Ecuador está en paro nacional, con protestas masivas de los movimientos indígenas y sociales desde hace 27 días. El paro comenzó el 22 de septiembre, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y pese a que el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción desde el 4 de octubre y desató una salvaje represión, criminalización, detenciones y hasta asesinatos por parte de fuerzas armadas y policía, las luchas se mantienen y se han ampliado en temas y apoyo ciudadano.
El detonante fue un decreto emitido por el presidente Noboa el 12 de septiembre que eliminó el subsidio al diésel, por demanda del Fondo Monetario Internacional, y lo aumentó 60 por ciento.
Se sumó a otras medidas de Noboa–heredero de una de las más grandes fortunas del Ecuador– contra la población, especialmente indígenas, campesinos y los pobres rurales y urbanos, cuya represión y criminalización justifica acusándolos de ser parte del crimen organizado. Desde 2024, Noboa decretó que Ecuador está en “conflicto armado interno” debido a la violencia desatada por grupos de delincuencia organizada. Si bien esos grupos han crecido exponencialmente en años recientes, ese decreto fue criticado por muchos sectores de la sociedad ecuatoriana, que lo denunciaron como una amenaza a los derechos y libertades democráticas de toda la población. Y efectivamente es lo que sucedió. Es ahora la coartada que usa el gobierno para atacar salvajemente y fuera de la legalidad, no a esos grupos, sino a la población que sufre y protesta por la pobreza, la falta de accesos a servicios de salud y otros servicios básicos y que se opone a los megaproyectos extractivos mineros y petroleros.
Simón Velasco, dirigente de comunicación de la Conaie, explicó a Radio Mundo Real que el decreto sobre el diésel fue la gota que colmó el vaso, porque encarece el transporte, los alimentos, la producción y la vida de millones de familias ecuatorianas. Piden su derogación y también la reducción del IVA, que aumentó hace pocos meses; la revocación de varios megaproyectos mineros con grandes impactos ambientales y sociales, entre ellos los de Quimsacocha, Palo Quemado y Las Naves; mayores recursos públicos a salud y educación; el cese de la criminalización y la persecución; liberación y justicia para las y los luchadores sociales detenidos en las movilizaciones, y no dejar impunes las muertes y asesinatos en las movilizaciones.
El 28 de septiembre el líder indígena Efraín Fuérez de Cotacachi, provincia de Imbabura, fue asesinado a balazos por la espalda a manos de las fuerzas armadas, lo cual fue registrado en un video que también muestra cómo los militares atacan a quien intentó ayudarlo. En octubre fue muerto José Alberto Guamán Izam, campesino de la comunidad de Cachibiro y Rosa Elena Paqui, indígena saraguro, que sufrió un paro cardiorrespiratorio por los gases lacrimógenos (https://shorturl.at/P2Yv3).
El 16 de octubre, 132 organizaciones internacionales y latinoamericanas realizaron un llamando urgente al cese inmediato de la represión, militarización y uso excesivo de la fuera en Ecuador. Denuncian que hay 282 personas heridas, 172 personas detenidas, 15 desaparecidas temporalmente y al menos tres personas fallecidas, en la escalada de violencia del Estado ecuatoriano contra las protestas sociales iniciadas el 21 de septiembre de 2025, con persecución de las organizaciones indígenas, sociales y contra quienes ejercen su legítimo derecho a la movilización, a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Siete relatores especiales de Naciones Unidas han sumado sus voces para denunciar las acciones autoritarias y violentas del gobierno ecuatoriano (https://tinyurl.com/5n7ezhn6).
Además de la violencia en las calles, el gobierno también ha desatado una ola de criminalización y persecución mediática y jurídica contra organizaciones indígenas, sociales, ambientales, de derechos humanos y periodistas, con acusaciones falsas de terrorismo, sabotaje y otras, en varios casos con bloqueo de cuentas bancarias. Cerró los canales institucionales de diálogo y responde con fuerza militar y discursos de odio y racismo a las legítimas demandas sociales.
A la par de la represión, explica Simón Velasco, de Conaie, el gobierno reparte bonos coyunturales y apoyos en forma selectiva a líderes y comunidades para crear división, un método que Noboa usó profusamente antes de las elecciones para comprar votos.
Ahora busca debilitar las movilizaciones y que le apoyen en un referéndum y consulta popular el 16 de noviembre para instalar una nueva constituyente con la que buscar terminar con los derechos humanos y de la naturaleza; y además que le acepten el retorno de las bases militares de Estados Unidos, un tema muy preocupante en el marco de las amenazas de Trump contra Venezuela y otros países. Noboa nació y creció en Estados Unidos y sigue siendo un lacayo del genocida que preside ese país.
Pese a la violencia y las maniobras, las movilizaciones siguen y los temas que incluyen cada vez son más. La Conaie consultó a sus bases antes y durante el paro y la respuesta colectiva ha sido reafirmar y continuar el paro y las movilizaciones, la más reciente el 16 de octubre, en la que llaman a cuidar el tejido organizativo, la cohesión colectiva y la unidad (https://tinyurl.com/2a89arny).
Año y medio para que el sainete francés no acabe en tragedia
Beñat Zaldua
18 de octubre de 2025 00:01
El guion, leído en frío, es un disparate de principio a fin. Sébastien Lecornu, nombrado primer ministro francés el 9 de septiembre, anunció la composición de su gobierno el pasado 5 de octubre. Al día siguiente, dimitió ante las críticas suscitadas entre propios y extraños. Era el cuarto primer ministro que acudía con la carta de dimisión al despacho del presidente, Emmanuel Macron, en año y medio.
Veintisiete días en el cargo. Nunca, en los 67 años de la Quinta República, un primer ministro había durado tan poco. Pero había truco. A los cuatro días, Macron, militantemente obcecado en tropezar una y otra vez con la misma piedra, lo volvió a nombrar primer ministro. Un sainete.
Y sin embargo, la obra de teatro ha funcionado momentáneamente. Lecornu salvó el jueves dos mociones de censura –una de la extrema derecha de Marine Le Pen y otra de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon– y en un mismo movimiento logró definitivamente dinamitar la convivencia en el seno de la izquierda, un objetivo prioritario del macronismo.
Recapitulemos: junio de 2024, elecciones al Parlamento Europeo. Con las urnas humeando 46 por ciento para el Rassemblement National (RN) de Le Pen, Macron se siente audaz y piensa: “Si Pedro Sánchez lo hizo un año antes, ¿por qué no yo?” Disuelve la Asamblea Nacional y llama a unas elecciones legislativas. El peligro de una mayoría absoluta ultraderechista es real, pero las izquierdas maniobran con acierto y arman un Nuevo Frente Popular en cuestión de días.
Contra todo pronóstico, ganan con 182 diputados, seguidos de la coalición macronista (168) y con la extrema derecha engañosamente rebajada a 143 escaños. El sistema político francés tiene truco: el RN fue el partido más votado (37 por ciento), pero perdió muchas circunscripciones gracias al voto útil de un votante espantado ante la posibilidad de su victoria.
Al despropósito de convocar unas elecciones que sólo la extrema derecha pedía, Macron le sumó acto seguido el desatino de ignorar el resultado, lo que viene a recordar el carácter instrumental que la democracia tiene para el establishment encarnado por Macron. Cuando ganan opciones transformadoras, ya no nos gusta tanto.
Y así han ido sucediéndose primeros ministros y mociones de censura, fruto del contraste entre un presidente empeñado en gobernar sólo con los suyos y una Asamblea en la que no suma ni un tercio de los escaños. Si de frenar el auge de la extrema derecha se trataba, la lógica y un mínimo sentido democrático dictaban una apertura a la izquierda, que para algo ganó las elecciones, pero las obsesiones de un hombre pequeño con aires de grandeza son capaces de hundir un país. Ha tratado a la izquierda, en especial a La France Insoumise (LFI) de Mélenchon, como al RN, agarrado al mantra de que los extremos se tocan. Por lo visto, es lo mismo pelear por ampliar derechos que por restringirlos.
De hecho, en realidad no los ha tratado igual, porque por el camino ha intentado, sin éxito, cierta convivencia parlamentaria con la extrema derecha.
Así llegamos al desaguisado actual, en medio de un contexto que tiene todos los ingredientes de una crisis sistémica. Al caos político se suman las dudas sobre la economía, que no acaba de carburar. Los fantasmas del déficit y la deuda sirven para presentar como inevitables grandes recortes en el Estado de bienestar. Esta es la base del descontento contra Macron, que beneficia a la extrema derecha, pero también a la izquierda, cuando acierta. Las presidenciales serán en 2027 y Marine Le Pen sigue encabezando las encuestas.
Quedan, por lo tanto, 18 meses para saber si la extrema derecha llegará al poder en el único país de la Unión Europea con un botón nuclear. Año y medio es suficiente para revertir la tendencia, pero para eso hay que acertar. El fantasma del adelanto electoral ha sido conjurado esta semana, al salvar Lecornu las dos mociones de censura. Su gobierno, que tiene el siguiente reto en los presupuestos, echará a andar gracias al Partido Socialista, que se ha desmarcado del resto de las izquierdas. El precio pagado por Macron: suspensión de la polémica y contestada reforma de las pensiones, un impuesto extraordinario a los ricos –todavía por definir– y promesa de no gobernar por decreto, saltándose a la Asamblea.
La decisión en el seno de las izquierdas no era sencilla: o validar un gobierno que, pese a los gestos, sigue vetándolos, o apoyar un adelanto electoral con Le Pen en la pole. La decisión final ha sido la peor: dividirse. Las rencillas empezaron antes incluso de que se celebraran las legislativas, y en ellas se mezclan cuestiones ideológicas y personales. Los insumisos de Mélenchon son la fuerza mayoritaria y quieren a su líder de candidato.
¿Ser los más fuertes les da derecho? Lo preocupante, probablemente, es que todos andan buscando culpables de la división. Pero la única esperanza para Francia –y para Europa– pasa por que un candidato de izquierda logre pasar a la segunda vuelta y medirse en ella a Le Pen, retirando al macronismo de la ecuación. Las legislativas de 2024 marcan el camino. Cualquier otra cosa será seguir planchando la alfombra roja a la extrema derecha.
Trump impone nuevos aranceles a camiones y autobuses importados
Afp
17 de octubre de 2025 22:15
Washington. El presidente estadunidense Donald Trump firmó el viernes un decreto, mediante el cual impone 25 por ciento de aranceles a camiones medianos y pesados importados, y diez por ciento para autobuses, que entrarán en vigor el 1° de noviembre.
El anuncio llega después de que la administración Trump iniciara este año una investigación sobre la llamada Sección 232, referente a las importaciones de camiones para determinar sus efectos en la seguridad nacional.
Sin embargo, estos nuevos aranceles no se aplicarán íntegramente a los camiones procedentes de Canadá y México, siempre que su producción cumpla los criterios establecidos en el tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC), según declaró un funcionario estadounidense.
En este caso, solo las piezas no fabricadas en Estados Unidos estarán sujetas a un arancel de 25 por ciento. Pero, por el momento, siguen estando exentos, mientras el Departamento de Comercio determina cómo aplicar este impuesto.
Según la firma Capital Economics, Estados Unidos importa 78 por ciento de sus camiones de México y 15 por ciento de Canadá.
En cambio, en el caso de los autobuses, el diez por ciento se aplicará íntegramente a los vehículos procedentes de los dos países vecinos, independientemente de si están incluidos en el T-MEC o no.
La Casa Blanca aprovechó este decreto para responder a una solicitud de la industria automovilística, y prorrogó hasta 2030 la deducción de 3.75 por ciento en el precio de catálogo que los fabricantes pueden aplicar a automóviles hechos en Estados Unidos que contengan piezas importadas.
Inicialmente prevista con vigencia de un año, la deducción se agregó a la petición del sector automotor con el fin de reducir el impacto de los aranceles sobre los fabricantes de automóviles. Se aplicará en las mismas condiciones a los camiones fabricados en Estados Unidos.
