miércoles, 5 de febrero de 2025

Del calvario de Milagro Sala.

José Steinsleger
Uno. La demostración que acaba de movilizar a cerca de un millón de argentinos dejó, implícitamente, una inquietud valedera en cualquier latitud del orbe occidental: ¿le iría mejor a los machos alfa de la política si su dignidad personal fuese delegada a las versátiles organizaciones de lesbianas, gays, binaries, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer (Lgbtttiq+)?
Dos. Convocada tras el abominable discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos (homosexualidad=pedofilia), la Marcha federal del orgullo antifascista y antiracista alivió el asfixiante clima de anomia, atropellos, entreguismo, dispersión, crueldad, incertidumbre, limbo intelectual y la manipulación mediática de un gobierno votado (¡ejem!)… democráticamente, y ajeno a todo lo humano.
Tres. Así, las parrafadas del mesiánico enviado personaje de la secta Jabad Lubavitch, se revirtieron, cual bumerán, en un aleccionador desafío para un pueblo azotado por funcionarios mafiosos hostiles a la política, enemigos del Estado y vaciados de sentimientos altruistas.
Cuatro. Ahora bien. Como el tratamiento de lo general suele diluir lo particular, quisiera apuntar un hecho que tuvo lugar días antes del referido discurso de Milei y la marcha que lo repudió en este país, y varias ciudades de América Latina y Europa. Me refiero a la caravana por la libertad de Milagro Sala.
Cinco. Hace nueve años presentamos a Milagro, aguerrida dirigente social de la provincia de Jujuy, y primera gran víctima de un Poder Judicial que en lugar de dictar justicia, criminaliza los conflictos sociales aplicando castigos ejemplificadores ( lawfare) (https://www.jornada.com.mx/2016/01/27/opinion/017a1pol).
Seis. En franco contubernio con Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), Milagro fue detenida a inicios del gobierno de Mauricio Macri (2016), y desde entonces fue sometida a un calvario amañado por fiscales, jueces y ex convictos a sueldo que, indistintamente, la acusaban de arrojar huevos contra las autoridades, robar expedientes judiciales, o acusarla del rechazo popular a la retrógrada reforma constitucional de la provincia.
Siete. Para la experta argentina Gabriela Carpineti, el caso de Milagro es asunto federal, aun cuando los hechos se hayan tramitado en la justicia provincial, ya que lo que se impugna no son los hechos por los que se la juzga, sino los cometidos por sus juzgadores y ­persecutores.
Ocho. Señalamiento en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh, Tratado de San josé de Costa Rica, 1979), que lleva años ordenando al Estado argentino adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro.
Nueve. Sin embargo, la Coridh se expidió con respecto a la forma de la detención, y no a la condena, pues para ello se requiere de un informe que verifique que fueron violados sus derechos. Pretexto que esgrimió el ex presidente Alberto Fernández, puntilloso profesor de derecho constitucional (y acusado a su vez de satiriasis por su ex esposa), para negar el indulto a Milagro.
Diez. En diciembre de 2022, a causa de un nuevo episodio de trombosis, Milagro fue internada en el hospital regional. Pero allí sufrió el hostigamiento policial y presiones del personal sanitario. Entonces cambió de clínica y los médicos privados recibieron la orden de revertir el diagnóstico (le hacían estudios de las dos piernas y después cambiaban los resultados).
Once. En 2023 muere su hijo Sergio (37 años) y poco después su esposo, el periodista y escritor Raúl Noro, quien se descompuso mientras la policía de Morales allanaba su domicilio. Los médicos pudieron ingresar a la casa, pero el Poder Judicial y la policía les impidieron salir del lugar.
Doce. Finalmente, todo tiene que ver con todo, ya que Elon Musk y el saqueo del litio jujeño sintoniza con el vertiginoso desguace del patrimonio estatal que lleva a cabo Milei, junto con los empresarios y legisladores que votaron a favor del régimen de incentivos para grandes inversiones. Por ejemplo, parte de los insumos productivos de Telsa (fábrica de baterías de Musk en Shanghái) llegan desde Minera Exxar, ubicada en la cuenca jujeña de Salardes Olaroz y Cauchar.
Trece. Los hechos referidos cierran con el plan antigénero que ejecuta Milei, ajustado al llamado Proyecto 2025, un manual de estrategia elaborado para Donald Trump por la ultraconservadora Heritage Foundation.
Catorce. Presa de tres gobiernos democráticos, Milagro cumple hoy tres mil 308 días de cautiverio, y se halla en prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, donde recibe atención médica. Pero sigue siendo la de siempre: mujer, indígena, irredenta, impulsora de una obra comunitaria que benefició a millares de pobres, parlamentaria electa del Mercosur, madre de 14 hijos (12 de la calle, adoptados), y líder de una asociación barrial cuyos referentes son Túpac Amaru II, el Che Guevara y Eva Perón.

México, SA
Donald Trump y sus frentes abiertos // Drogas: Casa Blanca, fracaso total // Otros son los responsables, asegura
Carlos Fernández-Vega
▲ Una vendedora de armas muestra un fusil de asalto en su tienda, en Washington.Foto Afp
Con la pausa de los aranceles, la presidenta Sheinbaum obtuvo un nada despreciable triunfo diplomático, pero hay que tomarlo con calma, porque ello no quiere decir que todo se solucionó. Cierto es: da un respiro de 30 días, pero sólo en uno de los tantos frentes abiertos por el salvaje Donald Trump (deportación masiva de paisanos, “ narcogobierno”, cárteles terroristas, militarización de la frontera y tantas otras sandeces del verborreico magnate).
También es cierto que aquél un día dice una cosa y al siguiente se desdice (por ejemplo: nada pueden hacer México y Canadá para evitar los aranceles, y 24 horas después aceptó la pausa; amenaza con construir el muro, cuando solo refuerza algunos tramos existentes con vallas más altas). Ello, mientras permanentemente culpa a terceras naciones de todo los males estadunidenses. Trump condicionó la pausa: México y Canadá deben contener el trasiego de drogas, especialmente de fentanilo, pero su gobierno no mueve un dedo para combatir las adicciones en su territorio, incautar los enervantes que se introducen en su país ni detener a las bandas internas que los distribuyen, con lo que, utilizando su léxico, el verdadero “ narcogobierno” es el gringo, sea por omisión o comisión.
Alrededor de 100 mil muertes anuales de estadunidenses por sobredosis y las calles de las principales ciudades estadunidenses atiborradas de zombis drogadictos, y la Casa Blanca no ha hecho absolutamente nada para remediar esta trágica situación. Se limita a culpar a otros, a sabiendas que los principales introductores y vendedores de estupefacientes son gringos. ¿Será que lo permite, porque este mortal negocio genera cientos de miles de millones de dólares, los cuales, cómodamente, se lavan en el sistema financiero de ese país? Pero otros son los responsables, según dice.
Además, el gobierno estadunidense se niega a tocar a uno de los sectores que mayores aportaciones económicas hace a las campañas políticas en aquel país: el de los fabricantes y expendedores de armas de fuego, los mismos que venden todo tipo de armamento a los hoy declarados cárteles terroristas. De acuerdo con información del propio Departamento de Estado, 74 por ciento de las armas aseguradas a esos mismos cárteles provienen de aquel país. Pero otros son los responsables.
Sobre esto último, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habrá seguimiento a los acuerdos con el gobierno de Donald Trump, sobre todo en lo que se refiere al tráfico ilegal de armas que ingresan al país por la frontera norte. Se ha dicho aquí y ante autoridades estadunidenses y de otras naciones que parte de la inseguridad que se vive en México tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo, y que en nuestro país genera una espiral de violencia, combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en el país del norte.
Y no se trata de algo nuevo: desde agosto de 2021, en el gobierno de López Obrador, México presentó una demanda civil en contra de empresas estadunidenses fabricantes y distribuidoras de armas, pues facilitan el tráfico de sus productos a nuestro país (y terminan en manos de los cárteles). Sin embargo, pareciera que el aparato de impartición de justicia en Estados Unidos es controlado por la impresentable Norma Piña y su mafia de togados, porque a capa y espada defiende a esos delincuentes disfrazados de empresarios y dan largas y más largas.
Ayer, la presidenta Sheinbaum advirtió: ¿Qué pasa en Estados Unidos con los fabricantes de armas que abastecen a estos grupos (a los cárteles) de manera ilegal? Todos estamos combatiendo a los grupos de la delincuencia organizada, de eso no puede quedar duda. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado a los grupos delictivos, cuando este tipo de armas de alto poder sólo es de uso exclusivo del Ejército en Estados Unidos? Entonces, tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas, y al mismo tiempo, nosotros colaborar para que ello suceda.
Pero otros son los responsables, insiste la Casa Blanca; sin embargo, desde que en 1971 Richard Nixon declaró guerra contra las drogas”, el gobierno estadunidense no ha hecho mayor cosa, mientras en aquel país el número de adictos crece como la espuma.
Las rebanadas del pastel
Salvajada tras salvajada, ahora Trump quiere apropiarse la franja de Gaza y reubicar a sus dueños, los palestinos, en otros lugares. Y a su lado, el genocida Benjamin Netanyahu frotándose las manos. Ignominioso.
X: @cafevega   cfvmexico_sa@hotmail.com

Incluso en EU se multiplica el apoyo a la demanda de México contra armeras
La respaldan fiscales de Washington y 16 estados del país vecino
ONG antiviolencia subrayan que el país tiene derecho a reclamar 10 mil mdd por comercio negligente
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de febrero de 2025, p. 3
En la batalla legal para defender su derecho a demandar a los fabricantes estadunidenses de armas por los daños que sus productos producen en nuestro país, el gobierno de México ha cosechado el apoyo de autoridades de justicia de 16 estados de ese territorio, así como de la capital Washington DC, además de las principales organizaciones locales de prevención de violencia de artefactos de fuego, entre otros.
De ello dan cuenta los nueve escritos Amigos de la corte que la Suprema Corte de esa nación ha recibido de enero a la fecha como parte del caso con que resolverá si México tiene derecho a la demanda que entabló en 2021 contra de siete fabricantes de armas y una empresa de venta al mayoreo: Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Sturm, Ruger & Co; y el vendedor al mayoreo Witmer Public Safety.
Dicha demanda, desestimada en 2022 por un juez federal y reactivada en 2024 por un tribunal de apelación, está siendo analizada por la Corte a petición de las armeras, que le solicitaron intervenir con el argumento de que están protegidas ante las reclamaciones de México por una norma federal llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que las exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos. La primera audiencia de este proceso se celebrará el 5 de marzo próximo, cuando las partes presentarán sus argumentos.
En uno de los documentos de amigos de la corte, fiscales y procuradores de 16 estados afirman que si bien la citada ley protege a los fabricantes de demandas por crímenes realizados por terceros con sus productos, no los protege de los crímenes que ellos mismas realizan, como lo argumenta México, que les reclama 10 mil millónes de dólares como compensación por sus prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico de sus armas al sur de la frontera, lo que, según el gobierno mexicano ha incidido los altos niveles de homicidios en el país.
El documento de 28 cuartillas, firmado por los encargados de perseguir el delito en Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Vermont y del Distrito de Columbia, señala que la Corte debe desechar la petición de los fabricantes, porque la ley no les da inmunidad total ante las demandas.
Everytown for Gun Safety, la mayor organización estadunidense de prevención de las violencia de las armas, señala en otro documento de apoyo a México que a través de sus abogados ha litigado casos de actividad ilegal de los fabricantes o vendedores de armas, y los tribunales inferiores han sostenido que la legislación no les exime de responsabilidad. Aun así, los solicitantes piden a este tribunal que omita el texto llano de la PLCAA y declare inmunes a los fabricantes y vendedores de armas, incluso cuando su propia conducta ilegal previsiblemente permita la violencia.
En otro documento Amigo de la Corte, la organización March for Our Lives Action Fund, que surgió de la matanza en una preparatoria de Parkland, Florida, en 2017, cita los argumentos de la Corte de Apelaciones que en 2024 dio entrada a la demanda mexicana porque consideró que la ley no les da total inmunidad. Hace mucho tiempo que los fabricantes y vendedores de armas han tenido pleno conocimiento de la forma en que sus mercancías se utilizan para matar, mutilar y herir a innumerables víctimas inocentes, incluidos niños, recalca.
La Corte también ha recibido 17 Amigos de la corte que argumentan a favor de los fabricantes de armas, firmados por fiscales de 27 estados, políticos como el senador republicano Ted Cruz, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, que señalan que los homicidios en México no son responsabilidad de las armeras, sino de errores del gobierno mexicano y de ciudadanos que han decidido armarse para defenderse, entre otros argumentos.

Inversionistas se refugian en el oro, que alcanza precio récord
▲ Las pugnas comerciales entre Estados Unidos y China llevaron el oro a precios sin precedente.Foto Europa Press
Reuters     Periódico La Jornada
Miércoles 5 de febrero de 2025, p. 18
Los precios del oro volvieron a alcanzar un máximo histórico ayer, impulsados por inversores que buscan un activo de refugio después de que China tomó represalias con aranceles contra Estados Unidos, en respuesta a los gravámenes ordenados por el presidente Donald Trump.
A las 9:39 horas, el oro al contado avanzó 0.9 por ciento, a 2 mil 837.29 dólares por onza, después de alcanzar un máximo histórico de 2 mil 845.14 dólares más temprano. En las operaciones después del cierre regular del mercado, el precio siguió en ascenso y registró 2 mil 841.80 dólares la onza.
Los precios a futuro del oro estadounidense subieron 0.3 por ciento, a 2 mil 865.20 dólares. Después del cierre regular, las cotizaciones siguieron avanzando a 2 mil 872 dólares.
El dólar bajó 0.5 por ciento, lo que abarató el precio del oro para los tenedores de otras divisas.
En tanto, la plata al contado subió 2.1 por ciento, a 32.22 dólares la onza; el platino ganó 0.8 por ciento, a 972.55 dólares, y el paladio cayó 0.6 por ciento, a mil 3.25 dólares.
(Con información de la Redacción)