En 2021 estaremos celebrando el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), siendo Jose Vasconcelos Calderón su primer secretario; durante los primeros 50 años de servicio, el principal objetivo de la dependencia era que todos los niños mexicanos recibieran al menos la educación primaria completa, para dar así cumplimiento a la Constitución de 1917 que en su artículo tercero decía que era obligación del Estado ofrecer educación primaria gratuita y laica a toda la población que la requiriera, y de manera especial a niños y niñas menores a 14 años, para quienes la educación primaria había sido declarada como obligatoria.
Para 1971, año en que la SEP cumpliría 50 años, este objetivo estaba cumplido para la población de siete a 14 años. Sin embargo, existía un gran rezago en la medida que la mayor parte de la población mayor a 14 años no había cursado la primaria completa y un alto porcentaje de ella seguía siendo analfabeta, mientras que otro porcentaje, sabiendo leer y escribir, se había abierto paso aprendiendo diversos oficios que le aseguraba el acceso a percepciones mayores para sostener a su familia, aunque no contara con certificado que avalara sus conocimientos. Tal situación llevó al entonces titular de Educación, Víctor Bravo Ahuja, a crear una infraestructura que permitiese evaluar y certificar los conocimientos y habilidades de esta población autodidacta, logrando con ello que un número importante y creciente de personas obtuviesen un certificado de primaria e incluso de secundaria, logrando reducir el rezago educativo de manera significativa.
Estas experiencias generaron un conjunto de dudas: si quienes no habían podido asistir a una escuela, habían sido evaluados para determinar y certificar sus niveles de conocimientos y habilidades, ¿No sería importante que los niños que habían estudiado en una escuela fuesen evaluados, para asegurar que sus conocimientos fuesen similares a los de los adultos evaluados y certificados? E igualmente, con los jóvenes que habían terminado su educación secundaria ¿No sería menester asegurarse que tuviesen conocimientos similares a los de adultos certificados que no habían recibido una preparación escolar?
Con el tiempo este tipo de dudas aumentaron: ¿los niños que terminaban su primaría o secundaria en Chiapas, tenían el mismo nivel de conocimientos de quienes lo hacían en la Ciudad de México o en Monterrey? ¿Los niños que terminaban la primaria o secundaria en una escuela determinada, poseían conocimientos equivalentes a los logrados en otra? ¡Por supuesto que no! Cada profesor examinaba a sus alumnos a su saber y entender, por lo que las dudas sobre los conocimientos reales de los estudiantes resultaban mayúsculas, siendo necesario contar con instrumentos de evaluación y certificación que indicaran con certeza los conocimientos adquiridos por los alumnos. Ello dio lugar a la generación de dos posiciones contrarias, tanto en el magisterio como entre las propias autoridades educativas: la primera abogando por la aplicación de evaluaciones que indicaran de manera real y más o menos precisa, los niveles de conocimientos de primaria, secundaria y educación media superior (bachillerato) para de allí estudiar los factores que incidían en las diferencias y abocarse a corregirlas con objeto de mejorar los niveles de conocimientos en todo la República. Mientras la segunda planteaba que era necesario aceptar que hubiese diferencias, ya que los entornos en los que vivían los estudiantes tanto de carácter físico como económico y cultural eran necesariamente diferentes y ello se reflejaba de manera natural en los niveles de conocimientos de los egresados de los diferentes niveles educativos. Sólo que esta posición terminaba necesariamente planteando que la educación estaba bien así, sin ninguna necesidad ni criterio para mejorarla.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) planteó a sus países miembros la conveniencia de realizar una evaluación de los conocimientos y habilidades que poseían los jóvenes de 15 años de edad en todas estas naciones, desde 1987, México, una de ellas, se vio comprometida a realizar la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés) en mayo de 2000, cuyo objetivo era medir los niveles de conocimiento a una muestra aleatoria de poco más de 70 mil jóvenes de todo el territorio nacional y poderlos comparar con los de las otras naciones. Cuando los resultados de esta prueba, aplicada a todos los países miembros, fueron dados a conocer, se supo que los estudiantes mexicanos habían quedado en uno de los últimos lugares, con puntajes para comprensión lectora de 420 puntos; en matemáticas, de 390, y en ciencias naturales, de 422, muy por abajo de los puntajes medios de los otros 35 países miembros, sacudiendo la conciencia de las autoridades educativas, de los maestros y de la sociedad en general sobre la situación real de la educación mexicana.
Gracias a una incipiente cultura existente en la Secretaría de Educación Publica, a partir de los esfuerzos creados desde los tiempos del secretario Bravo Ahuja, la SEP pudo desarrollar un conjunto de pruebas llamadas Enlace (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares) que se comenzaron a aplicar a escala nacional a partir de 2002 a todos los niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria para conocer las causas del problema detectado por la OCDE.
* Director del Instituro Latinoamericano de la Comunicación Educativa
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Imagen tomada en 2009 del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en compañía de Felipe Calderón.Foto José Antonio López
Orondos e impúdicos, como siempre, en 2010 Felipe Calderón y Genaro García Luna adjudicaron, por la libre, ocho contratos (que hasta 2032 se mantendrán clasificados como confidenciales por razones de seguridad nacional) para beneficiar a unos cuantos empresarios amigos del régimen, quienes construyeron igual número de centros penitenciarios con la fórmula de siempre: multimillonarias ganancias para los barones y espeluznantes pérdidas para la nación.
Once años después, esa dupla maldita está bajo investigación de la Fiscalía General de la República y, tal vez, terminaría enchiquerada en uno de los centros penitenciarios por ella privatizados, para que gocen de sus propias decisiones. García Luna permanece en una cárcel estadunidense, pero aquí lo recibirían con las rejas abiertas, mientras que al Borolas le asignarían una cómoda celda privatizada en que pueda pronunciar su frase de batalla: haiga sido como haiga sido … terminé en la cárcel.
La Jornada (Fabiola Martínez y Roberto Garduño) lo reseñó así: “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero y desviación de recursos, entre otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos, y a la cual se han ido aportando más elementos hasta el presente mes. Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría alcanzar hasta al ex presidente Felipe Calderón.
En la demanda radicada hoy en la Fiscalía General de la República y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera, la misma dependencia implica a quien fuera el director de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal. Hasta el momento en la investigación se habla de ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos ya mencionados. Actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados. La adjudicación se realizó de manera directa y se considera una transacción que provoca graves daños al erario.
Para justificar el nuevo negocio para los amigos, en 2010 Calderón y García Luna aseguraban que la decisión de privatizar ocho centros penitenciarios no tenía otra finalidad que combatir el problema de la sobrepoblación penitenciaria, lograr independencia financiera en su operación y reducir la carga fiscal a la sociedad por el costo de las instalaciones; el gobierno pagará menos y los impuestos de los mexicanos se canalizarían a renglones de gran beneficio social.
Como era de esperarse, sucedió exactamente lo contrario: los centros penitenciarios del Estado se mantienen sobrepoblados, mientras el volumen de ocupación en los ocho privatizados, en promedio, es de 61 por ciento, aunque se dan casos (como el Femenil de Morelos, de Carlos Slim) que no pasa de 32 por ciento. Eso sí, los ocho privados cobran como si dicho volumen fuera de 100 por ciento. ¿Y la independencia financiera y reducción de la carga fiscal a la sociedad?
La dupla maldita decía que el gobierno pagará menos y los impuestos de los mexicanos se canalizarían a renglones de gran beneficio social, pero en los hechos asfixiaron al erario con 300 mil millones de pesos adicionales (los amigos tenían que obtener pingües ganancias) y los beneficios sociales brillan por su ausencia.
Como parte de su discurso, Calderón y García Luna presumían que con el sistema penitenciario privatizado el costo de mantener a cada reo pasaría de 690 a 230 pesos diarios, y se quedaron tan tranquilos. En los hechos, tal costo promedio es de 3 mil 500 pesos diarios, aunque se dan casos como en el Femenil de Morelos (otra vez Slim) en donde es de 6 mil 634. En las cárceles no privatizadas tal promedio es cercano a 500 pesos.
Tiempo atrás, la Auditoría Superior de la Federación documentó los injustificables sobrecostos en la construcción de los centros penitenciarios privatizados. Nadie hizo caso, hasta ahora cuando Calderón y García Luna se ganaron una celda en ellos.
Las rebanadas del pastel
Excelente noticia: México y Rusia trabajan para acordar el envasado, llenado y envase final de la vacuna Sputnik V en la farmacéutica estatal Birmex, y hay un avance ya relevante (Ebrard dixit). Comunismo intramuscular para todos.
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