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Simón Vargas Aguilar*
19 de diciembre de 2025 00:04
El pasado 4 de diciembre, la administración del presidente Donald Trump presentó la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés), que es un documento presentado al Congreso en el cual se delinean los objetivos de seguridad nacional, las amenazas percibidas y las prioridades estratégicas del país.
Más allá de un ejercicio burocrático, la NSS tiene un impacto profundo en la política exterior estadunidense y, por extensión, en sus vecinos y aliados. Influye en presupuestos militares, alianzas internacionales y decisiones que pueden alterar el equilibrio regional, especialmente en América Latina, donde México ha sido históricamente vulnerable a las adecuaciones y cambios en la política de seguridad nacional estadunidense.
La NSS de este 2025 representa una ruptura radical con las estrategias previas y expone con crudeza la agenda America First, a la cual no hemos sido ajenos, ya que ha sido el objetivo primordial del presidente Trump desde el inicio de su campaña. El documento muestra cómo, tras años de relativo desinterés por América Latina, ya que la atención se centró en Medio Oriente, Asia y Europa, se ha recolocado la visión en el Hemisferio Occidental como prioridad absoluta.
Revive explícitamente un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, afirmando que Estados Unidos hará cumplir su dominio regional excluyendo “competidores no hemisféricos” como China y Rusia. Este enfoque, que prioriza la estabilidad para frenar la migración masiva, el narcotráfico y la influencia extranjera, revela una visión excluyente y potencialmente intervencionista.
El documento identifica al Hemisferio Occidental como eje estratégico, exigiendo gobiernos estables que cooperen en el control de flujos migratorios y en la lucha contra organizaciones criminales trasnacionales y terroristas; en particular, enfatiza el combate al fentanilo, vinculando su producción a redes chinas que suministran precursores a cárteles mexicanos.
La narrativa de la Estrategia de Seguridad Nacional no es nueva, pero adquiere un tono alarmista al implicar posibles acciones militares contra cárteles en todo el hemisferio, incluso alertando sobre potenciales incursiones en territorio mexicano. Para nuestro país, esto implica una presión con la que se ha lidiado desde el arribo del presidente Trump a la Casa Blanca; en el documento queda patente que México tiene que convertirse en un “aliado obligado” en un problema compartido, porque se encuentra bajo amenaza de acciones unilaterales si los esfuerzos no se alinean con las demandas estadunidenses.
El análisis del Brookings Institution, en su artículo “Breaking down Trump’s 2025 National Security Strategy”, califica esta aproximación como “neo-imperialista”. Destaca que el “Corolario Trump” justifica golpes militares contra cárteles más allá de las ya designaciones terroristas, violando principios de soberanía.
Esta visión se ha materializado recientemente en acciones simbólicas y concretas, y es que el pasado 15 de diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva declarando el fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Esta clasificación, que equipara la crisis opioide con amenazas químicas, permite herramientas legales para sanciones, operaciones encubiertas y posibles intervenciones.
Para México, las consecuencias podrían ser potencialmente graves: intensifica la presión sobre los cárteles, pero también “estigmatiza” al país como fuente de un “arma” que mata a cientos de miles de estadunidenses anualmente. Hacia China, abre la puerta a aranceles punitivos y restricciones comerciales, escalando tensiones bilaterales. Esta orden ejecutiva podría ser usada para justificar un aumento en la agresividad en la guerra contra las drogas.
Aún más provocador es el resurgimiento de una condecoración militar evocando episodios dolorosos de la historia compartida. Trump ha establecido la Mexican Border Defense Medal, otorgada recientemente a tropas por defender la frontera de narcotraficantes e inmigrantes. Esta medalla remite directamente a la Mexican Service Medal de 1916-1917, creada para reconocer a militares estadunidenses en el combate a las fuerzas de Pancho Villa. El dicho popular afirma que en política la forma es fondo, por lo que vale la pena cuestionarnos: ¿Al revivir este simbolismo, la administración busca equiparar la lucha actual contra cárteles y migración con una incursión histórica en territorio mexicano? Lo anterior sin duda proyectaría a México como una amenaza constante.
La situación se ha tornado compleja y el tema es por demás amplio, porque tampoco se puede perder de vista que aunque nos cueste admitirlo, la influencia del presidente Trump ha crecido significativamente, y se ha observado en países como Chile, Argentina, Honduras y, por supuesto, Venezuela y Colombia, y la democracia ha comenzado a dar un giro importante volviendo a los gobiernos de derecha, lo que indudablemente le permitirá mucha más injerencia y le quitará aliados a México.
La Estrategia Nacional de Seguridad 2025 no es sólo un documento guía; es una declaración de hegemonía renovada que amenaza la soberanía de México y de múltiples países con el pretexto de seguridad compartida e impone una agenda unilateral que ignora raíces estructurales de migración y narcotráfico.
Lo mencioné desde enero de este año: Trump no está amenazando; se encuentra convencido desde su campaña y hasta este momento de su estrategia, y la ha defendido aun pese a lo complejo de su situación económica actual; no cederá.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
Simón Vargas Aguilar*
19 de diciembre de 2025 00:04
El pasado 4 de diciembre, la administración del presidente Donald Trump presentó la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés), que es un documento presentado al Congreso en el cual se delinean los objetivos de seguridad nacional, las amenazas percibidas y las prioridades estratégicas del país.
Más allá de un ejercicio burocrático, la NSS tiene un impacto profundo en la política exterior estadunidense y, por extensión, en sus vecinos y aliados. Influye en presupuestos militares, alianzas internacionales y decisiones que pueden alterar el equilibrio regional, especialmente en América Latina, donde México ha sido históricamente vulnerable a las adecuaciones y cambios en la política de seguridad nacional estadunidense.
La NSS de este 2025 representa una ruptura radical con las estrategias previas y expone con crudeza la agenda America First, a la cual no hemos sido ajenos, ya que ha sido el objetivo primordial del presidente Trump desde el inicio de su campaña. El documento muestra cómo, tras años de relativo desinterés por América Latina, ya que la atención se centró en Medio Oriente, Asia y Europa, se ha recolocado la visión en el Hemisferio Occidental como prioridad absoluta.
Revive explícitamente un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, afirmando que Estados Unidos hará cumplir su dominio regional excluyendo “competidores no hemisféricos” como China y Rusia. Este enfoque, que prioriza la estabilidad para frenar la migración masiva, el narcotráfico y la influencia extranjera, revela una visión excluyente y potencialmente intervencionista.
El documento identifica al Hemisferio Occidental como eje estratégico, exigiendo gobiernos estables que cooperen en el control de flujos migratorios y en la lucha contra organizaciones criminales trasnacionales y terroristas; en particular, enfatiza el combate al fentanilo, vinculando su producción a redes chinas que suministran precursores a cárteles mexicanos.
La narrativa de la Estrategia de Seguridad Nacional no es nueva, pero adquiere un tono alarmista al implicar posibles acciones militares contra cárteles en todo el hemisferio, incluso alertando sobre potenciales incursiones en territorio mexicano. Para nuestro país, esto implica una presión con la que se ha lidiado desde el arribo del presidente Trump a la Casa Blanca; en el documento queda patente que México tiene que convertirse en un “aliado obligado” en un problema compartido, porque se encuentra bajo amenaza de acciones unilaterales si los esfuerzos no se alinean con las demandas estadunidenses.
El análisis del Brookings Institution, en su artículo “Breaking down Trump’s 2025 National Security Strategy”, califica esta aproximación como “neo-imperialista”. Destaca que el “Corolario Trump” justifica golpes militares contra cárteles más allá de las ya designaciones terroristas, violando principios de soberanía.
Esta visión se ha materializado recientemente en acciones simbólicas y concretas, y es que el pasado 15 de diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva declarando el fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Esta clasificación, que equipara la crisis opioide con amenazas químicas, permite herramientas legales para sanciones, operaciones encubiertas y posibles intervenciones.
Para México, las consecuencias podrían ser potencialmente graves: intensifica la presión sobre los cárteles, pero también “estigmatiza” al país como fuente de un “arma” que mata a cientos de miles de estadunidenses anualmente. Hacia China, abre la puerta a aranceles punitivos y restricciones comerciales, escalando tensiones bilaterales. Esta orden ejecutiva podría ser usada para justificar un aumento en la agresividad en la guerra contra las drogas.
Aún más provocador es el resurgimiento de una condecoración militar evocando episodios dolorosos de la historia compartida. Trump ha establecido la Mexican Border Defense Medal, otorgada recientemente a tropas por defender la frontera de narcotraficantes e inmigrantes. Esta medalla remite directamente a la Mexican Service Medal de 1916-1917, creada para reconocer a militares estadunidenses en el combate a las fuerzas de Pancho Villa. El dicho popular afirma que en política la forma es fondo, por lo que vale la pena cuestionarnos: ¿Al revivir este simbolismo, la administración busca equiparar la lucha actual contra cárteles y migración con una incursión histórica en territorio mexicano? Lo anterior sin duda proyectaría a México como una amenaza constante.
La situación se ha tornado compleja y el tema es por demás amplio, porque tampoco se puede perder de vista que aunque nos cueste admitirlo, la influencia del presidente Trump ha crecido significativamente, y se ha observado en países como Chile, Argentina, Honduras y, por supuesto, Venezuela y Colombia, y la democracia ha comenzado a dar un giro importante volviendo a los gobiernos de derecha, lo que indudablemente le permitirá mucha más injerencia y le quitará aliados a México.
La Estrategia Nacional de Seguridad 2025 no es sólo un documento guía; es una declaración de hegemonía renovada que amenaza la soberanía de México y de múltiples países con el pretexto de seguridad compartida e impone una agenda unilateral que ignora raíces estructurales de migración y narcotráfico.
Lo mencioné desde enero de este año: Trump no está amenazando; se encuentra convencido desde su campaña y hasta este momento de su estrategia, y la ha defendido aun pese a lo complejo de su situación económica actual; no cederá.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política
La destrucción de la educación pública en Argentina
Mauro Jarquín Ramírez*
19 de diciembre de 2025 00:02
En las últimas semanas se ha debatido en Argentina el proyecto de ley denominado Ley de Libertad Educativa, una propuesta de reforma ya esbozada en 2022 en el documento “Reformas para construir nuestro futuro”, de la organización Libertad y Progreso, así como en las Bases de Acción Política y Plataforma Electoral de La Libertad Avanza, publicada en 2023 y en el reciente libro 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina, editado por Edgardo Zablotsky.
El proyecto de ley constituye una propuesta orientada hacia lo que suele denominarse elección escolar y creación de mercados educativos. Es una iniciativa cuyo origen y fundamento no surgieron en función de la fecunda tradición pedagógica argentina o latinoamericana, sino que en gran medida han sido transferidos desde circuitos intelectuales promercado en Estados Unidos, donde se han desarrollado los planteamientos de Milton Friedman sobre el financiamiento educativo a la demanda, la crítica a la “burocracia” educativa de John Chubb y Terry Moe, y la iniciativa de sectores conservadores de “recuperar la educación de sus hijos”, entre otros.
El proyecto es expresión del radicalismo de mercado, marco político-ideológico adoptado por el gobierno argentino, para el cual la educación es una mercancía y no un derecho; por ende, la única forma de realmente mejorarla es con su privatización. El problema fundamental, argumentan, es el “monopolio del Estado” sobre la educación, que tiene como resultado la ineficiencia. En dicha concepción, romper tal “monopolio” tiene como efecto la mejora de la educación, debido a que la libre competencia favorece la provisión de mercancías de mejor calidad. Además, se considera que un efecto de la existencia del monopolio educativo del Estado es el “adoctrinamiento” y la promoción de “ideologías colectivistas” en el estudiantado, lo cual atenta contra la libertad individual, entendida como “no interferencia”.
Considerar lo anterior es útil para discutir políticamente tres elementos esenciales del proyecto, que conforman un círculo virtuoso pro privatización:
a) Libertad de las familias para educar a sus hijos (homeschooling). Busca que las familias argentinas puedan proteger a sus hijos del “adoctrinamiento” del Estado, mediante una transferencia de la función educativa desde las escuelas hacia el ámbito familiar privado. Esto permite reproducir los valores familiares de distinta índole, sin el contraste que la integración en la diversidad en los centros educativos conlleva para las y los estudiantes.
El homeschooling ha sido un mecanismo impulsado globalmente por partidos y plataformas de extrema derecha (como Vox en España o el propio Steve Bannon en Estados Unidos), con el fin de imponer una agenda reaccionaria en la cultura mediante la predominancia de familias, muchas veces asistidas por organizaciones conservadoras y confesionales. Con ello, buscan que educar en casa sea una barrera a procesos de aprendizaje transformadores, los cuales pueden resultar polémicos cuando intervienen en temas como sexualidad o justicia social.
Así, se busca excluir de los contenidos revisados en escuelas temas relativos al racismo, educación sexual o defensa de lo público. A menudo, la finalidad de sectores conservadores a nivel global es hacer de las familias que educan en casa sus “grupos de choque” (https://acortar.link/4UyU4j) contra políticas progresistas.
b) Autonomía de los centros educativos: a los centros escolares se les dota de mayor autonomía para desarrollar un currículum educativo ajustado a las preferencias de las familias, lo cual, en términos de la lógica que subyace a la iniciativa, significa que se diseñan mercancías curriculares con el fin de satisfacer la demanda de las familias-clientes, lo cual beneficia la dinámica de elección de centro. Aunado a lo anterior, se dispone la creación de consejos escolares de padres, quienes podrán contratar docentes y despedir al personal directivo.
Esta iniciativa busca, entre otras cosas, gobernar el sistema educativo por medio de las familias, una estrategia que sectores conservadores han impulsado en Reino Unido durante décadas. En términos concretos, se busca que familias, principalmente aquellas afines al programa ideológico de La Libertad
Avanza o generalmente antiprogresistas, tomen los consejos escolares e influyan en el currículum y la práctica docente, con el fin de hacer retroceder contenidos “indeseables”.
En este marco, se busca además que las propias familias se constituyan como promotores de la mercantilización educativa y la privatización, ya sea en tanto consumidores del “servicio educativo”, supervisores de facto de escuelas o creadores y fundadores de escuelas. Un fenómeno que ha sido estudiado sistemáticamente desde la academia, a propósito del caso británico (https://acortar.link/Y8noyK).
c) Financiamiento de la demanda. Esta es una iniciativa clásica del radicalismo de mercado, que busca impulsar un cambio sustantivo en el flujo de los recursos del sistema educativo, hacia un financiamiento a la demanda por medio de distintos mecanismos como el váucher escolar. Entre otras cosas, esto busca generar competencia entre escuelas públicas y privadas por mayor financiamiento, lo cual implica mayor presión a personal directivo, docentes y también estudiantes, con resultados internacionales no concluyentes respecto al aprendizaje y sumamente polémicos respecto a la segregación.
El presidente argentino es partidario del concepto de “destrucción creativa”. Consecuentemente, este proyecto no busca únicamente mercantilizar la educación pública, sino destruirla en tanto un espacio de derechos, democracia y promoción de la justicia social, para construir en su lugar un circuito educativo que garantice la libertad de mercado.
Si dicho proyecto avanza, resistir requerirá consolidar una gran alianza democrática entre sindicatos docentes, academia, movimientos sociales, estudiantes y madres y padres de familia.
*Politólogo
Estados Unidos y México: estabilidad sin desarrollo
José Romero
México suele imaginar su relación con Estados Unidos como una asociación basada en la interdependencia económica, el respeto mutuo y la cooperación estratégica. Esa narrativa es funcional para la diplomacia y tranquilizadora para las élites nacionales, pero es falsa. No describe cómo Estados Unidos piensa realmente a México. En los espacios donde se define el poder – think tanks de seguridad, academias militares, departamentos de defensa y corrientes realistas de política internacional– México no aparece como socio, aliado ni nación con proyecto propio, sino como un territorio estratégico cuya función es servir a la estabilidad interna y a la proyección de poder de Estados Unidos.
John Mearsheimer ha sido claro: las grandes potencias no actúan movidas por valores, discursos ni afinidades culturales, sino por la lógica brutal del poder. Buscan maximizar su seguridad, preservar su primacía regional y evitar que actores cercanos desarrollen capacidades que limiten su margen de maniobra. La cooperación existe sólo mientras refuerza esa estructura. Desde esta lógica, Estados Unidos no evalúa a México por su bienestar, sino por su utilidad. Su valor no reside en su desarrollo, sino en su subordinación funcional.
La geografía condena. Una frontera terrestre de más de 3 mil kilómetros, acceso al Golfo de México, cercanía inmediata al núcleo industrial estadunidense y control de los flujos migratorios convierten a México en un espacio vital. Estados Unidos puede abandonar aliados lejanos, sacrificar regiones enteras o tolerar inestabilidad en otros continentes, pero no puede permitirse incertidumbre al sur de su frontera inmediata. Douglas Macgregor lo ha dicho sin ambigüedades: la seguridad de Estados Unidos comienza fuera de su territorio, y México opera como amortiguador estratégico. No es un igual, es un perímetro.
De ahí surge la verdad central que rara vez se dice: a Estados Unidos le conviene un México estable, pero no fuerte. Un México débil genera riesgos inaceptables –migración masiva, violencia, desorden–, pero un México fuerte, industrializado, con política exterior autónoma y proyecto nacional a largo plazo, sería un problema geopolítico. Alteraría el equilibrio regional y reduciría la capacidad de control estadunidense. Por eso, el desarrollo mexicano siempre ha sido tolerado sólo hasta cierto punto.
Jeffrey Sachs ha señalado que el orden económico internacional está diseñado para impedir que países intermedios crucen el umbral hacia un desarrollo soberano pleno. México es un caso ejemplar. Se le integra, pero se le limita. Se le abre el mercado, pero se le niega la tecnología estratégica. Se le exige estabilidad macroeconómica, pero se le castiga cualquier intento de planeación industrial autónoma. No es un accidente: es diseño.
El T-MEC, el nearshoring y las cadenas regionales de valor no buscan crear capacidades nacionales mexicanas. No buscan campeones industriales ni autonomía tecnológica. Buscan asegurar que el diseño, la innovación, la propiedad intelectual y las rentas permanezcan en el norte, mientras México aporta territorio, mano de obra barata, disciplina fiscal y obediencia política. Es relocalización controlada, no desarrollo. Es integración subordinada, no convergencia.
Desde esta óptica, la soberanía mexicana es tolerada sólo mientras no se ejerce. Puede proclamarse en discursos, pero genera reacción cuando se traduce en políticas concretas: fortalecimiento de empresas nacionales, regulación estratégica, diversificación real de alianzas, política industrial activa. Como advierte Mearsheimer, las potencias reaccionan cuando un actor subordinado intenta modificar las reglas implícitas del sistema.
En la mirada realista estadunidense, México no es un sujeto histórico con derecho a transformarse, sino una variable a administrar. Su función es garantizar estabilidad interna en Estados Unidos, reducir riesgos frente a China y servir como plataforma productiva dependiente. Un México soberano no es deseable; es incómodo. Estados Unidos no busca el colapso de México, pero tampoco su emancipación. Busca orden sin soberanía, integración sin autonomía y estabilidad sin transformación. Esa es la realidad.
Añoso y nuevo conflicto
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Jorge Carrillo Olea
19 de diciembre de 2025 00:03
Su majestad imperial Donald Trump siempre encuentra motivo para crear apuros en la relación bilateral. Prende fuegos y él mismo los apaga, pero no los nulifica, sino que los regresa a su cartuchera; ya los volverá usar. Bien hace la presidenta Claudia Sheinbaum en irlo llevando despacito.
El de hoy es el vetusto conflicto por el aprovechamiento del agua que se produce y utiliza a lo largo de la frontera, y en esta ocasión lo agrava la inquietud que a usuarios mexicanos provoca la nueva ley mexicana sobre el manejo del agua.
Es un problema que, visto a la ligera, no plantea novedad alguna, pero bajo la óptica de la actual relación con Estados Unidos, toma el cariz de riesgo a la relación bilateral precisamente cuando el tratado trilateral está por entrar a revisión. Algo tiene de brujo el señor Trump.
La realidad es que el agua es un fenómeno mundial, lo que realza la autenticidad y trascendencia del asunto; véase: 70 por ciento de la superficie mundial está cubierta por agua y sólo 2.5 por ciento es dulce, pero para peor, descuéntese de ella toda la que está congelada o es inaccesible.
En cuanto a la copropiedad de las aguas de México y Estados Unidos, está regulada por el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944. El río materializa parte de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que la distribución de su agua ha sido motivo de tensiones; véase: el río Colorado nace en Estados Unidos y cruza varias entidades de ese país hasta llegar a México. El problema es que Estados Unidos ha utilizado gran parte del caudal para uso urbano, agrícola e industrial.
El río Bravo confronta la peculiaridad de que nuestro país debe entregar cierta cantidad de agua que es producida por sus afluentes mexicanos, pero en épocas de sequía cumplir el compromiso se complica. El tratado fue concebido para regular el uso y distribución del agua de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo, atendiendo como punto clave que:
1. Estados Unidos debe entregar a México mil 850 millones de metros cúbicos anualmente del río Colorado, pero dado el creciente uso desde sus orígenes, cada temporada su aporte es más exiguo. Ese país ha sido acusado por nosotros de entregarnos el agua del Colorado con alto nivel de salinidad y en menor cantidad.
2. México debe entregar a Estados Unidos un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales del río Bravo, nutrido por afluentes mexicanos. El aporte comprometido, que se regula con presas, cada temporada es más pernicioso para los usuarios urbanos, industriales y agrícolas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se manifiestan cada vez más enérgicamente. México frecuentemente se retrasa o incumple volúmenes en sus entregas del río Bravo.
3. Para manejar este conflicto, desde 1944 se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, lo que a tiras y tirones ha sido la solución. Hoy los momentos son propicios para Trump, quien con sus declaraciones flamígeras habla de aplicarnos aranceles de 5 por ciento si no cubrimos lo adeudado. Así subió el tono de ser un problema ancestral a una discrepancia con la presidenta Sheinbaum.
Por parte de Estados Unidos integran el explosivo coctel Washington y los gobiernos de Arizona, Nuevo México y Texas, que, iracundos, exigen justamente su dotación de agua. Los secundan con toda legitimidad los representantes de las ciudades, industrias y distritos de riego afectados.
Después de lo dicho por Trump, el otro ingrediente de la fórmula somos las partes mexicanas. Ciudades, industria, agricultores y ganaderos no piensan reducir sus demandas de agua, argumentando que los ríos que aportan al río Bravo son mexicanos, como lo son los manantiales que los forman.
Las dos partes tienen una cierta forma de razón, sobre todo cuando sabemos que el agua escaseará más cada temporada de manera alarmante. La delicada aguda conclusión es que sus ciudades e industrias podrían sufrir desabasto y su campo se arruinará.
Súmese al problema el crecimiento poblacional nacional, más los miles de migrantes que se reciben desde el sur y sus efectos sobre las realidades económicas y sociales de la frontera. Para dar la magnitud que tiene el explosivo desacuerdo, piénsese en cómo y cuánto lo aprovechará Trump, que en este reglón tiene razón: por años nosotros incumplimos. La presidenta Sheinbaum, lúcidamente, en vez de calentar el ambiente negándolo, lo aceptó con la salvaguarda de proteger el interés nacional. Y por nuestro lado, ¿cómo defender los intereses de 18 millones de nacionales que viven en nuestra frontera norte?
Estamos atorados en un verdadero callejón y todos los participantes tienen su forma particular de poseer razón. Entonces, ¿cómo precisar el problema para buscar solucionarlo sabiendo que no hay solución fácil ni pronta, y cuál sería el próximo calambre de parte de su majestad imperial?
carrillooleajorge@gmail.com
