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Foto/AP magistrada Amy Coney
WASHINGTON, 16 de mayo . — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los tribunales federales no cuentan con los poderes para revisar las decisiones de los funcionarios de inmigración en algunos casos de deportación, incluso cuando han cometido lo que un juez disidente llamó “graves errores fácticos”.
El máximo tribunal falló 5-4 contra Pankajkumar Patel, un residente de Georgia que marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense cuando renovó su licencia de conducir de Georgia en 2008.
Un juez de inmigración, que es empleado del Departamento de Justicia, concluyó que Patel pretendía mentir sobre su estatus con el fin de obtener su licencia, a pesar de que la ley de Georgia daba derecho a un no ciudadano en la situación de Patel a una licencia para conducir.
Patel y su esposa, Jyotsnaben, reconocen que entraron ilegalmente en Estados Unidos hace aproximadamente 30 años, desde que abandonaron su India natal. En 2007, Patel solicitó la “green card”, o la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, con el apoyo de su empleador. Los Patel tienen tres hijos. Uno es ciudadano estadounidense y los otros dos son titulares de la “green card” y están casados con estadounidenses.
Pero la búsqueda de Patel de un estatus legal naufragó en la solicitud de licencia y en la decisión del juez de inmigración de que Patel había falseado intencionadamente su estatus de ciudadanía. El juez ordenó la deportación de Patel y su esposa.
La jueza Amy Coney Barrett escribió en nombre de cinco jueces conservadores que los tribunales federales no pueden revisar esas decisiones en virtud de la ley de inmigración. El secretario de Justicia de Estados Unidos puede conceder protección contra la deportación, pero las personas deben ser primero elegibles y el resultado de la decisión del juez de inmigración fue que Patel no era elegible.
“Los tribunales federales tienen un papel muy limitado en este proceso”, escribió Barrett concluyendo que la ley de inmigración “impide la revisión judicial de las conclusiones de hecho que subyacen a una denegación de alivio”.
con información de AP
Ultimo recorrido antes de restablecer derecho de asilo en la frontera con México
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Con información de AP
McALLEN, Texas, 18 de mayo . — El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró el martes que las autoridades están preparadas para el previsible incremento en el número de migrantes que cruzan la frontera sur del país, días antes de que expire una orden de salud pública que ha sido utilizada para rechazar a migrantes en casi 2 millones de ocasiones sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
Un juez federal podría ordenar que la medida relacionada con la pandemia continúe, pero Mayorkas le aseguró al público que están preparados, después de recorrer el Rio Grande Valley, en Texas, el corredor de mayor actividad de cruces fronterizos ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que estará listo para 18.000 cruces diarios, en comparación con el promedio de unos 7.800 por día durante abril, aunque Mayorkas enfatizó que esas no son las proyecciones.
Mayorkas visitó un centro de procesamiento remodelado en McAllen, la ciudad más grande de la región, en donde solía haber migrantes sentados en bancas de metal y durmiendo en colchonetas acomodadas sobre el suelo, tapándose con mantas isotérmicas de aluminio y su incesante ruido. Las televisiones apuntaban hacia las celdas.
El centro, que reabrió hace seis semanas, tiene capacidad para unos 1.200 migrantes. Las cercas de malla ciclónica fueron remplazadas con muros de hormigón. Las celdas ahora tienen un techo abierto, lo que según funcionarios de la Patrulla Fronteriza proporciona una mejor ventilación.
El centro se encuentra dividido en dos secciones: una para mujeres en 17 celdas de distintos tamaños, y otra para hombres en cuatro alas, con alrededor de 24 salas. Hay 44 regaderas.
El procesamiento para comparecencias en cortes de inmigración puede tomar unas dos horas por persona y una estadía de 43 horas en el complejo. Las autoridades distribuyen dispositivos de monitoreo para entre 250 y 350 migrantes que son liberados a diario.
Hasta 600 han sido liberados en un día al grupo Caridades Católicas de Rio Grande Valley, informaron funcionarios.
El gobierno del presidente Joe Biden ha enviado más personal y equipo, además de construir centros de detención temporal para el procesamiento de migrantes, en preparación para el fin de la orden relacionada con la pandemia. El mandato de Título 42, que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944, prohíbe a los migrantes solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
La agencia también planea aumentar los procesamientos por cruces fronterizos ilegales, tomar medidas enérgicas contra los traficantes y acelerar la evaluación de solicitudes de asilo, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en McAllen.
“Somos una nación de inmigrantes y también somos una nación de leyes”, declaró. “Aplicamos las leyes y seguiremos haciéndolo”.
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) detuvieron a migrantes en 234.088 ocasiones en la frontera con México durante abril, una de las cifras más altas en décadas y un incremento del 5,8% respecto a las 221.303 en marzo, según cifras difundidas esta semana.
Pero el conteo de abril incluía 20.118 ucranianos, casi todos ellos ingresando desde México por el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, con un permiso condicional humanitario. La cifra se ha desplomado desde el 25 de abril, cuando el gobierno de Biden dejó de aceptar ucranianos por los cruces terrestres con México y en su lugar les instruyó a volar directamente hacia Estados Unidos.
Muchos migrantes detenidos son reincidentes debido a que, en virtud del Título 42, no hay consecuencias legales de ser expulsados. En abril, alrededor del 28% de los detenidos ya habían encontrados al menos una vez en el último año.
Las autoridades federales aplicaron el Título 42 a cerca de cuatro de cada 10 encuentros. El resto quedó sujeto a las leyes migratorias, que incluyen el derecho a solicitar asilo.
El gobierno dijo en un documento presentado el lunes ante la corte que alrededor de 91.000 migrantes ingresaron a Estados Unidos con permiso condicional humanitario, incluyendo personas a las que se les permitió presentar solicitudes de asilo.
Los cubanos continuaron ingresando en grandes números, en parte gracias a la reducción en las restricciones de viaje a Nicaragua, lo cual les permitió volar desde la isla hacia la nación centroamericana y después emprender el trayecto por tierra hacia Estados Unidos. Fueron detenidos en 35.079 ocasiones durante abril, un aumento de 8,3% respecto a los 32.402 encuentros durante marzo y una cifra 10 veces mayor a la de abril de 2020.
Con información de AP
