El pasado 14 de abril, la campaña para contar con una vacuna del pueblo recibió el espaldarazo de 102 ganadores del Premio Nobel, así como 79 ex jefes de Estado o de gobierno, quienes publicaron una carta abierta en la que se pronuncian por salvar vidas e impulsar la inmunidad de rebaño a nivel global compartiendo el conocimiento y la tecnología necesarios para la producción de los fármacos. La misiva señala que hasta ahora las personas en los países pobres no se han beneficiado del resonante triunfo científico que significó el desarrollo de vacunas para el coronavirus en el espacio de menos de un año; y recuerda que ni el mercado ni el nacionalismo estrecho pueden ofrecer respuestas adecuadas a las amenazas a la salud pública, las cuales ignoran fronteras políticas y sólo pueden encararse mediante la inversión gubernamental, la cooperación y la solidaridad.
En conferencia de prensa, el senador estadunidense Bernie Sanders fue más allá al declarar ayer que el derecho de los pobres a recibir la misma protección frente al virus que los ciudadanos de los países ricos no es un gran debate, sino moralidad común humana. El legislador por Vermont, quien se ha convertido en la principal figura de un amplio movimiento por la transformación social en un país de lacerantes contrastes y desigualdad creciente, exhortó a aclararle a la industria farmacéutica que salvar tal vez millones de vidas es más importante que proteger sus ganancias ya de por sí excesivas.
No sólo tiene razón el socialista democrático al señalar que las farmacéuticas ya obtienen un lucro desmedido con sustancias cuya disponibilidad es una cuestión de vida o muerte, sino que en este caso la apropiación privada de las patentes resulta injustificable, toda vez que las investigaciones que llevaron al desarrollo de varios de los fármacos fueron subvencionadas con dinero público. Sólo en Estados Unidos, seis empresas o consorcios recibieron 10 mil 761 millones de dólares del gobierno, ya fuera mediante inyecciones de recursos a fondo perdido, o mediante contratos de suministro de fármacos que no existían y cuya viabilidad era incierta.
Está claro que los principios éticos expuestos por Sanders y otras voces resultan de seguimiento obligado para gobiernos que, como el de Washington y sus aliados, se arrogan el papel de guardianes de la vigencia de los derechos humanos en el resto del mundo. Cabe esperar que el presidente Biden se conduzca de manera congruente con la defensa de estos derechos y se decida a, por una vez, poner las vidas humanas por encima de las ganancias de un puñado de compañías.
Semillas de dignidad y lucha
Miguel Concha
La situación de los defensores de derechos humanos en México ha sido una realidad cada vez más visibilizada y documentada por diferentes personas, organizaciones y redes, gracias al reconocimiento de su papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos de todos y la construcción de una cultura transversalizada por esos mismos derechos. Aunque también, lamentablemente por el creciente y alarmante contexto nacional de estigmatización, criminalización, hostigamiento, amenazas, violencias y privaciones de la vida, de que han sido víctimas por el ejercicio de su derecho a defender derechos humanos.
En este sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (en adelante Red TDT), conformada por más de 80 organizaciones en 23 estados de la nación, publicó recientemente un informe titulado Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019-2020 (https://bit.ly/3sI8flN). El informe nos presenta desde sus primeras líneas un dato sumamente crudo: durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras, entre ellas, María Cristina Vázquez Chavarría, Isabel Cabanillas de la Torre, Eulodia Lilia Díaz Ortiz, María Elizabeth Montaño, Mireya Rodríguez Lamas, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes y Telésforo Santiago Enríquez.
La Red TDT identifica además a las 45 personas asesinadas según los cinco tipos de defensa que realizaron, a saber: medioambiente y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca); tierra y territorio; derechos civiles y políticos; LGBTTTIQ+, así como comunicadores que desarrollaron su labor con el enfoque de los derechos humanos. Las estadísticas permiten saber que los defensores de la tierra y el territorio, y de los Desca, son quienes han sido puestos en situaciones de grave riesgo, porque fueron asesinados, 19 y 15 de ellos, respectivamente.
Por otro lado, Semillas de dignidad y lucha ubica también geográficamente los lugares donde fueron privados de la vida. Preocupa sobremanera el caso de Oaxaca, ya que ahí asesinaron a 11. También destacan los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Baja California y Veracruz, que ocupan los puestos siguientes respecto al índice de asesinatos de personas defensoras.
Otro dato no menos importante es que los contextos de riesgo de los defensores no sólo configuran condiciones que los colocan en situaciones de vulnerabilidad y afectan su vida e integridad personal y física, sino que también alcanzan aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y familia. De acuerdo con el informe, el contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a esta situación de alerta, e igualmente por su puesta en entredicho con respecto a la labor de las personas defensoras, mediante su criminalización y estigmatización.
Asimismo, afirma que si bien es cierto que las agresiones contra defensores están diversificadas y pueden ser perpetradas por agentes del Estado, particulares, empresas o el crimen organizado, toda forma de violencia es, en definitiva, responsabilidad del Estado. Pese a las adversidades, las personas defensoras han resistido a través de la adopción de diversas medidas y la adaptación a una dura realidad, configurada por la multiplicidad de escenarios de violaciones a derechos humanos en el país.
A este respecto, la Red TDT enfatiza la situación de las mujeres defensoras, quienes, además, han ejercido primordialmente su derecho a defender los derechos humanos de las mujeres en un entorno cuestionado, denostado y criminalizado desde las más altas esferas del poder gubernamental. La documentación permite concluir que los ataques en su contra se mantienen en la impunidad.
De igual manera, la Red acentúa la criminalización de defensores a través del uso de instancias de administración y procuración de justicia, las cuales realizan juicios con pruebas infundadas y acusaciones sin soporte, y convocan a personas para que ofrezcan testimonios falsos. Además de que abren múltiples carpetas de investigación en su contra, y abusan de tecnicismos jurídicos y de la ambigüedad de la ley para detenerlas y privarlas de su libertad, en medio de procesos largos que buscan desgastar a las personas judicializadas.
Un caso paradigmático en este sentido es el de la defensora Kenia Inés Hernández Montalván, como afirma la Red TDT, este informe nombra a los defensores que nos han sido arrebatados injustamente, por lo cual se torna necesario honrar su memoria y cosechar lo mucho que sembraron, ya que con ello siguen acompañando nuestro caminar, nuestra esperanza, nuestra lucha. Nos unimos, a la vez, al urgente llamamiento para ampliar los horizontes de nuestra diversidad y tejer puentes articuladores desde las diferencias, en pos de la defensa de los derechos de todas las personas.
