Desconocido por la mayoría de la población mexicana, el litio se convierte en el tema del día. Aunque esto no quiere decir que no se haya descubierto ni registrado mucho tiempo atrás y, por supuesto, que no se haya estudiado y pensado en un mineral con importante futuro para el país. Se utiliza en farmacología y en otras aplicaciones industriales, de forma que no se piense que es un descubrimiento reciente.
En artículos anteriores, para este medio y otras publicaciones, como la revista digital Tribuna Comunista, abordamos el tema del litio, desconocido para la mayoría de la población.
Por su relevancia como generador de energía limpia, surgen espontáneamente expertos y expertas sobre los yacimientos de litio. Son diversas las técnicas de procesamiento en los países que lo han utilizado desde hace tiempo. Tal vez en México no estamos al día en los adelantos en técnicas de exploración y extracción ni en lo relacionado con la infraestructura y maquinaria más avanzada; sin embargo, la capacidad tanto de obreros mineros como de ingenieros especializados, lo resolverá.
Donde no existe una legislación clara y contundente, los yacimientos de cualquier mineral corren peligro de ser extraídos clandestinamente, lo que traería mayores conflictos económicos, políticos, sociales y diplomáticos. Ya conocemos de lo que son capaces las empresas rapiñadoras.
Además de contar con las leyes existentes, el senador Napoleón Gómez Urrutia sugiere que la protección de nuestros recursos debe considerarse la más amplia posible, sin dejar resquicios que permitan el robo legal. Ya tenemos experiencia en la violación a contratos y acuerdos. La mayoría de las empresas que han invertido –mexicanas o extranjeras– contaron con autorización, abierta o encubierta, de los gobiernos neoliberales.
Para nadie es un secreto que mineras, canadienses sobre todo, han abusado de la extracción de minerales. Estuvieron bajo la protección de convenios comerciales y contratos espurios que han dejado en la indefensión a la minería mexicana y en especial a la base trabajadora.
Las 238 empresas que operan con inversión extranjera han logrado ganancias extraordinarias, no sólo por el valor de los minerales que se llevan, sino por lo poco que dejan en el país: sueldos, impuestos, prestaciones laborales y otras ganancias por incumplimiento de compromisos. No sabemos si las cantidades de minerales declaradas sean las registradas en los documentos oficiales. Por ejemplo, cómo registrar verazmente las cantidades de litio que se llevan las empresas chinas para extraerlo de las arcillas que refinarán.
Las empresas estadunidenses, canadienses, australianas y, más recientemente, las chinas que operan en el país han obtenido ganancias millonarias. cuentan con alrededor de 177 proyectos presentados y desarrollados por ellas. Por esa razón, el senador Gómez Urrutia hace hincapié en que la ley del sector debe ir más allá del litio.
Los vicios acostumbrados por las compañías extranjeras de las nacionalidades mencionadas no deben continuar tal saqueo.
La Ley Minera que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, avalada por la Cámara de Diputados, permitirá mayor protección de los yacimientos de litio –por ahora en exploración– en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.
Las aseveraciones generalizadas y repetitivas acerca de que no era necesario nacionalizar el litio no se basan en la experiencia de saqueo con que compañías extranjeras se han dado a conocer. Por tanto, los contratos firmados con Ganfeng Lithium tendrán una estricta revisión para determinar su legalidad.
El antipatriotismo de oportunistas es una realidad en el país, y sus ataques a la nacionalización del litio y a las nuevas disposiciones de la Ley Minera son un obstáculo que, tarde o temprano, será eliminado. El litio es un mineral estratégico, no porque lo diga el jefe del Ejecutivo y especialistas en geología y otras ciencias de la tierra, sino porque es un elemento químico con el que se darán pasos certeros hacia la transición energética.
El procesamiento del mineral traerá beneficios para el mejoramiento ambiental y el aprovechamiento de todos los recursos energéticos conocidos hasta la fecha. Esperamos que la investigación científica de éste y otros recursos minerales crezca para mayor beneficio de la población.
Parece contradictorio, pero la Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, siglas en inglés), la principal y mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá, en un acto reciente, envió un comunicado de solidaridad con el Sindicato Minero. A ese encuentro asistieron dirigentes de la Industriall Global Union y de la United Steelworkers de esos países.
Si no se obtiene el apoyo de un sector de la población supuestamente interesada en nuestros recursos naturales, por lo menos sí tenemos la solidaridad de otras centrales obreras extranjeras.
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@AntonioGershenson
Legisladores demócratas exigen investigar asesinatos de migrantes, encubiertos por la patrulla fronteriza
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Foto/AFP
Washington, 7 de mayo .—Ha tenido que pasar más de una década para que un grupo de 10 congresistas demócratas soliciten esclarecer el asesinato del migrante mexicano, Anastasio Hernández Rojas (32 años) y la operación de encubrimiento de las llamadas unidades especiales de la patrulla fronteriza (CBP) en el sector de San Diego.
El caso ha desatado una intensa batalla de familiares y grupos defensores de los derechos de los migrantes que han convertido el caso de Anastasio Hernández en punta de lanza para esclarecer otros casos de asesinatos perpetrados a sangre fría y encubiertos por unidades de la patrulla fronteriza.
Información consignada por distintos medios señalan que ante este reclamo, un grupo de 10 congresistas han enviado una carta enviada a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. Entre ellos se encuentran los presidentes de los Comités de Seguridad Nacional de la Cámara y el Senado, los Comités Judiciales de la Cámara y el Senado y el Comité de Supervisión de la Cámara.
En esta misiva, solicitan “información relacionada con la autoridad legal, las actividades, la capacitación, la financiación y la supervisión de la Patrulla Fronteriza, equipos de recolección de evidencia, también conocidos como Equipos de Incidentes Críticos o Equipos de Investigación de Incidentes Críticos, según la región”.
El caso considerado como paradigmático es el del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano y padre de familia y padre de cinco menores quien llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en Estados Unidos sin los debidos documentos migratorios.
El 29 de mayo de 2010, Hernández fue interceptado por una unidad especial de la patrulla fronteriza en el área de San Ysidro. El informe de una autopsia preliminar concluyó que Hernández Rojas murió debido a lesiones sufridas un día antes por los agentes fronterizos.
Según indicó en su reporte el médico forense, el inmigrante falleció por una encefalopatía anóxica (falta de oxígeno en el cerebro), causada por un infarto agudo de miocardio en el Centro Médico Court de Chula Vista.
Doce años más tarde, los congresistas demócratas Bennie Thompson, D-Miss; el senador Gary Peters, D-Mich; el representante Jerry Nadler, DN.Y; el senador Dick Durbin, D-Ill; la representante Carolyn Maloney, DN.Y. ; el Senador Alex Padilla, D-Calif; el Representante Nanette Diaz Barragán, D-Calif; la Senadora Kyrsten Sinema, D-ArizL; la Representante Zoe Lofgren, D-Calif., y el Representante Jamie Raskin, D -Maryland, han decidido dar un pase al frente para responder al clamor de las familias y denunciar este caso plagado de irregularidades.
“Los comités están preocupados por los informes que indican que los Equipos de Incidentes Críticos pueden haber obstruido las investigaciones apropiadas por parte de las fuerzas del orden”, escribieron Thompson y Maloney en una declaración separada de la carta.
"Nuestros comités están tratando de comprender mejor el papel de los Equipos de Incidentes Críticos luego de una posible mala conducta de los agentes de la Patrulla Fronteriza, ya sea que estos equipos hayan obstruido las investigaciones penales, civiles o administrativas o hayan impedido la rendición de cuentas por la mala conducta de los agentes, y los pasos que CBP está tomando para asegurarse de que estos equipos se utilicen adecuadamente".
Según informó el diario San Diego Tribune, las unidades, que tienen diferentes nombres en diferentes áreas de la frontera, como Equipo de Incidentes Críticos, Equipo de Investigación de Incidentes Críticos o Equipo de Recolección de Evidencia, nunca recibieron autoridad del Congreso para investigar el uso de la fuerza por parte de otros agentes.
Hay tres entidades que sí tienen autoridad para realizar tales investigaciones criminales. Son el FBI, la Oficina del Inspector General del DHS y la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza.
Entre las familias que se vieron afectadas y se pronunciaron esta semana se encuentra también Valentín Tachiquín, padre de Valeria Tachiquín, una ciudadana estadounidense de 32 años que fue asesinada a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza en Chula Vista en 2012.
“Estamos buscando justicia”, dijo el padre a los periodistas durante una conferencia de prensa el pasado martes consignada por el diario San Diego Tribune.
“Queremos que todo se aclare. Queremos que todos en el departamento sean transparentes sobre los hechos, y simplemente salió a la luz, las unidades de encubrimiento que están usando, no deberían estar allí”.
Su hija habría cumplido 42 años en abril, dijo.
El Union-Tribune también revisó los registros de casos proporcionados por los defensores sobre su caso, incluido el informe de la autopsia, una transcripción de una entrevista policial con el agente involucrado, análisis de evidencia de dos expertos para un caso civil relacionado con el asesinato y parte de un informe interno creado por la unidad de la Patrulla Fronteriza.
“Una tarde de septiembre de 2012, Valeria Tachiquín se encontraba casualmente en un edificio de apartamentos en Chula Vista cuando agentes de la Patrulla Fronteriza vestidos de civil se presentaron allí para hacer un “toca y habla”, lo que significa que los agentes no tenían una orden judicial para entrar pero podría tratar de involucrar a las personas allí en una conversación consensuada.
“Tachiquín no vivía en el apartamento, ni era la persona que buscaban los agentes. Cuando salió del edificio de apartamentos, un agente cuya placa no era visible le pidió que se identificara. Ella se negó y fue a su coche.
“Un agente dio instrucciones a otro compañero para que perforara su ventana y la arrestara. Después de que el segundo agente golpeó su ventana, ella trató de alejarse. El primer agente terminó en el capó de su automóvil; existe un debate entre los citados en los documentos sobre si aterrizó allí porque ella lo golpeó o porque él saltó. Él disparó 10 tiros, matándola”.
En medio de esta batalla la coalición de Comunidades de la Frontera Sur y Alliance San Diego también han presionado al fiscal de distrito de San Diego para que presente cargos contra los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el presunto encubrimiento de varios casos.
Con información de San Diego Tribune, Governing y BBC
