Que la humanidad ha alterado dramáticamente los ciclos biogeoquímicos, climáticos y del agua, ha afectado el equilibrio de los mares (por sobrexplotación pesquera y contaminación por plásticos) y de los bosques y selvas (por la deforestación) y ha puesto en peligro miles de especies de animales y plantas, es un hecho que el geólogo Paul Crutzen (1933-2021), Premio Nobel 1995, sintetizó magistralmente en dos cortos artículos (2000 y 2002) al declarar a nuestra época como la del antropoceno, la era en la que los impactos de la especie humana sobre el planeta lo convirtieron en una nueva fuerza geológica. Ello dio lugar a cientos de publicaciones y decenas de libros y confirmó en la academia y en la opinión pública el dogma biologista de la culpabilidad total de la humanidad o de la especie, más allá de las particularidades económicas, sociales, culturales, históricas o de género. La humanidad convertida en una entidad abstracta, en un todo indiferenciado. Hoy, dos décadas después, existen suficientes evidencias de investigadores de las ciencias sociales y de las humanidades que no sólo matizan la idea del antropoceno, sino que la cuestionan contundentemente. Debemos al historiador Jason W. Moore con su obra El capitalismo en la trama de la vida (2015), el desarrollo teórico de un concepto alternativo: el de capitaloceno. Ya no es la humanidad la causante de la tremenda crisis ecológica actual, sino las relaciones que el capitalismo ha construido e impuesto entre los humanos y entre estos y la naturaleza (ver una excelente síntesis en Francisco Serratos, El capitaloceno: una historia radical del cambio climático, 2021, UNAM).
Hoy, los humanos vivimos y sufrimos la era del capital corporativo en la que unas cuantas decenas de corporaciones trasnacionales monopolizan y controlan los mercados globales de las principales actividades humanas. La escala a la cual estas corporaciones operan y la velocidad con la que se multiplican y expanden no tiene precedente en la historia. Un puñado de corporaciones tienen una influencia directa o indirecta sobre el equilibrio de los océanos, la atmósfera y los mayores ecosistemas terrestres, afectando funciones claves, como la regulación del clima global. En efecto, 75 corporativos mineros dominan la extracción de platino, paladio, cobalto, níquel, hierro, cobre, zinc, plata y oro; 30 monopolizan la producción de petróleo, gas y cemento, y 10 la de papel. Trece compañías dominan la captura pesquera marina y cinco las granjas de salmón.
Los monopolios alcanzan su máxima expresión con los alimentos. Tres compañías dominan los agroquímicos (Syngenta, Bayer y Basf), las semillas (Monsanto, Dupont y Syngenta) y la maquinaria y equipo agrícolas (Deere, CNH y AGCO), y seis controlan 75 por cientio de los plaguicidas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow Agro, Monsanto y Dupont). Similarmente, seis corporativos o sus fusiones controlan 100 por ciento de los cultivos transgénicos que hoy se siembran (soya, maíz y algodón) en 190 millones de hectáreas en 29 países (Estados Unidos, Brasil, Argentina, etcétera). Todo cultivo transgénico está obligado a usar el glifosato, el herbicida catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente los cultivos de soya y maíz transgénicos han provocado la mayor destrucción de la biodiversidad de que se tenga memoria al convertir 80 millones de hectáreas de vegetación tropical y sus innumerables especies de flora y fauna en un monocultivo, una catástrofe biológica de la que no hablan las mayores organizaciones internacionales de conservación y ambientalismo. En paralelo está el caso de la comercialización y transformación de los alimentos; sólo tres compañías dominan el cacao, el plátano y las semillas, cinco las del aceite de palma, y seis la de la carne (JBS, Tyson Food, Cargill, BRT, Vion y Nippon Meat).
Finalmente la explotación del trabajo humano se hace evidente cuando se revisan las cadenas de suministro de alimentos, en la que los productores se quedan con un mínimo porcentaje del precio final del producto. Aquí recomiendo los excelentes documentales de Rotten sobre cacao, azúcar, agua, aguacate y uva en Netflix (https://bit.ly/3lhBVou). El drama del chocolate resulta patético, pero ilustra lo que sucede en la mayoría de los casos. Un total de 5 millones de familias campesinas de Ghana y Costa de Marfil, representando una población de 30 millones, cultivan la mayor parte del cacao que es la base de la industria chocolatera. Es un sector que vive en general en la miseria. Los compradores, comercializadores y especialmente cuatro firmas industriales (Barry Callebaut, Cargill, ADM y Blommer) se quedan con la mayor parte de las millonarias utilidades que genera la semilla de esta planta, originaria de México.
*…y concentran la riqueza (monopolios), explotan el trabajo humano y generan la mayor desigualdad social de la historia…
Tráfico ilegal de migrantes
Santiago Nieto Castillo
El pasado 11 de mayo se dio a conocer que, como resultado de un operativo entre autoridades del estado de Querétaro, fueron detenidas dos personas que transportaban en un tráiler a 150 migrantes de origen centroamericano, hacinados y en condiciones de salud deplorables, con el fin de ser trasladadas hacia su destino final, Estados Unidos. Lo anterior constituye un claro ejemplo de tráfico de personas, cuyo fenómeno no parece detenerse y los esfuerzos para combatirlo a escala regional no parecen ser suficientes, pues es claro, que hay países de origen, tránsito y destino que están involucrados directamente en la realización de esta actividad delictiva.
Uno de los principales riesgos que se presentan en México con respecto a este fenómeno es precisamente su cercanía geográfica con el país del norte; lo que desde luego, facilita el modus operandi de los traficantes de personas para transitar hacia ese destino. Pero este fenómeno no se reduce al hecho de facilitar que una o más personas crucen fronteras sin cumplir los requisitos legales, con la finalidad de obtener directa o indirectamente un lucro, lo que constituye un delito y cuyas ganancias han generado 7 mil millones de dólares para los traficantes en un año, de acuerdo con cifras de la UNODC en 2018. A veces el delito de trata de personas comienza con el tráfico de migrantes. De la misma manera, que tanto la trata como el tráfico de personas forman parte de la amplia gama de delitos que generan grandes recursos para la delincuencia organizada que opera en nuestro país.
En ese sentido, el tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un #NegocioMortal operado por grupos que buscan lucrar con miles de personas, sin respeto alguno por sus derechos y su dignidad. La CNDH aseguró en un informe publicado el año pasado que al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en México entre el primero de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020; siendo Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, principalmente. Diversos diagnósticos, como la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, nos señalan la presencia de grupos del crimen organizado en diversas zonas del país, incluidas las entidades identificadas por el organismo federal. Y si a la oleada de violencia le sumamos el nivel de impunidad que acompaña a la mayoría de los casos en la nación que llegan a instancias del Ministerio Público, claramente se convierte en un ambiente propicio para que los traficantes de personas continúen operando y diversificándose en todo el territorio nacional.
Desde luego, lo anterior deja ver la complejidad de la estrategia contra el tráfico ilegal de migrantes; así como el imperioso fortalecimiento de los ámbitos de seguridad, procuración e impartición de justicia para detener, investigar y sancionar a los responsables de este y otros delitos conexos, junto con la implantación de programas sociales que generan un impacto en la calidad de vida de las personas más vulnerables en México y en la región. En este orden, se requiere de voluntad política para destinar recursos e implementar los mecanismos institucionales necesarios para resolver estas problemáticas que, sin duda, tienen que ver con la obligación del Estado mexicano de respetar y salvaguardar los derechos humanos de las personas.
