Un contenedor de carbonato de litio se encuentra en una sala de guerra de envío en la instalación de litio Silver Peak de Albemarle Corp. Foto Ap
Washington. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la concesión de 2 mil 800 millones de dólares en subsidios para impulsar la producción nacional de baterías para vehículos eléctricos (VE) y los minerales que se usan para fabricarlas, como parte de un intento para que el país deje de recibir suministros chinos.
Albemarle es una de las 20 empresas de fabricación y procesamiento que recibirán subsidios del Departamento de Energía para extraer litio, grafito y níquel en el país, construir la primera instalación de procesamiento de litio a gran escala en Estados Unidos, construir instalaciones para fabricar cátodos y otras piezas de baterías y ampliar su reciclaje.
Los apoyos, que se destinan a proyectos en al menos 12 estados, son el más reciente impulso del gobierno del presidente Joe Biden para ayudar a reducir la dependencia de China y de otros países para los componentes de la revolución de la energía verde.
“A medida que el mundo pasa de una economía basada en los combustibles fósiles a otra de energías limpias, no podemos cambiar la dependencia del petróleo de autócratas como (el presidente ruso Vladimir) Putin por la dependencia de minerales esenciales de China”, declaró un alto funcionario gubernamental al informar a los periodistas sobre el programa.
Los beneficiarios de los fondos, de los que informó por primera vez Reuters, fueron elegidos por un comité directivo de la Casa Blanca y coordinados por el Departamento de Energía con el apoyo del Departamento de Interior.
Los fondos se repartirán entre una serie de empresas, algunas de las cuales podrían autofinanciar sus proyectos y otras verán las subvenciones como un salvavidas financiero para seguir ampliando sus planes en Estados Unidos. Sin embargo, los fondos no alivian los problemas de autorización a los que se enfrentan algunas empresas mineras.
Albemarle va a recibir 149.7 millones de dólares para construir una instalación en Carolina del Norte para procesar la roca que contiene litio de una mina que está intentando reabrir.
La instalación alimentaría otra planta en algún lugar del sureste que, dijo la empresa en junio, produciría tanto litio para baterías de VE como el que produce toda la compañía en la actualidad.
Albemarle, que también produce litio en Australia y Chile, dijo que el subsidio “aumenta la velocidad de procesamiento del litio y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de larga distancia de minerales en bruto”.
Lula y la desafiante situación brasileña
Ángel Guerra Cabrera
La segunda vuelta de las elecciones brasileñas, el 30 de octubre, es probablemente el más importante y enconado enfrentamiento electoral efectuado en nuestra América desde la elección de Hugo Chávez en 1998. Esta elección va más lejos que decidir sólo quién gobernará al gigante sudamericano en los próximos cinco años, el país más extenso, poblado y con la economía más importante de nuestra región, octava en el mundo por su PIB. Tampoco decidirá sólo quién regirá el país entre neoliberalismo y antineoliberalismo, pues en Brasil lo primero que está en juego es la defensa y reconquista de los derechos democráticos básicos, ya muy mermados los sociales y laborales por Temer y Bolsonaro, que el ex militar amenaza con arrollar junto a los políticos, para cumplirle a los empresarios que lo apoyan. Esta elección se trata también –¡cuánto!– de si se va a dar el golpe de muerte a lo que queda de bosque amazónico, pulmón de oxígeno del planeta, como es el objetivo de los capitales del agronegocio socios de Bolsonaro. Es, a la vez, un episodio clave en la disputa por nuestra América entre las fuerzas democráticas y progresistas, que pugnan por la soberanía nacional, la multipolaridad, y la lucha contra la desigualdad y el hambre y las que abogan por entregar todo al mercado y al capital financiero.
Lula fue habilitado para competir electoralmente cuando el Tribunal Supremo de Brasil lo absolvió de los falsos cargos que le formularon el venal juez Sergio Moro y su compinche el fiscal Deltan Dallagnol. Pero ello no pudo borrar la imagen de un corrupto desempeño gubernamental del lulismo en el gobierno, instalada en amplias capas de la población por la descomunal campaña de mentiras desencadenada por los medios hegemónicos brasileños e internacionales. Unido esto al avance político del bolsonarismo, Lula ha tenido que crear una gran coalición que incluye a importantes sectores de la centro derecha que antes lo adversaron, pero también a sus tradicionales aliados de la centro izquierda y los movimientos sociales más combativos de Brasil, como fórmula para asegurar una victoria convincente ante la grave amenaza antidemocrática del bolsonarismo.
Moro y Dallagnol forman parte del programa del Departamento de Estado de EU para, con el pretexto de combatir la corrupción, implementar en nuestra región el lawfare contra los candidatos o funcionarios defensores de propuestas contrarias al neoliberalismo y favorables a las causas populares con el fin de liquidarlos políticamente, una suerte de muerte civil. Todo ello en perfecta conjunción con la labor de desinformación y difamación de la avasalladora red de medios hegemónicos y nuevas estructuras de redes digitales al servicio del imperio. El lawfare se ha aplicado también contra los ex presidentes Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Cristina Fernández, Rafael Correa, Evo Morales y varios de sus seguidores. Además, fue el instrumento para dar el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y para inhabilitar a Lula como candidato presidencial cuando marchaba delante en todas las encuestas y así abrir el camino a Bolsonaro.
Aunque la irrupción de Bolsonaro en la arena política después de décadas de gris y corruptísimo desempeño como diputado no obedece sólo a ello, sí suprimió el formidable obstáculo que le interponía Lula. Hoy sabemos que dos años antes el ex capitán había recibido luz verde del entonces comandante en jefe del ejército, general Villas Boas, para contender por la presidencia. A la vez, resulta evidente que la crisis de las políticas neoliberales y el éxito de las políticas progresistas y redistributivas del PT habían agotado la hegemonía de la élite brasileña, que necesitaba de un personaje de fuera como Bolsonaro: una suerte de lumpen de la política, apenas ilustrado, pero con indudable carisma, viveza y capacidad para conectar con grandes sectores de la sociedad brasileña caracterizados por su ignorancia, oscurantismo y fanatismo religioso, o sus ligas al crimen organizado –como son los famosos milicianos–, o con los militares retirados llenos de ínfulas de poder y de enriquecimiento. Alrededor de 6 mil de éstos han sido dispersados por Bolsonaro en toda la administración pública, otro problema con el que tendría que lidiar Lula.
Lula continúa dando una heroica pelea en ruta a la segunda vuelta frente a fuerzas y obstáculos muy difíciles de vencer. Uno de ellos es cómo gobernaría con un Congreso de mayoría bolsonarista y derechista, que incluso tiene los votos para aplicarle el impeachment. Su campaña ha sido un desbordamiento tal de masas que parecería enrumbarlo directamente al Palacio de la Alborada. Aunque después de los errores de las encuestas en el primer turno, los cinco puntos de ventaja que le asignan ahora abren espacio a la duda. Otra vez prefiero confiar en el optimismo de la voluntad que en el pesimismo de la razón.
Twitter: @aguerraguerra
