Desde la oposición política y mediática se pretende instalar el debate en torno a una decisión supuestamente orientada a someter la SCJN y la Judicatura al Ejecutivo federal, por medio de la figura del presidente del máximo tribunal. Está claro, sin embargo, que el asunto de fondo radica en la impostergable limpieza del Poder Judicial. En este sentido, a ningún actor escapa el que, por su propia naturaleza y por los mecanismos que rigen su conformación, esta rama del gobierno posee una gran resistencia al cambio y una tendencia a acumular todo tipo de rémoras que lastran su capacidad de servir a la sociedad en las funciones que le confiere la Constitución. Asimismo, resulta evidente que una tarea de tal magnitud requiere la continuidad de los funcionarios que han decidido emprenderla pese a la renuencia de sus pares y de todo un entramado institucional construido no necesariamente para servir a la justicia, sino, en muchos casos, para el tráfico de influencias y el beneficio privado.
Los jueces que otorgan amparos al por mayor para frenar obras públicas o disposiciones legales son la muestra más inmediata de la manera en que el enquistamiento de intereses ilegítimos y corruptos en el sistema judicial se erige en una barrera a las urgentes transformaciones que demanda la ciudadanía. El desparpajo de algunos juzgadores para proteger a la oligarquía económica e incluso a las estructuras abiertamente criminales de la acción legal de las autoridades alcanza tales extremos que otorgan decenas de suspensiones provisionales o definitivas en unos días y, contra la ley, amparan incluso a quien no lo ha solicitado. De esta suerte, la carencia de escrúpulos con que se conceden los amparos exhibe que una parte de los juzgadores fungen no como contrapesos institucionales, sino como reductos de una oposición obstruccionista, empeñada en impedir la concreción de los cambios económicos, políticos y sociales por los que votó la ciudadanía.
Inseparable de esta vocación obstruccionista de algunos togados, la corrupción, en sus formas de nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad o soborno, constituye la mayor lacra en un poder cuya misión radica precisamente en la impartición de justicia y la aplicación del Derecho. Por ello, lo que está en juego es la posibilidad histórica de llevar adelante un proceso de saneamiento del sistema judicial, de cuyo éxito depende el futuro no sólo de la apuesta de transformación en curso, sino de la sociedad mexicana en su conjunto.
Cabe esperar que la reforma en la materia sea aprobada en breve, y que la nueva normatividad dé paso a la reivindicación de unas instituciones gravemente desprestigiadas.
Capitalismo y narco: la gran devastación
Víctor M. Quintana S.
Cuando la acción del narcotráfico se instala en un suelo marcado por la exclusión multiforme de amplios grupos sociales por el capitalismo dominante, arrasa con la naturaleza y con el tejido social. Chihuahua lo está viviendo en la zona serrana y en las ciudades.
Como pocas veces los incendios forestales se están cebando sobre los muy mermados bosques de la Tarahumara. A la fecha han sido afectadas ya 10 mil 759 hectáreas, cuando hace un año eran 8 mil 920. Al 16 de abril los incendios eran 220.
La sequía explica sólo parte del problema. Porque según los testimonios de las comunidades serranas y de los brigadistas que heroicamente combaten los incendios, la acción y la guerra entre los cárteles del narcotráfico son clave en la expansión del fuego. Queman los predios madereros del cártel rival; amedrentan a los brigadistas para que no intervengan y el bosque se convierta en tierra arrasada. La tala clandestina se ha convertido en una importante fuente de acumulación para los grupos criminales. Y ya sabemos el círculo vicioso que comienza ahí y viene a redundar en el agravamiento del cambio climático: devastación de los bosques, erosión, sequía, calentamiento global, más sequía… La tala clandestina y el control territorial y el terror inducido por los cárteles desplazan a cientos de familias de la Sierra Tarahumara, destrozan familias y comunidades.
En las zonas urbanas de Chihuahua si no es tan visible la devastación ambiental, sí lo es la social. En febrero, Chihuahua tenía una tasa anual en delitos por 100 mil habitantes más arriba de la media nacional, más del doble de la media en homicidios dolosos: el doble en feminicidio; más de 50 por ciento del promedio del país en violencia familiar y, lo que puede explicar mucho de lo anterior: una tasa de delitos por narcomenudeo de 205.1 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 60.37.
La expansión del uso de drogas, sobre todo del cristal, es el factor más importante para el incremento de la delictividad en las ciudades del estado. Según el Ficosec, el mercado de la droga en Chihuahua asciende a 3 mil 209 millones de pesos, tomando como base las 100 mil personas que consumieron droga en 2019. Cada una, según esto, consumiría un promedio de 88 pesos diarios de enervantes. De acuerdo con esta institución 80 por ciento de los homicidios dolosos en el estado estarían relacionados con el narcomenudeo.
El consumo del cristal se triplicó en las ciudades chihuahuenses entre 2017 y 2020 y ahora es la droga preferida por 70 por ciento de los adictos. Por otro lado, la edad en que se prueba la primera droga va a la baja: ya acuden a ellas niños hasta de 10 años y 75 por ciento de los adictos está entre 13 y 35 años.
Homicidios dolosos, violaciones, violencia familiar son manifestaciones de la devastación social producida por el narcomenudeo y las adicciones. Una persona con síndrome de abstinencia no se detiene para robar, para asaltar, ni siquiera para golpear a sus padres y así obtener el dinero para una o varias dosis. La inseguridad y el miedo se instalan en las colonias, en los barrios y hasta dentro de los hogares.
Pero esta devastación ambiental y social no se crea que es exclusiva de los malandros; ellos aprovechan un suelo social ya debilitado y una inercia devastadora, excluyente y concentradora impulsada por las nuevas formas del capitalismo. Antes y después de los grupos criminales llegaron a devastar los negociantes de la madera y los mineros y aplastaron la resistencia de los pueblos indígenas, los arrinconaron. En las ciudades el neoliberalismo ha precarizado la vida de las familias trabajadoras, ha desaparecido los cuidados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Les impide trazarse un proyecto de vida propio y los socializa en el placer inmediato, individual, así los destruya. Entonces entran como cuchillo en mantequilla las organizaciones criminales y los narcomenudistas.
Para el capitalismo dominante son preferibles el silencio y la fuga de las adicciones a la inconformidad, la protesta y organización de los jóvenes. Mejor drogadictos que revolucionarios. Mejor la lucha de cárteles que la lucha de clases.
Por eso no basta el reseteo del capitalismo pospandemia para solucionar esta devastación ambiental y social. Es preciso ir cambiando el modelo civilizatorio.
En tanto este proyecto colectivo se va construyendo, no es posible cruzarse de brazos. La devastación de nuestros bosques por la tala clandestina, el desplazamiento de cientos de familias, es ya cuestión de seguridad nacional. Se hace precisa la coordinación operativa in situ de las policías estatales y la Guardia Nacional para recuperar el territorio para las comunidades, para detener la tala, incluso para verificar los camiones madereros.
Se requiere también expandir todas las formas de cuidado a la niñez y a las juventudes. Incluir a los jóvenes en la educación, el trabajo, el deporte, las artes, y brindarles atención sicosocial. No sólo para sustraerlos de la violencia, de los cárteles y las adicciones, sino y sobre todo para ayudarles a devenir sujetos de ese cambio civilizatorio que nos urge.
