En su primer periodo presidencial (2017-2021), Trump redujo la presencia militar estadunidense en Irak hasta el punto de hacer inviable la continuidad de su control colonial sobre el país, formalmente liberado de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el 30 de agosto de 2021, ya en el mandato de Joe Biden.
Fiel a su estilo, el magnate culpó a su sucesor por las bochornosas imágenes de las tropas occidentales huyendo de Kabul del mismo modo en que medio siglo antes salieron de Saigón en caótica estampida. Asimismo, niega cualquier responsabilidad en la fulminante caída del gobierno afgano y la vuelta al poder del talibán tras dos décadas de sanguinaria e infructuosa ocupación.
Por otra parte, amagó con “consecuencias incalculables” a Caracas si se niega a aceptar a los migrantes venezolanos deportados, con énfasis en “todos los presos y las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en Estados Unidos”. Más allá del contexto de creciente agresión contra Venezuela con el explícito propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro, las palabras de Trump resultan delirantes, productos de la alucinación y el absurdo: ni hay “instituciones mentales” o cárceles enviando a sus pacientes a Estados Unidos, ni hay un solo caso reportado de personas obligadas a ingresar a ese país.
Vale la pena detenerse en la referencia a los individuos con problemas mentales, una auténtica obsesión del magnate en su discurso xenofóbico, que carece del más tenue sustento en la realidad. De acuerdo con cifras de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del propio Estados Unidos, en América Latina existen apenas 3.3 camas siquiátricas por cada 10 mil habitantes; por lo que, incluso si Venezuela estuviera en ese rango promedio (escenario impensable dadas sus dificultades económicas inducidas por el bloqueo estadunidense), contaría con un total de 9 mil pacientes siquiátricos, una cantidad ínfima frente a los 600 mil venezolanos que actualmente residen en territorio estadunidense.
Las extorsiones de Trump contra todo aquel que no se pliegue a su voluntad no se limitan al extranjero: sólo en días recientes, ha amenazado con lanzar una invasión militar sobre Chicago por rehusarse a participar en su cacería antimigrante, demandó a The New York Times por 15 mil millones de dólares por “difundir falsedades que afectan directamente a su reputación”, continúa las presiones sobre la Reserva Federal para que recorte sus tasas pese al riesgo de un estallido inflacionario, y amordaza a todo medio de comunicación que divulgue críticas al asesinado agitador de ultraderecha Charlie Kirk.
En conjunto, los actos referidos dan cuenta clara de la veloz construcción de un régimen totalitario en el país que se presenta como “faro de la democracia” y se siente facultado para evaluar el grado de libertad de que disfrutan los ciudadanos de otras regiones, pero también exhiben a un personaje que, a fuerza de mentir, se ha vuelto incapaz de distinguir entre los hechos y sus fabulaciones, lo cual representa un peligro global cuando el enajenado detenta el poder de lanzar ojivas nucleares.
Protestan en NY contra políticas del gobierno de Donald Trump
▲ Los manifestantes exigieron al mandatario estadunidense detener redadas, paz en Gaza y libertad de expresión, pero sobre todo demandaron que los ricos paguen más.Foto Ap
Reuters y Ap
Periódico La Jornada Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 22
Washington. Una multitud marchó ayer en Nueva York por Park Avenue, se dirigió a Billionaires Row en dirección a la Torre Trump para exigir un alto a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, el cese el fuego en Gaza, justicia climática, democracia, libertad de expresión, igualdad de género y “que los millonarios paguen más”.
Las pancartas y causas para salir a las calles fueron diversas, pero entre los asistentes destacó un tema común entre todos esos problemas: que una pequeña élite de ricos y poderosos prioriza consistentemente las ganancias sobre la vida de los estadunidenses.
En contraparte, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió a Nueva York, California e Illinois, los llamados estados santuario, que cooperen con el gobierno federal en la deportación de inmigrantes indocumentados que son liberados de prisión tras cumplir condenas por delitos, de lo contrario, enfrentarán demandas y recortes presupuestarios si se niegan.
La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó que el departamento envió la semana pasada cartas a los fiscales generales demócratas de los tres estados para exigir su colaboración con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su programa contra los migrantes.
Illinois y Nueva York se negaron a informar al ICE sobre el momento en que las personas son puestas en libertad tras permanecer en la cárcel, para ser transferidos a la custodia de la agencia y ser expulsados. California no respondió a la solicitud.
El presidente Donald Trump lanzó una agresiva campaña contra los migrantes tras su regreso a la Casa Blanca en enero. El magnate desplegó tropas dentro del país con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de extranjeros con residencia irregular en Estados Unidos.
“Estas peligrosas políticas de santuario, a menudo combinadas con fianzas sin efectivo para delitos graves, permiten que inmigrantes ilegales criminales sean liberados y regresen a las comunidades estadunidenses, lo que amenaza la vida y el bienestar del pueblo”, declaró McLaughlin.
La funcionaria agregó que el ICE envió antier cartas de seguimiento a los tres estados para informarles que buscaría asistencia del Departamento de Justicia y otros socios federales para garantizar la cooperación de las entidades.
La oficina del fiscal general de Illinois se negó a aceptar la carta y apuntó que las políticas de ese estado han impedido la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
McLaughlin afirmó que hasta ahora el DHS había arrestado a más de 400 mil inmigrantes sin papeles, de los cuales, según ella, “70 por ciento tenían cargos o condenas penales”.
Altos funcionarios del DHS informaron a CBS News que esa dependencia recurrirá al Departamento de Justicia para demandar a los estados, y bloquear el financiamiento federal futuro.
California, por otro lado, se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de las fuerzas del orden, incluidos los agentes de inmigración, cubran sus rostros cuando realizan actividades oficiales, según un proyecto de ley firmado por el gobernador Gavin Newsom.
La prohibición es la respuesta directa del gobierno demócrata a la reciente serie de redadas antimigrante en Los Ángeles, donde los agentes del ICE usaron máscaras al realizar arrestos masivos. La persecución detonó una protesta de varios días en toda la ciudad e hicieron que el presidente desplegara tropas de la Guardia Nacional y marines en el área.
En una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde firmó la ley flanqueado por legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante, Newsom subrayó que ese estado es único en el sentido de que 27 por ciento de sus residentes nacieron en el extranjero.
Elimina YouTube cuenta de Maduro en medio de aumento de tensiones entre Venezuela y EU
Foto Afp Foto autor
Ap
20 de septiembre de 2025 20:58
Bogotá. La cuenta de YouTube del presidente venezolano Nicolás Maduro fue “eliminada” el viernes en la noche, en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses en el sur del Caribe.
La empresa matriz de YouTube, Google, no respondió a las preguntas sobre la eliminación de la cuenta de Maduro, donde tenía más de 200 mil seguidores y se utilizaba para publicar sus discursos, así como fragmentos de su programa semanal en la televisión estatal venezolana.
En su sitio web, YouTube dice que elimina cuentas que cometen “violaciones repetidas de las normas de la comunidad”, que incluyen la publicación de desinformación, discursos de odio y contenido que “interfiere con los procesos democráticos”.
En 2020, Maduro fue acusado por un tribunal federal en Nueva York de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Recientemente, Washington duplicó el pago de recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y desplegó ocho buques de guerra en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas -con el argumento de combatir el narcotráfico- donde aseguró que atacó tres lanchas de narcotraficantes.
El gobierno de Venezuela, que movilizó fuerzas militares a sus fronteras e inició el reclutamiento masivo de milicianos, describió el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocar al gobierno de Maduro.
