El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta y el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Foto Marco Peláez
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante su comparecencia ante el pleno con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, el 19 de octubre de 2022.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la secretaria de
Ciudad de México. La construcción de la paz en el país, en la que está comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador “no es asunto sólo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un asunto de Estado”, una cuestión republicana “en la que más allá de nuestras diferencias, lo que se define es nuestro futuro como nación”, advirtió la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al comparecer ante el pleno del Senado.
Dejó además claro que el Gabinete de Seguridad Pública tiene bien definida la línea del servicio público y servir a la delincuencia y “ha elegido servir a México, con toda la fuerza y coordinación del Estado, bajo las órdenes de un mando civil”.
Acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda Nacional, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, entre otros integrantes del Gabinete de Seguridad, reiteró el reconocimiento a los legisladores que “con altura de miras” aprobaron la reforma constitucional que permitió a las fuerzas armadas continuar en el combate al crimen organizado.
La titular de la SSPC dio después cuenta de los avances logrados en materia de seguridad pública. Se han afectado, dijo, “las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales generadores de violencia, de todos”.
“En un esfuerzo sin precedentes, en esta administración logramos la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 043 de organizaciones criminales, de los cuales 2 mil 216 eran objetivos prioritarios.
En total, 2 estaríamos hablando que el esfuerzo nacional del Estado mexicano afectó al crimen organizado en sus finanzas, por 674 mil 200 millones de peso. Esto es, alrededor de 33 mil 693 millones de dólares” destacó Rosa Icela Rodríguez .
Agregó que aparte, más de 36 mil cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.
“Todo lo anterior ha dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, comparadas las cifras de diciembre de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, que muestran una baja de 23.3 por ciento”, expuso en su intervención inicial.
Detalló que en el último año los delitos fiscales disminuyeron 60 por ciento y los delitos financieros bajaron 65 por ciento, mientras que el robo de hidrocarburos descendió 92 por ciento, lo que permitió un ahorro estimado de 226 mil 84 millones de pesos, “que ahora sí entraron a las arcas del gobierno”.
Habrá, dijo, “voces que pongan en duda estos resultados. No nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista”, expuso en su primera intervención.
Dejó además claro que el Gabinete de Seguridad Pública tiene bien definida la línea del servicio público y servir a la delincuencia y “ha elegido servir a México, con toda la fuerza y coordinación del Estado, bajo las órdenes de un mando civil”.
Acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda Nacional, el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, entre otros integrantes del Gabinete de Seguridad, reiteró el reconocimiento a los legisladores que “con altura de miras” aprobaron la reforma constitucional que permitió a las fuerzas armadas continuar en el combate al crimen organizado.
La titular de la SSPC dio después cuenta de los avances logrados en materia de seguridad pública. Se han afectado, dijo, “las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales generadores de violencia, de todos”.
“En un esfuerzo sin precedentes, en esta administración logramos la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 043 de organizaciones criminales, de los cuales 2 mil 216 eran objetivos prioritarios.
En total, 2 estaríamos hablando que el esfuerzo nacional del Estado mexicano afectó al crimen organizado en sus finanzas, por 674 mil 200 millones de peso. Esto es, alrededor de 33 mil 693 millones de dólares” destacó Rosa Icela Rodríguez .
Agregó que aparte, más de 36 mil cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.
“Todo lo anterior ha dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, comparadas las cifras de diciembre de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, que muestran una baja de 23.3 por ciento”, expuso en su intervención inicial.
Detalló que en el último año los delitos fiscales disminuyeron 60 por ciento y los delitos financieros bajaron 65 por ciento, mientras que el robo de hidrocarburos descendió 92 por ciento, lo que permitió un ahorro estimado de 226 mil 84 millones de pesos, “que ahora sí entraron a las arcas del gobierno”.
Habrá, dijo, “voces que pongan en duda estos resultados. No nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista”, expuso en su primera intervención.
Seguridad pública ante el Senado
Al comparecer ante el pleno del Senado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró a los legisladores que la construcción de la paz en el país no es asunto sólo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un asunto de Estado, una cuestión republicana en la que se define nuestro futuro como nación. La también coordinadora del gabinete de seguridad pública afirmó que este órgano colegiado tiene bien definida la línea del servicio público y ha elegido servir a México, con toda la fuerza y coordinación del Estado, bajo las órdenes de un mando civil.
El mismo formato de la comparecencia con motivo de la glosa del cuarto Informe de gobierno simbolizó esta subordinación de todas las instancias involucradas al mando civil: la secretaria Rodríguez se presentó acompañada por otros integrantes del gabinete de seguridad (como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán, o el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio), pero sólo ella hizo uso de la palabra y se ostentó como responsable de la política de paz y seguridad pública. El mensaje es evidente: las fuerzas armadas se encargan de ejecutar una estrategia concebida y planificada por el poder civil.
En defensa de la política impulsada por el gobierno federal, la titular de la SSPC presentó cifras que hablan de una reducción insatisfactoria pero innegable y significativa en los principales indicadores delictivos, así como de avances sin precedente en la detención de presuntos criminales y en la afectación financiera al crimen organizado, que estimó en más de 674 mil millones de pesos.
Está claro que las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 emitieron un inequívoco mandato popular para transformar a fondo los lineamientos bajo los que se condujo la lucha contra la criminalidad y la violencia en administraciones anteriores. Su cumplimiento ha significado no sólo un cambio en el enfoque del problema –en el que se transita de una narrativa de deshumanización de los delincuentes a la comprensión de que se está ante un fenómeno social con causas profundas–, sino también un cambio de métodos, es decir, una reformulación de la manera en que se contiene a la delincuencia, atendiendo a las raíces profundas del problema en vez de recurrir compulsivamente al uso de la violencia por parte del Estado.
El cambio de enfoque y de métodos va acompañado de una evolución en los objetivos: mientras el calderonismo llegó al extremo de elevar la aniquilación física de los delincuentes (reales o presuntos) a criterio de éxito de su programa, hoy se entiende que la prioridad es y debe ser la seguridad de la población, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley. Como se resaltó en el tercer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentado en abril pasado, la pacificación del país se persigue principalmente restando base social a la delincuencia mediante un abanico de programas sociales dirigidos de manera central a los jóvenes.
En esta óptica, debe insistirse en que, pese a todas las tergiversaciones y el ruido mediático, la conformación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa es apenas uno de ocho puntos de una estrategia cuya guía ha sido desde el principio el combate a las causas de la violencia y la delincuencia.
