Los terrenos se hallan en zonas turísticas, bosques, selvas y áreas naturales protegidas // Ex funcionarios, políticos y empresarios, entre los propietarios // Acumulan predios con amenazas y colusión de autoridades de los tres niveles
Jared Laureles
Periódico La Jornada Domingo 16 de marzo de 2025, p. 3
Sólo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional.
Se trata de un expolio de la propiedad social, define el documento de 160 páginas, el cual se enfocó “a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social… Lo que distingue a los mayores acaparadores es la cercanía con fuentes de financiamiento… Ese poder económico casi siempre está ligado al poder político local, y en algunos casos al nacional. No se puede entender la actuación impune si no existió algún tipo de colusión con quienes pueden tener acceso a los trámites”.
Entre estos terratenientes figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes a partir de la falsificación de documentos, contratos leoninos, prestanombres, cooptación y amenazas a las asambleas ejidales y la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno han acaparado grandes extensiones de tierra aprovechando la tendencia privatizadora salinista de 1992 en el campo. Estos personajes incluso han sido acusados en procesos jurídicos de despojo, señala el estudio.
El documento –con datos a 2024– indica que mientras 18 personas poseen 31 mil 473.8 hectáreas en 21 mil 695 parcelas, que son terrenos útiles para las actividades agropecuaria o forestal, otros 18 concentran 7 mil 529.9 hectáreas en 41 mil 385 predios, cuyo destino es para la urbanización y construcción de vivienda.
El Registro Agrario Nacional concluye que los sujetos responsables de estas actividades pueden realizarlas individualmente o en grupo, y que es tal la sofisticación con que actúan y el grado de cinismo, que se amparan. El fenómeno del acaparamiento de grandes superficies en ejidos del país es el principal factor de afectación y disminución de la propiedad social, advierte.
El estudio del RAN destaca los casos de Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario de esta institución, quien posee 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios, con 3 mil 63 hectáreas, ubicadas en 10 municipios de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, cuyo valor es superior a mil 200 millones de pesos.
Del total de esa superficie, en 442 hectáreas del municipio de Progreso, Yucatán, con Almazán Arteaga –a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto condonó una deuda fiscal de 27.5 millones de pesos– aparece como cotitular el artista plástico mexicano Carlos Alberto Génova Gamboa, quien es considerado el segundo acaparador de tierras, pues posee 4 mil 236 parcelas en cinco municipios de Yucatán y Quintana Roo, y suma en total 541.1 hectáreas. Génova Gamboa es sobrino del ex coordinador de los diputados del PRI Emilio Gamboa Patrón.
El estudio identifica a Miguel Velázquez Nieva, quien posee 491 parcelas en 13 municipios de Campeche, Michoacán, Durango, Yucatán y Quintana Roo, con mil 644.8 hectáreas; la Fiscalía General de la República lo señaló como presunto operador de una de las empresas fantasmas utilizadas para el presunto desvío de recursos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, preso desde 2017.
En la lista también están Moisés Rafael Mizrachi Nizri, quien posee 2 mil 387 parcelas en dos municipios de Yucatán, con 249.4 hectáreas, y Fernando Francisco Javier Ponce García acumula 748 predios en Quintana Roo, con 653.9 hectáreas; él es dueño de la empresa Bepensa, embotelladora de Coca Cola en Yucatán, y es señalado por campesinos del despojo de derechos ejidales en la zona de Holbox. También figuran Eduardo Antonio Tricio Sierra, con 31 parcelas en tres municipios de Coahuila y Durango que abarcan mil 408.8 hectáreas; la familia Tricio es propietaria de Grupo Lala.
El estudio incluye a los acaparadores de solares, quienes prefieren este tipo de posesión porque se les asigna gratuitamente, sin ningún pago de impuestos y su comercialización puede realizarse en menor plazo que las parcelas.
La investigación del Registro Agrario identifica a Ausencio Dávila López como el mayor acaparador en este rubro, pues concentra 5 mil 186 solares en Quintana Roo, con 4 mil 502.7 hectáreas. No obstante, se aclara que la información de esta persona sigue en revisión.
Otro terrateniente es Rafael Acosta Solís, con 3 mil 867 solares, con una extensión de 995.08 hectáreas en cinco municipios de Yucatán; esta persona llama la atención por haber sido subprocurador de Justicia en el estado de Yucatán, indica el informe. También figura Antonino Cascio González, quien ademas de figurar en la lista de principales acaparadores de parcelas, lo es también de 2 mil 951 solares en cuatro municipios de Yucatán, con 168.05 hectáreas.
Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos acumula 2 mil 995 solares, con 638.2 hectáreas en Yucatán, y está relacionado con Mauricio Vila Dosal, ex gobernador de esta entidad.
Con apoyos del gobierno, 68% de los mexicanos esperan cubrir su retiro
Siete de cada 10 personas piensa seguir trabajando
Crecimiento y recaudación son claves para sostener programas sociales
Clara Zepeda
Periódico La Jornada Domingo 16 de marzo de 2025, p. 13
Cuatro de cada seis adultos mayores en México planean cubrir sus gastos del retiro con apoyos del gobierno federal, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.
De acuerdo con la quinta edición de la ENIF, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los medios que las personas utilizarían para cubrir sus gastos en la vejez, 68.2 por ciento mencionaron los apoyos del gobierno y 67.3 por ciento aventuraron que continuarían trabajando.
La población en México que esperaría recibir apoyos del gobierno en la vejez aumentó 11 puntos porcentuales en 2024 frente a los datos de 2021. Y entre los que consideraron seguir trabajando se observó una disminución de 4.1 puntos porcentuales en el periodo de referencia.
Según la encuesta de 2021, cubrirían sus gastos con trabajo 71.4 por ciento y con apoyos del gobierno 57.2 por ciento. Tres años después, se modificó el orden: 68.2 por ciento piensa financiar su vejez con apoyos del gobierno y 67 por ciento con su trabajo.
En cuanto a la opción de una pensión o jubilación, 51.2 por ciento de la población pensaba que cubriría sus gastos en la vejez con dichos recursos en 2021; para 2024, el porcentaje se redujo a 50.3 por ciento.
Los apoyos del gobierno han empoderado a las personas mayores, pues el dinero de familiares representó una caída de 5.9 puntos porcentuales en 2024 frente al 2021. Vender o rentar activos pasó de un porcentaje de la población de 28.9 por ciento en 2021 a 25.3 por ciento en 2024.
Ante este panorama, especialistas observan un problema: no hay garantía de que estos apoyos sean sostenibles en el tiempo. Con una población envejeciendo y recursos limitados.
Y es que la planeación y ejecución del gasto público son necesarios para la sostenibilidad fiscal, lo cual es de suma importancia para proveer bienes y servicios públicos, financiar las actividades del gobierno y los programas sociales presentes y del pasado. Además, para poder crear fondos y fideicomisos que favorezcan la justicia intergeneracional.
Según la la Alianza por la Justicia Fiscal, durante el sexenio pasado, los ingresos tributarios se elevaron de 12.7 a 14.2 por ciento. Sin embargo, esto no necesariamente se tradujo en mejores servicios para la población. Por ejemplo, aumentó en más de 150 por ciento el número de personas sin acceso a salud pública: pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022.
El gobierno gasta más, pero una parte creciente de ese gasto no llega a los más pobres, porque los programas sociales no están focalizados, son universales. Es por ello que los especialistas esperan que con mayores crecimiento económico y recaudación tributaria se podría seguir con los programas sociales.
De lo contrario, la población adulta sin ahorro propio podría enfrentar una crisis financiera en su retiro.
Estados Unidos paraliza a la OMC: experto
Xinhua Periódico La Jornada
Domingo 16 de marzo de 2025, p. 15
Río de Janeiro., La paralización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fomentada por Estados Unidos limita la capacidad del organismo para mediar conflictos comerciales a medida que crece la guerra arancelaria, explicó el economista brasileño Luiz Carlos Delorme Prado.
Delorme explicó que durante la formación de la institución en 1995 Estados Unidos estuvo en el centro de la creación y operación del actual sistema internacional de comercio. Este sistema se estableció en un momento en que el país gozaba de hegemonía económica y las reglas del juego favorecían a la nación económicamente más poderosa y mencionó que al intensificarse la competencia mundial se alejó de su compromiso. Indicó que su debilitamiento se dio bajo el mandato de Barack Obama y que con Joe Biden la política industrial ya estaba fuera de las normas de la OMC.
Ahora, durante la administración de Trump, Washington impuso aranceles a sus principales socios –México, Canadá y China– en sectores como el acero y el aluminio, lo que también impactó a Brasil, en un intento de reducir el déficit comercial de su país, que el año pasado alcanzó 918 mil millones de dólares, 17 por ciento más que en 2023.
El especialista destacó que aún en el pleno funcionamiento de la OMC contaba con un margen de acción limitado; de los casos analizados en sus tribunales, pocos tuvieron una resolución y en algunos fallos en favor del denunciante la organización sólo podía autorizar represalias comerciales.
