En 2016, en el 36 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los estados miembros aprobaron la creación del Foro sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus objetivos (ODS) y metas.
En la cuarta reunión, que tuvo lugar del 15 al 18 de marzo de 2021, participaron cerca de mil personas, entre representantes de los Estados miembros del foro, el sector privado, la sociedad civil, los bancos de desarrollo y otros organismos de Naciones Unidas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), representadas en el Mecanismo de Participación formalizado ante la Cepal, que trabajaron antes y durante el foro, presentaron en esta ocasión una declaración conjunta, que diagnostica, llama la atención sobre asuntos delicados y hace propuestas ante la emergencia que vive la región. Se destacan los puntos más relevantes de dicha declaración, cuyo eje fue la década de acción para cumplir los ODS.
Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región muestra un estancamiento económico, agravado por el Covid-19, que generó la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años, marcada por el notable incremento de la pobreza, la desigualdad estructural y las brechas hacia el interior de los países y entre naciones. Marcada también por la distribución regresiva de los ingresos, la caída del PIB, el aumento de la deuda externa y el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización. Y por los altos índices de corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos (DH), aumento de las tendencias autoritarias, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, represión y criminalización de la protesta ciudadana.
Las políticas neoliberales, adoptadas por la mayoría de los países de la región, obstaculizan el logro de los ODS. Por lo que hoy es aún más urgente un cambio radical en la acción de los gobiernos, así como la puesta en marcha de un nuevo contrato social. Es ahora la oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren medidas para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la necesidad de protección de la vida, y la garantía de los DH como políticas de Estado.
Urgen reformas a los sistemas fiscales, que garanticen una justicia redistributiva, con mecanismos para evitar la evasión y elusión de impuestos, así como la fuga de capitales, imponiendo, además, gravámenes a las grandes corporaciones, la riqueza, el ingreso, las transacciones financieras y el comercio. Ante la pérdida de 34 millones de empleos en 2020, la OIT ha descrito la crisis del empleo en la región como una tragedia. Se requieren compromisos en la promoción del trabajo decente y políticas de protección social, destinadas a evitar el desempleo, así como reducir la informalidad y la precariedad laboral, y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas.
Ante el evidente incremento de la violencia, especialmente hacia las mujeres, la niñez y los jóvenes, en el contexto del Covid-19, urge la protección, promoción, respeto y garantía de una vida libre de violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes que aseguren la erradicación de cualquier tipo de violencia y/o discriminación.
Durante la pandemia del Covid-19 se ha constatado la violación de derechos, como los de la vivienda, la educación, el trabajo, el acceso al agua, el libre tránsito, los derechos a la tierra y al territorio y a una vida libre de violencia. Requieren atención los grupos poblacionales integrados por personas adultas mayores, niños, adolescentes, jóvenes, población LGBTQI+, pueblos indígenas afrodescendientes, migrantes y trabajadores informales, así como vendedores ambulantes y trabajadores sexuales; además de las personas con discapacidades y las que viven con o afectadas por el VIH sida. Y es urgente la protección a los defensores de la tierra y el medio ambiente, así como a los periodistas y defensores de derechos humanos, ante la criminalización, persecución y penalización de las que son objeto, mismas que se agudizaron en el contexto de pandemia.
América Latina y el Caribe es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala los países con mayor número de asesinatos en 2019.
Coincidimos con la Cepal en la urgencia de pactos nacionales y regionales en un entorno de democracia, condición para cumplir con los ODS de la Agenda 2030. La situación que enfrenta nuestra región es de altísima gravedad, incluyendo el creciente cierre de espacios cívicos, lo cual indica que las recomendaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas en años anteriores. Por eso, en este foro demandamos que se abra la ruta de diálogos nacionales entre OSC y gobiernos.
Tapar el sol con el dedo
Silvia Ribeiro*
En uno de los confines del mundo, alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una lucha que nos afecta a todos. Pueblos indígenas de la región y organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se oponen enérgicamente a un experimento para avanzar la geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. A gran escala, tapar parte de los rayos del sol con nubes artificiales podría causar sequías y otras alteraciones en los trópicos, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas. Un proyecto de la Universidad de Harvard, financiado por Bill Gates y otros billonarios, pretende usar el territorio del pueblo indígena Saami en Kiruna, Suecia, para realizar un experimento de esta tecnología (https://tinyurl.com/y5ut32y4).
El 24 de febrero, el Consejo Saami, que reúne a los pueblos saami de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, manifestó su oposición a dicho proyecto y exigió al gobierno sueco cancelar el experimento (https://tinyurl.com/f4ektwdj) por falta de consulta previa y consentimiento de sus pueblos. También porque el experimento es para desarrollar una tecnología muy peligrosa que afectaría a todo el planeta, por lo que señalan que no es papel de un grupo de Harvard o algunos gobiernos decidir sobre ella.
Aunque la geoingeniería todavía aparece para mucha gente como ciencia ficción, el juego geopolítico y las implicaciones del desarrollo de la tecnología son una amenaza muy real y que avanza rápidamente.
En ese camino, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, acaba de mover otra pieza en el escenario global. El 25 de marzo publicó el informe Reflecting Sunlight (Reflejar la luz solar) donde recomienda que el gobierno de ese país debe asignar inmediatamente 100 a 200 millones de dólares para avanzar en la investigación y experimentación con geoingeniería solar y cómo se debe gobernar (https://tinyurl.com/yut5patf). Esa inversión multiplica de cinco a 20 veces la financiación pública para investigación en geoingeniería de gobiernos como la Unión Europea, China, Rusia y Corea. No obstante, la mayor inversión en el desarrollo de geoingeniería es de los supermillonarios, encabezados por Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y otros titanes tecnológicos (https://tinyurl.com/32d38zyx).
Según Raymond Pierrehumbert, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal de reportes globales del IPCC, el nuevo informe no aporta mayor información científica a la que ya existía en otro anterior sobre geoingeniería, publicado por la Academia en 2015. Claramente, el mensaje principal ahora no es científico, sino político.
Se trata de un intento de legitimar la experimentación a campo abierto de esta riesgosa tecnología, tal como el que pretenden hacer en territorio saami y desde antes en otros territorios indígenas desde Arizona y Alaska a Canadá y Australia. Al mismo tiempo, asegurar que Estados Unidos (gobierno, empresas, academia) lidere tanto las inversiones en geoingeniería, como la definición de quién decide sobre ella. Que haya subsidos públicos es también una forma de blanquear el dinero que invierten los billonarios, haciéndolo parecer pertinente.
El informe de la Academia reconoce que la geoingeniería solar es altamente peligrosa e injusta, ya que conlleva impactos desiguales: mientras algunos países se beneficiarían con la disminución de los picos de temperatura, otros sufrirán sequías y más desequilibrios climáticos.
Por sus altos riesgos, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), estableció en 2010 una moratoria al despliegue de la tecnología y un llamado a extrema precaución y a cumplir con una serie de condiciones previas –como un mecanismo multilateral de gobierno y consulta previa a pueblos indígenas y comunidadeslocales– consulta que aplica también a los experimentos a pequeña escala.
Para evadir esta y otras decisiones de Naciones Unidas –Estados Unidos no es parte del CDB, pero la geoingeniería tiene alcance global–, el informe pretende colocar otras reglas de juego: que se establezcan sistemas de gobierno a la investigación y experimentación, por iniciativa de Estados Unidos, pero que serían internacionales invitando a otros países (a su antojo) a discutir, para lograr una decorativa muestra de diferentes regiones. Incluyendo también a los actores privados que tienen intereses en geoingeniería.
Esta propuesta es un intento de sabotaje a las decisiones multilaterales y por consenso de todos los países, que es como funciona, por ejemplo, el CBD. En el caso de la geoingeniería la decisión por consenso de todos es un requerimiento mínimo, ya que necesariamente habrá países que serían afectados negativamente.
Åsa Larsson Blind, del Consejo Saami en Suecia, manifestó: La geoingeniería solar se opone totalmente a la cosmovisión del pueblo saami y va contra de lo que tenemos que hacer: transformar el planeta a sociedades sin emisiones de carbono y en armonía con la naturaleza. Este informe [de la Academia de EU] plantea avanzar una tecnología que conlleva peligros existenciales, con el falso argumento de que sería un plan B para el cambio climático. Si los gobiernos no son capaces de manejar la crisis climática con soluciones reales ahora, menos aún podrán manejar los enormes riesgos e injusticias de la geoingeniería. Importante apoyar esta lucha que nos concierne a todas y todos.
* Investigadora del Grupo ETC
