El intento de deshacerse de semejante cantidad de empleados públicos retrata, tanto en el fondo como en las formas, la captura del Ejecutivo por parte de un puñado de oligarcas, el más prominente de los cuales es el hombre más rico del mundo, Elon Musk. El asalto al poder por parte del fundador de Tesla es tan cínico que la primera notificación de las invitaciones a dimitir tuvo lugar en un correo electrónico con el mismo encabezado usado por Musk cuando liquidó a 80 por ciento de los trabajadores de la red social X.
Asimismo, indica que el desmantelamiento de la administración pública forma parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo burocrático a la sustitución de la muy imperfecta democracia estadunidense por una plutocracia formal. Así lo denunció un integrante de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, quien declaró bajo condición de anonimato que el decreto de Trump no busca reducir de manera ordenada el tamaño del gobierno, sino infundir pánico a fin de que los trabajadores huyan y dejen tras de sí una parálisis gubernamental. Ésta no sería una consecuencia no deseada de la acción, sino parte de los objetivos del republicano y su grupo de colegas multimillonarios que financió su segunda campaña presidencial.
En este contexto, el freno al desguace del gobierno, así sea temporal, es una noticia alentadora no sólo para los 2 millones de afectados directos, sus familias y entorno, sino para todos los ciudadanos de a pie que se verían más desamparados que nunca si Trump y sus compinches avanzan en su programa. Otra señal de esperanza radica en la gestación de un frente muy amplio de descontentos, entre los que se cuentan ya no sólo los sectores progresistas históricamente opuestos al trumpismo, sino los empleados públicos, obreros automotrices, descendientes de migrantes, mujeres e incluso empresarios que se han visto rápidamente desengañados acerca de los efectos de un gobierno que se proclama impulsor del libre mercado, pero que en realidad sólo beneficia a los magnates y logreros más cercanos al mandatario.
Aunada a la suspensión del decreto que acaba con la nacionalidad por nacimiento ( ius soli), dicha sentencia apunta a que los multimillonarios trumpianos encontrarán una resistencia jurídica y social más sólida que la calculada y que puede convertirse en la base de un movimiento social de una magnitud no vista en décadas en rescate de la democracia, la legalidad y el sentido común.
Usaid entregó al opositor Guaidó más de 3 mil 500 mdd: Maduro
Agrupación de Corina Machado también se benefició
La agencia estadunidense financió a la derecha para impulsar agresiones contra el gobierno de Venezuela, acusa la vicepresidenta Delcy Rodríguez
Sputnik, Xinhua, Ap y Prensa Latina
Periódico La Jornada Viernes 7 de febrero de 2025, p. 19
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer que más de 3 mil 500 millones de dólares fueron entregados al prófugo Juan Guaidó por Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y ese dinero salió también de los contribuyentes estadunidenses.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que la Usaid utilizaba los fondos del pueblo estadunidense para derrocar gobiernos y financió a sectores de la derecha para impulsar agresiones contra Caracas, incluido el apoyo a los opositores Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio y Julio Borges.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, reveló que la oposición radical de su país recibió más de mil 800 millones de dólares a través de distintas instancias de poder de Estados Unidos, entre estas el Departamento del Tesoro.
Ahora, toda la pudrición que hemos denunciado año tras año va saliendo, sentenció Maduro. Han salido muchas verdades a la luz de lo que está ocurriendo, las informaciones que están surgiendo de Estados Unidos sobre esta agencia de supuesta cooperación, Usaid expresó Rodríguez.
Por su parte, Cabello precisó que el financiamiento señalado no incluye otros recursos destinados por la Usaid para apoyar planes desestabilizadores contra el gobierno venezolano; aseguró que buena parte del dinero fue entregado a la organización civil Súmate, ligada a la dirigente opositora María Corina Machado.
Detalló, además, que la oposición radical venezolana habría recibido 10.5 millones de dólares exclusivamente para asuntos relacionados con la campaña electoral presidencial de julio pasado.
Cabello afirmó que tiene acceso a informes que no podrán ser desmentidos y puso estos expedientes a la orden del nuevo gobierno estadunidense en el contexto de sus investigaciones sobre la agencia.
La Usaid entró en restructuración esta semana por orden del presidente Donadl Trump, en medio de fuertes cuestionamientos al destino de sus millonarios recursos, a instancia del magnate Elon Musk.
Envió más de 200 millones de dólares en 2024
La agencia pasó de aportar 8 millones de dólares a Venezuela en 2014 –en el primer año de gobierno de Maduro– a 211 millones durante 2024, en el contexto de unas elecciones presidenciales que el mandatario ganó oficialmente entre denuncias de fraude, informó el medio estadunidense Voz de América, citando registros oficiales publicados por el gobierno federal.
La Usaid multiplicó por 26 veces sus fondos para Venezuela entre 2014 y 2024, con especial énfasis en ayuda humanitaria y promoción de la democracia, según estos informes, que además puntualizan que el aporte para Caracas fue exclusivamente económico y no militar, como sí ocurrió en otras naciones tales como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y Brasil.
Marco Rubio, secretario de Estado estadunidense, asumió la dirección interina de la Usaid tras la pausa instruida por la Casa Blanca y describió la agencia como indiferente a las directrices del Congreso y del presidente.
A su juicio, actuaba como una caridad global separada del interés nacional, con fondos provenientes de los contribuyentes estadunidenses.
Elon Musk, líder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), y a quien Trump ha concedido poder para reformar el gobierno federal, tildó a la Usaid como una organización criminal y consideró que es hora de que muera.
Anuncia la Casa Blanca acciones punitivas para la Corte Penal Internacional
▲ Estudiantes y maestros de la Academia de Artes Educativas en el condado de Orange, California, protestan contra la política de migración.Foto Ap
Ap, Afp, Reuters y The Independent
Periódico La Jornada Viernes 7 de febrero de 2025, p. 18
Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer un decreto para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, el mismo día en que el magnate sufrió dos nuevos reveses en los tribunales en sus intentos de despedir a empleados del gobierno y socavar el derecho a ser ciudadano estadunidense por nacimiento.
Trump consideró que la CPI abusó de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa iraelí, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra cometidos en la franja de Gaza, y añadió que la CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel, ya que ninguno de los dos países son parte del Estatuto de Roma ni miembros del organismo.
El decreto impondrá sanciones financieras y de visado a las personas y sus familiares que ayuden en las investigaciones contra ciudadanos estadunidenses o aliados de Estados Unidos, informó Reuters.
La medida se conoce después de que los demócratas del Senado bloquearon la semana pasada un esfuerzo liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en protesta por sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por crímenes de lesa humanidad de Israel en Gaza.
En tanto, un juez federal bloqueó hasta el lunes la orden de Trump para implementar su plan de reducir la fuerza laboral en la administración pública mediante una renuncia diferida, aplazamiento que otorga una victoria inicial a los sindicatos que demandaron detenerla. La decisión paralizó el ultimátum contra más de 2 millones de burócratas estadunidenses a fin de que éstos decidan si dimiten con ocho meses de sueldo como indemnización, según un plan del multimillonario Elon Musk para reducir la administración pública.
Al momento, más de 60 mil funcionarios federales han aceptado la oferta, cifra que representa alrededor de 2 por ciento de la plantilla, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Asimismo, Trump planea mantener a menos de 300 empleados en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), de un total de sus más de 10 mil empleados en el mundo, que tramitan docenas de misiones que salvan vidas en más de 100 países, reportaron cuatro fuentes a Reuters.
La principal agencia de ayuda humanitaria de Washington también está en la mira de Elon Musk, quien acusó: Usaid es un nido de víboras marxistas
En ese sentido, demócratas de alto rango exigieron una pesquisa sobre las posibles violaciones de seguridad nacional creadas por la toma de control de ciertas agencias federales por parte de Musk, incluidas la Oficina de Gestión de Personal (OPM), el Tesoro de Estados Unidos y Usaid, por conducto de su autodenominado departamento de eficiencia gubernamental (Doge).
Funcionarios resaltaron su preocupación de que el multimillonario y sus agentes hayan accedido ilegalmente a información clasificada y datos personales confidenciales, informó The Guardian.
Además, un juez federal bloqueó la orden ejecutiva de Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos de manera irregular, y criticó lo que describió como el intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener ganancias políticas.
Su fallo se produjo un día después de que una jueza federal de Maryland emitió una decisión en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de derechos de migrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos próximos a nacer podrían verse afectados. Se tiene previsto que el departamento de Justicia se inconforme de manera jurídica.
Mientras, en varias ciudades continúan las protestas contra la política antimigratioria de Trump, la cual exige al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago desmantelar protecciones regionales y municipales que, la Casa Blanca afirma, bloquean sus operaciones antinmigración.
La demanda que presentó el departamento de Justicia en un juzgado de Illinois afirma que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas en el este del país están diseñadas para interferir con la aplicación de la ley federal de migración del gobierno federal.
Perseguir la violencia contra cristianos, manda Trump
El republicano también anunció que creará una oficina de fe en la Casa Blanca y ordenará a la fiscal general, Pam Bondi, que dirija el grupo de trabajo encargado de perseguir la violencia anticristiana y el vandalismo en nuestra sociedad, así como defender los derechos de los cristianos y las personas de fe en todo el país.
