John Kerry, representante del presidente Joe Biden para asuntos climáticos, llega hoy a Hermosillo o a Puerto Peñasco, Sonora –donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador–, con la pólvora mojada: viene a hablar de energías renovables y despetrolización justamente cuando su jefe acaba de implorar a las petroleras estadunidenses que incrementen la extracción de crudo para sosegar los precios mundiales del hidrocarburo. La superpotencia, dijo, necesita aumentar responsablemente la producción petrolera, al tiempo que abría la llave de la reserva estratégica a fin de saciar la siempre creciente sed energética que padece la economía estadunidense (https://is.gd/hF2bts). Por si no fuera suficiente la escasez mundial de combustibles fósiles causada por Occidente con sus sanciones económicas a Rusia, en el país vecino los efectos del huracán Ian en las plataformas marinas del Golfo de México obligaron a reducir en 11 por ciento la producción de petróleo y 8 por ciento de la extracción de gas natural. Pero ese es un quebranto pasajero, y se espera que para el próximo año la producción petrolera estadunidense llegue a un máximo histórico con un promedio de 12 millones 700 mil barriles diarios (https://is.gd/n3XTTi, https://is.gd/CI9pYr).
Esos hechos no abonan a la pretensión de Washington de inducir un viraje injerencista en la política energética mexicana, particularmente en lo que se refiere a la reconstrucción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) después de décadas de saqueo privatizador. Esa política requiere incrementar la extracción de hidrocarburos y producción de combustibles para lograr la soberanía energética y la renovación –en curso– de la capacidad hidroeléctrica instalada de la CFE, a fin de que ésta pueda, si no recuperar la totalidad de la generación eléctrica del país, ser al menos la principal generadora y, por ende, un irrenunciable instrumento de regulación de precios y tarifas. La única alternativa es condenarse a experimentar crisis de carestía eléctrica como las que han padecido las poblaciones de Texas y de España, con el mercado de la generación entregado por entero a privados.
Bueno, pero además hay un dato contundente que priva a Washington de toda autoridad moral para pedirle a México que, en nombre de la lucha contra el cambio climático, acelere su transición energética: mientras nuestro país genera 3.09 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por habitante al año, Estados Unidos produce 14.24. En cifras totales, la nación vecina arroja a la atmósfera más de 4 millones 752 mil de ese gas de efecto invernadero, en tanto que México, con una tercera parte de la población estadunidense, contamina la atmósfera 10 veces menos (418 mil toneladas) (https://is.gd/9XOil3). Y si se mira el acumulado histórico de contaminación atmosférica, Estados Unidos es responsable de 25 por ciento del total, con 400 mil megatoneladas de CO2, proporción que para México es de 1.2 por ciento (https://is.gd/41lXzT).
López Obrador, por su parte, recibirá a Kerry en los alrededores de la que será la granja fotovoltaica más grande de América Latina (mil megavatios), que está siendo erigida precisamente en Puerto Peñasco (https://is.gd/5Ac8ax), con una reforestación de más de mil millones de árboles sembrados hasta la fecha en el territorio nacional en el marco del programa Sembrando Vida (https://is.gd/Fel9jY) y con el arranque de un modelo nacional de explotación del litio por medio de una empresa de participación mixta.
En tales circunstancias, no hay manera de que el representante de la Casa Blanca esgrima argumentos pretendidamente ambientalistas para presionar a México en ningún sentido. Las objeciones de Washington a la política energética mexicana, con todo y las consultas en el marco del T-MEC, no tienen nada que ver con la lucha contra el cambio climático ni con la preservación del ambiente; son, simple y llanamente, expresión del deseo de proteger a los consorcios energéticos privados trasnacionales que han actuado en nuestro país como zopilotes depredadores.
Si Washington deja de lado ese afán injerencista impresentable, será posible hablar de manera constructiva sobre cooperación energética, colaboración en el impulso a la electromovilidad y a la reconversión de la industria automotriz, en fin. Y se podrá llegar a acuerdos de intercambio tecnológico, abasto de litio mexicano para el mercado estadunidense. El gobierno del país vecino incluso podrá entender que la estrategia mexicana puede convertir a nuestro país en un factor de desarrollo y equilibrio para el sur de Estados Unidos, región que se ve periódicamente afectada, como ocurrió en California por culpa de Enron (https://is.gd/kNH3f7), y en Texas, en la crisis de 2021 (https://is.gd/FqbGXt).
Ojalá que ocurra lo segundo.
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Ofensiva mediática contra la verdad
La ofensiva mediática para descarrilar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del casoAyotzinapa (Covaj) se internacionalizó esta semana con la publicación en The New York Times de un texto claramente sesgado y orientado a distorsionar los hechos con la finalidad de descalificar a la Comisión y, en particular, a su titular, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. La mala fe del reportaje es tal que concede más credibilidad a un individuo como Tomás Zerón de Lucio e incluso insinúa su inocencia, por más que los hechos lo señalen como uno de los máximos responsables de que hasta hoy sea imposible conocer el paradero de los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La pieza del rotativo neoyorquino de alcance global se inscribe en una estela de golpes del aparato mediático internacional que buscan respaldar y fortalecer a la derecha mexicana mediante calumnias o medias verdades en torno a los esfuerzos de las autoridades federales en materia de esclarecimiento de crímenes, procuración de justicia y acceso a la verdad, así como de las transformaciones en marcha en el ámbito económico, sobre todo en el renglón de ordenamiento de la industria eléctrica y construcción de la soberanía energética. Ejemplo de lo virulentos que pueden ser dichos ataques, a la vez que de su motivación eminentemente política, es el reportaje del semanario británico The Economist titulado El falso mesías de México, el cual se publicó a sólo 10 días de las elecciones legislativas intermedias de 2021.
Es sabido que la desinformación y la instalación de relatos convenientes a intereses oligárquicos (tanto públicos como privados) se encuentran entre las funciones primordiales de esos medios, como ha ocurrido con su papel de justificadoras de las agresiones necolonialistas contra Irak, Afganistán o Libia; con la desestabilización de gobiernos latinoamericanos democráticamente electos y la creación de ambientes propicios a los golpes de Estado dirigidos o apoyados por Washington y, en estos momentos, con la constante tergiversación de la cadena de acontecimientos que llevó a Rusia a invadir Ucrania. En el caso mexicano, se presenta una suerte de constelación donde tales medios convergen con intereses particulares, que pueden ser gubernamentales (como la agenda de la ultraderecha cubanoestadunidense contra cualquier indicio de progresismo en el hemisferio) o corporativos (como las trasnacionales que buscan recuperar su patente de corso para saquear los recursos naturales y fiscales del país). El tercer elemento de esta asociación lo conforma un conjunto de opositores mexicanos que se ha dedicado a envenenar la imagen del gobierno federal en el extranjero y a tra-tar de inducir conflictos en las relaciones de México con Occidente agitando banderas que le son históricamente ajenas a la derecha, como el feminismo, el ambientalismo y los derechos humanos, pero a las cuales recurre con fines de golpeteo.
Se puede hablar de una operación circular: la comentocracia vernácula aprovecha los espacios que le abren los grandes medios para incitar a que ellos mismos y figuras públicas interfieran en los asuntos internos de México, y luego usan dicha interferencia como si fuera una validación objetiva de sus campañas sucias dentro del país. Así, con tal de promover el regreso de la connivencia entre el poder político y el mediático, los opositores se ofrecen como instrumentos del injerencismo.
En sus labores, la Covaj enfrenta todo este fuego externo, pero también hay razones para suponer uno interno con ineptitudes, filtraciones, posibles sabotajes, averiguaciones previas mal integradas, acciones contraproducentes para la investigación y toda suerte de reticencias por parte de fiscalías, tribunales, gobiernos estatales y quizás hasta funcionarios del Ejecutivo federal que desean el naufragio de los esfuerzos para resolver el caso Ayotzinapa. En este escenario, cabe desear que la Comisión sea fortalecida y respaldada para llevar a buen puerto su tarea, cometido en el que debe escucharse siempre a los padres de las víctimas y a quienes los han acompañado a lo largo de estos años, sin prestar mayor atención a voces que sólo buscan instrumentalizar la tragedia para propósitos inconfesables.
