“El presidente excedió su autoridad”, determina
Afp y Reuters
Periódico La Jornada Sábado 21 de febrero de 2026, p. 13
Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.
Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el mandatario había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio, que se mantienen.
La medida de la Corte Suprema podría tener repercusiones en la economía mundial durante años.
Trump empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder, en enero de 2025, anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos sus socios comerciales.
Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la migración.
“Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”, explica el alto tribunal.
La decisión confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores, según los cuales los aranceles que Trump impuso eran ilegales.
Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.
Trump y los aranceles: revés político
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que el presidente Donald Trump transgredió la Constitución al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los mal llamados aranceles “recíprocos” a un centenar de países. De acuerdo con el máximo tribunal, el Ejecutivo requiere la autorización del Congreso para llevar a cabo acciones de “gran trascendencia económica y política”, entre las cuales se incluye el establecimiento de tarifas comerciales indiscriminadas. A raíz del fallo, se estima que empresas estadunidenses podrían solicitar devoluciones por hasta 175 mil millones de dólares, lo cual, de concretarse, sería un golpe demoledor para las finanzas públicas en un contexto de recortes masivos de impuestos a los más ricos y gasto descontrolado en la persecución de migrantes y el armamentismo.
La administración republicana pudo haber aprovechado la coyuntura para culpar al Poder Judicial por el déficit fiscal y, al mismo tiempo, capitalizar la bajada de precios en los productos importados para adjudicarse un buen manejo de la inflación de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar a final de año. Sin embargo, Trump no es un individuo capaz de soportar que se le contradiga, ni siquiera cuando ello le beneficia. En vez de usar la sentencia para abordar la crisis de costos que se perfila como principal tema de campaña, reaccionó con un ataque visceral a los jueces que han legitimado casi todas sus violaciones a las leyes, y anunció de inmediato un arancel global de 10 por ciento. Éste se sustenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al presidente para imponer restricciones temporales a la importación por un máximo de 150 días en caso de desequilibrios graves de la balanza comercial o como medidas de represalia. Dado su limitado alcance temporal y la evidente ilegalidad de aplicar esta medida a países con los que no existe asimetría marcada en la balanza comercial, se da por sentado que el uso de la cláusula citada es un recurso transitorio en tanto la Casa Blanca da con otras maneras, legales o no, de mantener la guerra comercial en la que embarcó al planeta.
Para México, el veredicto supone una pérdida relativa de competitividad: hasta el momento, más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se encuentran libres de todo gravamen al estar amparadas por el T-MEC, pero sin los aranceles “recíprocos”, otros países padecerán menos cuotas de las que venían pagando. A la vez, siguen en pie los impuestos dirigidos a cobre, aceros, aluminio, semiconductores, maderas, automóviles y otras mercancías sin contenido estadunidense; es decir, los que más afectan a la industria mexicana. Por ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aconsejó prudencia y cabeza fría para entender y asimilar los cambios en tanto se esclarecen sus pros y contras.
Los hechos son, por una parte, que el trumpismo recibió un fuerte golpe político al mostrarse que ni unos jueces tan parciales y obsecuentes con él como los que instaló en la Corte Suprema durante su primer periodo presidencial, están dispuestos a complacerlo cuando sus caprichos afectan a poderosos intereses empresariales. Por otra, que el magnate no cejará en el empeño de imponer su voluntad sin importar las consecuencias, por lo que el resto del mundo, y en particular naciones con un elevado nivel de integración a la economía estadunidense como México, deberán persistir en el desarrollo de nuevas estrategias de adaptación y resiliencia, al menos hasta el final del mandato de Donald Trump.
Trump, glifosato como arma de guerra
Silvia Ribeiro
El 18 de febrero de 2026, una nueva orden ejecutiva de Trump declaró al agrotóxico glifosato y al fósforo –componente crucial de los fertilizantes sintéticos– como elementos de seguridad nacional, con lo cual convierte su acceso y producción en un tema militar y se propone garantizar la continuidad de su uso. Un aspecto también relevante en el contexto del ataque imperial a América Latina con la doctrina Monroe recargada. Esta orden fue diseñada fundamentalmente para favorecer a la trasnacional Bayer, que ha visto fuertemente cuestionado el uso de este agrotóxico y de los cultivos transgénicos a los que está asociado, desde que la OMS lo declaró como cancerígeno en 2015.
Bayer se dedicó a denostar y atacar a los científicos de la OMS que participaron en ese estudio, así como a periodistas y analistas críticos, al tiempo que pagar a científicos de alquiler para que produzcan estudios que negaran la alta peligrosidad del glifosato.
Pese a ello, desde 2015 se han multiplicado los estudios que muestran cada vez más aspectos de riesgos y daños provocados por el glifosato, como daños neurológicos y en la microbiota de humanos, animales domésticos y abejas. En junio de 2025, un proyecto que incluyó una amplia revisión de estudios científicos mostró que aun en las dosis en que está permitido en diferentes regulaciones, este agrotóxico se ha asociado a múltiples formas de cáncer (https://tinyurl.com/z7fyhefx).
Otro revés para Bayer ocurrió en diciembre de 2025, al conocerse que una prestigiosa revista científica retractó un estudio sobre glifosato ampliamente citado por las autoridades regulatorias, debido a la parcialidad y falta de rigurosidad de los autores, que además habían sido pagados por Monsanto (https://tinyurl.com/243m2d5t).
Bayer, actual dueña de Monsanto, ha sido objeto desde 2018 de cerca de 200 mil demandas legales de víctimas de cáncer por el uso de glifosato en agricultura y jardinería. Las demandas se basan en que Monsanto sabía de la alta peligrosidad del glifosato, pero ocultó los datos y omitió alertar sobre ello en sus etiquetas, algo que en los juicios se documentó con miles de documentos presentados por varios de los primeros demandantes. Luego de perder varios juicios emblemáticos, Bayer decidió hacer acuerdos fuera de juicio con grandes grupos de demandantes, lo cual le significó costos por cerca de 12 mil millones de dólares hasta 2025. Aún tiene pendientes demandas por decenas de miles de casos y se siguen sumando.
En diciembre de 2025, Trump respaldó a Bayer ante el Tribunal Superior de Justicia, instando a esa instancia a apoyar ante la Corte Suprema el argumento de Bayer de que sólo la ley federal puede ser referencia sobre el agrotóxico y que se debe eliminar la posibilidad de demandar a las empresas a partir de leyes estatales. Esto porque la agencia federal EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) se pronunció afirmando que los riesgos del glifosato no serían graves, contra la evidencia con la que cuenta y gracias a dudosas relaciones con las empresas. Una parcialidad que fue denunciada por diversas organizaciones, pero que la EPA no ha cambiado.
Los juicios contra Bayer-Monsanto se iniciaron en su mayoría sobre las regulaciones de los estados donde viven las víctimas y se han regido por las evidencias presentadas en el caso. La maniobra de Trump es para evitar que se inicien nuevas demandas e impedir que se tomen en cuenta las evidencias críticas, no sólo en el caso de Bayer, sino potencialmente en muchos otros casos de empresas contaminantes (https://tinyurl.com/ytu7hec2).
La nueva orden sobre glifosato va también diagonalmente opuesta a lo que plantea el movimiento MAHA, Make America Healthy Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), en el que participan muchas madres con familias afectadas por enfermedades crónicas en Estados Unidos, liderado por Robert F. Kennedy Jr, secretario de salud de Trump. La orden de la semana pasada contradice todo lo que ha mostrado el MAHA y lo dicho antes por el propio Kennedy Jr, que ahora ha declarado apoyar la nueva política. Queda así en evidencia lo que muchos críticos habían señalado sobre MAHA: es un caballo de Troya para recuperar dentro del trumpismo a los muchos millones de personas afectadas por enfermedades crónicas, toxicidades, obesidad, etc.
Para México y América Latina, esta orden ejecutiva es también una amenaza dirigida a detener o impedir iniciativas que buscan limitar y prohibir el glifosato. También una orden de que los intereses de Bayer y otras trasnacionales de agronegocios deben primar ante la salud y el ambiente de nuestros países, ya que son parte de la seguridad de Estados Unidos. Otra vuelta de tuerca para avanzar las imposiciones imperiales sin máscara que caracterizan esta fase del trumpismo.
Junto a otras acciones violentas y foros convocados por la administración Trump en 2026 –como el foro de minerales estratégicos y el acuerdo Pax Silica (https://tinyurl.com/38wzu8p2)–, Trump deja en claro que usará todos los medios del Estado, incluso la fuerza militar, para avanzar los intereses de las grandes empresas y los más ricos, que son quienes gobiernan su país.
