Luego de la vergonzosa caída de Donald el Cavernario, que parecía llevar a su país directo al fascismo, fuimos muchos los que llegamos a pensar en el regreso de Estados Unidos a sus mejores tiempos, como un país democrático y respetuoso del derecho internacional, al que lo había llevado el presidente Roosevelt hace 80 años, pero desafortunadamente no es el caso. Unos días después de tomar posesión de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden mostró que si bien las maneras serían diferentes, en el fondo los objetivos de su gobierno serán los mismos que en los pasados 70 años, que con distintas modalidades han caracterizado a los gobernantes de este nuevo imperio surgido a mediados del siglo XX, que considera que tiene el derecho a juzgar e imponer su voluntad sobre las naciones latinoamericanas. ¿Por qué el gobierno de Venezuela es una dictadura y el de Brasil en cambio no lo es, como tampoco lo fue el de Pinochet, en Chile?
Es evidente que, para ellos, la calificación de dictadura se la pueden adjudicar a cualquier gobierno decidido a utilizar los recursos que constituyen el patrimonio nacional de sus países para beneficiar a la población, en lugar de permitir que las empresas estadunidenses se apoderen de ellos y los utilicen para el beneficio de sus dueños. En el fondo, este es el caso de Venezuela con sus cuantiosos recursos petroleros, tal como lo fue el caso de Chile con el cobre y el de Cuba, utilizada por los gánsteres de Chicago para instalar casinos y prostíbulos que les dejaran enormes ganancias. Gobiernos a los que en su tiempo se acusó de comunistas, tal como ahora los señalan de dictaduras para justificar sus actividades subversivas en esos países.
Igualmente, llama la atención que hace tres días Biden se atreviera a decir que Cuba sigue siendo un país terrorista al que se debe castigar por ello. Pareciera que el nuevo presidente de Estados Unidos no se ha enterado de que durante la presente epidemia este país ejemplar ha enviado médicos a apoyar a otras naciones en la lucha para salvar vidas. ¿Es eso acaso propio de un gobierno terrorista? En su libro The brothers: John Foster Dulles and Allen Dulles, el reconocido escritor e historiador estadunidense Stephen Kinser señala que en la década de 1950 estos dos personajes ordenaron miles de actos terroristas y asesinatos, buena parte de los cuales fueron cometidos en Latinoamérica.
¿Por qué a nosotros aún no nos lanzan una ofensiva señalando al gobierno mexicano como una dictadura? Hay dos razones para ello: la primera se relaciona con la fuerza política que mostró el presidente López Obrador al ganar las elecciones de 2018 con mas de 70 por ciento de los votos en una elección inobjetable, lo cual impide que el gobierno estadunidense lo califique de dictadura, ya que otras naciones actuarían como un dique contra ellos. La segunda, y más importante por ahora, es que la reforma energética de Peña Nieto entregó nuestros recursos petroleros y energéticos a las empresas extranjeras, principalmente estadunidenses, de manera que por ahora ya estamos alineados con sus deseos y objetivos. El conflicto dará inicio cuando el actual gobierno pretenda echar para atrás esa reforma.
A lo largo de los últimos 70 años, las políticas de la Casa Blanca, con presidentes republicanos y demócratas, empezando por Dwight Eisenhower, han derrocado a más de una decena de gobiernos latinoamericanos pequeños e inofensivos por el terrible delito de no plegarse a las órdenes e intereses de las empresas estadunidenses, como fue el caso del gobierno de Guatemala presidido por Jacobo Árbenz, utilizando para ello a mercenarios y traidores como el coronel Carlos Castillo Armas, que contratado por la empresa United Fruit se apoderó del gobierno de Guatemala para defender los intereses de quienes se habían dedicado a explotar a los propios guatemaltecos.
Por su importancia en el contexto actual de la epidemia de Covid-19, me permito presentar un fragmento de una nota de Facebook que recibí en días pasados:
“Ayer dio inicio el proceso de vacunación contra la terrible enfermedad del Covid-19 en la CDMX, tres alcaldías fueron seleccionadas para la fase de arranque: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Como vecinos de la primera, acudimos mi esposa y yo, previa consulta en el portal de la CDMX, al centro de vacunación que nos fue asignado y ya recibimos la vacuna. Estoy gratamente sorprendido del grado de organización, orden y limpieza del proceso prácticamente perfecto. No corrupción, no amenazas, no sobornos, no preferencias, no arrogancias, no empujones, no insultos, no coerción, no represión ni ningún otro de todos aquellos ancestrales vicios a los que pretendieron acostumbrarnos...
En la madrugada del domingo 14 de febrero, aterrizaron en la CDMX, desde el otro lado del planeta, 870 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, mismas que unas horas más tarde habían sido distribuidas en todo el país por personal del Ejército Mexicano (...). Vaya, pues, mi admiración, reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos involucrados en esta colosal empresa, iniciando, obviamente, con AMLO.
* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
Trasnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas
Silvia Ribeiro*
Las grandes farmacéuticas están en pie de guerra. Han logrado ganancias absolutamente extraordinarias debido a la especulación con vacunas, medicamentos e insumos sanitarios relacionados con el Covid-19. Ahora redoblan el control de sus patentes monopólicas para impedir que el sector público o empresas nacionales puedan acceder o fabricar vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas. Cabildean agresivamente a sus gobiernos sede para impedir que la Organización Mundial de Comercio (OMC) apruebe una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia.
Eso propusieron India y Sudáfrica ante el Comité ADPIC (Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio) de la OMC, que se reunió este marzo en Ginebra. Contaron con apoyo de más de 100 países, pero los gobiernos de Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón y Brasil bloquearon cualquier avance de la discusión.
India y Sudáfrica plantean que se pueda acceder a vacunas, medicamentos e insumos para Covid-19 sin verse limitados por elevados costos y patentes que impiden manufacturarlos en países donde existe capacidad para ello. Eso multiplicaría enormemente la disponibilidad de vacunas e insumos en el mundo y fortalecería las capacidades nacionales en salud pública ante próximas debacles.
El ADPIC prevé el uso de licencias obligatorias y otras excepciones en caso de crisis de salud pública, pero cada vez que países han intentado usarlas, los cárteles de la industria farmacéutica han hecho campaña para castigarlos, como sucedió con Sudáfrica al intentar fabricar genéricos para la epidemia de sida, o Colombia, que buscaba producir genéricos de un medicamento para el cáncer, entre otros ejemplos. Por estos precedentes, ahora se busca que la OMC sancione la exención.
Una cruel paradoja es que la mayoría de los gobiernos que se oponen a la exención de patentes tienen ya comprometido el abasto de vacunas de Covid-19 para sus poblaciones, incluso muchas más de lo necesario, como Canadá que acaparó hasta cinco veces las dosis para inocular a toda su población. El gobierno de Bolsonaro también se opuso a la exención, pese a que Brasil tiene las peores cifras mundiales de muertes y el país tiene capacidad para manufactura nacional.
Entre otras acciones, las trasnacionales farmacéuticas enviaron una carta a Biden urgiendo a mantener el apoyo a la innovación farmacéutica ( ), oponiéndose a cualquier exención a los ADPIC. La firmaron directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Merck, Novartis, Bayer, Eli Lily, Bristol Myers Squibb, Gilead, Abbvie y otras, junto a la agrupación PhRMA, (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). No obstante, la innovación de esas empresas es casi nula, y en gran porcentaje se basa en usar la investigación pública (https://tinyurl.com/hs6bkz28).
Varias de ellas han sido ampliamente subsidiadas por el público para desarrollar vacunas y con compras anticipadas por la pandemia (https://tinyurl.com/ykabcmw9) , pero han hecho contratos leoninos y ventas a precios secretos en cada país, incluso a doble y triple precio a países del Sur. Por ejemplo AstraZeneca vendió su vacuna para Covid-19 a Sudáfrica al doble del precio que la vendió en Europa. Pfizer exigió a varios gobiernos latinoamericanos (entre ellos Perú, Argentina y Brasil) que además de contratos secretos, respalden controversias con sus activos soberanos, o sea reservas públicas de los países. (https://tinyurl.com/3v8fpjm4). Sumado a la inmunidad ante cualquier efecto adverso de las vacunas, que en su caso son experimentales.
Por su lado, la Fundación Bill y Melinda Gates presionó a la Universidad de Oxford, para que su vacuna se fabricara con la trasnacional AstraZeneca, aunque la investigación estaba avanzada y podría haberse hecho con institutos públicos. El anuncio inicial de Oxford fue que la vacuna estaría disponible gratuita y abiertamente, pero resultó una vacuna patentada con precios secretos.
En el mismo sentido va el mecanismo Covax, formado inicialmente por CEPI y GAVI, dos alianzas para promover vacunaciones financiadas por la Fundación Gates, en el que participa la OMS y más de 180 gobiernos. Aunque figura como mecanismo facilitador del acceso equitativo a las vacunas, en realidad es otra forma de garantizar que el dinero público vaya a comprar las vacunas de las trasnacionales, quizá en términos que superficialmente parecen ventajosos, pero que en realidad son un doble pago del público, en lugar de exigir la cancelación de patentes y favorecer la manufactura nacional.
Oxfam denunció que los cuellos de botella de entregas, promovidos por las trasnacionales y la Fundación Gates para asegurar las ganancias privadas, significan que tomará como mínimo cinco años llegar a un 60 por ciento de población global vacunada y a esa altura los virus muy probablemente hayan mutado. Además, el tiempo de supuesta inmunidad de las vacunas es desconocido, y probablemente demande vacunación anual. Sin contar con el surgimiento de otras pandemias, ya que las causas para ello siguen sin tocarse.
Así las trasnacionales, con la filantrópica ayuda de Bill Gates, se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de vacunas –promovidas desde lo público para ganancias privadas– lo cual aparece como el negocio del siglo.
* Investigadora de Grupo ETC
