Genaro García Luna en imagen de archivo. Foto Cristina Rodríguez
Nueva York. Los fiscales federales en el caso de Genaro García Luna argumentaron que los cargos por actividades que facilitaron el narcotráfico iniciaron en 2001 hasta 2020, aún después de que dejó sus puestos oficiales en 2012 e informó al juez encargado del caso que cuentan hasta ahora con 15 testigos de seguridad pública y 6 testigos “cooperantes”.
En respuesta a una solicitud de los abogados de la defensa de García Luna para desechar varios de los cargos y exigir mayores detalles sobre los testigos de la fiscalía, presentada el 14 de octubre ante el tribunal federal en Brooklyn donde se prepara el juicio, los fiscales afirman que el acusado utilizó sus altos puestos oficiales para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.
La acusación, precisa, es que “entre enero de 2001 y julio de 2020, el acusado conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y que, en 2018, después de mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta en su intento por conseguir la ciudadania estadunidense”.
Los abogados de la defensa encabezados por César de Castro argumentan que se debe descartar 4 de las acusaciones contra su cliente, alegando que éstas se formularon más de 5 años después de las supuestas actividades ilícitas que se alega cometió cuando ocupaba puestos oficiales y por lo tanto ya expiró el estatuto de limitaciones.
Pero en su respuesta registrada ante el tribunal, el fiscal federal Brean Peace y su equipo de cuatro fiscales asistentes afirman que esas actividades continuaron hasta julio de 2020 -o sea, aún después de haber sido arrestado García Luna y encarcelado por las autoridades estadunidenses en 2019. Indican que la defensa está argumentando que cuando García Luna dejó el gobierno en 2012, ahí concluyó su participación en las actividades ilícitas.
La acusación contra García Luna incluye cinco cargos: participar en una iniciativa criminal continua; conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas ante autoridades.
Estas actividades ilícitas se realizaron, según la acusación formal, entre 2001 a 2005 cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones y de 2006 a 2012 cuando fue secretario de Seguridad Pública. En su argumento, los fiscales informan ahora que sus actividades ilícitas continuaron aún después de abandonar sus puestos oficiales, tal como se afirma en las acusaciones formales.
Más aún, argumentan que “al fin del periodo del acusado en el gobierno no hizo nada para poner fin a la conspiración o para debilitar el vasto poder del cártel de Sinaloa” y que “su influencia, poder y contactos como un ex integrante del gabinete mexicano continuó mucho más allá de su puesto público”.
Los fiscales sostienen que “la conducta del acusado pos-2012 comprueba que nunca abandonó la conspiración”, y que se demostrará en el juicio cómo mintió sobre su participación en tal conspiración en por lo menos dos ocasiones, en su solicitud para la ciudadanía estadunidense en 2018 y cuando primero fue arrestado en 2019, “demostrando que nunca tuvo la intención de romper con el cártel de Sinaloa o renunciar a los objetivos de la conspiración”.
En su argumentación en contra de la solicitud de la defensa de revelar la identidad de todos los testigos y fuentes de los fiscales en el caso antes del juicio, los fiscales indican que no están obligados a ofrecer una lista detallada y que ya han compartido suficiente información con la defensa sobre este asunto. Por ejemplo, indican que ya compartieron reportes sobre las entrevistas con aproximadamente 25 de los socios personales del acusado y ex socios profesionales de García Luna. También recordaron que ya han compartido material sobre 15 testigos de seguridad pública (no se identificó de cuál país) y por lo menos 6 “testigos cooperantes” potenciales.
Entre la evidencia en estas entrevistas está información sobre el cártel y sus métodos de operación incluyendo el uso extenso de sobornos, declaraciones de algunos testigos sobre el acusado y los sobornos que aceptó y lo que hizo a cambio de esos pagos, como “los nombres de otros miembros del gobierno mexicano con quienes trabajó el acusado” en torno al negocio de narcotráfico del cártel de Sinaloa.
El juez Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York donde se realiza el proceso judicial contra García Luna, ahora espera la respuesta de la defensa a estos argumentos de la fiscalía la próxima semana y podría convocar a una sesión para argumentos presenciales sobre el asunto el 16 o el 18 de noviembre antes de emitir su decisión sobre la solicitud de la defensa.
El juicio de García Luna está programado para iniciar el 9 de enero, aunque no se descarta la posibilidad de que sea postergado para febrero.
Lula en la encrucijada internacional ¿y ahora qué?
Marcos Roitman Rosenmann
El triunfo de Lula tiene dos frentes. En el plano interno no esperemos demasiado. La heterogénea alianza de gobierno pondrá cotos a las reformas. Si el proyecto hambre cero canalizó sus esfuerzos entre 2003 y 2021; hoy, en un país donde las armas campan a sus anchas, Lula centrará su proyecto en bajar los decibelios del enfrentamiento político y devolver cierto grado de confort a los sectores medios, mediante el consumo. Pero, además, deberá enfrentarse a 30 por ciento de la población adscrita al credo evangelista, movilizado por Bolsonaro. Son sus huestes, harán lo que les diga. Tienen una visión mesiánica del quehacer político en Brasil. Dios y el diablo. Bolsonaro encarna el bien y Lula el mal. La utilización de Bolsonaro de futbolistas como Neymar, Paulinho, Lucas Maura o Felipe Melo y viejas glorias como Rivaldo, Robinho, Cafú o Ronaldinho en su campaña es parte de la nueva estrategia evangelizadora que llama a la resurrección de Dios encarnado en la figura de Jair Bolsonaro. En esta fiebre evangelizadora, Donato, ex jugador de la selección nacional, una vez conocidos los resultados, pidió, cito textual: ir a la guerra para poner fin al comunismo de Lula da Silva en Brasil. Ahí radica uno de los escollos a los que se enfrentará el nuevo gobierno de manera inmediata. Y no por casualidad, tras su triunfo, Lula señaló: el pueblo quiere libros en lugar de armas.
Un segundo frente, en el cual Lula podrá desplegar su prestigio, es en el campo de las relaciones internacionales. En él, sus virtudes como líder regional son un activo. En su anterior mandato fue valiente y asumió un compromiso antiimperialista. Apuntaló Unasur, potenció el comercio interregional, impulsó la Celac, respaldó la revolución cubana, realizó alianzas con Hugo Chávez y fue impulsor de la soberanía regional. Su figura ganó enteros, proyectándose a escala mundial como una persona dialogante; sin olvidar el rechazo al intervencionismo estadunidense en el golpe de Estado que derrocase, en 2009, al presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Sin embargo, el mundo que llevó a Lula al Palacio de la Alvorada en 2003 se ha esfumado. Los acontecimientos en el este de Europa han precipitado una coyuntura caracterizada por un estado de guerra permanente. Occidente, la OTAN y Estados Unidos mantienen una posición de fuerza contra todo aquel que manifieste su rechazo a la guerra. La hoja de ruta ha sido alterada. Múltiples crisis se han profundizado. Bajo el manto de la pandemia del covid-19, es prioritario combatir el cambio climático, el calentamiento global, el hambre, la crisis energética y la profundización de las desigualdades, aspectos crónicos del capitalismo.
Con el gobierno de Bolsonaro, Brasil perdió peso en el escenario mundial. Su militancia en el negacionismo lo convirtió, según la revista Nature, en una amenaza para la ciencia, la democracia y el medio ambiente. Lula deberá reposicionar a Brasil. De ello depende, en gran medida, la estabilidad de la región y, al mismo tiempo, el éxito de su gobierno. De ahí la importancia de haber logrado un pronto reconocimiento del triunfo electoral, sin ambages, por parte de la comunidad internacional. Al hacerlo, ésta trasmitía una advertencia al presidente saliente: no toleraría, al menos en principio, ningún intento desestabilizador o conato de guerra civil de su parte. Aunque es un buen comienzo, a partir de enero de 2023, se desatarán las hostilidades. Lula deberá lidiar con un globalismo de guerra practicado por Joe Biden y sus aliados.
Estados Unidos se resiste a perder cuotas de poder a escala mundial. Ser el factótum del mundo libre es prioritario para cualquier gobierno estadunidense, sea republicano o demócrata. El enemigo a batir no es Rusia. Su bestia negra es China. El apoyo al gobierno de Zelensky, en lo militar y económico, es el pretexto para obligar a China a tomar partido por Occidente y abandonar a Rusia a su suerte. Brasil puede desnivelar la balanza, recuperando el papel de los BRICS y, sobre todo, haciendo de América Latina un puente para la paz. Lula da Silva es un punto de inflexión en la geopolítica del hemisferio sur. Además no estará solo. El contrapeso ejercido por gobiernos conservadores se ha roto o debilitado. Hoy es imposible revivir el Grupo de Lima contra Venezuela.
América Latina, salvo excepciones, asume las políticas diseñadas por la Casa Blanca para la región, y la OEA es un ejemplo de ello. Las divergencias en materia de migración, la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga suelen desaparecer en cuanto se trata de la seguridad hemisférica. Las fuerzas armadas latinoamericanas son dependientes del complejo militar industrial estadunidense. Cuando algún país ha buscado otros mercados para abastecer a sus ejércitos, Estados Unidos recurre a la amenaza o paraliza inversiones de capital, hasta torcerle el brazo. En conclusión, Lula tendrá, en el plano internacional, un mayor aval en sus políticas. Además, China no es considerada un enemigo manifiesto en la región. Al contrario, sus inversiones y los tratados bilaterales son bien vistos. Su presencia no conlleva poner de rodillas a los gobiernos o aceptar condiciones draconianas, como sí las imponen Estados Unidos y la Unión Europea con sus empresas trasnacionales. Ello abona el terreno para redefinir el papel de Brasil y América Latina en el escenario mundial, en el que Luiz Inácio Lula da Silva es una figura crucial. De él depende que la balanza se incline por la soberanía de los pueblos de nuestra América o hacia una mayor sumisión al poder imperial.