Carlos Fernández-Vega
▲ Raquel Buenrostro habló por teléfono ayer con la secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo, sobre fortalecer los mercados regionales e impulsar la relocalización de empresas a México que integren las cadenas de suministro.Foto Pablo Ramos
La derecha, como siempre histérica y vociferante (con los panistas a la cabeza y financiada por Claudio X. González Guajardo, cabeza visible de quienes aportan el dinero), ha organizado una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y con la intención, según dice, de evitar que el presidente López Obrador controle al árbitro electoral y se perpetúe en el poder (el impresentable Marko Cortés dixit).
Se trata de los facciosos de siempre, es decir, el mismo grupillo pendenciero y gritón, compuesto por puras fichas quemadas y a todo se opone y que simplemente cambia el logotipo de su movimiento según fracasan los anteriores (todos, pues), pero, eso sí, pegados a la misma ubre: la que aporta recursos suficientes para este tipo de maniobras, marchas y manifestaciones, porque al final de cuentas Claudito también es un símbolo gráfico (los de la chequera operan tras bambalinas). Ni siquiera ese microcosmos es práctico, porque si lo suyo es el escándalo, pues que funden su propio grupo de reguetón.
De acuerdo con la información disponible, entre los convocantes a la marcha dominical aparecen varios membretes: el Frente Cívico Nacional, UNE-Sí por-Sociedad Civil-Unidos por (todos) por México, Poder Ciudadano y otras con igual nivel de creatividad: Mexicanos por México. Este cúmulo de representantes de la sociedad civil sin colores partidarios –como se presentan– tiene algo en común: Claudio X. González Guajardo y lo que éste representa. También participarán las empresas privadas disfrazadas de partidos políticos, ligados a la chequera que maneja el junior. Son rabiosos y dicen defender al INE (léase contrarios a la reforma electoral), cuando en realidad sólo intentan proteger sus propios intereses y, desde luego, la permanencia de su carismático garante, Lorenzo Córdova (pandilla incluida) o similares, porque se niegan a que los ciudadanos participen en la elección de consejeros de un organismo ciudadanizado.
Se trata, dijo el presidente López Obrador, “de una lucha política, porque ellos quieren que continúe el régimen de corrupción. No voy a dejar de decirlo: lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera; quieren mantener privilegios y ellos están a favor –que se escuche bien y que se escuche lejos– de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo. Y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo: ellos nada más quieren poder. Esa es la diferencia, eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros”.
No hay que darle muchas vueltas: “cómo no van a ser corruptos, cómo no va a ser rateros, si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde 1983 hasta 2018, 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México, el país de mayor desigualdad en el mundo, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís, y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo”.
Eso sí, apuntó, tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya, fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Entonces, libertad completa; así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo. De pasadita, recordó que estos hipócritas querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas.
Como mera cortesía, López Obrador dejó un recordatorio a Lorenzo Córdova: ¿por qué los consejeros y del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del organismo y contrató un seguro que ya no le correspondía, porque ya tiene que dejar el cargo, para tres años por cerca de 300 millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Durante octubre pasado se registraron cerca de 208 mil puestos de trabajo en el IMSS, con lo que al cierre del décimo mes del presente año se reportaron 21 millones 617 mil 326 plazas laborales, de las que 86.4 por ciento son permanentes y el resto eventuales. En 10 meses, casi un millón de puestos de trabajo.
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Morelos: fiscal insostenible
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es una de las herencias más nefastas que el ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu dejó a la entidad. Pertenece a la primera generación de fiscales que sustituyeron a los procuradores estatales resultado de las reformas que supuestamente buscaban la autonomía de las fiscalías frente al poder político, pero han probado ser parte de una estrategia de impunidad transexenal de mandatarios salientes deseosos de cubrirse las espaldas ante cambios en la correlación de fuerzas partidistas, como es el caso del ya destituido y encarcelado Jorge Winckler, impuesto en la fiscalía de Veracruz por el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en 2016.
Designado por el Congreso local en 2018, a meses de que concluyera el sexenio de Ramírez Garrido, Carmona recibió un mandato de nueve años, de los que han transcurrido casi la mitad sin ningún beneficio tangible para la sociedad morelense. Por el contrario, a su gestión la han marcado el desprecio por la justicia, la protección del grupo político que lo instaló en el cargo y el desinterés por la gravísima descomposición que enfrenta la entidad en materia de seguridad pública.
Ayer, familiares de una de las decenas de víctimas lo denunciaron por encubrir a servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde al menos hasta 2014 la procuraduría general de Morelos arrojó casi 120 cadáveres, en algunos casos sin haber realizado las diligencias debidas para identificarlos, y en otros en evidente comisión de desaparición forzada, pues los cuerpos fueron inhumados sin notificar a las familias pese a conocerse su identidad. A lo largo de todos estos años, Carmona no sólo no ha presentado avances sustanciales en las indagatorias, sino que ha mantenido en la fiscalía a funcionarios con presunta responsabilidad en estos delitos.
Además, se le ha señalado en reiteradas ocasiones por su inacción en el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador y activista perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, perpetrado el 20 de febrero de 2019. Integrantes de este colectivo han sostenido que Carmona conoce la identidad de los homicidas –convicción compartida por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo– y desde el año pasado denuncian la desaparición de evidencias claves.
Por si no fuera suficiente con semejante ineptitud profesional, Carmona también se ha visto envuelto en escándalos de abuso de poder. En agosto de 2021, sus escoltas detuvieron, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que circulaban por la autopista Acapulco-México, cuya única falta fue intentar rebasar al convoy de autos blindados en que se desplazaba el fiscal. Antes, había revictimizado a ocho personas que fueron asesinadas en la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, al afirmar que su muerte se produjo en un contexto de ajuste de cuentas, cuando eran estudiantes sin relación con la delincuencia. Esta misma insensibilidad e imprudencia declarativa salió a relucir la semana pasada, cuando descartó en conferencia de prensa que la joven Ariadna Fernanda López Díaz hubiera sido víctima de feminicidio. Según Carmona, Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre a las afueras de Tepoztlán, murió debido a una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración, y no se hallaron huellas de violencia en el cadáver.
A petición de la familia de la víctima, la Fis-calía General de Justicia de la Ciudad de México efectuó una segunda necropsia, en la cual se determinó que fue asesinada mediante traumatismo múltiple, y videos obtenidos por el organismo a cargo de Ernestina Godoy han llevado al arresto de una presunta coautora material (otro se entregó ayer a las autoridades).
De acuerdo con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el intento de presentar la muerte de Ariadna Fernanda como un simple incidente fue motivado por la relación personal del presunto feminicida con Carmona. Este punto necesita ser probado, pero de lo que no hay ninguna duda es de que el cuestionado fiscal condujo (él mismo aseguró haber atendido en forma personal la autopsia) unas diligencias periciales que no son sino un montaje con el cual se encubre un crimen y se revictimiza a la joven.
Tras este episodio, es incuestionable la urgencia de iniciar un proceso penal contra Uriel Carmona, cuya conducta no puede calificarse sino como flagrante obstrucción de la justicia y repetido encubrimiento de delincuentes.
Plan de justicia yaqui: avances y desafíos
Magdalena Gómez
El pasado 29 de octubre, el Presidente de la República firmó en el pueblo yaqui de Belén, el decreto para la restitución de alrededor de 30 mil hectáreas, superficie que había sido despojada a la tribu yaqui. Para ello, el gobierno federal negoció con los propietarios, el pago de 420 millones de pesos de 11 predios localizados 10 en el municipio de Guaymas y otro en Cajeme.
El discurso oficial ha enfatizado los atropellos sufridos por la tribu yaqui, en especial el trato inhumano recibido durante la deportación. Sin embargo, en la reconstrucción actual se ubica a los decretos del presidente Lázaro Cárdenas y se coloca una suerte de vacío sobre las políticas seguidas por los gobiernos posteriores, para detenerse en el ex presidente Ernesto Zedillo, en 1997. Vale la pena recordar el recuento presentado en 2006, por el Consejo Internacional de Tratados Indios, y algunas autoridades tradicionales yaquis en una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitida en 2015. La parte yaqui denunció que se ha violado el derecho a la propiedad colectiva del pueblo yaqui en virtud del reconocimiento parcial, despojo y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal de territorio tradicional previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio yaqui. El Estado ha expedido múltiples concesiones para proyectos de infraestructura, incluyendo una autopista de peaje. El pueblo yaqui acordó la construcción de la carretera federal de peaje 15, en el entendimiento de que recibiría 10 por ciento de las ganancias totales recogidas por la garita de peaje del Empalme. Sin embargo, señaló que el Estado no les ha hecho ningún pago.
Por su parte, el Estado alegó que “el 30 de septiembre de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas expidió una resolución en la cual se precisaron los puntos a los que se sujetaría el deslinde y delimitación de las tierras reconocidas al pueblo yaqui –hecho que los yaquis cuestionaron–; señaló también, que la superficie reconocida al pueblo yaqui ha sido objeto de tres expropiaciones por causa de utilidad pública, de conformidad con la Constitución de México”.
Los peticionarios sostuvieron que el 10 de enero de 1997 –sin consultar con el pueblo yaqui– el presidente Zedillo expidió un decreto expropiatorio que convalidó la propiedad ejidal sobre 431 hectáreas de riego en favor de seis núcleos de población ejidal. Además, autorizó a la Secretaría de la Reforma Agraria para que pusiera a disposición del Estado 2 mil 257 hectáreas, en su mayor parte de riego, para su titulación en los términos que se conviniera con los poseedores. En suma, expropió 2 mil 688 hectáreas localizadas en áreas conocidas como La Cuchilla e Isleta I y II, pero despojó más de 40 mil 499 hectáreas ubicadas en áreas extensas fuera de La Cuchilla e Isleta I y II. La expropiación del decreto de Zedillo no se realizó por razones de utilidad pública, sino para transferir y legalizar la posesión de las tierras ancestrales a terceros no yaquis.
Anotaron, además, que han vivido un clima de amenazas gubernamentales y las estrategias para promover la división entre las autoridades de la tribu, incluso se presentaron casos de torokoyoris (traidores al pueblo), que usurpan nombramientos tradicionales sin contar con la estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal. La tropa de la tribu ha procedido a desconocerlos. El gobierno también los ha presionado con el castigo en reparto de recursos para proyectos o disminución de becas.
De todo ello no se habla, pero es un telón de fondo que no debe ignorarse ni asumir que sus efectos ya no están presentes, a ello obedece la existencia de autoridades duales, esto es, las que ha reconocido el gobierno estatal de manera independiente a las que elige la tribu. Otro aspecto central, es el del rentismo imperante, el secretario de la guardia tradicional de la comunidad de Belem planteó la necesidad de apoyos a créditos agrícolas. Ya en el medio local se dice que las tierras restituidas entrarán al rentismo, incluso de parte de quienes hoy las vendieron al gobierno. Un material oportuno es el que La Jornada publicó en una serie de reportajes: Ecos de la contrarreforma agraria (1-4/11/22), que son un espejo sobre la situación en el país, incluido Sonora, dan cuenta con datos duros de que las mejores tierras han sido acaparadas por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo –muchos leoninos–, así como de estrategias legales e ilegales. Muestran testimonios sobre casos en que los ejidatarios se vieron en la necesidad de rentar sus parcelas, les fueron expropiadas o los despojaron de ellas con engaños. ¿Cuál es la propuesta oficial para todos los pueblos?
