En un foro para conmemorar los 17 años de la UIF, su titular, Santiago Nieto Castillo, señaló que el repunte de los bloqueos se explica en parte por la colaboración de las autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadunidenses en un gran operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Cabe recordar que el año pasado la DEA clasificó al CJNG como la tercera organización criminal más peligrosa del mundo, con un alcance, a juicio de Washington, sólo por detrás de las mafias rusa y china, por lo que el debilitamiento de su estructura financiera es una prioridad a escala nacional e internacional.
Por otro lado, la mayor actividad de la dependencia responde al incremento en actividades ilícitas derivadas del confinamiento por la pandemia del Covid-19, las cuales van desde el fraude cibernético y las estafas relacionadas con ventas de medicamentos para tratar el coronavirus, hasta fenómenos tan execrables como la pornografía infantil.
La cifra de cuentas bancarias bloqueadas en 2020 es impresionante en sí misma, pero también sirve como indicativo de la importancia que ha cobrado la Unidad de Inteligencia Financiera en la estrategia del gobierno federal para atajar tanto la corrupción en todas sus modalidades, como la delincuencia organizada que gravita en torno al narcotráfico.
En cuanto a la contribución de la UIF en la desarticulación de los cárteles y la reducción de la violencia desbordada que azota a grandes porciones del territorio nacional, el propio Nieto apuntó que, además de minar las finanzas de los grupos delictivos, se requiere una política que evite la introducción a México de armas ilegales, 70 por ciento de las cuales proviene de armerías estadunidenses.
Está claro que los bloqueos de cuentas y las denuncias presentadas por la dependencia que encabeza Santiago Nieto no bastan para avanzar en la disminución de los índices criminales y en el fin de la impunidad con que históricamente se han saldado los actos de corrupción, pues tales esfuerzos deben acompañarse de la buena praxis de fiscalías y juzgadores, a quienes toca fincar responsabilidades y dictar sentencias.
Cabe esperar que todas las instancias involucradas realicen un trabajo conjunto con el propósito de que estas acciones se traduzcan en los resultados largamente anhelados por la ciudadanía.
Datos biométricos y capitalismo de vigilancia
Silvia Ribeiro*
La reciente creación de un Padrón Nacional de Usuariosde Telefonía Móvil, que obliga al registro de los datos biométricos de todos los usuarios, ha abierto un debate necesario sobre sus impactos potenciales. No obstante, faltan elementos de contexto fundamentales.
La conversión de nuestras características personales y de identificación a datos digitales, son un componente clave del capitalismo actual, llamado atinadamente capitalismo de vigilancia por Shoshana Zuboff. Los datos biométricos, especialmente rasgos faciales e iris, no sólo identifican a una persona, también son de enorme relevancia para interpretar emociones, lo cual es esencial para la lucrativa industria de venta de futuros conductuales, o sea, la apuesta y manipulación de nuestras conductas para empujarnos a hacer lo que deseen las empresas / gobiernos que lo paguen. Además, son fundamentales para el reconocimiento facial desde cámaras de vigilancia, incluso en aglomeraciones, sea con fines de control, represión o comerciales.
Todo se hace más grave porque el volumen de datos que implica este tipo de registro en poblaciones enteras sólo se puede almacenar y manejar en enormes nubes de computación, un sector brutalmente concentrado en pocas empresas. Más de la mitad del mercado global lo tienen las estadunidenses Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM, seguidas de la china Alibaba. También Oracle y Dell tienen porcentajes significativos. Las tres primeras, junto a Apple y Facebook, controlan, además, más de la mitad del mercado global de plataformas electrónicas, y junto a las chinas Alibaba y Tencent, más de dos tercios. Aunque las grandes empresas telefónicas colecten los datos –y los puedan usar para sus negocios– la mayoría, como Telcel y Telmex, contratan servicios de las anteriores.
Peor aún, varios niveles de gobierno, desde el federal a estados y municipios, albergan los datos electrónicos de parte o todas sus actividades –incluso registros de población o sectores de ésta (como estudiantes, pacientes, derechohabientes de diversos sistemas)– en esas mismas nubes, conectadas a sus plataformas. Dirán que hay regulaciones sobre acceso de éstas a los datos que almacenan, gestionan y/o dan servicio, pero además de muy insuficientes, no pueden controlar realmente lo que hacen estas gigantes. Hay ejemplos de abuso con impactos tremendos, como el de Cambridge Analytica que resultó en la elección de Trump, Macri, Bolsonaro y otros.
Esta nueva forma de organización capitalista se basa en la digitalización en todos los rubros industriales, junto a la plataformización electrónica de relaciones sociales, transacciones de comercio, financieras, compras domésticas y otras. También la instalación de mecanismos cada vez más avanzados de vigilancia dentro y fuera de los hogares, para avanzar en la conexión de todos los aparatos, para conocer –y sugerir, persuadir, empujar– nuestras conductas.
Todo ello ha causado múltiples impactos sociales, económicos, políticos, ambientales, laborales, en la salud; la mayoría negativos. Con la pandemia, la invasión electrónica de nuestra vida y trabajo se expandió enormemente e incorporó masivamente aspectos esenciales como educación, atención de la salud y reuniones de todo tipo.
Aunque la vigilancia con fines de control y represión por parte de gobiernos y autoridades es un efecto extraordinariamente magnificado y facilitado en esta nueva era capitalista, el interés principal de las empresas es la vigilancia de nuestra vida cotidiana para poder influir y manipular nuestras elecciones de consumo, políticas, sociales y educativas.
La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de ciudades, ecosistemas, territorios) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas. Es tan cuantiosa que nueve de las 10 mayores empresas con más alto valor bursátil son tecnológicas, varias con valor de mercado mayor que todo el PIB de México.
Ese lucro se basó en la primera generación de extracción y explotación de nuestros datos.
El siguiente paso fue no sólo vender datos agrupados por segmentos de interés para los anuncios de las empresas, sino vender la predicción y la modificación de las conductas de esos grupos. Para ello, la cantidad y calidad de datos que se puedan agregar y cruzar entre sí –como ubicación geográfica, educación, nivel de ingresos, preferencias de consumo, estado de salud, etcétera, son fundamentales. Por ello han crecido vertiginosamente las industrias de biometría y reconocimiento facial, porque permiten vigilar, interpretar y manipular mejor las emociones, un producto de alto valor para las empresas.
Pese a la alta penetración de esta realidad, la discusión social de los impactos del capitalismo de vigilancia es muy limitada, pero hay un debate importante desde organizaciones y activistas de base (https://tinyurl.com/vwmf4wzb).
Las regulaciones nacionales e internacionales necesarias para controlar y/o prohibir estas actividades, cuestionar los monopolios, etcétera, son ridículamente insuficientes o no existen. Refieren, además, a opciones y derechos individuales, cuando se trata de una explotación global y poblacional a la que necesitamos responder con debates y derechos colectivos. En este difícil contexto, hacer obligatoria la entrega de nuestros datos biométricos –sueño de las gigantes tecnológicas– es una pésima idea.
* Investigadora del Grupo ETC
