militares en el país para el "reabastecimiento" de aviones en el marco de la ofensiva militar en Irán, una autorización que tendrá que ser de todos modos refrendada por el Parlamento rumano.
En declaraciones tras una reunión de su gabinete, el líder rumano ha confirmado que el despliegue estadunidense tiene que ver con "el reabastecimiento de aviones, equipos de monitorización y de comunicaciones por satélite".
"Estos equipos son defensivos. Y recalco que no están equipados con armas reales. En términos técnicos, se dice que son equipos no cinéticos", indicó Dan para recalcar que la autorización, de todos modos, tiene que pasar por el Parlamento rumano.
Según ha explicado, estos medios estadunidenses se desplegarán en virtud del acuerdo de colaboración entre Rumanía y Estados Unidos, "una colaboración similar a la que mantienen otros países de la OTAN".
El presidente rumano ha reiterado que los equipos estadunidenses refuerzan la seguridad de Rumanía, por lo que la ciudadanía "no tiene por qué preocuparse". "Su país es seguro, incluso más seguro", subrayó.
Soberanía en la política de drogas
Amaya Ordorika Imaz*
12 de marzo de 2026 00:04
El inicio de 2026 ha estado marcado por un recrudecimiento del discurso intervencionista de Estados Unidos en América Latina. La intervención abierta en Venezuela, las presiones constantes sobre México y Colombia y la retórica hostil hacia Cuba se combinan hoy con un lenguaje cada vez más beligerante en materia de drogas. A ello se suman episodios recientes en los que, desde tribunas internacionales y encuentros con gobiernos de derecha de la región, se ha recurrido nuevamente a la descalificación pública y al tono burlón hacia autoridades latinoamericanas que han insistido en defender la autonomía de sus políticas internas.
Lejos de ser un fenómeno nuevo, este clima político revive una constante histórica: la política de drogas ha sido durante décadas un terreno en el que se disputa la soberanía de los países de América Latina.
La división del mundo en países productores, de tránsito y consumidores –así como la separación entre control de la oferta y atención de la demanda– es una construcción política impulsada desde el Norte global que ha colocado la responsabilidad casi exclusivamente en los países del Sur político. El régimen internacional de control de drogas vigente reproduce esta lógica. Las convenciones internacionales apenas dedican referencias marginales a la salud pública, mientras el resto de su arquitectura normativa privilegia enfoques punitivos y securitizados que trasladan el peso de la acción estatal hacia los países donde se producen o transitan las sustancias.
México conoce bien las implicaciones de este modelo. En 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó una política pionera de regulación estatal de algunas drogas con enfoque sanitario, basada en una premisa que hoy sigue siendo válida: la prohibición genera problemas de seguridad pública y obstaculiza la atención desde la salud. La respuesta estadunidense fue inmediata. Mediante un embargo de medicamentos esenciales, el experimento mexicano fue cancelado.
Décadas después, en 1969, un año antes de declarar oficialmente la guerra contra las drogas, Richard Nixon lanzó la Operación Intercept tras la reticencia del gobierno mexicano a profundizar la securitización de la política antidrogas. El cierre casi total de la frontera fue una medida de presión económica y política que marcó el inicio de una etapa de creciente subordinación en esta materia.
Estas prácticas se institucionalizarían más tarde con mecanismos como el proceso conocido como “certificación”. Por medio de éste, Estados Unidos evalúa unilateralmente a otros países y condiciona cooperación y relaciones diplomáticas a su alineamiento con la estrategia prohibicionista.
México, Colombia, Venezuela y Afganistán, entre otros, han sido sometidos durante años al proceso estadunidense de “certificación” antidrogas, enfrentando amenazas de sanciones pese a los altos costos humanos y sociales asumidos en la guerra contra las drogas. En el caso de Venezuela, esta designación ha servido para justificar sanciones y presiones políticas. En Afganistán, la producción de opio fue incluso utilizada como argumento para la invasión de 2001, aunque el país continuó siendo el principal productor mundial tras dos décadas de ocupación militar estadunidense.
Nada de esto es accidental. Décadas después, John Ehrlichman, asesor cercano de Nixon, reconoció que la guerra contra las drogas nunca se trató realmente de salud pública, sino de control político sobre comunidades consideradas adversarias internas del poder estadunidense.
Hoy el fentanilo ocupa el lugar que antes tuvieron otras sustancias. Cambia la droga, pero no el guión. La narrativa de amenaza existencial vuelve a instalarse en el debate internacional, no tanto para impulsar soluciones de salud pública como para justificar nuevas presiones unilaterales.
En este contexto, el debate sobre drogas revela su dimensión más profunda: no se trata únicamente de un problema de salud o seguridad, sino también de una cuestión de soberanía. Tras más de 100 años de prohibicionismo y más de cinco décadas de guerra contra las drogas, la evidencia es clara. El consumo problemático de sustancias no se atiende desde la criminalización ni la violencia, sino desde la salud pública, los derechos humanos y la inclusión social.
Defender la soberanía en materia de política de drogas no es un gesto ideológico ni provocación diplomática. Es condición mínima para diseñar políticas públicas eficaces, basadas en evidencia y orientadas al bienestar de las sociedades.
Por eso, en un contexto internacional marcado nuevamente por presiones externas, resulta relevante que desde México se sostenga con claridad que las decisiones en materia de salud pública, seguridad y política de drogas corresponden al pueblo y al Estado mexicano y a nadie más.
La política de drogas siempre ha sido un terreno donde se disputa la soberanía. Y hoy, como tantas veces antes, México tiene razón en defenderla.
*Directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)
Kast asume presidencia de Chile; ordena construir zanjas en fronteras y centros de detención para migrantes
Aldo Anfossi, corresponsal
11 de marzo de 2026 20:12
Santiago. José Antonio Kast, el ultraderechista admirador del dictador Augusto Pinochet e integrista católico, asumió la residencia de Chile en una ceremonia republicana en el Congreso Nacional, tras lo cual, desde un balcón en el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, aseguró que “nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”.
Caracterizó que “las finanzas públicas están debilitadas, el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado, las familias se sienten abandonadas por el Estado”.
Dijo que para enfrentar emergencias en seguridad, salud, empleo, entre otras, “Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener; no es un eslogan, es la realidad que vamos a vivir; es orden donde hay caos, alivio donde hay dolor, mano firme donde hay impunidad y esperanza concreta para quienes han sido ignorados”.
Prometió “gobernar con carácter, que no es arbitrariedad, sino hacer lo que hay que hacer aunque sea incomodo e impopular; la autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país así lo demanda, no para someter, sino para proteger a los compatriotas”.
Según él, Chile enfrenta enemigos reales: “son quienes se han tomado nuestros barrios, corrompido a nuestros jóvenes y quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, explotar a otros y convertir nuestro suelo en tierra de nadie”
La jornada partió con un hecho de sangre que probablemente la marcará por siempre: en la madrugada, en la ciudad de Puerto Varas, mil kilómetros al sur de la capital, un policía que participaba en un control policial rutinario, recibió un disparo en la cabeza que le causó muerte cerebral.
El grave suceso, que repicó hora tras hora sobre los ritos del traspaso del poder -los medios alternaban sucesivamente imágenes de lo que acontecía en el Parlamento con detalles del acontecimiento trágico-, precipitó las primeras declaraciones de Kast, que hizo del crimen una nueva ocasión para machacar acerca de su promesa de ser implacable con la violencia delictual que azota al país.
"Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos, aquí va a haber un antes y un después, el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros, y esto va a cambiar, porque lo vamos a perseguir, lo vamos a encontrar, lo vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley", declaró.
El arribo de Kast supone un sustantivo cambio de rumbo en el devenir de Chile, que desde 1990, cuando acabaron los 17 años de dictadura, tuvo seis gobiernos de centroizquierda -dos encabezados por demócratas cristianos, tres por socialistas y uno por el juvenil Gabriel Boric del Frente Amplio- frente a dos del derechista Sebastián Piñera, un inversor financiero devenido en político que siempre aseguró haber sido contrario al dictador.
El bandazo que acaba de darse, al saltar desde el izquierdista Boric al ultraderechista Kast, luego de un feroz y masivo estallido popular en octubre de 2019 que dio paso a dos procesos constitucionales, -uno dominado por sectores progresistas, independientes e indigenistas, y otro por la ultraderecha afín a Kast- y finalmente ambos fracasados; es asunto que los científicos sociales intentan entender cabalmente.
Pero ciertamente sí tiene que ver con las desilusiones que la sociedad arrastra respecto de las instituciones públicas, partidos políticos y élites dirigenciales, percibidas como abusadoras, corruptas y alejadas de la cotidianidad de la población.
Decreto contra migrantes irregulares
Tras entronizarse en La Moneda, Kast dedicó tiempo a firmar decretos ejecutivos relacionados con sus promesas: uno, asegurar la fronteras del país para impedir el ingreso irregular de personas, mediante la construcción de zanjas y obstáculos físicos; dos, aumentar la dotación de policías y militares en la zona norte, y la habilitación de centros para la retención y expulsión de aquellos; tres, auditar el estado de la Hacienda Pública; cuarto, la designación de un vice almirante a cargo de la seguridad en la “macrozona norte”; cinco, uno relacionado con acelerar la revisión de los permisos medioambientales pendientes, “poniendo en el centro a las personas”, para impulsar el crecimiento.
FBI abre oficinas en Ecuador; buscan enfrentar al crimen internacional
Foto Difundida en redes sociales Foto autor
Orlando Pérez / Especial para La Jornada
11 de marzo de 2026 17:17
Quito. El primer despacho de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano quedó inaugurada este miércoles, con la presencia de la vicepresidenta María José Pinto y en compañía de Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Quito.
Con esta, la FBI suma otra a las 60 oficinas en embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo que operan en colaboración con fuerzas de seguridad locales para combatir el crimen internacional. Para las autoridades ecuatorianas, la firma del memorando de entendimiento marca el inicio de una alianza operativa permanente entre la FBI y la Policía Nacional de Ecuador.
De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, el objetivo primordial de esta nueva sede es enfrentar de manera conjunta las amenazas de terrorismo, la inteligencia extranjera y el crimen organizado que afectan a la región. Sin embargo, aclaró que los agentes del FBI ya venían actuando en territorio ecuatoriano, de acuerdo al convenio de cooperación en materia de seguridad, refrendado por Daniel Noboa en 2024, después de la firma realizada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023.
Petroni acotó: “Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador a largo plazo en esta lucha. La firma de hoy envía un mensaje claro: nuestra alianza es estratégica y operativa. Espero que los resultados de la presencia permanente de la FBI se vean pronto”.
La oficina de la FBI, que funcionará bajo la modalidad de agregaduría legal, permitirá que agentes especiales y personal de apoyo trabajen de la mano con las autoridades locales. Asimismo, coordinará cursos de entrenamiento para la Policía Nacional en técnicas de investigación avanzadas y principios del estado de derecho. Por otro lado, se contará con apoyo operativo para ayudar en la localización de fugitivos y proporcionar asistencia técnica en casos de crisis o desastres naturales.
Aunque esta es la primera oficina física, la FBI ya ha colaborado previamente en casos críticos en Ecuador. Entre ellos, la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, y el peritaje tras el atentado con coche bomba en San Lorenzo, Esmeraldas, en 2018.
