La legislatura española acaba oficialmente en 2027, pero lo cierto es que cada vez se hace más difícil pensar en que Pedro Sánchez vaya a aguantar otros 18 meses tras el escaso balance con el que cerrará el año de aquí a cuatro días. Entre tanto golpe encajado, al presidente del gobierno se le empieza a poner cara de Rocky Balboa clamando por su novia tras el combate final. Donde Stallone gritaba “¡Adrian!”, Sánchez exclama “¡Votantes!”. No los ve, pero como Talia Shire en la película, es probable que ellos también estén gritando “¡Presidente!”. “¿Dónde está? ¡Haga algo!”, añadirían.
Lo cierto es que el descalabro en las elecciones del pasado domingo al Parlamento de Extremadura, comunidad autónoma del suroeste español históricamente afín al PSOE, no deja margen para paños calientes. El PSOE ha perdido 10 de sus 28 escaños –en un Parlamento de 60 asientos– y ha pasado de 40 por ciento de los votos a 26 por ciento. Catapum. Ha perdido más de 100 mil votos en un censo que no llega a los 900 mil votantes. No hay tiritas para tamaña sangría.
El PP, que ganó un escaño pese a perder 8 mil votos, podrá gobernar con holgura Extremadura con sus 29 escaños, aunque está por ver si se apoya en una abstención del PSOE o buscará de nuevo la alianza con Vox, la auténtica vencedora de los comicios. La extrema derecha dobló sus resultados tanto en escaños como en votos y aguó la fiesta, relativamente, a un PP que aspiraba a la mayoría absoluta. El ascenso de la coalición de Podemos e Izquierda Unida, que pasó de cuatro a siete escaños, puso una nota de color del todo insuficiente.
¿Cómo se explica semejante debacle en un territorio que el PSOE gobernó durante décadas? Entre las mentes más perezosas del panorama mediático español se impone una respuesta categórica: La ola conservadora no tiene freno, ni en el mundo ni en España. El pescado está vendido, según la fatalista lectura. No vamos a descubrir aquí que sí, efectivamente, hay una corriente de fondo que empuja muy fuerte a la derecha en todo el globo. Irradia desde Washington, pero va mucho más allá, y en el caso español, entronca con fuerza con ese franquismo latente que tan sigilosa y eficazmente está representando actualmente el monarca español. Ni corto ni perezoso, en su tradicional mensaje navideño, Felipe VI acaba de asegurar que “los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente”. Lo ha dicho pocos meses después de recibir en audiencia al equipo de OKDiario, uno de los digitales que con más fervor difunde bulos y desinformación en el panorama mediático español.
Por lo tanto, sí, claro que hay una corriente de fondo favorable a posiciones autoritarias y retrógradas. Ya empieza a expresarse con violencia en la calle, síntoma de un auge fascista. En Badalona, un pogromo en toda regla ha impedido estos días que una parroquia diese cobijo a varios migrantes sin hogar recién expulsados de un colegio abandonado. Pero contentarse con esta constatación como explicación de la posible derrota de la izquierda supone poco más que ponerse a hacer fila ante el matadero. Porque el calendario viene cargado.
La jugada del PP tiene sus riesgos, pero hay que reconocerle audacia. Evitando una moción de censura de éxito improbable, los conservadores españoles han planteado una partida de ajedrez para llegar al jaque en cuatro movimientos. Las elecciones de Extremadura han sido el primer paso. El segundo llegará el 8 de febrero en Aragón, el tercero el 15 de marzo en Castilla y León, y el último en junio en Andalucía. Las cuatro son comunidades gobernadas actualmente por el PP, en las que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha convocado elecciones confiando en reforzar sus mayorías y, sobre todo, hundir al PSOE, al que esperan cocer a fuego lento sin que a la rana Sánchez le dé tiempo de saltar.
Tras la debacle socialista en las elecciones municipales de mayo 2024, Feijóo ya confío en asar a baja temperatura al gobierno hasta las generales previstas para otoño, pero el adelanto electoral maniobrado por Sánchez entonces le permitió salvar la papeleta en un movimiento audaz. No está nada claro que ahora mismo un avance de los comicios tuviese el mismo efecto.
La estrategia actual de Sánchez, experto en resistir, parece que pasa por cerrar los ojos muy fuerte y fiarlo todo a que sea Vox quien eche al traste la partida planteada por el PP. Feijóo sueña con hundir al PSOE y reducir a Vox, erigiéndose en triunfador electoral en unas futuras generales con unos 150 diputados (de 350). Una atalaya desde la que atraer a los nacionalistas conservadores vascos y presionar a favor de una abstención del PSOE, lo que le permitiría marginar a Vox. Pero la tendencia no es precisamente esta. La extrema derecha puede ser la gran triunfadora de los movimientos diseñados por el PP, dejando en bandeja a Sánchez la enésima campaña de activación popular antifascista. Pero el juego empieza a ser demasiado peligroso, porque Feijóo ya ha demostrado que se aliará con Vox siempre que sea posible y necesario.
EU y el negocio del odio
El gobierno del presidente Donald Trump pretende habilitar almacenes industriales para encerrar hasta 80 mil personas, al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsa un programa de cazarrecompensas que genera millones de dólares en ganancias a empresas privadas. De acuerdo con The Washington Post, los almacenes estarían ubicados cerca de importantes centros logísticos a fin de concentrar a decenas de miles de personas en un mismo punto y acelerar su deportación, mientras The Intercept dio a conocer que los contratos asociados a estos programas superan los mil millones de dólares, a entregarse de aquí a 2027.
Se trata de los más recientes ejemplos del negocio multimillonario creado o potenciado por la cruzada antimigrante del trumpismo. Como todo en Estados Unidos, localizar, secuestrar, encarcelar y deportar de manera ilegal a personas en situación migratoria irregular –o a quienes se acusa falsamente de estarlo– se ha privatizado y puesto en manos de empresas muchas veces afines a la agenda de la Casa Blanca. Mantener a una sola persona detenida cuesta 150 dólares al día, y la tarifa puede elevarse hasta los 300 dólares si se le mantiene en “instalaciones especializadas”. Así, el costo de encarcelar a 80 mil personas asciende a entre 12 y 24 millones de dólares diarios. Además, la política de mover a los secuestrados arbitrariamente de un centro de confinamiento al otro a fin de desarraigarlos de sus comunidades y dificultarles el acceso a servicios legales supone sucesivas facturas para los contribuyentes. Antes del regreso de Trump al poder, el ICE ya gastaba alrededor de 600 millones de dólares en vuelos de traslado y deportación, un monto que sin duda ha crecido conforme aumentan las operaciones de la agencia. Como los traslados se realizan en vuelos chárter, cada uno cuesta entre 25 mil y 100 mil dólares, sin importar que a bordo viajen dos o cien personas.
En la era digital, gran parte de las tareas recaen en empresas de software como Palantir, del millonario ultraderechista Peter Thiel, quien aboga abiertamente por sustituir la democracia por un totalitarismo encabezado por los titanes tecnológicos. Su compañía integra datos de escuelas, hospitales, registros de tráfico y redes sociales para crear perfiles detallados de “objetivos”, un modelo de vigilancia distópica por el que recibe contratos de cientos de millones de dólares. Anduril, de Palmer Luckey, recibirá 250 millones de dólares por erigir el “muro virtual”, consistente en cientos de torres operadas por inteligencia artificial, desplegadas a lo largo de la frontera con México para detectar a cada ser humano en el área y alertar a las autoridades.
Lo anterior es sólo una pequeña muestra de la maquinaria de persecución aceitada con billetes que se enmarca en el presupuesto sin precedentes otorgado a ICE este año, el cual es mayor al de cualquier otra agencia policiaca estadunidense y, de hecho, supera al presupuesto militar de la práctica totalidad del planeta: si el ICE fuera un ejército, sólo los de 16 países (incluido el del propio Estados Unidos) dispondrían de más recursos.
Todo ello, mientras el presidente y sus correligionarios republicanos le dicen a la gente que no hay dinero para financiar sus seguros médicos, escuelas ni la infraestructura más deteriorada entre las naciones “desarrolladas”. Si a ello se suma el impacto económico que deja la pérdida de habitantes y de la mejor mano de obra de que dispone el país, está claro que la política de odio es un enorme negocio para un puñado de millonarios a expensas de hacer a la superpotencia cada vez más pequeña.
Senadores de Morena llaman al Ejecutivo para proteger en conjunto a migrantes de cazarrecompensas
Andrea Becerril
Periódico La Jornada Sábado 27 de diciembre de 2025, p. 5
Senadores de Morena deploraron que el gobierno del presidente Donald Trump, endurezca aún más la política que criminaliza a los migrantes y que acuda a métodos tan cuestionados como emplear a cazarrecompensas, por lo que se pronunciaron por un trabajo conjunto del Ejecutivo federal y el Legislativo para proteger a los connacionales.
“Tenemos que orientar a nuestros paisanos ante la nueva embestida que viola sus derechos humanos”, comentó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mientras que su compañera de bancada, Guadalupe Chavira, consideró que se deberán reforzar las medidas de apoyo, además de condenar en foros internacionales esa política inhumana hacia quienes “con su trabajo han contribuido al desarrollo y la riqueza de Estados Unidos”.
“Es lamentable esa estrategia de odio contra los migrantes y los ciudadanos del mundo, de un Trump que cada vez escala más en sus tácticas de violencia. Estamos muy conscientes de que seguirá pagando millones de dólares como recompensa a quienes buscan y entregan a trabajadores indocumentados y por ello hay que incrementar las medidas de protección a nuestros paisanos en Estados Unidos”, comentó Huerta Ladrón de Guevara.
Expuso que desde el Senado deberán tomar cartas en el asunto y valorar qué medidas de diplomacia parlamentaria y otras deben asumir frente a esa decisión de usar incluso almacenes industriales para confinar ahí a 80 mil trabajadores migrantes, ya que ello viola tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Por su parte, Chavira de la Rosa consideró que “es inmoral” que el gobierno comercialice “la detención de migrantes indocumentados y permita que empresas se enriquezcan con ello”, por lo que es hora, declaró, de recuperar todos los medios diplomáticos para dialogar y hacer ver que Estados Unidos se beneficia del trabajo de los migrantes, pues tan solo la aportación económica de los latinos alcanzó los 1.6 billones de dólares en 2023.
“Es importante insistir una y otra vez que los migrantes no son delincuentes y no pueden ser tratados como si lo fueran. Son trabajadores que llegaron al vecino país del norte en busca de una vida mejor, hoy soy un soporte fundamental de la economía estadunidense”, subrayó.
