Expertos de EU exigen trabajar contra las ganancias
Critican a Trump por insistir en su “fallida guerra” contra los enervantes
▲ Expertos en el tema del control de drogas y armas han sugerido que Washington debe poner freno al tráfico ilegal de artefactos de fuego y así evitar que los cárteles mexicanos se fortalezcan.
Foto La Jornada
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Viernes 27 de febrero de 2026, p. 2
Washington y Nueva York., La muerte del cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aún está entre las notas principales en los medios estadunidenses, pero algunos expertos aquí argumentan que la caída de un narcotraficante no pondrá fin al problema de drogas en Estados Unidos sin que se aborde de manera fundamental la demanda de estupefacientes en este país y se emprendan acciones mucho más firmes para frenar el flujo de armas hacia el sur a través de la frontera.
Los elogios al gobierno mexicano por la hazaña contra El Mencho continuaron este jueves. “(La presidenta Sheinbaum) mostró nueva seriedad al perseguir al cabecilla del poderoso cártel”, escribió The Wall Street Journal en un editorial titulado México contrataca a los cárteles.
Tal vez la reacción más sorprendente fue la del diputado republicano Dan Crenshaw, de Texas, quien de manera repetida ha instado a emprender acciones militares estadunidenses en territorio mexicano, y declaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “es un amigo mío” que “está enfrentando seriamente a los cárteles”.
La Casa Blanca felicitó al gobierno mexicano poco después de la noticia, aunque en los días posteriores el presidente Donald Trump se atribuyó el ataque exitoso contra el capo.
Expertos que han investigado durante años el tema de la “guerra contra las drogas” son cautelosos al evaluar la noticia del fin de El Mencho. “El Ejército Mexicano merece gran crédito por planear y ejecutar una operación relativamente efectiva para sacar a El Mencho del tablero”, comentó Daniel DePetris, experto en política de drogas en la organización conservadora Defense Priorities, en entrevista con La Jornada. “Para Sheinbaum, esta operación le dará mayores municiones políticas en su argumento de que tropas y/o ataques aéreos estadunidenses sobre territorio mexicano son innecesarios. El gobierno de Trump debería hacerle caso”. Pero advirtió que “es poco probable que la muerte de un solo individuo, aunque sea poderoso, resulte en una baja significativa en el tráfico de drogas a través de la frontera. Los incentivos monetarios son demasiado grandes”.
David Herzberg, historiador especializado en drogas y adicción en la Universidad Estatal de Nueva York, afirmó que el enfoque militar del gobierno de Trump sobre el problema sólo lo hará peor. “Matar a El Mencho podría interrumpir de manera temporal parte de la cadena de suministro de drogas a Estados Unidos”, reconoció Herzberg en entrevista con La Jornada. “La desaparición de El Mencho probablemente llevará a una lucha darwiniana entre organizaciones que quieren captar las ganancias”. Agregó que lo que suele ocurrir históricamente es que el próximo capo del cártel será más violento y estará más conectado con actores estatales corruptos tanto en México como en Estados Unidos. “Esta es ‘la ley de hierro de la prohibición’ o el efecto de ‘golpea al topo’ (en referencia a un juego en el que la idea es golpear a topos que aparecen y desaparecen en diferentes hoyos)”, mencionó.
Herzberg, entre otros críticos de la fallida “guerra contra las drogas” que ha aplicado Washington durante más de medio siglo, insiste en que se requiere otra opción para abordar el tema de las drogas ilícitas. “La política estadunidense más efectiva, en mi opinión, sería reconocer que las ganancias de las drogas, y no las drogas en sí, están en el centro del problema”. Agregó que “si las autoridades estuvieran bien preparadas para esta oportunidad –de incrementar masivamente los servicios de reducción de daños y de ‘suministro seguro’ en estas áreas donde la oferta ha sido interrumpida– eso podría llevar a un cambio de largo plazo en torno a la demanda de drogas en esas comunidades. Sin embargo, hay cero posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos esté preparado, o tenga los recursos, para hacer eso; y de hecho ni tiene el deseo de hacerlo, sino todo lo opuesto”.
Herzberg, quien ha publicado tres libros sobre la historia de los esfuerzos de Estados Unidos por regular y administrar la drogadicción en ese país, sugiere que crear un mercado legal extensamente regulado para producir drogas más seguras para quienes las necesitan lograría reducir “dramáticamente” la demanda de sustancias ilícitas provenientes de México. Pero los políticos estadunidenses no han estado dispuestos a intentar esta alternativa.
De hecho, el gobierno estadunidense está procediendo en el sentido contrario. En marzo del año pasado, la administración de Trump recortó más de 11 mil millones de dólares en financiamiento para programas de adicción y salud mental en Estados Unidos. Datos federales revelan que, a partir de diciembre, sólo una de cada cinco personas adictas a opioides estaba recibiendo tratamiento efectivo. En febrero, el gobierno federal anunció una “gran iniciativa América de recuperación” con sólo 100 millones de dólares, una inversión muy inadecuada, según expertos.
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Viernes 27 de febrero de 2026, p. 2
Washington y Nueva York., La muerte del cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aún está entre las notas principales en los medios estadunidenses, pero algunos expertos aquí argumentan que la caída de un narcotraficante no pondrá fin al problema de drogas en Estados Unidos sin que se aborde de manera fundamental la demanda de estupefacientes en este país y se emprendan acciones mucho más firmes para frenar el flujo de armas hacia el sur a través de la frontera.
Los elogios al gobierno mexicano por la hazaña contra El Mencho continuaron este jueves. “(La presidenta Sheinbaum) mostró nueva seriedad al perseguir al cabecilla del poderoso cártel”, escribió The Wall Street Journal en un editorial titulado México contrataca a los cárteles.
Tal vez la reacción más sorprendente fue la del diputado republicano Dan Crenshaw, de Texas, quien de manera repetida ha instado a emprender acciones militares estadunidenses en territorio mexicano, y declaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “es un amigo mío” que “está enfrentando seriamente a los cárteles”.
La Casa Blanca felicitó al gobierno mexicano poco después de la noticia, aunque en los días posteriores el presidente Donald Trump se atribuyó el ataque exitoso contra el capo.
Expertos que han investigado durante años el tema de la “guerra contra las drogas” son cautelosos al evaluar la noticia del fin de El Mencho. “El Ejército Mexicano merece gran crédito por planear y ejecutar una operación relativamente efectiva para sacar a El Mencho del tablero”, comentó Daniel DePetris, experto en política de drogas en la organización conservadora Defense Priorities, en entrevista con La Jornada. “Para Sheinbaum, esta operación le dará mayores municiones políticas en su argumento de que tropas y/o ataques aéreos estadunidenses sobre territorio mexicano son innecesarios. El gobierno de Trump debería hacerle caso”. Pero advirtió que “es poco probable que la muerte de un solo individuo, aunque sea poderoso, resulte en una baja significativa en el tráfico de drogas a través de la frontera. Los incentivos monetarios son demasiado grandes”.
David Herzberg, historiador especializado en drogas y adicción en la Universidad Estatal de Nueva York, afirmó que el enfoque militar del gobierno de Trump sobre el problema sólo lo hará peor. “Matar a El Mencho podría interrumpir de manera temporal parte de la cadena de suministro de drogas a Estados Unidos”, reconoció Herzberg en entrevista con La Jornada. “La desaparición de El Mencho probablemente llevará a una lucha darwiniana entre organizaciones que quieren captar las ganancias”. Agregó que lo que suele ocurrir históricamente es que el próximo capo del cártel será más violento y estará más conectado con actores estatales corruptos tanto en México como en Estados Unidos. “Esta es ‘la ley de hierro de la prohibición’ o el efecto de ‘golpea al topo’ (en referencia a un juego en el que la idea es golpear a topos que aparecen y desaparecen en diferentes hoyos)”, mencionó.
Herzberg, entre otros críticos de la fallida “guerra contra las drogas” que ha aplicado Washington durante más de medio siglo, insiste en que se requiere otra opción para abordar el tema de las drogas ilícitas. “La política estadunidense más efectiva, en mi opinión, sería reconocer que las ganancias de las drogas, y no las drogas en sí, están en el centro del problema”. Agregó que “si las autoridades estuvieran bien preparadas para esta oportunidad –de incrementar masivamente los servicios de reducción de daños y de ‘suministro seguro’ en estas áreas donde la oferta ha sido interrumpida– eso podría llevar a un cambio de largo plazo en torno a la demanda de drogas en esas comunidades. Sin embargo, hay cero posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos esté preparado, o tenga los recursos, para hacer eso; y de hecho ni tiene el deseo de hacerlo, sino todo lo opuesto”.
Herzberg, quien ha publicado tres libros sobre la historia de los esfuerzos de Estados Unidos por regular y administrar la drogadicción en ese país, sugiere que crear un mercado legal extensamente regulado para producir drogas más seguras para quienes las necesitan lograría reducir “dramáticamente” la demanda de sustancias ilícitas provenientes de México. Pero los políticos estadunidenses no han estado dispuestos a intentar esta alternativa.
De hecho, el gobierno estadunidense está procediendo en el sentido contrario. En marzo del año pasado, la administración de Trump recortó más de 11 mil millones de dólares en financiamiento para programas de adicción y salud mental en Estados Unidos. Datos federales revelan que, a partir de diciembre, sólo una de cada cinco personas adictas a opioides estaba recibiendo tratamiento efectivo. En febrero, el gobierno federal anunció una “gran iniciativa América de recuperación” con sólo 100 millones de dólares, una inversión muy inadecuada, según expertos.
Propaganda en tres frentes
Foto Víctor Camacho Foto autor
Pedro Miguel
27 de febrero de 2026 00:04
Trump, sus colaboradores y varios de sus prominentes partidarios llevan mucho tiempo afirmando que México es controlado por los cárteles, que el Estado y su jefa máxima, la presidenta Claudia Sheinbaum, viven aterrorizados por los grupos criminales y que el gobierno ha perdido la capacidad de establecer la legalidad y el orden en el país.
Esta propaganda calumniosa se monta en gran medida en los videos promocionales del cártel Jalisco Nueva Generación, el cual ha pretendido, desde su surgimiento, vender la marca de una formación militar regular, uniformada y disciplinada, dotada de armamento pesado y vehículos blindados, con sicarios disfrazados para la cámara con fornituras tácticas, aparejos, botas, cascos y armas largas.
Cualquier ingenuo que vea esas imágenes podría pensar que ésta y otras organizaciones delictivas se encuentran en condiciones de enfrentar al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional en combates frontales. Y, en forma calculada o no, esas estampas de pretendidos desfiles militares nutren el discurso que descalifica las capacidades del Estado frente a la delincuencia, un discurso que, como la fórmula de la Coca Cola, se define en Estados Unidos y se replica localmente por los medios, políticos y comentócratas más entregados a la infamia antinacional: México no puede solo y es necesario que Washington intervenga con tropas en nuestro territorio, le guste o no al gobierno federal.
La captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, máximo cabecilla del CJNG, así como la violenta reacción de las células del cártel en varios estados de la República, reventó esa campaña de tres bandas. Así haya sido con la información de inteligencia aportada por Estados Unidos, fueron fuerzas armadas mexicanas las que planificaron, ejecutaron y consumaron el operativo en Tapalpa, Jalisco.
Ciertamente, los incendios, bloqueos y demás agresiones ulteriores a civiles y uniformados fueron abundantes, geográficamente extensas y tuvieron un muy alto costo humano y material, pero no denotan, ni de lejos, la autoría de un ejército regular; en su gran mayoría, fueron perpetradas por sicarios dotados de armas cortas y bidones de gasolina. Por lo demás, la mayor parte de las situaciones de riesgo fueron controladas en uno o dos días, y hoy el panorama regional dista mucho de parecerse a esas panorámicas de incendios masivos generadas con inteligencia artificial que medios y opinioneros opositores hicieron circular en forma tan profusa. Así que la idea del país hundido en el caos y la ingobernabilidad que la propia reacción delictiva quiso inducir, y que fue retomada con entusiasmo por la reacción vernácula, no se sostuvo.
Ante tal demolición de sus narrativas, a Trump no le quedó más remedio que arrogarse el mérito de la captura y muerte de El Mencho, de la misma forma en la que se atribuye el crédito por procesos de paz inexistentes en varios conflictos internacionales. Por su parte, los trumpistas de este lado del Bravo, incapaces ya de sostener la fantasía proyectiva de que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son “narcogobiernos”, elaboraron una maroma memorable: ¡al fin la Cuarta Transformación adopta la fórmula de Felipe Calderón contra la delincuencia!”.
La falacia es patente: durante los seis años de su espuriato, Calderón ordenó operativos de exterminio y ejecución extrajudicial, inherentemente contrarios al Estado de derecho y ofensivas que no iban dirigidas al narco sino a la población en general, como ocurrió en Ciudad Juárez, todo ello coordinado por un secretario de seguridad federal que colaboraba activamente con los cárteles.
Lo realizado el fin de semana en Tapalpa fue, en cambio, una diligencia de captura que a la postre se malogró por la violenta reacción del capo y de sus guardaespaldas. Se buscaba detener a un infractor para presentarlo ante un juez, no acribillarlo para presentar a la opinión pública su cadáver ensangrentado y con billetes adheridos, como lo hizo el calderonato, en uno de sus macabros rituales, con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. Tampoco se perpetró una masacre como las del peñato (Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y otras) en las que las fuerzas federales “barrían parejo” con decenas de personas, al mismo tiempo que el comisionado presidencial para Michoacán, Alfredo Castillo, repartía alegremente armas largas de alto calibre entre grupos irregulares.
Se debe considerar, por último, que acciones oficiales como la que derivó en la muerte de El Mencho son sólo uno de los ejes de la política gubernamental de paz y seguridad. A la inteligencia policial y el combate a la impunidad deben sumarse los programas sociales, las acciones educativas, la recuperación del sistema de salud pública y la construcción de infraestructura, indispensables para debilitar y eventualmente extirpar una de las peores herencias del periodo neoliberal: la conversión de la delincuencia organizada en un sector económico por derecho propio.
navegaciones@yahoo.com
México en la órbita estadunidense
José Romero
Algunos de nosotros, inspirados en el pensamiento de Lázaro Cárdenas y en la experiencia reciente del obradorismo, imaginamos un México soberano, capaz de construir capacidades productivas y tecnológicas propias, acelerar el crecimiento y consolidarse como una potencia con proyecto propio. Ese horizonte no ha perdido legitimidad histórica, pero hoy es visto por muchos como desfasado. No porque haya fracasado como idea, sino porque la interdependencia económica, política y de seguridad con Estados Unidos se volvió estructural. La integración dejó de ser una opción estratégica y pasó a formar parte de la arquitectura misma del sistema productivo mexicano.
Este proceso es resultado de décadas de apertura comercial, reorganización industrial y transformación de élites empresariales y tecnocráticas que internalizaron un modelo exportador articulado a las cadenas norteamericanas. Infraestructura, financiamiento y regulación se alinearon con esa lógica. La economía mexicana quedó acoplada al ciclo y a las prioridades de Estados Unidos.
En el contexto actual, marcado por la regionalización selectiva y el endurecimiento geopolítico, es probable que México profundice su integración con Estados Unidos bajo criterios definidos por sus prioridades de seguridad económica, competencia estratégica y control fronterizo. En una relación asimétrica, el peso económico, financiero y militar estadunidense fija los términos del equilibrio regional y condiciona el margen de maniobra mexicano.
A ello se suma la centralidad creciente de la agenda de seguridad en la relación bilateral. La presión proveniente de Estados Unidos para intensificar la guerra contra el narcotráfico redefine el vínculo. Cuando la seguridad se convierte en eje ordenador bajo condiciones de asimetría, la cooperación responde cada vez más a incentivos externos. La coordinación en inteligencia y la armonización de prioridades tienden a profundizarse.
En el plano productivo, la relocalización industrial impulsada por Estados Unidos obedece a su estrategia de reorganización bajo criterios de seguridad y control tecnológico. El reshoring busca repatriar sectores críticos, pero no toda la producción puede regresar por razones de costo e infraestructura. En ese ajuste, México podría captar manufactura intermedia y ensamblaje regional, no como beneficiario central, sino como extensión funcional del sistema productivo estadunidense.
La integración reforzaría la compatibilidad regulatoria y tecnológica con Estados Unidos. Sectores como la minería tenderían a operar bajo una lógica predominantemente extractiva, orientada al suministro de minerales críticos para sus cadenas industriales, con limitada generación de valor interno.
El eventual crecimiento derivado de este proceso sería condicionado. Dependería del dinamismo de la economía estadunidense, cuyo crecimiento promedio en las últimas décadas ha sido cercano a 2 por ciento anual. La experiencia histórica muestra que una mayor integración no produjo convergencia acelerada ni un salto estructural en la productividad mexicana. Sin una estrategia nacional propia de desarrollo industrial y tecnológico, la sincronización profunda difícilmente alteraría ese patrón de crecimiento moderado.
En el plano social, las mejoras se concentrarían en regiones integradas a las nuevas cadenas, mientras otras permanecerían rezagadas. La estructura territorial de desigualdad tendería a reproducirse.
En materia de seguridad, la alineación estratégica podría profundizar la dependencia en la definición de prioridades y respuestas. Si la política interna se formula principalmente en función de presiones externas, el margen efectivo de decisión se reduce.
La integración plena implicaría también mayor convergencia diplomática en foros internacionales, reduciendo la capacidad de actuar con autonomía frente a terceros actores.
A mediano y largo plazos, México podría ampliar su base manufacturera en segmentos específicos, pero sin modificar sustancialmente su posición subordinada en la división regional del trabajo. No se trataría de un colapso ni de una ruptura dramática, sino de una inserción estable pero dependiente: crecimiento acoplado al ritmo de la economía estadunidense, minería extractiva orientada al abastecimiento externo, política de seguridad alineada con prioridades definidas fuera del territorio y margen político limitado por una asimetría estructural. Más que una promesa de desarrollo acelerado, sería la consolidación de una economía y una política crecientemente dependientes. La dependencia no siempre se impone de manera abrupta; a veces se consolida gradualmente, bajo la apariencia de estabilidad.
