El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) de la ONU reafirmó este 2 de noviembre, por consenso de sus 196 partes reunidas en la conferencia COP16 en Cali, Colombia, una moratoria global contra el despliegue de la geoingeniería climática y urgió a los gobiernos a que aseguren que se cumpla. Es una decisión importante que envía un mensaje claro para detener la explosión de riesgosos experimentos y proyectos de geoingeniería marina, terrestre y solar que ha avanzado vertiginosamente en años recientes (https://www.cbd.int/decisions/cop?m=cop-16, decisión 16/22).
La decisión se tomó en el marco de las discusiones sobre cambio climático y biodiversidad, dos de las más graves crisis ambientales que enfrentamos. La crisis climática se evidencia en fenómenos extremos de sequías, inundaciones, tormentas más fuertes o inesperadas. La crisis de biodiversidad se manifiesta en la acelerada extinción de especies naturales (animales, plantas, microorganismos) y cultivadas (desaparición de variedades de semillas y razas animales campesinas). Ambas están relacionadas en sus impactos y en sus causas. La crisis climática empeora la de biodiversidad, la erosión de biodiversidad debilita la resiliencia frente al cambio climático.
Ambas comparten causas: los sistemas industriales de producción y consumo masivo basados en combustibles fósiles, minería, agrotóxicos, y la devastación ambiental y social que producen. Aunque las causas de las crisis son bien conocidas y establecidas en paneles internacionales de expertos de la ONU (IPCC en cambio climático e IPBES en biodiversidad), los principales culpables, las empresas trasnacionales, particularmente de energía, agronegocios, agrotóxicos y minería, así como los gobiernos que las favorecen, hacen todo lo posible para evitar que se cuestionen las verdaderas causas y mantener sus negocios como siempre.
Las propuestas de geoingeniería les sirven como excusa para aumentar sus actividades contaminantes y hacer un nuevo negocio con tecnologías que afirman –sin pruebas– que servirían para capturar carbono o reflejar la luz del sol hacia el espacio para bajar la temperatura.
El CBD analizó esas propuestas tempranamente y concluyó que la geoingeniería climática conlleva altos riesgos para la biodiversidad y para las comunidades locales y pueblos indígenas cuyas formas de vida dependen de y cuidan la biodiversidad. Por ello estableció desde 2008 una moratoria a la fertilización oceánica y desde 2010, otra que engloba todas las técnicas terrestres, marinas y solares de geoingeniería. (Decisión CBD X/33 8 (w) ) La situación que llevó a esas moratorias ha empeorado y ninguna de las condiciones para considerar sus impactos se han cumplido, por ejemplo que exista un mecanismo multilateral, transparente y democrático para su supervisión y control, que se haya analizado y demostrado que no tendrá impactos en la biodiversidad y las comunidades, que en caso de hacer pequeños experimentos sean solo con fines científicos, en medios contenidos y sin impactos transfronterizos, que exista consulta y consentimiento previos de pueblos indígenas y comunidades potencialmente afectadas.
Los que proponen o están realizando experimentos de geoingeniería han ignorado adrede todo esto, desde la moratoria en CBD al derecho a consulta y consentimiento (o a denegarlo) previo, libre e informado de pueblos indígenas y comunidades rurales y campesinas. Pero por ello también se han detenido varios proyectos de geoingeniería en México y otros países (ver geoengineeringmonitor.org/es). Ante la agresiva ola de nuevas propuestas de geoingeniería, el CBD decidió ahora reafirmar sus decisiones sobre el tema.
Paradójicamente, a pocos días de que este convenio de la ONU afirmara el principio de precaución contra estas peligrosas tecnologías, la conferencia COP29 de la Convención sobre cambio climático, que se realiza Azerbaiyán del 11 al 22 de noviembre, apoyó en su primer día de reunión la instalación de nuevos mercados de carbono, un mecanismo que no aporta nada para la resolución del problema y que al contrario, podría legitimar la expansión de la geoingeniería terrestre y marina, por ejemplo, megamonocultivos de árboles y algas, alcalinización química de los mares y otras técnicas que amenazan los ecosistemas.
Ese apoyo no fue decidido por las partes del convenio de cambio climático, sino por un órgano supervisor en el que apenas están representados una docena de países, designado para proponer normativas para los mercados de carbono, bajo el artículo 6.4 del Acuerdo de París. (Ver Venta del clima al mejor postor, La Jornada 2/12/23, https://tinyurl.com/27t94uhn).
Ese órgano publicó como aprobado –sin ser revisado por las partes del Acuerdo de París– un estándar muy amplio y vago, que podría incluir técnicas de geoingeniería para remover carbono de la atmósfera como fuente de créditos de carbono. Esta irregular forma de aprobación y las propuestas de geoingeniería comparten una misma matriz: son maniobras de una minoría que aumentarán el caos climático, al permitir que este continúe mientras establecen un negocio para los mismos que causan el problema (https://tinyurl.com/4ucvwrjc).
La decisión del CBD afirmando la moratoria es una herramienta de precaución que necesitamos hacer valer en todas partes.
*Investigadora del Grupo ETC
Nomina Trump a un petrolero en el Departamento de Energía de EU
▲ Karoline Leavitt se desempeñó como portavoz de la campaña del republicano durante este ciclo electoral y del equipo de transición. La imagen, de mayo pasado.Foto Ap
Reuters, Europa Press y Ap
Periódico La Jornada Domingo 17 de noviembre de 2024, p. 18
West Palm Beach., El presidente electo, Donald Trump, nominó a Karoline Leavitt, de 27 años y su vocera de campaña, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, y al ejecutivo de la industria del petróleo y el gas Chris Wright, un acérrimo defensor del uso de combustibles fósiles, para dirigir el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés). En tanto, los demócratas se preparan para desarrollar su agenda opositora.
Tengo la máxima confianza en que ella destacará en el podio y nos ayudará a transmitir nuestro mensaje al pueblo estadunidense para hacer que América vuelva a ser grande, expresó el magnate en un comunicado, refiriéndose a Leavitt.
El próximo inquilino de la Casa Blanca destacó que se trata de una mujer inteligente, dura y ha demostrado ser una comunicadora muy eficaz.
Leavitt se desempeñó como portavoz de la campaña del republicano durante este ciclo electoral y del equipo de transición, además de trabajar como secretaria de prensa adjunta durante el primer mandato del republicano.
(Karoline) Leavitt hizo un trabajo fenomenal como secretaria nacional de prensa en mi histórica campaña, afirmó.
La comunicadora de 27 años, originaria de New Hampshire, que intentó sin éxito obtener un escaño en la cámara de representantes de los Estados Unidos en su estado natal en 2022, agradeció en su cuenta de X al presidente Trump, por creer en mí. Me siento muy honrada.
Chris Wright, director general de Liberty Energy, importante proveedor de servicios para la industria energética en Estados Unidos (de acuerdo con su sitio web), con sede en Denver, es un elemento clave en la agenda de Donald Trump para lograr la hegemonía energética del país en el mercado global.
Además, es un firme oponente a los esfuerzos para combatir el cambio climático, que podría impulsar medidas a favor de los combustibles fósiles, incluyendo una acción rápida para poner fin a una pausa de un año en los trámites para aprobar la exportación de gas natural que decretó el gobierno del actual mandatario Joe Biden.
Mike Sommers, presidente del American Petroleum Institute, el principal grupo de cabildeo de la industria, aseguró que la experiencia de Wright en el sector energético le proporciona una perspectiva importante al DOE.
Un error ecocida
Jackie Wong, vicepresidenta senior de clima y energía en el Natural Resources Defense Council, un grupo ambientalista, llamó a Wright un defensor de los combustibles fósiles sucios y afirmó que su nominación era un error desastroso.
Mientras tanto, líderes demócratas de todo Estados Unidos trabajan para consolidar la resistencia contra la agenda propuesta por el presidente electo Trump, publicó el diario británico The Guardian.
Bob Ferguson, gobernador electo de Washington, quien también es fiscal general del estado, declaró que su equipo se preparó durante meses, ante el inminente arribo del multimillonario a la Casa Blanca, con una revisión línea por línea del Proyecto 2025, además del plan de políticas de más de 900 páginas, que redactaron los aliados conservadores del presidente electo.
En tanto, el gobernador californiano, Gavin Newsom, afirmó que salvaguardará los valores y los derechos fundamentales de California, refiere el texto de The Guardian.
PJ: tretas dilatorias
El magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera elaboró un proyecto de sentencia en el cual se considera constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores porque en materia electoral no opera la institución de la suspensión en los actos de autoridad, es decir, amparos. En este sentido, se otorga garantía de continuidad a los preparativos para que el próximo 1º de junio sean elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía los nueve ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia; dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, así como todas las correspondientes a las salas regionales de este mismo tribunal, con base en los plazos expresamente previstos en la Constitución y leyes secundarias.
De aprobarse, el proyecto que posiblemente será votado el próximo miércoles invalidaría los amparos expedidos de manera ilegal por jueces que buscan frenar el proceso democrático. En particular, pondría final a las amenazas y extorsiones dirigidas al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros fueron amagados por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima para que suspendan la organización de las elecciones de togados: según ese tribunal, en caso de que no acaten la medida se le exigirá a cada uno el pago de una multa de 54 mil pesos y se dará vista al Ministerio Público Federal para que inicie una carpeta de investigación y los sancione por desacato a una determinación judicial.
Al otorgar un amparo a sabiendas de que carece de asideros jurídicos, el tribunal colimense da la impresión de que únicamente se busca posponer un resultado inevitable, que ya fue tramitado con apego a las normas por el Congreso de la Unión y que cuenta con el aval de la voluntad popular expresada en las urnas. Ante estas tretas dilatorias, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al exhortar a la ciudadanía para que vigile y denuncie la corrupción judicial en forma de año de Hidalgo, es decir, la intención de jueces, magistrados y ministros de emprender un saqueo sistemático antes de dejar sus cargos en 2025. De hecho, ya existen antecedentes de la codicia de los juzgadores y de su determinación de arrasar con lo que encuentren a su paso: el pasado 11 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por unanimidad un sistema que otorga compensaciones vitalicias que se suman a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); mientras en julio el ex presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Poder Judicial estaba vaciando a marchas forzadas los multimillonarios fideicomisos en los que ha ido depositando recursos públicos con los que la cúpula de la Judicatura financia sus derroches y privilegios.
La demostración reiterada de que gran parte de los miembros del Poder Judicial tienen como únicos móviles la acumulación de riqueza y poder personales, así como de su carencia de sensibilidad social, sentido republicano y respeto por las leyes de las que se dicen garantes, confirma la necesidad de la reforma puesta en marcha y de avanzar en el proceso de elección del que surgirán los nuevos juzgadores. Cabría esperar de los togados salientes que cesen sus artimañas y tengan un gesto de postrera dignidad ante el clamor popular por sanear el aparato de impartición de justicia.
