Carlos Fernández-Vega
▲ Germán Larrea, presidente del Grupo México (derecha), en una imagen de archivo, acompañado de Rolando Vega Saenz (de pie), integrante del consejo de administración de ese consorcio minero y también director de Seguros Atlas, así como de Federico Toussaint Elosúa, director del Grupo Lamosa.Foto Francisco Olvera
Uno de los métodos preferidos de Germán Larrea y su Grupo México es comprar funcionarios gubernamentales, práctica que al otrora empresario sin rostro le ha permitido obtener no sólo cientos de concesiones mineras y de agua, saquear a la nación, evadir su responsabilidad legal, mantenerse impune, convertirse en multimillonario marca Forbes y en un personaje de gran influencia política, sino contar con todo un ejército de servidores públicos, (y ex), muy útiles a la hora de lograr sus objetivos. Y como diría el clásico, en esto no ha dejado piedra sin labrar.
Lo anterior sale a colación, porque ayer el presidente López Obrador mostró su enojo por la decisión de un funcionario (ahora ex) que benefició a Larrea y que hoy, por medio del viejo truco de la puerta giratoria, está a su servicio. El mandatario lo dijo así: ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea, Sonora, y no sólo eso: el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que se le otorgó (Grupo México).
No reveló el nombre del involucrado, pero horas después la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo hizo: con relación a la prórroga de la concesión a la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, el servidor público que se encontraba como responsable de la Subdirección General Técnica (de la institución federal) era Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, quien se sabe actualmente trabaja en Grupo México. El área responsable de autorizar la prórroga fue la Subdirección General de Administración del Agua, a cargo entonces de Jorge Eugenio Barrios Ordóñez. Ambos, con el indeleble sello de Larrea.
En septiembre de 2020 López Obrador anunció que en la Conagua “habrá una limpia, porque está tomada por el Partido Acción Nacional … Los cambios se aplicarán a nivel federal y luego en distintas entidades, como Sonora, y en la región de La Laguna”. Y se procedió en tal sentido: echaron a varios directivos, entre ellos el citado Alcocer Yamanaka, pero el daño ya estaba hecho. Y, sí, en esa Comisión los panistas hicieron un enorme negocio con las concesiones (Larrea, como principal beneficiario), pero resulta que el enemigo estaba en casa y ahora al servicio del magnate Forbes, principal beneficiario de las concesiones de la Comisión Nacional del Agua, todas para su imperio minero.
Obvio es que Alcocer Yamanaka no es el único; de hecho, sólo es uno de tantos. En este espacio se ha comentado que a lo largo de los años se ha documentado cómo ex presidentes de la República (Ernesto Zedillo y Borolas), ex secretarios de despacho (José Andrés de Oteyza, Pedro Aspe, Carlos Ruiz Sacristán, Francisco Gil Díaz, por citar sólo unos cuantos), ex subsecretarios (de Relaciones Exteriores, como Juan Rebolledo Gout, también secretario particular de Carlos Salinas cuando despachaba en Los Pinos; también fue vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México), ex directores generales de paraestatales) sobre todo de Pemex) y demás mandos medios y superiores han sido contratados por y están al servicio de los grandes corporativos privados nacionales y trasnacionales que de México, y con el apoyo –coima de por medio– y los amigos necesarios, han hecho su paraíso, y todos ellos, en funciones, procedieron en igual sentido. Grupo México encabeza la lista de concesiones de agua (y las de minería) y detrás de él aparecen otros corporativos del sector (como los de Carlos Slim, la familia Bailleres y Alonso Ancira, quien también cuentan con ex servidores públicos a su servicio).
La Jornada (Angélica Enciso) documentó que en México 3 mil 304 empresas, personas físicas y asociaciones civiles de distintas actividades productivas tienen la concesión de 13 mil 208 millones de metros cúbicos al año, lo cual equivale a 22.3 por ciento de toda el agua concesionada, y la mayoría la extrae de acuíferos sobrexplotados. Es decir, sólo uno por ciento de los usuarios usufructúa una quinta parte del líquido del país (mineras, cerveceras, acereras, agroindustrias, papeleras, automotrices, embotelladoras, instituciones bancarias –como BBVA y Banco Azteca). Por cierto, Kimberly-Clark, del papá de Claudito X., aparece entre las más beneficiadas.
Las rebanadas del pastel
La inflación retrocede milímetros, pero el Banco de México aumenta metros a la tasa de interés (ahora en 10 por ciento); la factura la pagan millones de usuarios de la banca privada que ya no sienten lo duro, sino lo tupido.
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García Luna: podredumbre sin fin
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otros antiguos integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que sería un nuevo caso de montaje para mostrar ante las cámaras la supuesta liberación de una persona secuestrada y el arresto de un grupo de criminales, a semejanza de la probada fabricación del operativo en el que fueron detenidos Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez, en diciembre de 2005.
De acuerdo con los denunciantes, el 13 de septiembre de 2006, 11 personas fueron detenidas en distintos puntos de la Ciudad de México y del estado de México, sufrieron tortura y se les trasladó a una casa ubicada en la entonces delegación Tláhuac. Una vez ahí, se les dispuso en varias habitaciones y se les ordenó tirarse al piso cuando escucharan un golpe en la puerta; después entraron agentes de la AFI y simularon la aprehensión de todos ellos y el rescate de un secuestrado. La esposa de uno de los hombres que continúan recluidos hasta hoy sostiene que fue violada por elementos de la AFI como método de presión para que su marido se confesara capo de una banda de plagiarios. Por estos hechos ocurridos en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox, familiares acusan que los presos fueron víctimas de actos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y fabricación de pruebas, entre otros delitos.
De probarse, estas aseveraciones se sumarían al historial del horror desatado por García Luna como hombre fuerte de Fox y Felipe Calderón en asuntos de seguridad pública. Con el paso del tiempo, se vuelve más difícil ocultar que el primer director de la AFI, secretario de Seguridad Pública durante todo el calderonato y creador de la Policía Federal que operó de 2009 a 2019, es responsable no sólo de la colusión con el crimen organizado por la que se encuentra preso en Estados Unidos, sino también de violaciones masivas a los derechos humanos y de orquestar un aparato de violencia contra la población que siguió en marcha en el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de dicha corporación, formada por García Luna para servir a sus intereses inconfesables.
Un somero repaso de las actuaciones de la Policía Federal debe incluir el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco, así como las masacres de Apatzingán (6 de enero de 2015, 16 víctimas mortales), Tanhuato (22 de mayo de 2015, 42 muertos) y Nochixtlán (19 de junio de 2016, ocho asesinados). Estos tres actos tuvieron orígenes y desarrollos muy distintos (ejecuciones extrajudiciales los dos primeros y represión de un movimiento social el último), pero comparten la atroz violación de cualquier protocolo de conducta policial y de uso de la fuerza, además del empeño de las autoridades en culpar a las víctimas y garantizar impunidad a los mandos responsables.
Es evidente que García Luna debe ser investigado y judicializado para que responda por los graves atropellos de los que se le acusa pero, más allá de la persona, es necesario abrir una amplia indagatoria en torno a la oscura época en que operó la desaparecida Policía Federal, pues todos los indicios apuntan a que la cúpula de la institución estaba podrida y actuaba movida por propósitos muy distintos a los de atajar la criminalidad y resguardar la integridad de la población. Por otra parte, el surgimiento de nuevas revelaciones sobre la AFI (que estaba adscrita a la Procuraduría General de la República) exhibe la desmemoria o la hipocresía de quienes exigen un cuerpo enteramente civil para hacerse cargo de la seguridad pública, como si ello hubiese ofrecido alguna garantía de respeto a los derechos humanos en el pasado reciente.
