Europa Press
14 de abril de 2024 19:36
Madrid. Las Fuerzas Armadas de Marruecos anunciaron este domingo el rescate de 118 migrantes, entre ellos tres menores y nueve mujeres, frente a las costas de la ciudad de Tarfaya, en el sur del país, y que se encontraban repartidos en dos embarcaciones que supuestamente se dirigían hacia las Islas Canarias.
Una patrulla de la Marina Real asistió a dos botes, a 19 kilómetros y a 22 kilómetros de Tarfaya, respectivamente, según un comunicado de las Fuerzas Armadas publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Las autoridades marroquíes dieron ayuda de primera necesidad a estas personas, entre los que se encontraron migrantes de origen subsahariano y asiático, antes de ponerlos a disposición de la Gendarmería para realizar los trámites correspondientes, según la agencia de noticias estatal marroquí, Map.
Mexicanos en el extranjero, sin voto
En 2006 se establecieron por primera vez mecanismos para garantizar el derecho al voto a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el cual pudo ser ejercido por primera vez en los comicios de ese año, pese a que desde mucho antes estaba reconocido en la ley y en diversos instrumentos internacionales de los que México es signatario. Sin embargo, los procedimientos que hacen posible tal sufragio –llamado voto extraterritorial en algunos documentos– han resultado desde entonces confusos, burocráticos e injustificadamente caros, y elección tras elección han dado lugar a justificadas protestas y sospechas por parte de los connacionales que viven fuera del territorio nacional.
Así, en 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió la torpeza de enviar a los mexicanos en el exterior sobres con porte postal pagado para que enviaran su voto a una persona y a una dirección que nadie conocía (Alejandro Sosa, avenida Tláhuac número 5502), lo que generó suspicacias de toda clase, además de que mandaron más de 110 mil paquetes con errores en el nombre o la dirección del destinatario. Aunque a la postre el organismo aclaró que los datos referidos correspondían a un funcionario y a una bodega del propio INE, la confianza en el ejercicio democrático resultó lesionada.
En esta ocasión, la autoridad electoral decidió excluir de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero a casi 40 mil ciudadanos, por diversas inconsistencias, lo que representa más de 17 por ciento de dicho documento. Ello ha generado protestas de los connacionales afectados, a quienes se ofrece como opciones venir a votar a México, acudir a uno de los 23 consulados en los que se instalarán casillas especiales o iniciar un procedimiento de aclaración por correo electrónico, procedimiento de plazos cortísimos y resultados inciertos.
La situación fue criticada por las dos candidatas presidenciales. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, criticó que el INE le niegue el derecho al voto a decenas de miles de ciudadanos residentes en el exterior, los cuales deben enfrentar un proceso demasiado tortuoso, pues no solamente deben tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse (y) tienen que recibir la aprobación. Por su parte, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, quien hasta hace poco era una acérrima defensora del INE, calificó deinaceptable y de falta de respeto la exclusión referida.
Lo cierto es que, en los hechos, las fallidas prácticas el organismo comicial son nugatorias del derecho al voto de un sector de la sociedad constituido por mexicanos a los que las políticas económicas, la inseguridad o la falta de perspectivas de vida han expulsado del país y que, sin embargo, realizan aportes inestimables a la economía nacional. Es una vergüenza que quienes son calificados como héroes cuando se hace la cuenta anual de sus remesas, resulten tan maltratados y desatendidos cuando deciden ejercer su derecho al sufragio.
Bien podría el INE destinar una pequeña parte de su presupuesto desmesurado a la instalación, mediante un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de módulos en, cuando menos, todos los consulados nacionales en territorio de Norteamérica y en aquellos que atiendan a comunidades mexicanas significativas en Europa y América Latina, así como instalar sistemas confiables de voto electrónico que resulten accesibles desde cualquier lugar del mundo.
La ausencia de medidas ágiles, eficientes e incluyentes como las referidas explica el hecho desolador de que sólo 2 por ciento de los más de 20 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos se haya registrado para votar en los comicios de junio próximo.
En lo inmediato, y en tanto no se corrijan aberraciones como la referida, es inevitable concluir que, pese a los cambios recientes en la composición de su Consejo, el Instituto Nacional Electoral sigue dominado por la burocracia frívola, parasitaria, inepta e insensible heredada por el organismo que lo antecedió.
Que la ONU expulse a Ecuador y el extravío de la derecha
José Murat
No hay precedente, ni en las tiranías y dictaduras más oprobiosas, de Hitler a Pinochet, de Mussolini a Videla, de lo ocurrido en la embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril: el presidente Daniel Noboa ordenó que agentes enmascarados irrumpieran por la fuerza en la representación diplomática de nuestro país en Quito, golpearan a los funcionarios mexicanos y apresaran al ex vicepresidente Jorge Glas, quien estaba solicitando asilo político.
Se trata de una violación flagrante a las normas más elementales del derecho internacional, comenzando por el respeto a la inviolabilidad de los espacios diplomáticos y el derecho de asilo, y en contra de la civilidad y cortesía primigenias en el trato entre la comunidad de naciones, lo que ameritó la condena unánime de los organismos internacionales y de múltiples gobiernos nacionales, de todas las filiaciones ideológicas. Lo que amerita también que la ONU expulse a Ecuador.
Ya el Consejo Permanente de la OEA, por 29 votos a favor y sólo uno en contra, condenó enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión y llamó a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y asegurar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal.
Irónicamente, como ocurrió cuando el presidente Lázaro Cárdenas dio asilo a los perseguidos republicanos por la dictadura franquista en España, es en México en donde no hubo consenso: nuevamente fue la derecha panista, cuando menos un sector de ella, la que cuestionó el ofrecimiento de asilo al perseguido de este tiempo, el ex vicepresidente Glas.
Aún peor ahora: hubo quienes, como miembros en lo individual de la fracción parlamentaria panista del Senado se solidarizaron con el presidente Noboa, le ofrecieron disculpas en nombre de México, y arremetieron en contra del Presidente y el gobierno mexicano. La propia candidata presidencial del bloque de la derecha fue la única de los tres contendientes que no condenó abiertamente el atropello a México y que, por el contrario, cuestionó el ofrecimiento de asilo al perseguido.
Una ignorancia total, por decir lo menos, de una de las tradiciones más representativas del Estado mexicano, una tradición, junto con la solidaridad con las causas continentales más elevadas, que ha prestigiado histórica y transexenalmente a nuestro país, como bien lo sabe cualquiera con un mínimo de cultura política y conocimiento elemental de la historia de México.
Baste citar como ejemplos, además del caso de los exiliados españoles, a:
En 1962, el presidente Adolfo López Mateos, se mantuvo solidario con la soberanía cubana. México fue el único país en votar en contra de la expulsión de Cuba del seno de la OEA, se opuso a los dictados continentales de Estados Unidos.
En la década de los 70, el presidente Luis Echeverría Álvarez otorgó asilo político a la esposa del ex presidente chileno Salvador Allende, Hortensia Bussi, luego del artero golpe de Estado de Augusto Pinochet. Entre 1973 y 1974, la embajada mexicana en Santiago de Chile abrió sus puertas a unas 800 personas. Durante ese mismo gobierno, desde nuestra misión se dio protección y asilo a 400 personas perseguidas por la dictadura militar uruguaya, entre ellos José Mújica, quien después sería presidente de ese país hermano.
En el sexenio posterior, el presidente José López Portillo otorgó su apoyo franco al presidente Omar Torrijos para restaurar la soberanía territorial sobre el Canal de Panamá, hasta su firma en 1977 con el presidente Jimmy Carter, por lo que el icónico Canal se recuperó en 1999.
En 1983, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid impulsó la creación del Grupo Contadora, con Colombia, Panamá y Venezuela, un esfuerzo diplomático que, paulatinamente, derivó en una salida civilizada a los conflictos internos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
En el gobierno del presidente Carlos Salinas, 1989, el Estado mexicano creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para otorgar refugio a miles de centroamericanos que huían mientras la paz se restablecía plenamente en esa región.
En el gobierno del mandatario Enrique Peña Nieto, México acompañó el proceso de pacificación en Colombia hasta la firma de paz, el 26 de septiembre de 2016, entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, líder de las FARC. A partir de ese proceso de pacificación pudo emerger, ya en la vida civil, el ahora presidente Gustavo Petro.
En este gobierno en funciones, el 11 de noviembre de 2019 se le otorgó asilo al ex presidente de Bolivia Evo Morales, despojado de su gobierno por la oligarquía local y perseguido por un gobierno espurio emanado del golpe, para salvaguardar su vida.
Igualmente, en su tradición histórica de ofrecer amparo a refugiados políticos, el gobierno de México le concedió, el 21 de diciembre de 2022, asilo a la familia del ex presidente peruano Pedro Castillo, detenido por las fuerzas de la derecha peruana.
En suma, nada ofende más a México y nada socava más la causa, ya de por sí alicaída del bloque de la derecha, que solidarizarse con quien violó la integridad extraterritorial del país, condenar al gobierno mexicano y cuestionar la tradición histórica del asilo político.
