Publicamos en nuestra última colaboración ( La Jornada, 10/12/25) la agresiva propuesta estadunidense de “estrategia nacional de seguridad”, que reduce su estrategia global a una versión actualizada de la Doctrina Monroe de hace dos siglos; reconoce su falta estratégica en el continente americano y tiene como nuevo objetivo “alistarse y expandirse” en áreas militares, financieras y comerciales (“acuerdos comerciales recíprocos”), siempre buscando la “protección de sus intereses nacionales fundamentales”. La nueva estrategia busca deshacerse de “competidores no hemisféricos”, léase China, en América. El libre comercio, opciones de desarrollo y el trato de nación más favorecida, así como la reciprocidad, son cuestión del pasado.
¿Y China? Casualmente, a un par de días del anuncio estadunidense, China presentó su “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” el 10 de diciembre de 2025; se trata del tercer documento de China hacia ALC (los anteriores, de 2008 y 2016). La propuesta parte del concepto de una “comunidad de futuro compartido”, del “progreso de la humanidad” y del compromiso global de China y con el Sur Global, así como de las cuatro iniciativas globales de China (Desarrollo Global (2021), Seguridad Global (2022), Civilización Global (2023) y para la Gobernanza Global (2025). China parte de la independencia de ALC y del “pleno respeto a la voluntad de los países de ALC”. El documento ofrece su cooperación (la palabra aparece en 180 ocasiones en el documento, probablemente la más utilizada) en cinco programas: programa de solidaridad, de desarrollo, de las civilizaciones, de la paz y de los pueblos. Sería imposible reproducir el amplio portafolio de opciones que ofrece China, incluyendo temas tan amplios como el intercambio entre órganos legislativos y con partidos políticos, sobre comercio e inversión, infraestructura, así como en materia tributaria, deportes, cooperación militar, ciberseguridad, turismo y en aspectos sanitarios.
Al menos tres aspectos nos parecen significativos, reconociendo que China ya cuenta con casi 20 años de propuestas puntuales hacia ALC y en una muy activa agenda bilateral, regional (vía el Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac-China desde 2015) y a nivel multilateral.
Primero. El documento parte de una relación entre iguales, la reciprocidad y el desarrollo conjunto (véanse los contrastes con la propuesta estadunidense) y sólo condiciona la cooperación china al “principio de una sola China”, es decir, “el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China”.
Segundo. La propuesta china parte de dos conceptos relevantes y desarrollados por Xi Jinping en la última década: el esfuerzo de continuar con un constante y dinámico proceso de “modernización”, así como el de lograr resultados “de alta calidad” en sus procesos productivos, institucionales y con el medio ambiente, entre otros. Se trata de una invitación para también modernizar y lograr una alta calidad en la relación entre ALC y China, entre sus propias instituciones existentes y en la experiencia socioeconómica del siglo XXI.
Tercero. China busca, en su primer programa, concentrarse en “intercambios de alto nivel”, incluyendo el diálogo y consultas entre los legislativos y partidos políticos, entre muchos otros. Estos sectores son relevantes para mantener un orden comercial internacional y “rechazar las conductas unilaterales de matonería”. El último rubro del documento “Intercambios entre los pueblos y a nivel subnacional” también es significativo: la cooperación entre jóvenes, organizaciones de mujeres y permitir la cooperación entre gobiernos locales. Esto abre un enorme y explícito espacio en la región, más allá de la cooperación de las naciones de ALC con China.
Más allá de las drásticas diferencias entre las propuestas recientes de Estados Unidos y China para ALC, el documento plantea un grupo de decisiones estratégicas para ALC y México en el corto y mediano plazos. En el marco de las “nuevas relaciones triangulares” ante la confrontación entre las dos principales economías globales, países como México tienen la opción de buscar un efectivo equilibrio en cientos de temas en su relación con ambos países, en materia de comercio, inversión, telecomunicaciones, cultura y en las docenas de rubros que ofrece el reciente documento de China. La máxima institución bilateral, la Comisión Binacional Permanente México-China, creada en 2004, sin embargo, se reunió por última vez en 2014; otras instituciones bilaterales como el Grupo de Alto Nivel en 2022, el Grupo de Alto Nivel Empresarial en 2021 y el Grupo de Alto Nivel de Inversiones en 2015. Las recientes medidas arancelarias de México en contra de países con los que no cuenta con tratados comerciales, incluyendo a todos los BRICS y a China, no reflejan por el momento una decisión estratégica ante la confrontación entre Estados Unidos y China.
Las siguientes semanas bien pudieran permitir un proceso de reflexión sobre estos aspectos cruciales y estratégicos para México, ante un durísimo 2026 en la relación con Estados Unidos. ¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
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México en la ONU: voz por la paz
El representante permanente de México ante la ONU, el embajador Héctor Vasconcelos, subrayó que el aumento en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el despliegue por parte de Washington de fuerzas militares frente a costas venezolanas “representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional”, y reiteró que nuestro país se pronuncia en favor de una solución pacífica, democrática y negociada en torno al conflicto, pues “preservar nuestro espacio de convivencia pacífica es un imperativo no sólo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional”. Como remarcó Vasconcelos, corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político y Naciones Unidas deben “contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo” y “generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.
El discurso del diplomático refleja de manera inequívoca una postura gubernamental serena y firme, basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, la que a su vez se rige por la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Con sus palabras y su renovado ofrecimiento de las capacidades mexicanas para facilitar el diálogo, la mediación o el acompañamiento a las partes, el embajador reafirmó el papel histórico de México como una fuerza de paz, de soluciones mediante el diálogo y de contención frente a la agresividad de Washington.
Esta postura es de un valor especial en momentos en que el trumpismo redobla su apuesta por imponer regímenes títeres en toda América Latina y expresa sin tapujos que su interés en Venezuela no tiene nada que ver con la democracia ni con el bienestar del pueblo venezolano, sino con la obsesión de apoderarse de las mayores reservas petroleras del planeta. En este sentido, el bloqueo total ordenado por Donald Trump contra la nación caribeña constituye, además de una hostilidad injustificable, una violación masiva a los derechos humanos y un homicidio, como ha quedado claro gracias a estudios que muestran el impacto de las sanciones ilegales impuestas por Occidente sobre la población civil. Por otra parte, el posicionamiento mexicano brinda un camino de sensatez cuando Caracas responde a la violencia imperial con gestos más simbólicos que efectivos, como la ley que condena la piratería, la cual ya se encuentra prohibida y sancionada por la legalidad internacional.
Cabe esperar que la ONU y los demás organismos multilaterales pertinentes atiendan el exhorto a cumplir con las tareas para las cuales fueron creados; en primer lugar, preservar la paz y cortar las tentaciones colonialistas. Después de la complicidad de Washington, Londres y Bruselas en el genocidio en curso que Tel Aviv perpetra contra el pueblo palestino, las instituciones referidas no pueden permitirse un nuevo fiasco en detener la amenaza contra Venezuela, so pena de exhibir su irrelevancia o, peor, su participación en el establecimiento de un orden basado en la ley del más fuerte.
Se obligó a Larrea a dar mil 500 mdp para poner fin a la huelga en Cananea
El fondo de $2 mil 222 millones se destinará además a resarcir daños al río Sonora, dice Rosa Icela Rodríguez
▲ La secretaria de Gobernación estuvo con la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, entre otros funcionarios.Foto tomada de X
Cristina Gómez Y Georgina Saldierna Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 24 de diciembre de 2025, p. 4
Con un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos se financiará el acuerdo por el que se dio por concluida la huelga que mantuvieron los mineros de Cananea por más de 18 años y se resarcirán los daños por el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora por parte del Grupo México en 2014, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
A más de una década de haber contaminado el cauce y a casi dos del estallamiento del conflicto minero, el gobierno de Claudia Sheinbaum logró que el consorcio empresarial aporte 70.14 por ciento de esos recursos. Por su lado, la Federación dará 21.7 por ciento y la administración pública del estado de Sonora el restante 8 por ciento.
La funcionaria explicó que el arreglo contempla una participación del corporativo por mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.
La administración federal aporta 483.6 millones de pesos y la sonorense 180 millones, añadió Rosa Icela Rodríguez, quien resaltó el hecho de que “el gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México por incumplimiento de una serie de condiciones para llegar a un buen acuerdo”, que beneficiará a las comunidades y a los mineros.
El arreglo que dio por concluida la huelga de los mineros, la más larga en la historia del movimiento obrero mexicano y que marcó a generaciones de trabajadores y comunidades enteras, se inscribe en el marco del Plan de Justicia para Cananea. Prevé la liquidación conforme al contrato colectivo original y el acceso a seguridad social y al sistema de pensiones en beneficio de 650 trabajadores y sus familias, así como de las viudas de 53 mineros que perdieron la vida a lo largo de la querella, mediante un esquema de entrega directa de recursos sin intermediarios.
Justicia social para mineros
Acompañada por el gobernador Alfonso Durazo, los secretarios del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y del Trabajo, Marath Bolaños; la procuradora federal de Medio Ambiente, Mariana Boy; el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, la titular de Gobernación destacó que con el término del paro laboral se alcanza por fin la justicia social para los mineros.
“Ahora ya se atiende a los trabajadores, a las viudas y sus familias, y también se fortalecerán las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejoramiento de los servicios de salud”, añadió.
En estas tareas es fundamental el trabajo coordinado de la Secretaría de Medio Ambiente, la Conagua y el IMSS-Bienestar que atenderán de manera expedita y eficaz cada uno de los asuntos técnicos y especializados que les corresponda, puntualizó.
La funcionaria explicó que se construirán 16 plantas potabilizadoras por parte de Conagua y se adecuarán otras que ya existen. Asimismo, se realizará el equipamiento y la operación de un laboratorio regional de calidad del agua, y se levantarán estaciones de monitoreo en el río Sonora.
También se edificará el Hospital Regional de Ures, con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro para la salud renal y un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
El IMSS-Bienestar mejorará su infraestructura física y equipamiento para brindar atención a la salud de la población del estado.
El gobernador Alfonso Durazo destacó por su lado que la coordinación entre los tres niveles de gobierno hizo posible cerrar uno de los conflictos laborales más prolongados del país y poner en marcha el Plan de Justicia, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum, lo que abre una nueva etapa en la atención de rezagos históricos en Sonora.
El programa nació en julio de 2021, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con cinco ejes fundamentales: trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos, bienestar, salud ambiental, derecho al agua, así como mejoramiento urbano. La actual titular del Ejecutivo decidió darle continuidad.
