En 2023 se gastaron 2.4 billones de dólares: Sipri
EU, China, Rusia, India y Arabia Saudita, las naciones con más dispendio
Afp Periódico La Jornada
Martes 23 de abril de 2024, p. 23
Estocolmo. Los gastos en armamento a escala mundial tuvieron en 2023 su mayor subida en más de una década y alcanzaron un récord de 2.4 billones de dólares debido a los conflictos y tensiones en curso, según un informe del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri), publicado ayer.
La inversión en materia de defensa aumentó en todo el mundo, aunque son más notables en Europa, Medio Oriente y Asia, según los investigadores. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita son los países que más gastaron en armamento.
El gasto militar a nivel mundial alcanzó una cima y, por primera vez desde 2009, se incrementó en los cinco continentes, explicó Nan Tian, investigador del Sipri.
El gasto militar creció 6.8 por ciento en 2023, lo que representa la mayor subida anual desde 2009, destaca el informe.
La continuación de la guerra en Ucrania implicó un aumento del gasto militar en el país invadido, así como en Rusia y en toda una serie de países europeos, agrega Tian.
Rusia aumentó su gasto 24 por ciento, a 109 mil millones de dólares, según las estimaciones del Sipri, y desde la anexión de Crimea en 2014 incrementó dicha partida en 57 por ciento.
Ucrania destinó casi 100 mil millones con todo y apoyo
El gasto militar de Ucrania creció 51 por ciento, a 64 mil 800 millones de dólares. Al mismo tiempo, el país recibió 35 mil millones de dólares de ayuda, en su mayoría de Estados Unidos, lo que suma una inversión militar equivalente a más de 90 por ciento de la alcanzada por Rusia.
Si bien los presupuestos de defensa de ambos países están cerca, en el caso de Ucrania representan 37 por ciento del PIB y 58 por ciento del gasto público del país, según el investigador Nan Tian. En Rusia, en cambio, supone 5.9 por ciento del PIB.
El margen de maniobra de Ucrania para aumentar su gasto (militar) es ahora muy limitado, resumió el especialista.
En Europa, Polonia –preocupada por Rusia– presenta el mayor incremento del gasto en Defensa, 75 por ciento, hasta 31 mil 600 millones de dólares.
La inversión en armamento creció también en Medio Oriente.
En Israel se incrementó 24 por ciento y llegó a 27 mil 500 millones de dólares en 2023, debido principalmente a la guerra contra Gaza.
Arabia Saudita, el país de la región que más gasta en armas y el quinto a escala mundial, subió su partida presupuestal en defensa 4.3 por ciento y sumó 75 mil 800 millones de dólares.
Estados Unidos, líder mundial de gasto en el rubro, lo aumentó en 4.3 por ciento y sumó 916 mil millones de dólares el año pasado.
China, por su lado, aumentó su inversión armamentista por vigesimonoveno año consecutivo. En 2023 la subida fue de 6 por ciento, a 296 mil millones de dólares, según el Sipri.
El fortalecimiento militar de Pekín y la agravación de las tensiones en la región incitaron a los países vecinos a seguir la tendencia. Así, Japón gastó 50 mil 200 millones de dólares, y Taiwán, 16 mil 600 millones, un incremento en ambos casos de 11 por ciento.
El cuarto país, India, subió su inversión 4.3 por ciento, a 83 mil 600 millones de dólares.
En América Central y el Caribe, el gasto se vio espoleado por fenómenos como la lucha contra el crimen organizado. En República Dominicana se incrementó 14 por ciento para hacer frente a las bandas violentas del vecino Haití.
EH-Bildu: Euskadi, una nación con derecho a decidir
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Martes 23 de abril de 2024, p. 23
Madrid. Arnaldo Otegi, líder de la coalición de izquierda independentista vasca EH-Bildu, consideró que llegó el momento de reconocer que Euskadi es una nación con derecho a decidir, como –a su juicio– lo acreditan los resultados electorales del domingo.
Los comicios arrojaron un resultado histórico para las fuerzas independentistas, con un empate entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con 27 escaños y 30 mil votos más, y EH-Bildu, también con 27 legisladores, cerca de 70 por ciento de la ciudadanía vasca.
El Parlamento vasco tiene una clara mayoría independentista, con 54 de los 75 diputados, al que se puede agregar el de Sumar, una formación de izquierda que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El resto, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) tiene 12 diputados; la derecha española únicamente suma ocho –siete del Partido Popular y uno de Vox–.
Seguirán acuerdos
A pesar de la amplia mayoría independentista, el PNV reditará su acuerdo de gobierno con el PSE, con el que aspira a mantener el poder detentado casi de forma ininterrumpida por cuatro décadas, y seguir desarrollando el estatuto de autonomía de Gernika, a la espera de transferir algunas competencias más. Su líder y candidato, Imanol Pradales, ya negocia con su homólogo socialista, Eneko Andueza, la composición del futuro Ejecutivo.
De ahí que la lectura de Otegi sea diferente. Habla de una nueva época en la que se tiene que asumir el mandato de la ciudadanía vasca, que reclama abrir la puerta al derecho a decidir, es decir a un referendo de independencia para separarse definitivamente del Estado español.
Cincuenta y cinco de los 75 diputados del Parlamento vasco decimos que Euskadi es una nación con derecho a decidir, señaló Otegi, al insistir en que “las cosas han cambiado, ya venían cambiando y ayer se corroboró que el cambio ya está aquí. Aquellos que decían que la izquierda abertzale (patriótica) no tenía futuro se estaban equivocando”.
Otegi, líder histórico de la izquierda separatista y artífice del proceso de paz del histórico conflicto que culminó con la disolución del grupo armado ETA, agregó que “el país ha puesto a cada partido en su sitio, es la gente la que pone a los partidos en su sitio, y ayer lo hizo. Y pide un cambio en el modelo de gobernanza hacia políticas más abertzales y más de izquierda. ¿Va a haber suma abertzale? ¿Va a haber una suma de izquierdas? Hay que ser coherentes y respetar el mandato popular”.
Informe anual de EU sobre DH en el mundo, el caso de México
Foto Pablo Ramos Foto autor
Jim Cason y David Brooks, corresponsales
22 de abril de 2024 17:22
Washington y Nueva York. El informe anual sobre derechos humanos en el mundo emitido este lunes por el Departamento de Estado no detectó “cambios significativos en la situación de derechos humanos en México”, antes de detallar una larga lista de abusos y violaciones de derechos incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura por fuerzas oficiales, problemas con la independencia del poder judicial, violencia contra periodistas y violencia con base en género.
“El gobierno generalmente tomó pasos creíbles para identificar y castigar a oficiales que podrían haber cometido abusos de derechos humanos”, afirma el informe en un resumen sobre la sección de México de unas 58 páginas. Pero el informe ofrece una evaluación muy detallada de ejemplos específicos de oficiales gubernamentales a nivel nacional y local que cometieron delitos y quedaron impunes. Por ejemplo, después de ofrecer detalles sobre los arrestos y liberación de personas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el informe concluye que “hasta noviembre [2023], ningún sospechoso ha sido condenado por su involucramiento”.
El informe anual requerido por el Congreso desde 1977, ofrece capítulos detallados sobre casi todos los países del mundo, pero no somete a calificación los derechos humanos dentro de Estados Unidos. Por cierto, al presentar el informe este lunes, Robert Gilchrist del Buró sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, señaló en conferencia de prensa que el presidente Jose Biden ha enfatizado la importancia de que este país “cumpla con sus propios derechos humanos”.
Pero a fin de cuentas, este es un documento político. El secretario de Estado Antony Blinken, en su introducción escrita al informe, resalta los abusos de derechos humanos en Rusia, Sudán, Irán, China y Cuba y lo que llaman el conflicto Israel-Hamas. Sin embargo, un lector tiene que proceder a secciones específicas del informe para descubrir “numerosos reportes” de “matanzas ilegales” por el gobierno de Arabia Saudita o los”asesinatos extrajudiciales” del gobierno de India, ambos aliados de Washington, todo lo cual no es resaltado por el secretario de Estado.
En su introducción por escrito, Blinken sí optó por enfatizar “los avances en la implementación de reformas laborales en México, donde trabajadores están superando obstáculos para organizarse y empezar a mejorar condiciones laborales”. La sección sobre México agrega sobre este rubro que “el gobierno continuó fortaleciendo las protecciones a la libre asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de la negociación colectiva de los trabajadores”.
La sección sobre México también incluye una evaluación de la actuación de parte del gobierno: “Hubo varios reportes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios e ilegales, incluyendo asesinatos extrajudiciales, durante el año”. Después de señalar que la tortura está prohibida por la ley federal en México, el informe afirma que “la impunidad por tortura prevaleció entre las fuerzas de seguridad”.
Una gran parte de la sección sobre México se centra en si el gobierno mexicano investiga, fiscaliza y condena a personas dentro y fuera del gobierno que violan los derechos humanos y, tras indicar que existen “numerosos” reportes de desapariciones por grupos delictivos, el informe dice que las “condenas de los delitos de desapariciones forzadas eran infrecuentes”.
La sección evalúa el papel del poder judicial, señalando que a pesar de la independencia de ese poder bajo la ley, decisiones de tribunales fueron susceptibles a influencia inapropiada de entidades tanto privadas como públicas, particularmente a nivel estatal y local, como también por organizaciones criminales trasnacionales”. Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador “verbalmente ha atacado al poder judicial, particularmente la Suprema Corte” y que mítines públicos han incluido la quema de la efigie de la juez Norma Piña. No obstante, el informe concluye que “la ley otorga el derecho a un juicio imparcial y público, y el poder judicial generalmente hizo valer ese derecho”.
Otro rubro amplio de la sección sobre México se enfoca en la libertad de prensa y los medios, lo cual evaluó que el gobierno mexicano “generalmente respetó”. Pero agregó que “el gobierno continuó ejerciendo presión significativa por ser una fuente de ingresos de publicidad para muchas organizaciones de medios, lo cual a veces influyó la cobertura”. Agrega que “altos niveles de impunidad, incluyendo asesinatos o ataques sobre periodistas, resultaron en auto-censura y una reducción de la libertad de expresión y la prensa”.
El Departamento de Estado también señaló en este mismo rubro que “la desacreditación oficial de trabajadores de medios continuó. Políticos, incluyendo el Presidente López Obrador, públicamente descalificó y criticó a tales periodistas, presentándolos como parciales, partisanos y corruptos”. El informe ofrece una lista de periodistas muertos o que se supone están muertos durante el último años, incluyendo el corresponsal de La Jornada, Luis Marín Sánchez Íñiguez, quien fue encontrado sin vida en Tepic, Nayarit, en julio del año pasado.
La sección también aborda “conflictos sobre tierras, violencia social y étnica, u otras disputas políticas locales” como razón por el desplazamiento forzado de personas. Indica que hubo 386 mil personas desplazadas por estos motivos, según ONGs, y que los estados de Chiapas, Michoacán y Zacatecas en conjunto tenían el 90 por ciento de los casos de personas desplazadas por violencia.
Finalmente, el informe, señalando que la ley nacional aplica penas por corrupción oficial, concluye que “el gobierno generalmente aplicó esa ley efectivamente, pero hubo barios informes de corrupción gubernamental”.
Al emitir el informe, el secretario de Estado Blinken fue preguntado por reporteros si Estados Unidos tiene una doble criterio en torno a los derechos humanos, dada la critica pública de acciones rusas en Ucrania comparadas con las mucho más leves de las mismas en Gaza por Israel. “No, aplicamos el mismo criterio a todos, y eso no cambia si el país es un adversario, un amigo o un aliado”. {El informe se puede consultar en: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/].
