El desarrollo de vacunas contra el Covid-19 es un golpe histórico de ganancias para la gran industria farmacéutica. No sólo si logran efectividad y la venden, también desde antes por la especulación financiera con sus acciones y, sobre todo, gracias a los enormes subsidios gubernamentales que están recibiendo. Según el Financial Times, vender la vacuna puede ser pura ganancia, porque los costos ya han sido cubiertos por anticipado con dinero público. (Anna Gross, FT, 12/11/2020).
Otro aspecto muy preocupante: las empresas que han anunciado una efectividad de más de 90 por ciento en sus vacunas contra el Covid-19, Pfizer/BioNtech y Moderna, usan una nueva técnica de ingeniería genética (mRNA) nunca antes probada en seres humanos. La vacuna es experimental, pero también lo es la propia técnica y sus efectos imprevistos en general. Sus afirmaciones de que son seguras son más bien bravatas comerciales: no existe forma de asegurar que no tienen riesgos a mediano o largo plazos. Incluso a corto plazo, porque no se sabe qué efectos son detectados o no son reportados. Al respecto, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) emitió un pronunciamiento donde explica los riesgos potenciales y llama a aplicar extrema precaución y evaluación independiente antes de autorizar estas vacunas transgénicas (https://tinyurl.com/y6cb3w4k).
Las empresas saben de esa falta de certeza. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, tenía fríamente calculado vender gran cantidad de sus acciones el día del anuncio de la nueva vacuna, día en el que experimentaron un aumento súbito de valor, por lo que obtuvo 5 millones 600 mil dólares. También la vicepresidente de la misma empresa, Sally Susman, vendió ese día acciones por valor de un millón 800 mil dólares. Además de la infidencia (permitida), refleja que ambos estimaron que luego las acciones podrían bajar. Las acciones de Pfizer subieron 7.7 por ciento y las de BioNtech 13.9 por ciento. Las de Moderna subieron una semana después 13 por ciento.
Por si les quedaban dudas, recordemos que el interés principal de las grandes trasnacionales farmacéuticas no es la salud, sino la ganancia. De hecho, su cliente ideal son las personas enfermas, porque sanas o fallecidas dejan de consumir. Esta industria ha hecho tales porcentajes de ganancia, que han sido objeto de análisis de varias comisiones de competencia, incluso en Estados Unidos, que confirmaron que tenían porcentajes de retorno de ganancia mayores que muchos otros rubros industriales. Además, tienen un amplio y pésimo historial en reconocer sus errores y los graves efectos secundarios que han provocado a diversas personas, así como en asumir los costos de éstas e indemnizarlas. Según la encuestadora Gallup, en 2019 las empresas farmacéuticas pasaron a ser las peores consideradas por el público de Estados Unidos, aun más abajo que las industria de petróleo y gas o las de propaganda por sus abusos.(https://tinyurl.com/y37d955r)
A principios de la pandemia, varias grandes farmacéuticas dudaban en invertir en vacunas, porque con las epidemias anteriores, los virus mutaron y no lo veían como una buena inversión. Anna Gross reporta en Financial Times que las empresas cambiaron de opinión cuando vieron que los contagios se trasmitían entre personas y que eso aseguraba un área y un periodo mucho mayor de permanencia de la pandemia. Pero el factor principal, agrega, fueron los cuantiosos subsidios públicos sin precendente, especialmente en Estados Unidos. La Operation Warp Speed de la administración estadunidense otorgó mil 200 millones de dólares a AstraZeneca; mil 500 millones a Johnson y Johnson; mil 600 millones a Novavax; mil 950 millones a Pfizer; 2 mil millones a Sanofi/GSK y 2 mil millones a Moderna, entre inversiones y acuerdos de compra. David Mitchell, de la asociación civil Pacientes por Medicamentos Accesibles, señaló que en el caso de Moderna, el gobierno parece haber pagado todos los costos de investigación y desarrollo, por lo que el alto precio de venta que anunció ( 60 dólares por vacuna, 3-6 veces mayor que otras en curso) es todo ganancia (https://tinyurl.com/FT121120). La colaboración de Moderna en el desarrollo de la vacuna con el Instituto Nacional de Salud, que dirige Anthony Fauci, le provee aún más recursos públicos, como reclutar y supervisar voluntarios, etcétera.
Moderna espera lucros adicionales con otras vacunas que tiene en camino, con la misma tecnología de mARN que nunca ha sido probada. Gracias al estado de aprobación urgente por la pandemia que están solicitando las empresas, esperan poder pronto comercializar las otras vacunas también.
No podemos permitir que esta industria de la ganancia proceda sin rigurosas evaluaciones independientes, en el mayor experimento humano transgénico hasta la fecha. Tampoco que se las apoye con dinero del erario y personas voluntarias a las que no se informa del espectro real de riesgos e incertidumbres que hay en juego. La vacuna es el más estrecho de los enfoques en la pandemia, y no la va a solucionar, de hecho se espera que el mercado subsista por años.
Lo que se necesita es cuestionar las causas y prevenir. Aún así, hay otras vacunas en desarrollo que no agregan la nueva capa de riesgos de estas de Pfizer, Moderna y otras de ARN y ADN.
*Investigadora del Grupo ETC
México SA
Barones y paraísos fiscales // México exporta riqueza
Carlos Fernández-Vega
Todos los años miles y miles de millones de dólares son exportados (a los tecnócratas no les gusta el término fugados) de las naciones en las que se obtuvieron y depositados en paraísos fiscales –fortalecidos como nunca– que, se supone, son ilegales, aunque ningún gobierno ni organismo internacional, más allá del discurso, los mete en cintura, por mucho que existan instituciones multinacionales para combatirlos.
Buena parte de la riqueza de un país –cualquiera que éste sea– es extraída de la economía nacional que la generó, y quienes se la apropian simplemente y sin impedimento alguno la trasladan a dichos paraísos para evadir al fisco, mantener el anonimato, proteger sus voluminosos haberes –muchos de ellos de procedencia por demás sospechosa– y cagarse de la risa por la proeza realizada.
Obvio es que quienes se apropian de esa creciente riqueza y se dedican a tales prácticas no forman parte de los sectores populares; no son obreros, campesinos, maestros, desempleados, ni clasemedieros o conexos, sino los cada día más voraces barones de la industria, las finanzas, la minería, el comercio, la agroindustria, la política y demás suculentos negocios –muchos de ellos a costillas del erario–, quienes han llevado la concentración del ingreso a un nivel nunca visto. Casualmente, suelen ser los mismos impúdicos que, un día sí y el siguiente también, exigen que se respete el estado de derecho, es decir, que nadie los toque ni les altere el estatus y las leyes a modo que les armaron los siempre generosos gobiernos neoliberales. Que no los jodan, pues.
La existencia de los paraísos fiscales es de conocimiento público, pero, bien a bien, nadie conoce a cuánto ascienden los recursos en ellos depositados (protegidos de las fauces fiscales) y a quiénes pertenecen, aunque hasta ahora lo poco que se conoce es producto de filtraciones, descuido de alguno de los cuentahabientes, alguna vendetta por razones de reparto inequitativo, o de investigaciones periodísticas, como las realizadas por el Consorcio Internacional del Periodistas de Investigación.
Y siempre que salen a relucir las cuentas y los nombres –sólo alguno– de uno u otro barón en paraísos fiscales (como en los casos Swissleak y Panama Papers), la autoridades de sus respectivos países brincan a la palestra y arman tremendo show para anunciar que: a) investigaremos a fondo; b) castigaremos a los responsables con todo el peso de la ley, caiga quien caiga, y c) no permitiremos estas prácticas ilegales. En los hechos, ninguno de esos barones ha sido investigado, mucho menos castigado, y la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales se ha incrementado sustancialmente. En el mejor de los casos, algún achichincle de quinto nivel termina pagando los platos rotos.
Cómo olvidar que en 2016, en uno de esos descubrimientos de traslado de la riqueza a paraísos fiscales, el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que era preocupante, porque es común que los mexicanos tengan sus inversiones en el extranjero. Y se quedó fresco como lechuga (ver México SA del 5 de abril de 2016).
Pues bien, sirva lo anterior de contexto para la información publicada ayer por La Jornada (Roberto González Amador): el Estado mexicano pierde cada año 9 mil 67.4 millones de dólares –alrededor de 190 mil millones de pesos– debido a que las empresas trasnacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que realmente obtuvieron en el país. El monto de los impuestos que no son captados por México tiene un costo social: la evasión, en el caso del país, es equivalente a una cuarta parte del gasto público en salud o a 15 por ciento de los recursos destinados a la educación pública, de acuerdo con la Alianza Global para la Justicia Fiscal. La pérdida de ingresos tributarios de México equivale a 6.4 por ciento de los ingresos totales del fisco y, comparativamente, sería suficiente para pagar el salario de 581 mil 500 enfermeras y enfermeros.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ya se sabe dónde está el dinero para salir de la crisis.
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