No hay plazo que no se cumpla. El anuncio de agricultores y una organización de transportistas de bloquear autopistas y cruces fronterizos y ocupar aduanas se hizo realidad este lunes. Demandan seguridad en los caminos, precios razonables a sus cosechas y modificar el nuevo marco regulatorio para el agua que, consideran, pone en peligro su patrimonio.
Un dirigente rural explica sus razones para manifestarse con lógica abrumadora. Dice: “sale mejor ser anciano que agricultor. Un productor con cinco hectáreas recibe poco más de 14 mil pesos anuales del programa Producción para el Bienestar. Un adulto mayor obtiene cerca de 40 mil pesos anuales”.
No hay precedente de una protesta rural como la actual. Lo inédito es una combinación de varios factores: su alcance nacional, su persistencia, la rabia de sus promotores, su inconformidad con la nueva propuesta de reforma a la legislación hídrica y su alianza con un sector de traileros.
De manera intermitente, desde el pasado 14 de octubre los campesinos han atravesado su maquinaria agrícola en carreteras, dado paso franco a vehículos en casetas de peaje, dislocado el libre tránsito de mercancías y personas, denunciado a los grandes oligopolios harineros (Minsa y Maseca) y cuestionado airadamente a funcionarios del sector. Este 24 de noviembre, el conflicto escaló un peldaño más.
Los últimos años, en plena 4T, ha habido protestas radicales y masivas en Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, pero han sido locales. En 2020, los chihuahuenses ocuparon la presa La Boquilla. En junio de 2023, los sinaloenses tomaron el aeropuerto, y obligaron a cancelar vuelos. En julio pasado, sorgueros tamaulipecos bloquearon el puente internacional Reynosa-Pharr, Ahora, sus acciones tienen coordinación y alcance nacional.
Su inconformidad no cesa. A cada anuncio gubernamental de que el problema está resuelto, los campesinos responden con nuevas protestas. A pesar de algunas negociaciones locales, como la que se efectuó con los maiceros del Bajío, el enojo continúa brotando por todos lados.
Con gritos y golpes en la mesa, apenas el pasado 20 de noviembre, indignados campesinos campechanos reclamaron al subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, el incumplimiento del compromiso de garantizar mercado a su cosecha de 700 mil toneladas de maíz blanco. Denunciaron que el gobierno no ha sentado a negociar a empresas como Maseca y Minsa para garantizar precio de compra a sus mazorcas.
Entre otros muchos problemas que surgirán en el futuro inmediato (tan sólo con este cereal), sobresale uno: están a punto de iniciar las siembras de maíz blanco en Sinaloa, correspondientes a la temporada otoño-invierno. Los cultivadores se quejan de que no es negocio. Los harineros les pagan el maíz a poco más de cuatro pesos y ellos venden las tortillas a 27. No hay apoyos gubernamentales, ni certidumbre de que el precio del grano cubra costos de producción. Por si fuera poco, la inseguridad es mayor. Este año, la producción cayó casi 50 por ciento respecto a 2022. Ejidatarios amagan con no sembrar en este ciclo.
Pero, más allá de la cuestión inmediata de los precios, el nuevo movimiento rural insiste en que se requiere otra política agrícola. Su agenda contempla banca de desarrollo, precios de garantía para granos básicos y oleaginosas, apoyo a coberturas, reconocimiento del concepto de agricultura nacional y que los granos básicos salgan del T-MEC para que los precios se definan desde el mercado nacional.
Por si fueran pocos los problemas del sector, la situación se complicó más con las iniciativas para una nueva Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, justificadas para acabar con el mercado negro del oro azul, poner orden en el sector y dotar de certeza jurídica a los productores.
Pero, más allá de buenos los propósitos, absurdamente se establecieron dos leyes distintas para regular un mismo asunto, que tiene una unidad material indivisible: el agua. De paso, se relegó a lo declarativo el derecho humano al líquido vital.
El enojo con la propuesta fue inmediato y provocó el repudio de izquierda y derecha, de organizaciones ambientalistas y campesinos. Medianos y grandes agricultores que tienen concesiones de agua ven en la iniciativa una medida discriminatoria que afecta el valor de sus tierras. El Congreso Nacional Indígena anticipó que ésta consolidará el acaparamiento del agua en pocas manos.
Aunque los defensores de las reformas no están de acuerdo en que así son las cosas, a los agricultores les preocupa la sustitución de concesiones por “autorizaciones temporales” otorgadas por una Autoridad Nacional del Agua, con plazo corto, discrecional y revocable en cualquier momento. Sostienen que no generan derechos adquiridos ni pueden transmitirse (heredarse a sus hijos).
En la iniciativa se establecen mayores exigencias para el manejo del líquido vital a ejidos y comunidades agrarias. Sus críticos señalan que deberán reportar a la autoridad del agua, cada año y en los plazos que se establezcan, el volumen bruto extraído de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas con fines de riego, la cantidad de líquido utilizada, la superficie cultivada, los sembradíos regados y las cosechas levantadas.
Como lo muestran las protestas de este lunes, los agricultores están en una situación límite. Colocados entre el fuego del T-MEC y la pared de políticas que los ningunean, luchan por su sobrevivencia. Su rabia no se extinguirá en el corto plazo.
X:@lhan55
Por un plan integral para el agro
En los 10 primeros meses del año, México importó 40 millones 700 mil toneladas de granos y oleaginosas, cifra sin precedente desde que existen registros (1993), que además representa un incremento de 3.5 por ciento frente al récord anterior de 39 millones 330 mil toneladas, reportado en el mismo periodo de 2024. Más de la mitad de ese volumen corresponde al maíz, del que se importaron 21 millones 200 mil toneladas, casi en su totalidad de la variedad amarilla, usada en nuestro país principalmente para forraje. Como informó este diario, las compras al extranjero de maíz blanco se cuadruplicaron entre enero y septiembre de este año en relación con las reportadas en igual lapso del año pasado. Aunque en cantidades mucho menores (800 mil toneladas), las importaciones de sorgo registraron un preocupante crecimiento de 2 mil 700 por ciento.
Al preguntarle acerca de esta situación, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, la atribuyó al incremento exponencial en el consumo de proteína animal, que a su vez responde al hecho de que 13 millones y medio de personas han salido de la pobreza en años recientes gracias a las políticas de bienestar. El funcionario mencionó otro dato clave: los granos con que se alimenta a pollos, cerdos y vacas podrían producirse en México, “nada más que necesitaríamos 2 millones de hectáreas que se están usando en otras cosas”. En efecto, el auge de cultivos orientados al mercado de exportación (sobre todo, los frutos genéricamente denominados berries, el aguacate y los agaves tequileros y mezcaleros) ha arrebatado cada vez más superficie agrícola a los mucho menos rentables granos básicos.
En este contexto ya complicado, la guerra comercial de Donald Trump impidió a los granjeros estadunidenses colocar su producción en su mayor mercado, China, con lo que se generó una sobreoferta que a su vez indujo el desplome de los precios internacionales de cereales. Como explica el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la integración comercial bajo el T-MEC hace de México el mercado más relevante para la colocación de excedentes agrícolas estadunidenses, lo que hace muy difícil a los labriegos locales competir con los precios subsidiados de sus competidores del norte, que, además, son importados, prácticamente sin restricción alguna, por las harineras y comercializadoras de granos nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, desatando la crisis de rentabilidad que alimenta la oleada de protesta que se vive a nivel nacional.
Por el momento, la caída en el valor de los bienes agrícolas ha permitido que, pese al aumento en el volumen de importaciones, se pague menos que en años anteriores. Sin embargo, es imposible ignorar que a largo plazo la creciente dependencia del exterior amenaza no sólo a los campesinos, sino también la soberanía alimentaria, que es un objetivo prioritario del gobierno federal. Dicha realidad es más grave si se considera que las compras mexicanas de alimentos básicos provienen casi por completo de Estados Unidos, un vecino cada vez más impredecible y dispuesto a explotar cualquier ventaja como herramienta de coerción política.
En suma, es imprescindible que las autoridades elaboren y presenten un plan integral de atención al campo que vaya más allá del combate a la pobreza y la marginación e impulse una política de fomento que apoye a medianos agricultores excedentarios con crédito, seguro agrícola y apoyos a la comercialización. Es preciso actuar sin dilaciones antes de que se presente un mayor retroceso en la siembra y productividad de los cultivos que forman la base de la dieta mexicana y se transfiera más superficie agrícola a los mercados de exportación, los cuales producen ganancias, pero no comida.
México SA
Paro de transportistas // ¿Mete mano la derecha? // ¡Y todavía se ofende!
Carlos Fernández-Vega
¿Será que algunos lidercillos de la ultraderecha autóctona recordaron –o alguien les pasó el dato– aquel infame paro camionero (también conocido como “de los patrones”) de 1972 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, el cual, con fines golpistas, organizaron y financiaron la oligarquía chilena, el diario El Mercurio, el embajador gringo Nathaniel Davis y la Agencia Central de Inteligencia? Quién sabe, pero dada la larga mano de esa corriente extremista, que anda alebrestada, nada raro sería que haya aprovechado la coyuntura. Cuando menos ese es el tufillo que deja el bloqueo carretero consumado ayer.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el grueso de las organizaciones transportistas del país “anunciaron de manera pública que no participarán en el paro carretero, argumentando que el diálogo con autoridades federales y estatales ha avanzado y que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para atender sus demandas”.
Aun así, una de ellas, la Asociación Nacional de Transportistas, cuya cabeza visible es David Estévez, de la mano del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que preside Heraclio Rodríguez, se animaron a bloquear parte de la red carretera del país, y de pasadita integrantes de esta última organización tomaron las oficinas de la aduana del puente internacional Córdova-Las Américas, en Ciudad Juárez, e impidieron el tránsito de camiones de carga.
¿Qué reclaman? Seguridad para los agremiados en las carretera del país; “que no nos roben, extorsionen, maten ni nos desaparezcan”, detalló la Asociación Nacional de Transportistas. Por el lado del citado frente, incumplimiento del acuerdo de pago en 6.05 pesos por kilogramo de maíz y precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de ese grano, acuerdos directos y ser escuchados respecto a la nueva Ley General de Aguas; “traemos cinco puntos principales y uno de ellos es el tema del agua: queremos una legislación que vaya por más agua de lluvia a los ríos, que no estemos desperdiciando las aguas que terminan en el mar”. Además, podría realizar bloqueos “en las principales enemigas del campo mexicano, como Minsa (del papá de Altagracia) y Maseca”.
Son válidos tales reclamos y ameritan solución, pero en eso del diálogo algo no queda claro: la Asociación Nacional de Transportistas asegura: “Acabamos de escuchar que la secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas (de ayer), pero no hemos sido convocados; además, no tenemos intereses políticos con los bloqueos”. Por su parte, el Frente aseguró: “No hemos recibido alguna convocatoria”.
A su vez, la Secretaría de Gobernación sostuvo que el diálogo “se mantiene abierto” con transportistas y productores (también participa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), de tal suerte que “no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”. Reiteró el llamado a las organizaciones para que se privilegie “el entendimiento; el intercambio institucional y abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a la población”.
Eso sí, no dejó pasar la bola: “Los dirigentes de las agrupaciones que hoy realizan las protestas también son integrantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática”. La Secretaría de Gobernación “no comparte ni avala que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales”. Con todo, “existe el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país; insistimos: la vía para atender los problemas es el diálogo permanente, respetando en todo momento la libertad de expresión y garantizando, a la vez, el derecho al libre tránsito”.
Las rebanadas del pastel
¡Qué lástima! El “ofendido” cuan ridículo barón de los abonos chiquitos anuncia que “en mis empresas, por ningún motivo haremos nuevas inversiones en México. Primero hay que sacar al régimen comunista de Morena y sus criminales y corruptos personajes de la 4T. Ya luego habrá que reconocer que los empresarios son los únicos creadores de riqueza y empleo, y devolverles la seguridad jurídica a sus inversiones”. En realidad, luego de pagar al SAT, le haría un enorme favor a la República si se lleva sus trastes a otra parte.
X: @cafevega
