Robo y falsificación, entre las 58 mil 789 fallas que halló Conagua en concesiones // Prevé aumentar castigos por delitos hídricos y mejor rectoría del Estado en el recurso
▲ Se trata de poner orden y que sea el Estado el que realmente regule las concesiones del agua y no haya transmisión entre particulares, lo que les genera millones de pesos, subrayó ayer la mandataria.Foto Presidencia
Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 4
El gobierno federal enviará el próximo lunes al Congreso dos iniciativas de reforma para regular el uso del agua; aumentar sanciones por delitos hídricos, incluida la extinción de dominio, y acabar con el mercado negro de este recurso, después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 58 mil 789 irregularidades en títulos de concesión.
Dichas anomalías van desde acaparamiento, falsificación o duplicidad de documentos, uso diferente al permiso otorgado, robo del líquido, coordenadas de ubicación en mares u otros países, como Tailandia, hasta “un proceso de sobreconcesionamiento en varias regiones del país, lo que ha generado un mercado negro del agua”, aseguró el director del organismo, Efraín Morales.
Los datos surgieron de una revisión a 90 por ciento de los 536 mil títulos otorgados desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando empezó la mercantilización del recurso, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Se trata, sostuvo, de poner orden y que sea el Estado el que realmente regule las licencias del líquido y no haya transmisión entre particulares, lo que les genera millones de pesos.
Morales indicó que se reformará la Ley de Aguas Nacionales para “fortalecer las facultades de la autoridad y generar una mejor rectoría del Estado”; también se expedirá una legislación general, con el fin de reglamentar el derecho humano al recurso, contenido en el artículo 4 de la Constitución.
“Se pretende acabar con este mercado negro y que el agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos.”
Señaló que han logrado desprivatizar 4 mil 475 millones de metros cúbicos, equivalentes al suministro de cuatro años para la Ciudad de México. Y ha habido, añadió, un incremento de 2 mil 938 millones de pesos de recaudación, al pasar de 19 mil 410 millones en agosto de 2024, a 22 mil 349 millones el mes pasado.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, explicó que encontraron tres bases de datos de concesiones incompatibles, con registros duplicados e información incompleta, lo que generó 145 mil trámites rezagados.
En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, detalló que hay 197 licencias con registro de uso público urbano –que se da a los municipios para que puedan dotar del recurso a la población–, pero son utilizadas por particulares.
De igual manera, 272 títulos de uso agrícola –que no pagan porque son para producir alimentos– y que “hoy son complejos industriales, balnearios y club de golf”.
Asimismo, habló de la venta de pipas, entre 2 mil y 3 mil pesos. “El robo y despojo de agua se da cuando se extrae sin tener ningún permiso, cuando se hacen pozos clandestinos”.
Señaló que en 29 mil 539 licencias no hay certeza en la fecha de vencimiento y 18 mil 753 tienen inconsistencias en su ubicación.
Asimismo, dijo, hay concesiones con dos usuarios en municipios distintos, lo que confirma la falsificación de documentos “específicamente en los lugares donde los acuíferos son deficitarios; se repiten en el centro y el norte del país”.
El gobierno analiza un catálogo de sanciones y hay una propuesta para aplicar por lo menos 50 mil unidades de medida y actualización.
Conagua cuenta con un programa de inspecciones y un portal de denuncias ciudadanas (https://app.conagua.gob.mx/podan/). Hasta ahora han realizado 3 mil 912 visitas y 490 clausuras.
En los primeros días de octubre se publicará el Decreto de Facilidades Administrativas para regular las concesiones de agua de pequeños productores agrícolas y pecuarios, y de estados y municipios para darles certeza jurídica.
El FMI evalúa el primer año del gobierno
Orlando Delgado Selley
Personal técnico del FMI hizo pública su valoración sobre el primer año de gobierno de la 4T. Lo hace todos los años al amparo del Art. IV de su Convenio Constitutivo. La declaración del FMI envía cinco mensajes principales sobre el funcionamiento de la economía y sobre las decisiones económicas del gobierno, que las autoridades mexicanas aprobaron que se hiciera pública. Los mensajes se complementan con un breve análisis de los asuntos referidos. Su valoración contiene sobre lo que se ha hecho y su visión de lo que debiera hacerse. No es, por supuesto, un punto de vista desinteresado. Al contrario, revela la valoración ortodoxa de la gestión económica.
El primer mensaje del FMI es sobre el crecimiento del PIB este año: prevén que este 2025 haya un crecimiento de uno por ciento y que ocurra una cierta aceleración en 2026. Estas previsiones contrastan con lo que el fondo sostenía en abril pasado: un crecimiento de 0.1 por ciento. En su momento, la presidenta Sheinbaum hizo pública su oposición a esa estimación y sostuvo que habría un crecimiento mayor al que ellos señalaban, lo que ahora sabemos que ocurrirá. De modo que el FMI tuvo que corregir.
El segundo mensaje es amplio: el FMI sostiene que habrá que reducir el déficit fiscal para evitar nuevos aumentos de deuda pública y propone “crear espacio fiscal necesario para responder a posibles choques”. Su planteo es que la consolidación fiscal propuesta para este año, que reduciría el déficit de 2024 de 5.1 del PIB a 3.9 en 2025, cerrará en un 4.3 por ciento del PIB, lo que el gobierno mexicano acepta.
La diferencia con el FMI está en que en el presupuesto 2026 se plantea una ruta de consolidación gradual que lleve el déficit al cierre de ese año a 4.1 por ciento del PIB. El FMI dice que “hay que intensificar los esfuerzos” para llevar el déficit al 2.5 en 2027”, lo que es inconsistente con la idea de consolidación gradual del gobierno de Sheinbaum.
Para el FMI señala es importante evitar que la relación deuda pública/PIB llegue en 2030 a 61.5 por ciento del PIB, lo que en su opinión colocaría a la economía mexicana en una situación muy vulnerable. Su propuesta es que el gobierno requerirá espacio fiscal para absorber choques externos, lo que implica aumentar ingresos tributarios, con mejoras administrativas y reformas impositivas. Proponen aumentar la progresividad del ISR, pero sólo a las personas físicas, no proponen aumentos para las empresas; reforzar los impuestos sobre inmuebles e impuestos a vehículos unificando las tasas estatales y federales; impuestos al carbono y a regalías mineras. La propuesta del FMI no es una reforma fiscal, sino cambios tributarios marginales. Por ello, pudiera ser aceptable para el gobierno que no acepta meterse en una reforma tributaria.
El tercer mensaje reivindica la política monetaria ortodoxa del Banco de México señalando que la relajación monetaria debe continuar cuando se confirme que la trayectoria de la inflación converge a la meta de 3 por ciento. Reconocen que los riesgos a la estabilidad financiera son bajos, ya que los bancos tienen posiciones de liquidez y capital sólidas. Aceptan que es importante ampliar el acceso al crédito y fomentar la inclusión financiera, pero les preocupa que los bancos privados pierdan participación, si la banca de desarrollo aporta garantías y préstamos. Es inaceptable el planteo del FMI ya que sin la participación estatal el crédito no se ampliará, lo que es relevante para el gobierno de la 4T.
Quinto, para el FMI preservar la apertura comercial es fundamental. Proponen lograr una revisión favorable del T-MEC, como si eso dependiera del esfuerzo mexicano. Proponen dar marcha atrás en la aplicación de aranceles estratégicos a productos provenientes de países con los que no tenemos tratados comerciales planteado en el presupuesto de 2026. Su señalamiento es que estos aranceles provocarían una asignación ineficiente de recursos. Para el gobierno imponer aranceles busca mejorar la competitividad de la producción mexicana para generar inversión y empleos bien remunerados. El planteo del FMI es contrario a la visión gubernamental recién establecida.
Los técnicos del FMI han tenido que reconocer que la política económica en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum ha sorteado exitosamente importantes dificultades. Es un reconocimiento que confirman las empresas calificadoras de riegos crediticios que han mejorado la posición de la deuda mexicana.
El señalamiento de riesgos fiscales puede considerarse, sin aceptar su propuesta de cambio en la consolidación fiscal gradual. En materia arancelaria su advertencia no es pertinente, aunque el asunto merece una discusión más detallada. Así que para el FMI el país va bien. Que lo diga el FMI no es poca cosa.
odselle@gmail.com
El fetichismo del T-MEC
Ilán Semo
25 de septiembre de 2025 00:02
El término de fetichismo es ambiguo. La versión moderna más remota se suele atribuir a Charles de Brosses, quien la formuló en 1760 en El culto de los dioses fetiches, un texto ostensiblemente gótico. Brosses especula sobre un posible vínculo entre las antiguas religiones egipcias y los cultos de los pueblos de Namibia descritos en las crónicas de los primeros navegantes portugueses a lo largo de la costa de África occidental y fincados en la adoración de ciertos objetos cuasimágicos (estatuillas, máscaras, diademas, pañuelos bordados en oro bañados de sangre animal). “Objetos vivientes” –fetiches– que, en ese mundo, encierran en su seno “la potencia de espíritus sobrenaturales”. (Por cierto, al parecer algunos de esos cultos, ya trasladados al Caribe a través de las redes de la esclavitud, dieron pie al vudú).
En cierta manera, su definición del fetichismo se preservó hasta la fecha: la creencia de que ciertos objetos de factura humana irradian poderes divinos, mágicos o eróticos, y son capaces de alterar o excitar nuestros estados de ánimo. Anclado en el etnocentrismo del siglo XVIII, el ilustrado francés dató a esas religiones africanas como “primitivas”, mientras las occidentales serían “superiores” por estar sujetas a “abstracciones” racionales.
En 1861, el antropólogo inglés Edward Burnett Tylor refutó la teoría de Brosses sobre la existencia de culturas “inferiores” y “superiores” (“Sólo hay culturas diferentes”) y definió el culto a los dioses fetiches como un “animismo”. El “alma” entendida como el sintagma del deseo y la expectativa. Posiblemente, Marx adoptó esta versión del fetichismo para significar las formas de subjetividad que sostienen al mundo de las mercancías. (La manera en la que Freud la aplicó más tarde al terreno de la sexualidad se mantiene como enigmática.)
En el mercado, las mercancías se intercambian con base en sus precios, ocultando el origen de su valor. Este origen se deriva del intercambio de porciones precisas de trabajo. El efecto es el de un Fata Morgana. Hace que la mercancía en sí aparezca como la medida de la riqueza y el deseo, de la inmanencia y la expectativa, invisibilizando al trabajo (y a las relaciones sociales) que se extenúan en el proceso de su producción. En suma, hace que aparezcan como objetos no sólo “vivientes”, sino trascendentales.
Desde su aprobación en 1994, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá nació –en el imaginario mexicano– bajo esta fascinación (un nuevo orden que, por su sola existencia, irradiaba las condiciones y las potencias que permitirían finalmente sacar al país del mundo periférico). Asombrosamente, la dramática devaluación del peso de diciembre de 1995 (acaso el primer aviso de los dilemas que acarreaba el TLC) no sólo no melló esta fantasmagoría, sino que la multiplicó. Tampoco la difusión del crimen organizado, ni la migración masiva, ni el remate de más de mil empresas públicas, ni la devastación humana y ecológica producidas por las mineras canadienses, ni la venta de los acervos petroleros del Golfo de México lograron ponerla en entredicho.
En 2016, el fervor fetichista por el T-MEC cobró nuevos bríos, a pesar de la imposición de condiciones restrictivas equivalentes a las de un protectorado (prohíbe establecer acuerdos comerciales con otros países que no pertenezcan al tratado). Así llegamos a la próxima negociación de 2026. El colmo es que ahora, en plena fiebre arancelaria, la postura oficial presenta como un “logro” el “ser el segundo país con menos aranceles en el mercado de Estados Unidos”. El síndrome del mal menor vuelve otra vez como tablita de la esperanza.
En rigor, la historia del TLC, y después del T-MEC, nunca aparece invisibilizando lo que toda esfera del intercambio oscurece: el extenuante precio que se paga en el mundo del trabajo. En principio, se trata de la mayor transferencia de riqueza de México a Estados Unidos en lo que va de su historia compartida desde el siglo XIX (acaso mayor, en términos proporcionales, que la que aconteció en el siglo XVIII de Nueva España a España).
Los mecanismos que han hecho posible esta transferencia son numerables. Las escandalosas diferencias salariales (un obrero automotriz percibe en México entre 20 y 30 dólares al día; su equivalente en Estados Unidos obtiene esa suma en una hora de trabajo). La repatriación de utilidades de las corporaciones globales, que desde hace dos décadas no invierten un ápice para domiciliar en el país a las cadenas de suministros. Los gigantes que dominan al sector de servicios y bienes de consumo (Walmart, Home Depot, Office Depot, Starbucks, etcétera). Ni hablar de los monopolios del Big Data. O la banca, que presume de obtener en sus filiales mexicanas las mayores ganancias. Y eso gracias a las comisiones, porque en el crédito productivo brillan por su ausencia.
Como un posible Mexit está fuera de todo cálculo, no queda más que pensar en cómo reducir el monto de la transferencia de riqueza. Y sólo existe una solución: lograr que una mayor parte del “valor agregado” se quede en México. Para ello, la mano de obra existe y es de las mejores en el mundo. Lo que falta es la parte del capital. No provendrá de la banca ni de las corporaciones, menos aún motu proprio del empresariado mexicano. Tampoco del nearshoring. Sólo existen al respecto dos salidas: una reforma fiscal y transformar a Nafinsa en una auténtica banca dedicada al crédito productivo. ¿Se arriesgará la administración de Morena?
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser detenido en Estados Unidos.Foto Notimex
¡¡¡Estos son hechos!!!: en Estados Unidos, el infame evasor fiscal y deudor serial, Ricardo Salinas Pliego, cerca está de vestir traje color naranja (antes de rayas blancas y negras) y no precisamente por su gusto, sino por otro adeudo (uno de tantos) no pagado a una trasnacional estadunidense de comunicaciones (AT&T, a la que vendió, en 2014, una de sus empresas, la telefónica Iusacell, con adeudos fiscales sin notificárselo al corporativo), y ante el pánico por su inminente encarcelamiento en Nueva York, el de los abonos chiquitos se vio en la dolorosa necesidad de sacar la chequera y depositar una fianza por 25 millones de dólares impuesta por la jueza de la Gran Manzana, Andrea Masley.
El usurero está en la lona: tantos años evadiendo impuestos, burlando la ley, exprimiendo a sus clientes, defraudando aquí y allá, estafando a bonistas estadunidenses y endilgando deudas fiscales a quienes compraron una de sus empresas, para que al final la “magia” de Salinas Pliego topara con un juzgado neoyorquino que lo obligó a pagar o ir a la cárcel, algo que, dicho sea de paso, debió ocurrir en México desde hace muchos años, aunque justo es reconocer que el empresaurio aquí tuvo su ejército de jueces, magistrados y ministros que servilmente –coimas de por medio– le protegieron la espalda.
De nueva cuenta, ayer la presidenta Sheinbaum se refirió al proceder del barón de los abonos chiquitos y la posibilidad de que termine en la cárcel gringa: “No tenemos una información particular; se está solicitando. Es un juzgado de Nueva York derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica (Iusacell, que a su vez Salinas Pliego compró a Carlos Peralta, uno de sus prestamistas para la adquisición de lo que hoy es Tv Azteca; otro fue Raúl Salinas de Gortari, y a éste tampoco le pagó), nada más que resulta que la vendió (a AT&T) con deudas al fisco, en su momento. Entonces, la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido”.
Y de remate, la mandataria detalló: “Pues más bien, es una defraudación lo que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. (Entonces), toma chocolate, paga lo que debes, a todos. También otras deudas que tiene por ahí, no al fisco, sino… Hay que pagar”.
Doblemente fúrico y con el hígado a punto de reventar (por la fianza que debió cubrir, es decir, los 25 millones de dólares para no ir a la cárcel, y por el comentario de la presidenta Sheinbaum), Grupo Salinas (obviamente propiedad de Salinas Pliego) lanzó un comunicado por medio del cual despotrica contra la mandataria por acusar a su patrón con “calumnias y difamaciones”, y “con dolo, desde la más supina ignorancia –propia de los gobiernícolas– sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones”, amén de que asegura que “la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal como intentan disfrazarla”.
Y como esas sandeces, Grupo Salinas aportó muchísimas más en su perorata por demás ridícula y ramplona, pero en ningún momento niega que Salinas Pliego estaba con un pie dentro de una cárcel gringa y por lo mismo debió pagar, rápidamente, una fianza de 25 millones de dólares para evitarlo o por lo menos aplazarlo. Y de cereza dijo que “estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen”.
¡Olé! pero más allá de la sarta de estupideces que Grupo Salinas divulga en defensa de su santo patrón, y éste que se hunde solo, la solución es muy sencilla: que pague lo mucho que debe, pues no será con gritos y sombrerazos como el barón salga bien librado en México ni en Estados Unidos. Después de cubrir sus adeudos, si quiere que tome chocolate. Ahora que si no lo desea, entonces puede llegar al complejo carcelario de la Isla Rikers (“un lugar que no es agradable”, dice la jueza Masley, frente al aeropuerto LaGuardia, entre Manhattan y Queens,) en su preciado yate Lady Moura (por él mismo valuado en 150 millones de dólares), aunque correrá el riesgo de que se lo embarguen.
Y en México sus empresas corren el mismo riesgo si se aferra a no pagar lo que debe.
Las rebanadas del pastel
Se le apestó al tóxico barón Germán Larrea, pero no a otro del clan, otrora muy pegado a Carlos Slim: Fernando Chico Pardo compró 25 por ciento de las acciones de Banamex.
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