Foto Xinhua Foto autor
Álvaro García Linera *
16 de noviembre de 2024 08:52
Fue Bourdieu quien comprendió que una de las cualidades definitorias de los estados modernos es su capacidad de monopolizar las fuentes de enunciación de verdades sociales con efecto vinculante en un territorio. No se trata de que sus declaraciones sean verdaderas; de hecho, muchas veces son falsas, pero, regularmente, son aceptadas como verdaderas por una sociedad que las asume, tolera y cumple. A esto, él le llamó el monopolio estatal del capital simbólico, que permite que sus acciones y enunciados sean portadores, por lo general, de un implícito consenso colectivo.
El núcleo de la legitimidad
Ciertamente, el Estado no es el único portador de legitimidad. La sociedad civil siempre es la fuente originaria de los consensos, y en su interior existen múltiples motores de legitimación, como los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, los sindicatos, los intelectuales, influencers, etcétera. Pero se trata de legitimidades fragmentadas, referidas a los miembros de la cofradía religiosa, a los partícipes de una rama de opinión pública, a los agremiados, etcétera. En cambio, las legitimaciones universales, generales, comunes a todos, tienden a concentrarse en el Estado.
Por ejemplo, el monopolio de las titulaciones que certifican conocimientos escolares; la elaboración de leyes que supuestamente favorecerían por igual a todos los ciudadanos, o el ejercicio de la seguridad pública que disminuye los delitos, etcétera. No importa si el estudiante obtuvo calificaciones por favores económicos, o si tal ley resultó de sobornos a gobernantes para favorecer algún negocio inmobiliario privado, o si las infracciones a la propiedad disminuyen a costa del aumento de las agresiones con uso de violencia, etcétera. Al final, la certificación estatal garantiza la verdad del conocimiento adquirido, del beneficio colectivo de la ley o de la reducción del delito. El Estado puede llevar adelante estas arbitrariedades con recursos públicos sin que gran parte de la población se entere o, cuando se entera, lo haga aceptando lo que la información oficial y los portavoces oficiales lo justifican.
Esta legitimidad de las acciones estatales se verifica cuando el orden social funciona con regularidad. Pero la legitimidad se paraliza o fragmenta cuando el régimen económico o político entra en crisis. Las enunciaciones estatales dejan de ser creíbles; sus narrativas no generan adhesiones y el acatamiento a sus disposiciones se pone en duda. Es como si el Estado y sus funcionarios, hasta entonces portadores de una cierta aura de excelencia y superioridad, regresaran a la terrenalidad del descrédito e impugnación cotidiana.
Pasó en Argentina en 2002 tras el fracaso de la convertibilidad; pasó en Grecia tras la recesión y austeridad impuesta por la troika europea y, en general, con el ascenso del ciclo de protestas sociales y la llegada de gobiernos progresistas o populistas en Latinoamérica y otras regiones del mundo. El que la emergencia de gobiernos populistas venga en medio de un malestar económico, la pérdida de ingresos, reconocimientos o la sensación colectiva de un agravio por parte de las viejas élites, no es un hecho menor. Habla de que el monopolio de la legitimidad siempre requiere una materialidad de verosimilitud, sin la cual, sencillamente se desploma.
La respuesta bourdiana respecto a que el monopolio estatal del poder simbólico se basta a sí mismo para fundar su eficacia no puede explicar por qué en ocasiones de crisis, la legitimación estatal se erosiona o desploma, que es el equivalente a responder qué es lo que lo sostiene.
Y es que el monopolio estatal de la enunciación legítima tiene como condición subyacente el monopolio de los bienes, condiciones y recursos comunes de la sociedad. Como señaló Carlos Marx: ese es precisamente el núcleo del Estado y sobre cuya gestión reposan los rangos de credibilidad o incredulidad de las enunciaciones estatales.
La condición de posibilidad de la legitimidad estatal radica en la gestión gubernamental relativamente universal de esos bienes y condiciones comunes (impuestos, riquezas públicas, derechos, reconocimiento, bienestar social, etcétera). La estabilidad económica y derechos básicos garantizados establecen un marco de recepción tolerante de las emisiones estatales y habilita una lucha política partidaria alrededor de esta centralidad. Pero cuando los bienes materiales y simbólicos de la sociedad se contraen, se reparten de maneras agresivamente segmentadas; cuando las condiciones generales de la vida social se fracturan, lo común (por monopolios) deja de ser verosímil; esto es, la autoridad estatal se corroe, dando lugar a una crisis de hegemonía.
Un régimen estatal puede convivir con la degradación de condiciones de vida, el enojo social, la pérdida de derechos e incluso el ejercicio arbitrario de la represión, siempre y cuando se trate de segmentos minoritarios de la población: minorías sociales, ramas sindicales, estudiantes o habitantes de una región. Pero cuando el deterioro de las condiciones de vida abarca a mayorías sociales, cuando el recorte de algún derecho es generalizado, la ofensa o represión es indiscriminada, el sentido de lo común, de lo universal es puesto en jaque y, con ello, la propia plausibilidad del régimen estatal vigente. Son tiempos de descrédito de los gobernantes; el monopolio de los consensos estatales se fisura por todas partes. El gobierno deja de ser creíble y haga lo que haga, siempre estará bajo sospecha pública o burla.
Las crisis económicas, los recortes de derechos o reconocimientos siempre anteceden a una parálisis y fragmentación de la legitimidad estatal, pues el horizonte predictivo común imaginado, alrededor del cual las familias y las clases sociales ordenan el curso esperado de sus vidas, se desquicia, se desploma, desmembrando el sentido de cohesión y destino compartido. La divergencia de élites políticas, la polarización social, que en ocasiones ha llevado al ascenso de los progresismos (Latinoamérica, España, Gran Bretaña), de los autoritarismos y populismos (Trump, Orban, Meloni) en las dos décadas recientes, han estado precedidos de retracciones económicas y visibilidad de agravios, propios de la fase descendente del orden económico neoliberal global.
Legitimidad fragmentada
La corrosión de la legitimidad estatal no necesariamente extravía la fuente de los consensos sociales. Provoca una crisis de hegemonía, una crisis del régimen estatal; es decir, un estupor en la forma de organizar la vida en común y el destino común imaginado de las sociedades. Pero da lugar a la expansión de otras fuentes de legitimidad desde la sociedad civil, bajo la forma de acción colectiva, politización de nuevos sectores anteriormente apáticos, cambios bruscos en los temas de interés de la opinión pública, papel creciente de las redes, protagonismo de nuevos intelectuales, etcétera, los cuales se disputan credibilidad con el discurso oficial. Cuando esas fuentes de nuevos consensos y proyectos de reforma del Estado y la economía se canalizan al interior del viejo sistema de partidos políticos, se producen cismas y reformas profundas al interior de sus ideologías y propuestas económicas, mas la transición hegemónica se lleva a cabo mediante cataclismos regulados. Es el camino, por ahora, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina con el kirchnerismo. Cuando el malestar social se canaliza por fuera del esquema de partidos tradicionales, emergen nuevas fuerzas y discursos políticos rupturistas, que reconfiguran el sistema partidario, como en Brasil, Francia, Alemania, España, Uruguay, o recientemente en Argentina. Que esperpentos políticos como Javier Milei en Argentina, puedan imponer arcaísmos monetaristas como solución a los problemas de inflación no es una astucia de manejo de redes, sino el resultado del hastío de una sociedad ante un Estado intervencionista que agotó sus reformas y llevó al país a una inflación de 160 por ciento anual.
Pero cuando las fuentes de legitimidad se estacionan en nodos activos de la sociedad civil movilizada, como sindicatos, gremios, flujos de acción colectiva y sus representantes emergentes, la crisis de legitimidad estatal es radical. Estamos no sólo ante el agotamiento temporal de una parte de las verdades estatales, sino, además, del surgimiento de otras verdades con pretensión de universalidad, de nuevos comunes cohesionadores. Por ello, no bastará un recambio de narrativas y programas de las antiguas élites, como en el primer caso, ni a una ampliación de élites, como en el segundo, sino que conducirá a una sustitución de los bloques sociales con capacidad de producir nuevos esquemas universales para toda la socie-dad, un nuevo horizonte predictivo y, con ello, una nueva coalición social con capacidad hegemónica.
Es el momento de lo que Antonio Gramsci llamó un empate catastrófico entre una fuente de legitimidad estatal en declive, raída y devaluada, y fuentes de legitimación social portadoras de grandes reformas sociales.
Que el conglomerado de instituciones monopolizadoras de lo común (el Estado) que es capaz de movilizar recursos comunes se muestre en competencia e, incluso, en desventaja ante nodos de la sociedad civil cuya virtud es, por ahora, sólo una promesa de una manera de organizar esos recursos comunes, habla del poderío político de la imaginación colectiva, la esperanza sobre esos recursos comunes al momento de definir la formación de los liderazgos históricos y las hegemonías duraderas.
En todo caso, lo relevante del ocaso de un sistema de legitimación estatal es la disonancia entre esquemas de emisión estatal y esquema de recepción social. Es como si hablaran idiomas distintos o, las palabras tuvieran significados diferentes.
El desquicio y pavorosa orfandad que todo ello provoca en los gobernantes queda perfectamente graficada en la creencia de la esposa del presidente chileno Piñera que calificaba a los sublevados de 2019 de alienígenas.
A la vez, la parálisis de creencias estatales no puede ser indefinida, por lo que, casi paralelamente, sectores crecientes de la población se ven impulsados a abrazar una disponibilidad o apetencia a nuevas creencias compartidas, habilitando una audiencia a los renovadores de los viejos partidos, a los marginados del sistema de partidos, convertidos ahora en adalides de una renovación intelectual y moral de la política o, a las enunciaciones resultantes de la acción colectiva.
Y es que allí donde la transición de esquemas estatales de legitimación viene acompañada de estallidos sociales, son estos movimientos sociales los que tambien actúan como intelectuales colectivos capaces de promover quiebres y adhesiones cognitivos en amplios sectores populares. La acción colectiva siempre actúa como epifanía cognitiva, como gramática de nuevos cursos de acción posibles de la sociedad sobre los modos de organizar la vida en común; es decir, de disputar los universales legítimos de una sociedad. Lo que en la literatura se estudia como doble poder es una variante radical de este factor disruptivo de lo decible y lo posible que acompañan los momentos de efervescencia social. En resumen, a estas tres formas de transición de un régimen de legitimación estatal, corresponderá formas institucionales y discursivas diferentes de formación del nuevo régimen de legitimidad.
Legitimidad extraviada
Pero también puede darse que al eclipse de un régimen de legitimación estatal no le acompañe un sustituto desde el viejo sistema de partidos, ni desde los outsiders; ni una regeneración desde la ausente movilización social. Y entonces, el consenso social entra en un periodo temporal de descomposición, fragmentado y en cámara lenta, que es lo que precisamente sucede hoy en Bolivia. Pero claramente, esto tampoco puede ser duradero.
* Fue vicepresidente de Bolivia (2006-2019)
La soberanía nacional crece
Antonio Gershenson
Todos los días nos damos cuenta, a veces no, de lo mucho que tenemos por aprender. Los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones en favor de la paz mundial y de la local, los movimientos por el alto el fuego en muchos lugares y grupos que la ciudadanía forma para enfrentar las agresiones de todo tipo, como las que lanzan el presidente electo de Estados Unidos y su amigo Elon Musk; nos mantienen alerta y estimulan la búsqueda de mejores armas de defensa ciudadana.
Al parecer, a estos dos millonarios, autoposicionados como casta divina financiera, les encanta espantar a la gente; eso les da poder. Aunque si analizamos la situación en el caso del aumento de los aranceles a los productos mexicanos, esta amenaza directa es poco probable de llevar a cabo.
La gente malvada está en todas partes y la ciudadanía ha aprendido a cerrar filas para no ser agredida. Por ejemplo, las redes sociales progresistas se han multiplicado para informar los asuntos que son silenciados por las empresas televisivas privadas.
Han logrado desmentir en corto tiempo, por ejemplo, las barbaridades que difunden las televisoras nacionales en contra de la Guardia Nacional, el Ejército y, también, de la Marina. Y en la mayoría de las veces han ganado la razón y la verdad. Un ejemplo de ello es el triunfo de la reciente ley judicial, decretada por la necesidad manifiesta durante sexenios, que exigía una renovación total en la estructura del Poder Judicial. Durante años no se supo qué pasó con la justicia pronta y expedita.
No sólo es cambiar o modificar leyes por capricho ciudadano, como lo han calificado las bancadas Mcprianistas, sino que es un derecho logrado con grandes esfuerzos de la población en contra de esas viejas prácticas torcidas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha llevado a cabo al aplicar las leyes según su conveniencia.
Durante sexenios anteriores, la SCJN ha favorecido al mejor postor. Las injusticias cometidas por el personal judicial, en todos sus niveles, convirtió a la Suprema Corte en un poder cuestionable y sin la confianza profesional a la hora de juzgar y de dictar sentencias. Los jurados de la Santa Inquisición y de la Suprema Corte compitieron en la cantidad de injusticias y absurdos llevados a cabo en contra de ese principio importantísimo de justicia pronta y expedita. Aunque todavía podemos aseverar que la Inquisición les ganó en la rapidez para condenar injustamente.
¿Qué podemos esperar de la actual SCJN cuando se trate de defender la soberanía económica, la energética, la industrial y especialmente la científica ante las arremetidas de los millonarios Trump-Musk, que nos ven como más mortales que ellos?
El T-MEC se ha perfilado como un campo de tiro al blanco o un campo minado para México, donde los enormes intereses estadunidenses y canadienses se frotan las manos para dar el primer zarpazo a nuestra participación. Sin embargo, confiamos en la estrategia que han llevado a cabo primero el ex presidente López Obrador y actualmente la mandataria Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, ha quedado clara la política llevada a cabo para cumplir con este compromiso y obtener de este tratado los mayores beneficios para nuestro país.
Por otro lado, con el avance de la tecnología del país, el respaldo a la soberanía creciente, se perfilan metas prometedoras que, tarde o temprano, ayudarán a consolidarnos como una sociedad avanzada, informada y participativa en las decisiones del gobierno.
Nos referimos al proyecto tecnológico que mostrará al gobierno de Sheinbaum como uno de mayor accesibilidad, transparencia y eficiencia en todos sus aspectos. Los trámites, casi de cualquier tipo, tendrán resultados con menor tiempo de gestión para todas las personas que lo necesiten. Sheinbaum y Pepe Merino demuestran que la digitalización es el medio de información de mayor importancia, hasta el momento, así como método poderoso, que logrará cerrar brechas y acercar a la ciudadanía al gobierno.
La digitalización de la vida común será un medio para combatir la corrupción. Quienes delinquen tendrán menos posibilidades de vivir de las conductas ilícitas. Aunque las mafias de alguna forma encuentran salidas para romper las leyes, la digitalización tiene algoritmos y fórmulas que son verdaderos candados para la gente que vive de los vicios antisociales.
Muy pronto, la Ley General de Simplificación y Digitalización será un obstáculo para la burocracia y las extorsiones. Aunque dudamos que los millonarios aludidos conozcan del respeto a la ética y a la soberanía tecnológica, tendrán que respetar, sí o sí, todos los compromisos que integran el T-MEC.
Tendrán, además, que aceptar la independencia y soberanía del gobierno de Sheinbaum, quien les demostrará que, aun con las enormes diferencias monetarias, el mandatario estadunidense y la presidenta mexicana están al mismo nivel: presiden un gobierno y los respalda la mayoría de votos.
(Colaboró Ruxi Mendieta) X: @AntonioGershens antonio.gershenson@gmail.com
Fenómenos climatológicos extremos azotan al mundo
Incendios consumen 900 hectáreas en el sur de Ecuador // En Filipinas un supertifón toca tierra
▲ Sara ha dejado una persona fallecida y 47 mil 421 afectados en su paso por la nación catracha.
Foto Ap
Prensa Latina, Sputnik y Xinhua
Periódico La Jornada Domingo 17 de noviembre de 2024, p. 19
San Pedro Sula. Una tormenta tropical azota centroamérica, incendios forestales arrasan grandes áreas en sudamérica, mientras en el sureste asiático un supertifón tocó tierra ayer.
Un muerto y 47 mil 421 afectados dejó el ciclón tropical Sara tras su paso por Honduras, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). La tempestad permaneció detenida sobre la nación catracha ayer, arrasó la costa norte del país, aumentó el nivel de agua de los ríos y provocó que varias personas quedaran atrapadas en sus casas.
Las continuas lluvias cayeron en la ciudad de San Pedro Sula, en consecuencia el acceso a toda una comunidad quedó bloqueado cuando un puente colapsó sobre un río.
En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó de que existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas y aludes potencialmente mortales en la región durante el fin de semana.
Las autoridades hondureñas extendieron la alerta roja a toda la zona del norte y del litoral del mar Caribe debido a las afectaciones de Sara, y mantuvieron en amarilla y verde al resto del país.
La tormenta se desplaza hacia Belice donde directivos del Departamento de Manejo de Emergencias junto con el ministro de Defensa, Óscar Mira, encabezan el despliegue de un contingente con policías, miembros de la guardia costera y militares que tienen la misión de trasladar a la población vulnerable hacia lugares seguros, salvaguardar bienes y otras tareas de prevención de daños. Sara también amenaza con lluvias intensas el sur de México.
Buscan a incendiarios
En Ecuador, los incendios registrados en el sur del territorio consumieron más de 900 hectáreas del Parque Nacional Cajas, informó Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, donde se encuentra ubicada esta reserva protegida. Son tres los incendios principales dentro del parque, cada uno de ellos ya consumió más de 300 a 350 hectáreas de bosque, señaló.
Añadió que se presentaron denuncias ante la fiscalía provincial en contra de los presuntos autores de las conflagraciones y anunció que se entregarán más evidencias que ayuden a consumar la pesquisa; necesitamos que esta gente esté presa. Hay nombres, hay mensajes, hay información, hay testimonios, acusó.
En tanto, el supertifón Pepito tocó tierra en la provincia filipina de Catanduanes, en el este de la nación asiática, que se encontraba ya en estado de emergencia ante la inminente llegada de la tromba categoría 5 que amenazaba con vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, alertó la oficina meteorológica nacional.
De momento, más de 650 mil personas abandonaron sus hogares en busca de resguardo antes de la llegada del ciclón, que ya registró olas de 14 metros de altura en los alrededores de Catanduanes.
En las cinco tormentas que azotaron Filipinas en las últimas semanas, al menos 163 personas han muerto y miles más quedaron sin casas.
