El Instituto Federal Electoral (IFE) fue una creación de Carlos Salinas de Gortari. Después del fraude electoral de 1988, el innombrable quiso simular un compromiso con la democratización con la creación de un nuevo organismo semindependiente en 1990. Sin embargo, el PRI-gobierno mantuvo el control sobre el nombramiento de la vasta mayoría de los integrantes de aquel primer Consejo General.
No fue hasta 1996 que el IFE logró su independencia plena como órgano constitucional autónomo sin presencia alguna del Poder Ejecutivo. Pero, tal como documentamos en el libro Organismos autónomos y democracia: el caso de México (IIJ-UNAM/Siglo XXI, 2007), la ley diseñada por el PRI, que en aquel entonces todavía controlaba la mayoría del Congreso de la Unión, buscó intencionalmente reducir las facultades y marginar la influencia de los consejeros electorales.
La reforma de 1996 entregó casi todo el poder a la Junta General Ejecutiva, integrada por los titulares de las áreas administrativas del instituto, y centralizó el mando en el secretario ejecutivo y el consejero presidente. Para ocupar estas estratégicas posiciones, el presidente Ernesto Zedillo logró colocar a José Woldenberg como consejero presidente, quien a su vez impuso a uno de los más oscuros operadores priístas, Felipe Solís Acero, como secretario ejecutivo.
A lo largo del mandato de aquel Consejo General, entre 1996 y 2003, hubo una lucha constante entre los aliados de Woldenberg, que siempre le apostaba a una continuidad con el pasado autoritario, y aquellos consejeros, encabezados por Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, que luchaban por construir un instituto auténticamente autónomo y cercano a la ciudadanía.
La renovación completa del Consejo General en 2003 resolvería la disputa en favor de las fuerzas conservadoras. Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con el entonces presidente Vicente Fox para nombrar una nueva camada de consejeros electorales leales al PRIAN. Llegó Luis Carlos Ugalde como consejero presidente y posteriormente todos atestiguaríamos el trágico desenlace con el fraude electoral de 2006.
Desde entonces hasta la fecha el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), ha estado controlado por consejeros cercanos al PRIAN. La renovación parcial del Consejo General del año pasado no resolvió el problema, ya que solamente se cambiaron cuatro de los 11 lugares en la herradura de Tlalpan. Adicionalmente, al llegar a su jugoso nuevo puesto una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, traicionó inmediatamente los principios de autonomía e independencia y se alió con el bloque conservador encabezado por Córdova y Murayama. Un servidor ya había advertido sobre este peligro al fungir como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al Consejo General del INE en 2020 (véase: https://johnackerman.mx/un-nuevo-i-ne/).
Otro problema es que se mantiene vigente la estructura de presidencialismo autoritario del INE heredada de la reforma electoral de 1996. Quien realmente gobierna hoy al instituto no es el Consejo General, sino Córdova y su cuestionado secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.
El más reciente empecinamiento del bloque conservador del Consejo General de ratificar la negativa de registro a los candidatos de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por supuestas violaciones a la ley, que suman 19 mil pesos (0.3 por ciento del tope de gasto permitido durante las precampañas), demuestra la urgente necesidad de renovar el modus operandi del instituto electoral.
Tal como hemos escrito en estas páginas, esta decisión no representa la aplicación estricta de la ley, sino todo lo contrario, la abierta politización de la norma (véase: https://bit.ly/3sD5Qc9).Por ejemplo, en el contexto de la designación del nuevo presidente de Morena en octubre de 2020, las autoridades electorales ya habían resuelto que los procesos de designación por encuesta no implican la existencia de campañas electorales y por ello no son sujetos a procesos de fiscalización.
Es falso que el INE haya estado siempre a la vanguardia en la lucha por elecciones libres y auténticas. También es un engaño la actitud de Córdova y Murayama, quienes se presentan como la personificación de la democracia. Debemos estar abiertos a la posibilidad una reconfiguración de la institucionalidad electoral que facilite un avance en materia democrática.
La institución responsable de organizar las elecciones debe seguir siendo autónoma, desde luego. Sin embargo, su independencia no debe ser solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes fácticos que hoy financian ilegalmente a la oposición política y presionan a la autoridad electoral. La actual estructura del INE también resulta sumamente costosa, compleja y confusa.
No se debe desaparecer al INE, pero sí renovarlo y quizás remplazarlo con otro órgano con una estructura mucho más eficiente y efectiva.
www.johnackerman.mx
Los trabajadores
León Bendesky
Dice el triestino Claudio Magris, siempre lúcido, en una entrevista acerca de los efectos de la pandemia que: Se pueden hacer muchas consideraciones políticas o culturales. Pero lo que me impresiona es que cambiará el mundo más que la Segunda Guerra Mundial. Pertenezco a una generación para quienes el presente no es sólo hoy, miércoles al mediodía... Es un tiempo algo más largo. Y ahora hay una especie de fragmentación de ese tiempo. Añade que: Esta relación a distancia que mantenemos ahora todos modificará el equilibrio político y social. El mercado ya no se percibe como un sistema eficiente, sino como la medida de la vida. Y eso es algo que turba, porque las distancias sociales y laborales aumentan. (https://cutt.ly/xvWv7IN).
La consideración que hace Magris abre espacios para ir acopiando –y descartando también– los relatos acerca de las mutaciones que ya están en curso, especialmente en la cuestión laboral.
Veamos uno de esos relatos. En el reciente número fechado del 10 al 16 de abril la revista The Economist augura que en los países ricos del mundo la era de lo que denomina como capitalismo afilado está abriendo paso a una era dorada para el trabajo. Dice una parte del argumento que la situación durante las pasadas cuatro décadas se ha descrito como miserable para el trabajo por cuestiones como: la competencia derivada del intercambio comercial; un imparable cambio tecnológico; desigualdad de las labores y de los salarios y episodios de crisis con recuperaciones débiles.
Los mismos redactores de la nota en cuestión apuntan que puede parecer prematuro predecir un extraordinario panorama para el trabajo en un entorno en el que la pandemia provocó un fuerte castigo en los mercados laborales. Sin embargo, insisten y señalan que, en Estados Unidos, hay un regreso muy dinámico del nivel de empleo y también un aumento de ingresos de los trabajadores (lo que tiene que ver con los programas gubernamentales de impulso fiscal, que no se mencionan en la nota) y que un proceso similar empieza a advertirse en Europa.
En otro asunto la nota se refiere las condiciones del ajuste laboral impulsado por el confinamiento como ocurre con el trabajo a distancia; la creación de nuevos tipos de ocupaciones y la reordenación de los gastos de las familias asociados, por ejemplo, con el mercado de las viviendas ya que hay un traslado hacia áreas con menores rentas que en las más densas zonas metropolitanas.
En cuanto a la tecnología, se dice que la digitalización y la creciente inversión en computadoras ha significado que a finales de 2020 las empresas de Estados Unidos gastaran 25 por ciento más en esos equipos en términos reales que un año antes. Eso haría esperar un repunte en el crecimiento de la productividad que, a su vez, repercutiría en al alza de los salarios.
El escenario que ofrece la muy antigua revista londinense para los trabajadores es muy favorable y se asienta tácitamente en que el acomodo de las empresas promoverá la redistribución de los ingresos derivados de la producción. Además, ha de suponer que los mercados financieros no provocarán distorsiones especulativas en la asignación de los recursos para el incremento de las inversiones.
El diagnóstico consigna que los gobiernos deberán adecuar las provisiones de la legislación laboral para mejorar los beneficios del trabajo, ofrecer redes de protección universal que aseguren una economía fuerte y que ese armazón aumente el poder de negociación de los trabajadores. Finalmente, indica que la división entre el trabajo calificado y no calificado exige una apertura de las oportunidades, de la educación y capacitación y el rentrenamiento, junto con una liberalización de los mercados en que los trabajos están regulados.
Estas consideraciones se centran en los países ricos. De los otros ni se ocupan. Y, sí, puede ser prematuro un análisis como el que se propone y que apunta a un entorno virtuoso, pero en el que las contradicciones pueden, en cambio, agravarse antes de mejorar como suponen.
El tema del trabajo es de una importancia clave en un ambiente en que la pandemia está lejos de estar controlada, en el que hay muchas incógnitas sobre los posibles escenarios. Esa misma problemática se aplica a las modalidades del crecimiento de la producción, en cuanto a su valor y sustentabilidad, así como el resurgimiento de la inflación.
La pandemia ha expuesto la fragilidad de una parte muy relevante de los trabajadores, no sólo en la forma de desempleo, sino igualmente, de subocupación y mayor precariedad. Así que desde una situación como la que priva hoy en México, la necesaria protección de las condiciones de los trabajadores no puede sólo basarse en cambios legales y adecuaciones normativas que, siendo relevantes, serán huecos sin el incremento sustancial del gasto en inversión y de la contratación formal.
Hoy, las condiciones para que esto ocurra estás muy constreñidas por la política de gasto público y la incertidumbre que prevalece en el país en materia económica, legal y cada vez más con respecto a la estructura institucional y política. Si esta economía sobrevive ahora con las exportaciones asociadas con el T-MEC y la superabundancia de remesas, habría que aprovechar mucho mejor la recuperación de Estados Unidos. Y, sobre todo, fortalecer en serio el mercado interno.
