Hace algunos meses, de manera muy acertada el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el doctor Santiago Nieto Castillo, declaró: se acabó la fiesta, en alusión al sistema corrupto que algunos personajes siniestros y perversos celebraron por muchos años a costa del bienestar de las y los trabajadores de México. Esta fiesta se acabó, y muestra de ello es la determinación que ha mostrado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para terminar con este mal.
Hace ya casi dos años, presenté en el Senado de la República una iniciativa con la intención de reformar el marco normativo para regular la subcontratación en México y evitar abusos a la integridad y derechos de las y los trabajadores, a las finanzas públicas y a los institutos de seguridad social como el IMSS, Infonavit y las pensiones. Esta iniciativa, desde su presentación, enfrentó una oposición férrea por múltiples actores que no fueron solamente aquellos que forman parte de las filas de la oposición conservadora y reaccionaria, sino que dentro de la propia 4T hubo muchos gatopardos que actuaron en contra de esta medida.
Tengo muy presentes las múltiples declaraciones públicas de algunos funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresando que no hace falta un cambio a la ley, agregando que con inspecciones y otras medidas por parte del Ejecutivo basta. Estas aseveraciones en el mejor de los casos demuestran un desconocimiento de la realidad laboral de nuestro país, y en el peor de los casos unas intenciones egoístas y un total desinterés por ayudar a las clases más marginadas de nuestro país, quizá con el afán de congraciarse con algunos actores de la clase empresarial e impulsar su carrera política.
Adicionalmente, en una declaración totalmente innecesaria afirmaron: “del outsourcing que se encargue Napoleón”. Las autoridades laborales no son las únicas que opusieron resistencia a la regulación de este modelo que tanto daño ha ocasionado a las y los mexicanos que menos tienen. A partir de que el presidente de la República declaró la necesidad de regular esta figura, y conforme avanzó esta intención, aparecieron muchos a decir que es un gran acto de justicia. La misma secretaria de Trabajo ahora declara que es una gran medida de justicia, cuando ella misma en múltiples ocasiones de manera pública se opuso a este cambio normativo y ahí están los audios y videos de sus opiniones.
Sin falsa modestia puedo afirmar que el tiempo me ha dado la razón en este tema y en verdad estoy muy satisfecho que la aprobación de la reforma en materia de la subcontratación está consumada. Este lunes 19 de abril aprobamos la minuta que reforma medidas para regular la subcontratación con 25 votos a favor y dos abstenciones en reunión de comisiones unidas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Esta minuta contiene cerca de 90 por ciento de los elementos que presenté en mi iniciativa original para regular el outsourcing hace casi dos años y es muy grato y satisfactorio confirmar que apenas el martes pasado aprobamos el decreto en el pleno del Senado de la República. Muy pronto estará publicándose por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación.
No cabe duda de que el reto no termina con la aprobación de los cambios normativos en esta figura, aún queda mucho por hacer en el plano de la implementación de esta reforma. Se necesitarán medidas certeras por parte del Poder Ejecutivo para poder encauzar correctamente este sector y regularizarlo para que ya no se cometan los abusos de antes. Las metas son evitar que se sigan vulnerando los derechos laborales de millones de mexicanas y mexicanos. Ahora será necesario crear un organismo de registro y control de las empresas dedicadas a estas actividades y un sistema de supervisión y vigilancia para que se cumpla con el nuevo marco normativo.
Desde mis responsabilidades como senador y líder del Sindicato Minero, apoyaré al Presidente de la República en todo lo que esté en mis manos para que la implementación pueda darse en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz y eficiente. Los trabajadores de México estarán atentos a que se cumpla la reforma histórica que acabamos de aprobar en el Congreso de la Unión. Que así sea.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La mayoría de los países latinoamericanos se endeudaron mucho, pero el incremento lejos aligerar sus problemas, los empeoró, revela informe de la Cepal. Imagen de archivo de Alicia Barcena, secretaria ejecutiva del organismo. Foto Cristina Rodríguez
El fantasma de una nueva crisis de la deuda en América Latina recorre la región y amenaza con hundir a las de por sí endebles naciones, toda vez que al históricamente voluminoso endeudamiento se suma el contratado por razones de la pandemia, lo que ha contribuido de forma decidida al veloz incremento de los saldos, sin aminorar la crítica situación económica, social y sanitaria.
Por el contrario, la situación regional tiende a convertirse –una vez más– en insostenible, por lo que resulta urgente nivelar el campo de juego entre acreedores y deudores, pues ambos deben compartir la carga, de acuerdo con una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), institución que ayer divulgó su Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021, del que se toman los siguientes pasajes.
Se ha acelerado la tendencia alcista de la deuda pública en la región ante un escenario fiscal complejo. El débito aumentó considerablemente durante todo 2020, arrastrado por los déficits fiscales históricos que se registraron luego de la puesta en práctica de los paquetes de asistencia dirigidos a la población y las empresas. Al concluir ese año la deuda pública bruta del gobierno central alcanzó en promedio 56.3 por ciento del producto interno bruto en América Latina, cifra 10.7 puntos porcentuales superior (con relación al PIB) a la registrada al cierre de 2019.
A nivel de las subregiones, los niveles de endeudamiento público de América del Sur y el grupo de países compuesto por Centroamérica, México y la República Dominicana alcanzaron 59.3 y 53.2 por ciento del PIB, respectivamente, durante el cuarto trimestre de 2020. A escala de los países, en Argentina (la herencia de Mauricio Macri contribuyó de forma brutal) se alcanzó un nivel equivalente a 104.5 por ciento del producto; Brasil, 89.3; Costa Rica, 67.9, y Uruguay, 61.5 por ciento.
En el otro extremo se encuentran los países con menores niveles de deuda pública, como Perú (35.2), Guatemala y Chile (32.5, en cada caso) y Paraguay (30.1). En el caso mexicano, el registro de la Cepal señala que el aumento fue de 5.8 puntos porcentuales, al pasar de 36.1 por ciento en 2019 a 41.9 por ciento, por abajo del promedio regional.
La deuda pública bruta del gobierno central se incrementó de forma pronunciada en todos los países de la región respecto del cierre de 2019. En ocho de ellos fue superior al promedio de la región (10.7 puntos porcentuales del PIB). República Dominicana fue el de mayor aumento (16.3 puntos), seguida de Brasil (15 puntos), Panamá (14.9) y Argentina (14.3). En Colombia el avance fue de 12.8 puntos, seguida de Ecuador (12.5) y Uruguay (12.5). En orden descendente aparecen Honduras (10.9), Paraguay (10.5) y Perú (10.4). A nivel de subregiones, en América del Sur y Centroamérica se registró un aumento de 11.6 y 9.8 puntos porcentuales del PIB, respectivamente.
La mayoría de los países latinoamericanos se endeudaron hasta la coronilla, pero el incremento del débito lejos de solucionar o cuando menos aligerar los problemas, simplemente los empeoró, amén de que todas las economía regionales se desplomaron.
En el caso caribeño, sólo siete países presentan información sobre la deuda pública bruta. De ellos, en tres la deuda superaba 100 por ciento del PIB al cierre de 2020, y destacó el caso de Barbados, donde el débito representó el 144 por ciento de su producto. En todos los países aumentó considerablemente la deuda (por ejemplo, en Barbados y Belice creció 24 y 36 puntos porcentuales, respectivamente). A diferencia de Latinoamérica, en los países caribeños los costos asociados a la crisis del Covid-19 se financiaron principalmente a través de los organismos multilaterales.
Entonces, urgen medidas antes de que explote la bomba, y no tarda.
Las rebanadas del pastel
Si desea mantener sus vicios, como fumar puros de marca, Alonso Ancira (el ratero que, tras aceptar devolver los 216 millones de dólares que se robó) deberá pedir prestado a sus cuates, una coperacha o de plano vender la lujosa camioneta en la que se transporta, porque la Unidad de Inteligencia Financiera no descongelará sus cuentas bancarias, porque no forman parte del proceso penal por la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Pemex. Claro, también puede recurrir a sus guardaditos en paraísos fiscales.
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