Armando G. Tejeda, corresponsal
09 de febrero de 2025 10:10
Marchan en Madrid, España, en exigencia por viviendas dignas y asequibles ante el aumento de los alquileres. Foto Ap
Madrid. El centro de Madrid se llenó de más de 22 mil personas que enarbolaron un mismo reclama: una “vivienda digna” y que se declare de una vez por todas la “emergencia habitacional” para adoptar medidas de calada de pongan remedio a uno de los principales problemas del país, que afecta sobre todo a los más jóvenes. La protesta, convocada por la plataforma Habitat24, aboga por que las administraciones públicas, sobre todo las que gobiernan la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, ambas del derechista Partido Popular (PP), cambien su forma de entender “la vivienda, que no es un bien de mercado, sino un derecho”, aseguraron.
La manifestación recorrió las principales calles del centro de la capital española, desde el Paseo del Prado hasta la Puerta del Sol y contó con el apoyo de los tres principales partidos de la izquierda madrileña, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Más Madrid y Podemos. Incluso acudieron a la protesta varios miembros del gobierno español, como la ministra de Sanidad, Monica García, o la ex ministra de Turismo, la socialista Reyes Maroto. La plataforma Habitat24 está compuesta por algo más de 40 asociaciones y colectivos, una buena parte preocupada por los problemas estructurales de la vivienda, si bien también de otras sensibilidades, como Amnistía Internacional (AI), Greenpeace o Ecologistas en Acción.
Bajo el lema “Vivienda digna y sostenible ¡Ya!”, los más de 22 mil manifestantes, según la Delegación del Gobierno, también portaron carteles y gritaron consignas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que responsabilizaron de haber abierto las puertas de la vivienda en la región al “capital especulativo” y a los “fondos buitres”. En la guerra de cifras por la dimensión de la movilización también hubo discrepancias, ya que la plataforma convocante cifró la asistencia en “400 mil”, mientras que el Sindicato de Inquilinas en “100 mil”.
En el manifiesto consensuado entre todas las agrupaciones convocantes advirtieron que “hace cuatro meses que la ciudadanía madrileña expresó claramente, en la manifestación del 13 de octubre, que las instituciones no estaban tomando las decisiones adecuadas para solucionar la emergencia habitacional que estamos sufriendo. Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho. Un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española. Un derecho básico que sostiene otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la salud o la educación...Sin embargo, a pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional”.
Y señalaron de forma directa al gobierno de Ayuso, “cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid”. Así que exigieron que “¡Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía! Sabemos que la solución a esta crisis habitacional tiene que venir desde la actuación de los poderes públicos porque el objetivo del interés privado, maximizar los beneficios, es incompatible con la garantía de derechos. Para ello, el parque de vivienda pública que en ningún caso pueda ser descalificada, debe crecer de forma exponencial y situarse aproximadamente en la tercera parte de las viviendas totales”.
Dentro de los colectivos de la vivienda hubo algunas discrepancias por el sentido de la manifestación, como expresó la Plataforma de Afectados por al Hipoteca de Vallekas, que advirtió de que los desahucios y lanzamientos han continuado de forma constante en los últimos años a pesar de que el gobierno central está formado por una coalición de partidos de izquierda (PSOE y Sumar ahora, y PSOE y Podemos entre el 2018 y el 2023). Por eso advirtieron que “el 9 de febrero algunos quieren convertir nuestra lucha en su escaparate. Partidos del gobierno y sindicatos mayoritarios, responsables del problema de la vivienda, organizan y llaman a manifestarse. ¡No queremos participar de su circo! No nos representan quiene permiten que la especulación nos eche de nuestras casas, quienes legislan para proteger a los rentistas y quienes pactan migajas y no soluciones reales”.
El nuevo llamado a las urnas será el 13 de abril
Bajo el lema “Vivienda digna y sostenible ¡Ya!”, los más de 22 mil manifestantes, según la Delegación del Gobierno, también portaron carteles y gritaron consignas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que responsabilizaron de haber abierto las puertas de la vivienda en la región al “capital especulativo” y a los “fondos buitres”. En la guerra de cifras por la dimensión de la movilización también hubo discrepancias, ya que la plataforma convocante cifró la asistencia en “400 mil”, mientras que el Sindicato de Inquilinas en “100 mil”.
En el manifiesto consensuado entre todas las agrupaciones convocantes advirtieron que “hace cuatro meses que la ciudadanía madrileña expresó claramente, en la manifestación del 13 de octubre, que las instituciones no estaban tomando las decisiones adecuadas para solucionar la emergencia habitacional que estamos sufriendo. Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho. Un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española. Un derecho básico que sostiene otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la salud o la educación...Sin embargo, a pesar de la masiva movilización ciudadana, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional”.
Y señalaron de forma directa al gobierno de Ayuso, “cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid”. Así que exigieron que “¡Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía! Sabemos que la solución a esta crisis habitacional tiene que venir desde la actuación de los poderes públicos porque el objetivo del interés privado, maximizar los beneficios, es incompatible con la garantía de derechos. Para ello, el parque de vivienda pública que en ningún caso pueda ser descalificada, debe crecer de forma exponencial y situarse aproximadamente en la tercera parte de las viviendas totales”.
Dentro de los colectivos de la vivienda hubo algunas discrepancias por el sentido de la manifestación, como expresó la Plataforma de Afectados por al Hipoteca de Vallekas, que advirtió de que los desahucios y lanzamientos han continuado de forma constante en los últimos años a pesar de que el gobierno central está formado por una coalición de partidos de izquierda (PSOE y Sumar ahora, y PSOE y Podemos entre el 2018 y el 2023). Por eso advirtieron que “el 9 de febrero algunos quieren convertir nuestra lucha en su escaparate. Partidos del gobierno y sindicatos mayoritarios, responsables del problema de la vivienda, organizan y llaman a manifestarse. ¡No queremos participar de su circo! No nos representan quiene permiten que la especulación nos eche de nuestras casas, quienes legislan para proteger a los rentistas y quienes pactan migajas y no soluciones reales”.
Daniel Noboa y Luisa González, a segunda vuelta por la presidencia de Ecuador
En cerrada disputa, el candidato de Acción Democrática Nacional obtiene 44.54 por ciento y su rival de Revolución Ciudadana, 43.96, con poco más de 82 por ciento del escrutinio
▲ Daniel Noboa, del partido ADN, quien busca la relección presidencial en Ecuador, poco antes de votar ayer en la provincia de Santa Elena. A la derecha, Luisa González, candidata de RC, luego del cierre de casillas en Quito. Ambos se enfrentarán en segunda ronda.Foto Afp y Ap
Orlando Pérez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 10 de febrero de 2025, p. 26
Quito. En reñida e inédita disputa de primera vuelta, con una diferencia de menos de un punto, los dos finalistas de los comicios de ayer fueron los representantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, y de Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa.
A la medianoche (hora local), la votación, con 82.63 por ciento de escrutinio, iba así: Noboa tenía 44.54 por ciento de votos, por 43.96 de González, lo que significa alrededor de 49 mil 524 votos de diferencia. Los otros 14 candidatos se repartieron 11.42 por ciento de los votos válidos. La votación se llevó a cabo desde las 7 hasta las 17 horas, cuando se cerraron las urnas, sin mayores novedades a escala nacional. Los primeros resultados del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) empezaron a llegar a las 18 horas, pero hasta las 22:30 la presidenta de esta entidad, Diana Atamaint, se dirigió al país para proclamar finalistas, en segunda vuelta, a Noboa y a González.
Atamaint dijo que con el consolidado de más de 10 provincias podía informar del resultado. Y casi de inmediato, con el posicionamiento del CNE, Luisa González se presentó ante sus partidarios, y de entrada, destacó: hemos roto la votación histórica de la Revolución Ciudadana en los últimos 10 años. Es decir, nosotros, como organización política, que recoge el sentir de un pueblo que ha sido olvidado, hemos sentido ese valor, ese cariño y esa esperanza de la gente.
Al mismo tiempo, hizo un llamado a sus adversarios políticos a la unidad para sumar apoyos en la segunda vuelta electoral. Por ejemplo, felicitó al candidato de Pachakutik, Leonidas Iza, por la votación que obtuvo en estas elecciones (4.89 por ciento). Y lo invitó a construir una agenda conjunta que frene la violencia, la migración y el desempleo.
Del lado oficialista, el hermetismo fue total. Ninguno de los candidatos y funcionarios del gobierno de Noboa se pronunciaron a lo largo de la jornada, y menos aún cuando comenzaron a publicarse los resultados oficiales. De hecho, los partidarios de Noboa se reunieron en un hotel de lujo, en el norte de Quito, donde se prevía una celebración con artistas, además de una caravana de vehículos que recorrería por la zona comercial y bancaria de la capital ecuatoriana. Pero al final nada de eso ocurrió. Los ministros y candidatos evitaron contacto con la prensa y salieron por los subsuelos del hotel.
Dentro de los pronósticos del oficialismo estaba ganar en primera vuelta, pues en los medios allegados y periodistas afines se acentúo desde el jueves pasado la narrativa del llamado voto útil. Es decir, que la ciudadanía evitaría desperdiciar el sufragio dándole a los demás candidatos que no tenían ninguna opción de llegar a segunda ronda, para garantizar la permanencia de Noboa en el poder los próximos cuatro años.
La sorpresa mayor ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando una empresa de exit poll (pronóstico a boca de urna) dio ganador en primera vuelta a Noboa, con 50 por ciento de sufragios, noticia que sacudió las redes sociales y levantó el entusiasmo en los partidarios del candidato presidente. Sin embargo, las autoridades del CNE guardaron silencio hasta las 22:30, cuando habían previsto apariciones televisadas a las 17 horas, a las 19 y a las 21, pero eso no sucedió.
Frente a eso, González señaló que esas cifras del exit poll eran una mentira más del candidato Noboa. Y añadió que, por eso, decidieron esperar los resultados oficiales del CNE. Poco a poco la distancia se va acortando, estamos casi en empate técnico, detalló. Tanto ella como su binomio, Diego Borja, acentuaron sus críticas al CNE porque no garantizaba transparencia. Por ello, RC implementó su propio aparato de control electoral en cada una de las 41 mil juntas receptoras del voto para certificar que los sufragios emitidos sean escrutados en el sistema informático.
La posibilidad de una tercera opción electoral quedó descartada, aunque la sorpresa fue el candidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, quien se ubicó en el tercer puesto con 4.89 por ciento de los votos totales.
Los demás candidatos evitaron hacer declaraciones, porque casi todos tuvieron votos por debajo de 1 por ciento. Salvo Andrea González, del partido Sociedad Patriótica, que obtuvo 2.7.
A diferencia de lo ocurrido en las elecciones de 2023, cuando hubo una decena de candidatos asesinados, entre ellos el presidencial Fernando Villavicencio, en esta ocasión no hubo reportes de esa naturaleza, salvo unos dos ataques en la provincia de Guayas, todo el proceso iniciado el 5 de enero pasado se desarrolló sin víctimas mortales.
Lo que sí quedó claro para muchos fue la decadencia de partidos tradicionales que habían ejercido la presidencia en el pasado, como el Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Tanto el candidato socialcristiano, Henry Kronfle, como el de la socialdemocracia, Carlos Rabascall, no alcanzaron ni 1 por ciento de la votación, con 0.72 y 0.21 por ciento, respectivamente.
Guajira guantanamera
Tatiana Coll
La base naval de Guantánamo, tiene 117.6 kilómetros cuadrados. Esta enclavada ilegalmente en pleno territorio de la República de Cuba desde hace 123 años, que se cumplen este 23 de febrero. Es parte del municipio de Caimanera, de la provincia de Guantánamo. Está rodeada por un muro-frontera de tres metros de ancho de cactus plantados allí por la revolución desde 1960, como parte de la necesaria protección para la población y los puntos de vigilancia que se establecieron. Los estadunidenses colocaron miles de minas y ahora aparatos de tecnología variada para detectar cualquier movimiento. Desde la base han sido constantes las provocaciones que buscan encender una chispa que permita la intervención directa de sus tropas. Han llegado a balear y asesinar; han lanzado, literalmente, bolsas de mierda; han colocado mujeres desnudas; transmiten con imponente volumen y capacidad todo tipo de mensajes, etcétera. La base no tenía ni agua potable, ni electricidad, les ha costado millones sostenerla, pero su soberbia es siempre mayor.
Su historia representa, como pocas cosas, la imagen de las intervenciones falaces y cínicas realizadas por EU con el fin de dominar y colonizar toda América. Es la primera base naval que lograron implantar en el Caribe, mediante su intervención en la guerra cubano-hispano-estadunidense que se desarrollaba por la independencia de Cuba desde 1895. José Martí con su infalible visión había comprendido que de torcerse la guerra independentista el águila imperial podría caer con enorme fuerza sobre nuestra América. Se torció irremediablemente cuando los codiciosos enviados del presidente McKinley lograron hacer estallar un barco de EU en la bahía de La Habana, lo cual los obligó a declarar la guerra a España. Era el momento preciso: los cubanos casi habían ganado la guerra. Sus tropas desembarcaron sin autorización del gobierno en armas y colocaron las banderas de las franjas y estrellas sobre Santiago de Cuba.
Para la firma del Tratado de París, ni siquiera permitieron que los cubanos estuvieran presentes, España entregó a EU, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Islas Guam. Fue el inicio también de la neocolonización financiera por las oligarquías yanquis: se inauguraba el primer ciclo de dominación imperialista. La Enmienda Platt, votada en el Congreso de EU, como un apéndice a la de Cuba, se impuso mediante un chantaje después de dos años de ocupación militar. Allí se establecía que EU tenía el derecho de intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado, así como la arbitraria pretensión de jurisdicción de EU sobre la bahía de Guantánamo y el control sobre el comercio exterior. Siguieron la creación del canal Panamá y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las intervenciones en Haití, Nicaragua y Dominicana.
La vergonzosa enmienda fue echada abajo por la precursora revolución cubana de 1930, encabezada por Antonio Guiteras, cayó estrepitosamente como una estatua del águila imperial colocada sobre un pedestal en el malecón habanero, hace 92 años. Pero apareció el sargento Batista al rescate y mediante un golpe de Estado en 1934, restauró el dominio sobre Guantánamo a cambio de lo que creía un jugoso negocio: una renta de 4 mil 85 dólares-oro.
La segunda caída estrepitosa de esta ilegal apropiación de suelo cubano podría haberse dado como parte de la necesaria negociación entre Cuba y EU para terminar la Crisis de Octubre de 1962, en torno a los famosos cohetes nucleares defensivos que la URSS accedió a colocar en Cuba mediante un tratado militar, frente a una muy posible nueva invasión estadunidense. El primer punto a negociar era precisamente la devolución de la bahía de Guantánamo, sin embargo, Kruschov no consideró necesaria la participación cubana en la negociación. El pueblo de Cuba salió a las calles a gritar: ¡Nikita mariquita, lo que se da no se quita! Han pasado 63 años y esta ha sido una más de las infamias sostenidas sin respiro hacia Cuba.
George Bush desató en 2001 una guerra devastadora en Medio Oriente contra Afganistán, Irak y Libia, porque Dios estaba de su parte. El gobierno de Cuba declaró a la llegada de centenares de presos a la base, que ello representaba una afrenta más realizada en la ocupación ilegal de parte del suelo cubano y la privación arbitraria de la jurisdicción sobre el territorio nacional. De nuevo, la carencia total de ética es la marca del gobierno de Trump, quien ahora pretende hacer lo mismo con migrantes latinoamericanos.
Desde los años 30 se conoció la voz de Joseíto Fernández que compuso la Guantanamera, con su pegajosa y cadenciosa melodía. Guantanamera, guajira guantanamera sonó también con la voz estadunidense de Pete Seeger, el de las brigadas internacionales en España, y de Joan Baez por EU. Todos la hemos cantado y nos contagia. Los versos sencillos de Martí, su verso de un verde claro y de un carmín encendido nos dicen que el pueblo de Cuba sigue echando su suerte con los pobres de la Tierra. Guantanamera…
Petro pide la renuncia de todos sus ministros en Colombia
Afp Periódico La Jornada
Lunes 10 de febrero de 2025, p. 26
Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó ayer que pidió la renuncia de todos sus ministros, horas después de la dimisión de la encargada de la cartera de Medio Ambiente, lo que agravó la crisis dentro del equipo del mandatario.
La ministra ambiental Susana Muhamad, una de las más cercanas a Petro, dimitió, pero señaló que permanecerá como presidenta de la COP16 de la Organización de Naciones Unidas sobre biodiversidad.
Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo, escribió Petro en su cuenta de X. El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa, añadió.
La crisis dentro del equipo de gobierno quedó en evidencia el lunes pasado, cuando la vicepresidenta, Francia Márquez, y Muhamad rechazaron en un consejo de ministros transmitido por televisión la llegada al gabinete de Laura Sarabia en el puesto de canciller, y de Armando Benedetti para jefe de despacho.
Los funcionarios cercanos a Petro aseguraron que ninguno de los dos representaba el proyecto político de izquierda y de cambio con el que ganó en 2022.
Ya habían dimitido el ministro de Cultura, Juan David Correa, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jorge Rojas.
Petro había mantenido en sus cargos a Sarabia y a Benedetti, quien enfrenta varios procesos ante la justicia por tráfico de influencias y antes fue acusado de maltrato a mujeres.
Benedetti declaró la semana pasada que se estaban contando historias falsas sobre él.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expuso que es insostenible el gabinete como está conformado hoy y propuso a sus colegas una renuncia colectiva para dejar en libertad al presidente de hacer los cambios que le permitan asumir los retos de la parte final de su gobierno, el cual concluye en agosto de 2026.
