Carlos Fernández-Vega
▲ En diciembre de 1998, priístas y panistas aprobaron la ilegal deuda del rescate bancario y se la endilgaron a cuando menos tres generaciones de mexicanos. Esa decisión constituye uno de los más grandes atracos a la nación, mientras los políticos y banqueros responsables se mantienen impunes. En la imagen, un miembro de El Barzón lanzaban harina a diputados que aprobaban la inmoral iniciativa.Foto José Antonio López
Se necesita un enorme costal de cinismo y la cara más dura que una piedra para, con todo desparpajo, hablar de democracia, respeto a la legalidad, elecciones libres, defensa del estado de derecho y tantos otros asuntos en los que sus defensores, en un foro de la ultraderecha realizado en Madrid, no sólo reivindicaron su ostentoso fracaso como líderes, sino que celebraron ser los principales enemigos y violadores de lo que en ese espacio dijeron defender.
Los mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, el gachupín José María Aznar y el brasileño Sergio Moro, arropados por otro impresentable, el súbdito Mario Vargas Llosa, se dieron vuelo hablando de sus propios fracasos, pero siempre achacándoles a otros, durante el ultraderechista foro “20 años de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL: democracia y libertad), realizado en la capital española, en el que participa lo más primitivo del pensamiento libertario.
Que Ernesto Zedillo reivindique democracia, legalidad y estado de derecho es un verdadero insulto a los mexicanos, porque él fue candidato a la Presidencia de la República, y posterior inquilino de Los Pinos, por una decisión cupular, no por voluntad democrática; fue impuesto sin viso democrático alguno y así ejerció su mandato. Para él, parafraseando al Alazán Tostado, la democracia que dice defender es un árbol que da negocios privados a costillas de la nación o sirve para una chingada, al tiempo que resultó ser uno de los mandatarios que actuó con mayor ilegalidad y violó, permanentemente, el estado de derecho, y miren que en este sentido durante el régimen neoliberal la competencia fue brutal.
¿Democracia? Fue impuesto por la cúpula político-empresarial; ¿legalidad? De forma por demás sucia rescató a los barones de la banca, vía Fobaproa, y endilgó a los mexicanos una deuda descomunal que no tienen para cuándo pagar, a la par que extranjerizó el sistema financiero que opera en el país, sin olvidar el rescate carretero, otra deuda inacabable; ¿estado de derecho? Permitió la masacre en Acteal e hizo todo lo posible por mantener impunes a los responsables; ¿promotor del desarrollo? Privatizó el ahorro de millones de trabajadores para beneficiar a un grupúsculo de especuladores; entregó los ferrocarriles nacionales a los depredadores de siempre; desató una de las peores crisis económicas; depauperó y despojó, aún más, a los habitantes de esta República agredida, y cometió todo tipo de barbaridades políticas, económicas, financieras y sociales en beneficio de unos cuantos.
Eso y mucho más, pero el que siempre dijo no tener cash para atender las urgencias sociales del país ahora se da el lujo (siempre arropado por la ultraderecha) de denostar a quienes culpan de todo al pasado, porque con él en Los Pinos, junto con los demás gobiernos neoliberales, todo fue perfecto, tanto que sólo durante sus seis años de estancia en la residencia oficial el número de mexicanos en pobreza se incrementó 6 millones (la información es del Coneval), mientras las fortunas del grupúsculo de sus protectores crecieron como la espuma (más de 200 por ciento, en una economía que a duras penas avanzó 3 por ciento anual), siempre a costillas de la nación y gracias a las políticas públicas no populistas por él aplicadas. Así, calificar a Zedillo de basura, sería casi casi un piropo.
Qué decir del impresentable Felipe Calderón: ¿democracia? Llegó a Los Pinos por un descarado fraude electoral, en contubernio con las instituciones electorales que hoy, dice, están a punto de desaparecer. Borolas se muerde los labios con las mismas palabras que utiliza Zedillo, siempre acusando a terceros de fraudulentos, ilegales, antidemocráticos y autoritarios. ¿Estado de derecho?, presume, cuando mantuvo impunes a los familiares de su esposa, Margarita Zavala, responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en la que perdieron la vida 49 niños y decenas más quedaron lesionados.
Tan efectivas fueron sus políticas públicas, que Calderón dejó un reguero de cadáveres por toda la geografía nacional (daños colaterales, decía), consolidó el narcotráfico por medio de su brazo derecho, Genaro García Luna, registró la menor tasa de crecimiento económico del régimen neoliberal (lo que ya es decir) y sumó a 15 millones de mexicanos a la pobreza en tan sólo seis años, entre tantos otros resultados. Pero se llenan la boca.
Las rebanadas del pastel
¿Y Aznar, Moro, el propio súbdito peruano y todos los demás? Un asco, por decirlo suave.
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La elección de los millones de dólares
Arturo Balderas Rodríguez
En los primeros meses de este año todo apuntaba a la recuperación de ambas cámaras legislativas por parte del Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre. Sin embargo, en julio todo cambió y la popularidad de los candidatos del Partido Demócrata creció sensiblemente y superó a sus opositores republicanos. Una de las causas de ese cambio fue la decisión de la Suprema Corte de revertir el derecho al aborto. La decisión operó como catalizador en el cambio de los vientos políticos. Ocasionó la protesta de millones de mujeres que vieron coartado el derecho a decidir sobre su cuerpo, después de luchar contra viento y marea por preservar lo que ganaron hace más de 50 años.
Con el paso de las semanas, ese furor cedió paso a otras cuestiones que para el común de los electores han resultado más relevantes. En primer término, la inflación, y con ella la carestía que afecta a millones de hogares, y, en segundo, el crecimiento de la criminalidad.
Fue notorio el aumento de popularidad de los candidatos del Partido Republicano cuando tomaron como bandera de campaña esos dos problemas, aunque cabe decir que sin planteamientos concretos para superarlos. A juicio de no pocos observadores políticos, así como asesores de uno y otro partido, los demócratas no han logrado –o querido– modificar el discurso que en principio les dio ventaja en las encuestas. En cambio, la oposición aprovechó el problema inflacionario y acusó a los demócratas y al presidente Biden de ser sus causantes. No es la primera ocasión que una crisis económica es responsable de la caída de un gobernante. Sin embargo, la diferencia es que esta vez el presidente actuó de forma decidida para superar una crisis económica atípica causada por la pandemia. Puso en manos de millones de familias los recursos necesarios para sobrevivir y, además, impulsó la inversión con sendos paquetes económicos, lo que fue determinante para superar la crisis rápidamente. La oposición lo culpa porque considera que dichas medidas fueron los determinantes de la inflación, aunque ignoran que es un fenómeno exógeno que no pueden controlar.
Con ese escenario de fondo, no se puede subestimar otro importante componente en el cambio de ánimo del electorado: el millonario gasto, principalmente en radio y televisión, en mensajes que en su mayoría poco tienen que ver con los problemas reales de la sociedad y la manera de resolverlos. La Comisión Federal Electoral rebela que en el transcurso de la campaña 2021-2022, los partidos han recibido aproximadamente 2 mil 400 millones de dólares, de los que han gastado mil 800 millones en la promoción de sus candidatos con miras a las elecciones del próximo noviembre. La organización Public Citizen, que tiene entre sus propósitos la defensa de la democracia, informa que sólo en el proceso electoral de 2020, las aportaciones del sector corporativo sumaron 3 mil millones de dólares, cuyo fin específico fue la derrota de los candidatos con campañas hostiles a los intereses de grandes corporaciones. La responsable de abrir las compuertas del gasto electoral, y con eso pervertir el proceso electoral, fue la mayoría conservadora de la Suprema Corte que, al amparo de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda constitucional, al determinar que las corporaciones tenían del derecho de aportaciones sin límite al proceso electoral. Así, transformó un proceso democrático en un casino en el que los apostadores con más recursos tienen mayores oportunidades de ganar la partida o, para el caso, las elecciones. En ese sentido, los estudiosos han señalado que una de las formas de recobrar el espíritu democrático de las elecciones es que el Estado debe ser el único responsable del gasto para garantizar la equidad en los procesos electorales. De otra manera, como está a la vista en Estados Unidos, las elecciones se convierten en un mercado en el que el mejor postor sale ganando.
