Afp, Ap y Reuters Periódico La Jornada
Sábado 21 de mayo de 2022, p. 7
Washington. Estados Unidos indicó ayer que confía en que la novena Cumbre de las Américas, de la cual será anfitrión el mes que viene en Los Ángeles, tenga una fuerte participación, en medio de amenazas de boicot por parte de mandatarios de la región.
Confiamos en que habrá una fuerte participación, declaró el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, durante una teleconferencia de prensa al confirmar que ya se enviaron antier las primeras invitaciones de la cita.
Todavía estamos considerando invitaciones adicionales y compartiremos la lista final una vez que se hayan enviado todas, precisó. Será la primera vez que se realiza la cumbre en Estados Unidos desde el evento inaugural en Miami en 1994.
Las especulaciones sobre quién será invitado abundan desde que Cuba denunció a fines de abril haber sido excluida de los preparativos. Varios líderes señalaron que no asistirán a menos que se permita la asistencia de todos los gobiernos regionales.
Price declaró que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha tenido varias llamadas con sus homólogos, sin detallar el contenido. Agregó que además esperan recibir a miembros de la sociedad civil, así como a líderes empresariales, para realizar la cumbre más inclusiva hasta la fecha.
Antes, funcionarios relacionados con el tema, consultados por Ap y Reuters, señalaron que el gobierno de Joe Biden considera invitar a un representante cubano.
No estaba claro si La Habana aceptaría la invitación, que de acuerdo con la fuente consultada por Ap sería extendida a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla para asistir como observador, mas no como participante pleno, y ésta no se extendería al mismo ministro Bruno Rodríguez.
La discusión se ha centrado en permitir una presencia cubana en la cumbre de Los Ángeles por debajo del nivel del presidente, Miguel Díaz-Canel, o canciller del país, pero está en una etapa temprana y no se ha tomado una decisión, dijo la fuente a Reuters.
La Casa Blanca aún no ha tomado una decisión final sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, declaró un funcionario al diario Miami Herald. El viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossi, señaló a Reuters que Estados Unidos hace un esfuerzo desesperado por imponer su voluntad al resto del hemisferio occidental al determinar qué países deberían ser invitados a la próxima cumbre.
Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en La Habana indicó que son falsas las acusaciones de que negó la visa a 23 cubanos que quieren asistir a la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará casi a la par que la Cumbre de las Américas en California.
Título 42: continuidad trumpista
El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantenga vigente el Título 42, una disposición establecida por el ex presidente Donald Trump que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la propagación del covid-19. El actual mandatario, Joe Biden, anunció que pondría fin a dicha medida a partir de este lunes 23, pero ahora permanecerá operante mientras se tramita en la Corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.
Se trata de la segunda política migratoria relevante del trumpismo que la administración Biden trata de revertir y que debe retomar debido a la sentencia de un juez nombrado por Trump. En agosto pasado, un juez federal con sede en Texas ordenó restablecer los polémicos Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), programa mejor conocido como Quédate en México, el cual obliga a los migrantes que solicitan asilo a Washington a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las cortes estadunidenses, un proceso que puede tomar años.
La decisión del juez Summerhays y la demanda presentada por las entidades para impedir que se ponga fin a una política discriminatoria e inhumana es muestra de una enorme hipocresía en la que se usa la pandemia para cancelar derechos humanos básicos, como lo es la petición de asilo. Prueba de ello es que ni Arizona ni Luisiana mantienen ningún tipo de restricción ante la emergencia sanitaria, e incluso han dictado disposiciones que anulan la capacidad de otras instituciones para tomar medidas adicionales. En Arizona, el gobernador prohibió a los gobiernos locales exigir a la población que se vacune contra covid-19, así como proclamar mandatos para el uso de cubrebocas entre menores de edad. Ni siquiera las escuelas públicas pueden exigir a los menores que usen mascarilla sin el consentimiento de sus padres. En Luisiana, la orden de emergencia de salud pública se levantó desde el pasado 14 de marzo, y no existe ningún mandato estatal de vacunación ni del uso de cubrebocas. En Texas, cuyo gobernador, Greg Abbott, ha sido uno de los mayores activistas por la continuidad del trumpismo antimigrante, los gobiernos locales y los distritos escolares tienen prohibido establecer requisitos respecto al uso del cubrebocas.
Por otra parte, estos episodios hablan de que, en materia migratoria, Trump pareciera continuar tras las riendas del poder, lo cual a su vez delata una disfuncionalidad estructural del aparato institucional estadunidense: la posibilidad de que un grupo político o un personaje gobierne más allá de su mandato mediante la designación de jueces abiertamente partidistas y dispuestos a hacer valer sus filiaciones por encima de la ley o de los cambios dispuestos por el voto ciudadano.
