En la constante confrontación contra la patronal cada grupo sindical que haya sido registrado a través de su toma de nota se puede decir que ga-nó una batalla al capitalismo. Es, también, un episodio a favor de la clase obrera y una derrota para el dueño de los excedentes de producción de su empresa. De todas formas, la existencia de los síndicos organizados no perjudica al patrón ni deja de multiplicar su riqueza. Sin embargo, mientras las necesidades del personal obrero crecen, el sueldo, en la mayoría de los casos, no sube a la velocidad de los precios de los artículos básicos para la manutención de las familias.
La historia nos dice que la Revolución Industrial en el siglo XVIII da origen al sindicalismo. Y que los obreros pasaron a un segundo plano debido a que las máquinas iban sustituyéndolos poco a poco. De esa forma, la economía se transforma de artesanal a industrializada, conforme fue aumentando la demanda y la oferta de los productos que se convirtieron en mercancía. Por tanto, la clase obrera buscó la defensa a su derecho al trabajo y mejores condiciones para realizarlo.
Conforme fue consolidándose el sindicalismo en México, su desarrollo y justificación se han basado en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en cuya fracción XVI dice que toda persona tiene el derecho de un trabajo digno y útil para la sociedad.
En cuanto a la formación de un frente de defensa, la militancia sindical fue un extraordinario logro para la clase obrera y un reto para las patronales.
La fracción XVI del artículo 123 señala que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.
Los antecedentes del sindicalismo los encontramos en todo el mundo y casi en todas las áreas sociales. Los vemos en diversos momentos del desarrollo comercial mundial en diversas formas de organizaciones altruistas, solidarias con el trabajo manual de obreros y obreras, excepto en algunos grupos especiales, como los religiosos. Por ejemplo, las monjas que realizan varias tareas como cocineras, artesanas, asistentes de enfermería, trabajo doméstico y otras actividades, no tienen una institución que las defienda de los abusos. Las aspirantes que hacen votos de pobreza no reciben ningún sueldo, viven, prácticamente, en una situación de esclavitud.
Por otro lado, existen sindicatos que no se dan por vencidos y mantienen las huelgas hasta por varios años. De éstos, tenemos diversos ejemplos.
Este es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido hoy por el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien fue perseguido político y obligado al exilio, por grupos y líderes empresariales del gremio, de cuestionada honestidad.
Una vez recuperada su actividad como líder sindical, las tareas pendientes continuaron con mayor fuerza.
Recordemos que en 2018, el Sindicato Minero obtuvo con amplio margen, la mayoría de votos en el recuento por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) del sindicato de Teksid Hierro de México SA de CV, empresa que lidera a escala mundial el vaciado en hierro gris para la fabricación de maquinaria pesada y motores para camiones de uso industrial. El triunfo no fue reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada en ese momento por Alfonso Navarrete Prida y al final del sexenio por Roberto Campa Cifrián.
En el presente gobierno, la nueva revisión del CCT del sindicato de la misma empresa automotriz vuelve a triunfar sobre la CTM, en esta ocasión participó el personal de los tres turnos. Las cifras obtenidas fueron: 642 a favor y 172 en contra. La diferencia de 470 fue suficiente para otorgarle el triunfo al Sindicato Minero.
Pero la lucha no queda aquí, es un triunfo importante, sí, pero la lentitud y obstáculos por parte de la directiva empresarial y la propia STPS generaron costos económicos, sociales y de salud entre el personal, en ocasiones difíciles de resarcir, los cuales en general no son considerados como efectos secundarios de una obligada huelga. Nos falta ahondar en el estudio de las secuelas de las violaciones a los derechos laborales, además de redoblar los esfuerzos para una educación sindical más organizada, pues es un derecho inalienable de la clase trabajadora.
La capacitación o educación sindical es la actividad que le dará sentido a la lucha obrera actual y del futuro. Las circunstancias laborales, además de ser diversas, están cambiando. Las nuevas condiciones del trabajo también podrían modificarse debido a la tecnología cambiante. Los nuevos retos industriales nos obligan a visualizar y a diseñar nuevas y mejores leyes de calidad que no permitan ningún resquicio de injusticia.
@AntonioGershens antonio.gershenson@gmail.com
Teteles: la defensa del normalismo rural
Mauro Jarquín Ramírez*
A lo largo de sus 100 años de existencia, las normales rurales se han caracterizado por ser instituciones abiertas para que los sectores más empobrecidos del país accedan a una educación superior vinculada a las necesidades de las comunidades donde se encuentran, así como a sus luchas históricas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Esta tradición normalista no podría ser concebida sin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), constituida en 1935 y heredera del proyecto educativo cardenista, la cual ha tenido que luchar contra todo para mantener vivas a las escuelas, pese a las campañas de desprestigio y la recurrente represión gubernamental.
Por sus dimensiones y estructura, la FECSM es la organización estudiantil más importante del México actual, conformada en el país por casi 7 mil estudiantes para el ciclo escolar 2020-2021.
Sin embargo, pese a la relevancia histórica del normalismo rural, su centenario ha traído consigo una gran preocupación entre la población estudiantil de las 17 normales rurales existentes: el potencial desmantelamiento de sus escuelas, de sus estructuras políticas de representación y tradición de un normalismo comprometido socialmente.
El martes pasado, estudiantes de las normales de Ayotzinapa, Mactumactzá y Teteles marcharon en la Ciudad de México para exigir solución al conjunto de peticiones realizadas por estudiantes de la Normal de Teteles, ubicada en Puebla, a las cuales el gobierno estatal no ha dado respuesta efectiva en su conjunto: 1. Destitución de directivos, señalados de corrupción y abuso de autoridad, 2. Reactivación del diálogo entre las estudiantes normalistas y los gobiernos federal y local, 3. No mercantilización educativa mediante prácticas de certificación, 4. Reinstalación de tres estudiantes expulsadas, tras un proceso fabricado, y 5. Cumplimiento de acuerdos tomados en 2019 con el gobierno de Miguel Barbosa. El conflicto en Teteles no es nuevo. Y es que ante el desdén de autoridades respecto a las necesidades académicas de las alumnas, su organización política ha tenido que mantenerse activa, pese a episodios trágicos, como cuando en jornadas de protesta de 2021 murieron dos estudiantes de dicho plantel y fueron detenidas 43 personas, entre ellas alumnos provenientes de las normales de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapa y Amilcingo, ubicadas en Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos, respectivamente.
La situación en Teteles es sintomática de la coyuntura política que se vive en el normalismo rural en distintas latitudes del país. Estudiantes en los planteles de Panotla, Mactumactzá y Atequiza han alzado la voz recientemente para exigir que los normalistas puedan participar en la toma de decisiones importantes respecto a los planteles educativos. Ante la movilización estudiantil, se ha consolidado una estrategia de desgaste por parte de las autoridades: 1. Mesas de diálogo que no conducen a acuerdos efectivos, 2. Retórica mediática de apertura, 3. Desprestigio del movimiento estudiantil por parte de medios de comunicación locales y eventualmente 4. Uso de la fuerza pública para debilitar la organización estudiantil local y expresiones de solidaridad de otras normales rurales.
Estudiantes afirman que en las negociaciones entre autoridades y alumnos de la normal de Panotla, ha resultado claro que la apuesta oficial apunta hacia la disolución del Comité de la FECSM local y con ello la desaparición de la representación normalista. Estudiantes de Teteles recuerdan que en enero pasado, el secretario de Educación de Puebla afirmó que las organizaciones estudiantiles no tenían ninguna facultad en la toma de decisiones de sus escuelas. Lo anterior ha apuntalado un temor entre el normalismo mexicano: que los gobiernos federal y local impulsen un plan de desmantelamiento de las escuelas normales rurales, lo cual es fortalecido debido a la negativa del Ejecutivo federal de aceptar una reunión con la FECSM y construir acuerdos que conduzcan a fortalecer dichas instituciones.
En un gobierno de origen democrático, cuyo principal elemento retórico ha sido considerar primero a los pobres, continuar con el abandono del normalismo rural sería simplemente una traición a las causas populares.
No obstante, aún hay más: al tiempo en que gobiernos locales morenistas y el gobierno federal golpean al normalismo rural, ya sea por acción u omisión, la SEP apoya la convocatoria al National Teacher Prize, premio promovido por Movimiento STEM, Varkey Foundation y Global EdTech Impact Alliance. Su jurado, conformado por expertos de instituciones esenciales para México, como Citibanamex, Dell Technologies, Bécalos y Fundación Coppel, nos permite inferir el perfil docente deseado. Además de ser impulsado por entidades que han apuntalado políticas de privatización endógena de la educación en países como Argentina, el premio representa una intervención directa de la industria educativa global en el mundo del trabajo magisterial. Evidentemente, se está perdiendo una gran oportunidad para fortalecer a las instituciones públicas formadoras de docentes, desmanteladas por décadas de neoliberalismo. En este panorama, surgen algunas dudas respecto a quienes formalmente conducen la educación mexicana: ¿Qué perfil de docente busca impulsar la transformación de la 4T? ¿Un embajador de marca de Google, un emprendedor individualista o un profesional de la educación con compromiso social? ¿Desestiman al normalismo rural por ignorancia de su historia? O en todo caso ¿quién manda verdaderamente en educación?
Exigimos la presentación con vida de Saúl Sánchez Lara, dirigente de Comunidades Unidas de Matamoros para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, secuestrado el 19 de octubre en Matamoros,Tamaulipas.
* Profesor FFL/UNAM @MaurroJarquin
