¿Hay alguien que pueda explicar razonablemente por qué Europa contrató recientemente mil 200 millones de vacunas Pfizer para contrarrestar los efectos de la pandemia en el viejo continente? ¿O por qué el gobierno canadiense está desesperado por comprometer 300 millones de dosis del mismo antídoto? ¿O por qué la Casa Blanca se ha reservado 800 millones de inyecciones para inocular a su población? La Unión Europea suma 446 millones de habitantes, aunque esas vacunas estén dirigidas sólo a la tercera parte. Canadá cuenta con 38 millones y Estados Unidos, con 330 millones. En teoría, si sus gobiernos pretendieran inocular a todas sus poblaciones requerirían mil 600 millones de dosis. Pero sólo en teoría. En la práctica, ningún gobierno puede aspirar a inmunizar en este año al conjunto de esas poblaciones. La razón es sencilla: en Europa y en Estados Unidos más de 40 por ciento de sus pobladores se niegan a recibir la vacuna.
Además, los casos de contagio que pueden derivar en crisis graves o fatales se ciñen a la tercera edad y a la gente con trastornos cardiovasculares o diabetes. Las estadísticas hablan con precisión al respecto. En estos países, esta franja de la población no supera 35 por ciento del total. Y muchos de ellos no están dispuestos a inocularse porque entienden el abuso y la superinflación de la que ha sido objeto el concepto de vacuna. Un concepto resemantizado por las actuales industrias farmacéuticas y la crisis del poder político para capitalizar los significados encerrados en su larga historia.
Todo concepto que ha cobrado legitimidad social (Koselleck dixit) contiene un significado doble: apunta hacia un horizonte de expectativas y refiere una experiencia concreta. Por vacuna entendíamos, hasta hace un año un dispositivo biológico de inmunización/resguardo. Por ejemplo, una vez inoculados con la vacuna contra el sarampión, nuestro cuerpo devenía inmune para siempre frente a este mal, es decir, quedábamos exentos de sus efectos. Pero ni el antídoto de Pfizer, ni la variante de Sputnik V o sus contrapartes chinas garantizan estas expectativas. Son dispositivos estrictamente experimentales. Se desconocen sus efectos a mediano y largo plazos. Tampoco se sabe el lapso en el que proveen inmunidad. Pero al recubrirlos con la noción de una vacuna han envuelto a las poblaciones en una promesa fatua. Una promesa cuyo sentido pretende cubrir los déficits de legitimidad provocados por la propia pandemia en las estructuras políticas. Como el Macguffin en las películas de Hitchkock, un objeto que finca una trama en la que el desenlace queda obliterado. He aquí un dilema social gravísimo que se condensa en su expresión semántica, propiamente conceptual. En el caso del Covid, hay que prescindir del término vacuna; bastaría antídoto o medicamento.
De esta incertidumbre está colmada nuestra condición actual. Porque al llamarle vacuna, que no lo es, se vuelve la mercancía o el bien más preciado del momento, algo que agradecen, por supuesto, los consorcios del Big-Pharma.
El antídoto de Pfizer adquirió relevancia hace algunas semanas cuando los medicamentos de AstraZeneca y Johnson & Johnson perdieron la batalla mediática. Treinta casos de trombosis en el mundo (entre 21 millones de vacunados) fueron suficientes para que organizaciones y gobiernos enteros cancelaran contratos. En dos semanas, los países centrales acapararon toda su producción durante el próximo año. Sputnik V y las variantes chinas están dedicadas a inmunizar a sus respectivas poblaciones. Simplemente no habrá antídotos suficientes para los grupos más vulnerables en el mundo.
La globalización ha mostrado aquí una de sus caras elementales: a la hora de la crisis no existe el menor sentimiento de co-responsabilidad entre las naciones centrales y las periféricas. Cuando se trata de expandir capitales, vender productos desechables, extraer recursos naturales y de absorber fuerza de trabajo barata, todo marcha sobre ruedas. Pero si se trata de crear los tejidos que sostengan esta posibilidad, lo único que se escucha es el cierre de puertas. Es una lección que hay que (volver a) aprender y tomar medidas para afianzar estos tejidos en la lógica de la soberanía nacional. Nos dirigimos hacia un mundo, una vez más, de naciones crecientemente amuralladas.
Que nadie se sorprenda. Dilapidado durante tres décadas por el discurso de los mercados, en la crisis de la pandemia todos los ojos, todas las voces volvieron a entonar: ¡el Estado!, ¡el Estado!, como centro de referencia y condición de posibilidad. Es una singularidad actual. Terminó la época neoliberal y se anuncia, de nuevo, un retorno a la política industrial basada en la lógica del empleo como epicentro de las sociedades. Una política industrial, aclárese, fincada en las nuevas industrias de la tecnología, la energía, el comercio, etcétera. No en un retorno a las décadas de los 50 o 60. Basta escuchar a Frau Merkel o al presidente Joe Biden para percibirlo. Los países que pospongan este giro padecerán consecuencias graves.
Regulación de redes sociales
Miguel Concha
En un debate tan interesante como el abierto en relación con las redes sociales no pueden estar ausentes el aporte y el enfoque de los derechos humanos. Sin éstos cualquier intento de regulación se acerca peligrosamente a una práctica antidemocrática. En la complejidad de este debate, resultó trascendente que Twitter y Facebook decidieran cerrar las cuentas del entonces presidente Trump en el contexto del asalto al Capitolio en Estados Unidos, lo cual causó declaraciones de desaprobación hacia las empresas digitales.
En Europa, por ejemplo, algunas voces se alzaron argumentando que estos actos hacen que impere el poder de ese tipo de firmas, las cuales actúan de forma discrecional en muchos casos. En México se escucharon declaraciones similares desde Palacio Nacional. Este hecho, apenas en enero de 2021, aceleró lo que se venía promoviendo, al menos desde el último lustro de este siglo. Me refiero a los intentos de regular el uso de las redes sociales, mediante marcos legales en determinadas jurisdicciones de distintos países.
Un hecho que influyó desde entonces para crear propuestas de regulación y revisión de las políticas de seguridad digital, fue lo que aconteció en relación con la empresa Cambridge Analytica, dedicada al análisis de datos, señalada en 2016, en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, de influir y manipular la decisión del voto entre los ciudadanos estadunidenses, a partir de hacerse de datos personales, que debían estar debidamente resguardados. Esta compañía, sin embargo, obtuvo tales datos, dados los débiles marcos y políticas de seguridad entre las firmas que ofrecen servicios digitales.
Con ello, en el marco de la toma de decisiones trascendentales, de alcance nacional e internacional, se nos mostró un intento de manipular y operar, favoreciendo a ciertos grupos. Se argumentó que en lugar de disputar la política, se pretendía cambiar la cultura, con cierto manejo de datos que favorece determinada postura política. Cosa que resulta sorprendente, al emerger un indicador del poder que ahora se tiene en el manejo de datos recabados mediante las redes sociales.
Hasta aquí vemos la necesidad de reafirmar que las empresas digitales, conforme con principios de derechos humanos, tienen la obligación de proteger los derechos de las personas en Internet, haciendo todo lo que esté a su alcance, para abstenerse de cometer cualquier interferencia que configure violaciones a la dignidad de las personas y a sus derechos. Ahora bien, legisladores de diversas naciones, incluyendo México, se apresuraron en estos últimos años a proponer cambios legislativos que pueden resultar contraproducentes para los derechos humanos en Internet.
En Europa, por ejemplo, se discuten diversos instrumentos legales que intentan regular a las empresas digitales, bajo el entendido de que amenazan las libertades y el acceso adecuado a la información.
En este sentido, nuestra nación también enfrenta un debate sobre la misma situación, a propósito de una iniciativa, recién dada a conocer en el Senado, y referida a regular las redes sociales. Asunto que se vincula con que varios congresos estatales impulsan reformas legales encaminadas a penalizar a toda aquella práctica que resulte incómoda para grupos en el poder. Es decir, reformas que ponen la responsabilidad sólo en personas físicas, generando medidas que penalizan e inhiben el libre y democrático intercambio y uso de las redes sociales. ¡Qué paradoja! Contrariamente a lo que aspira la ciudadanía, de contar con certezas de salvaguarda de nuestros derechos, y de protección y seguridad de datos personales, ahora resulta que denunciar prácticas de grupos que afectan derechos, nos pone bajo una espada de Damocles, con la amenaza de que se acredite la promoción de información que perturbe el orden público.
Todo lo anterior, supuestamente con base en querer evitar fakes news e información que promueve actos de violencia y odio. Conforme lo ha señalado la organización social Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sabemos, desde febrero de 2021, que la iniciativa del Senado presenta deficiencias que atentan contra el derecho a la libertad de expresión y que omite proponer medidas adecuadas para la rendición de cuentas de plataformas digitales dominantes, así como de transparencia o notificación para personas usuarias, por decisiones de suspensión o cancelación de publicaciones o cuentas, tal como lo señaló la R3D (https://bit.ly/3wEJLx1).
Si bien se requiere regular a las empresas preponderantes en este campo, no se puede usar esto a conveniencia, dañando derechos de personas en Internet. Será fundamental entonces no regular lo que no se conoce a fondo. Antes bien, continuemos nuestro debate sobre las redes sociales, con el ánimo de situarlas como una pieza clave que posibilita fortalecer la vida democrática de las naciones, y no que la debilita.
